ICTlogy

En uno de los actos programados dentro del proyecto Ciudadanía y Calidad Democrática impulsado por la Fundación Esplai apareció una aparente paradoja:

• Por una parte, participar directamente en política tiene un coste (en dinero, a veces; en tiempo, siempre), lo que hace que los ciudadanos no participen y se justifique la necesidad de partidos o sindicatos.
• Por otra parte, en determinados temas, los ciudadanos sí participan, y se movilizan, y toman las riendas a veces incluso de forma muy intensa.

¿En qué quedamos? ¿Se participa o no? ¿Hacen falta los partidos o no?

Creo que ambas aproximaciones son, en el fondo, las dos caras de la misma moneda. No es la moneda de los costes o los beneficios de participar en política, sino los costes relativos o los beneficios marginales de hacerlo. Es decir, si compensa participar, porque se espera que los beneficios de implicarse sean mayores que el coste de la dedicación, se participa; si no compensa, porque las barreras a la participación son elevadas y lo que se espera a cambio es poco o nada, se vota (o no) y a otra cosa.

Cómo fomentar la participación

Cuando se debaten y se planifican y se redactan leyes, reglamentos, planes de participación, de fomento de la acción ciudadana y otros circunloquios léxicopolíticos, a menudo se hace en base a burocratizar algo que ya existía. Burocratizar en el sentido de protocolizar y hacer emerger prácticas para supuestamente fomentarlas, políticas dirigidas a las formas sin por ello cambiar el fondo. Se me ocurren al menos dos perspectivas que sí o sí deberían introducirse en esas políticas de fomento de la participación, y más ahora que la ciudadanía dispone de poderosas herramientas para informarse y deliberar sin necesidad de recurrir a intermediarios.

1. Bajar los costes de la participación. Parece elemental, pero no lo es. Olvidémonos de crear y convocar comisiones a tres bandas entre Administración, sociedad civil y grupos económicos de interés: puede que sea tan fácil como poner a disposición de las partes implicadas toda la información disponible de forma ágil, veraz y a tiempo. Bajar el coste de informarse, por ejemplo, hace subir la ratio beneficio/coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Facilitar un local a una asociación de vecinos, una asamblea, una ONG local es también bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Establecer mecanismos estables y «automatizados» de prospectiva y recogida de necesidades y demandas de la ciudadanía (en lugar de, por ejemplo, el viacrucis de una iniciativa legislativa popular) es, por supuesto, bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación.
2. Aumentar los beneficios de la participación. En el otro lado de la ratio coste/beneficio, está aumentar los beneficios. Ello no significa que se deban aceptar de forma incondicional todas y cada una de las demandas que hagan todos y cada uno de los ciudadanos. Sencillamente, que la probabilidad de que sean escuchados o tenidos en cuenta no sea tan baja como lo es actualmente. El ejemplo anterior de la iniciativa legislativa popular (ILP) es de manual: es inconcebible que una ILP que formalmente cumple todos los requisitos pueda no ser ni siquiera admitida a trámite en nombre de no se sabe bien qué. Si la perspectiva es que la acción ciudadana no servirá de nada después de los recursos invertidos, los beneficios percibidos jamás serán mayores que los costes soportados reales.

Huelga decir que muchas iniciativas de transparencia, datos abiertos y gobierno abierto podrían coadyuvar a bajar el coste relativo o a aumentar los beneficios marginales de participar. Más allá de su necesaria (pero a veces obsesiva y exclusiva) atención a la rendición de cuentas, pensar en clave integral el proceso político (informarse, deliberar, negociar) haría que en lugar de atacar los síntomas de la baja participación se atajasen las causas de fondo.

Dicho esto, no querría dar la sensación que no hacen falta leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia. Pero sí que si se siguen pensando de forma parcelada y de arriba a abajo, su alcance siempre será muy limitado. Y su legitimidad, más.

Cambiar el diseño de las instituciones para no participar

Hay una tercera aproximación para mejorar la participación o, mejor dicho, para atajar el problema de la baja participación: hacerla irrelevante.

Hacerla irrelevante no tiene nada que ver con una estrategia aparentemente parecida pero en el fondo muy distinta que es hacer irrelevante al ciudadano. A saber haga como yo y no se meta en política, esto es muy complicado y el ciudadano no lo va a entender, esto es política con P mayúscula, etc. que, en el fondo, son otras formas de decir: déjeme que yo mangonee a mis anchas.

En 2002, John R. Hibbing y Elisabeth Theiss-Morse venían a decir en Stealth Democracy: Americans’ Beliefs About How Government Should Work que, en el fondo, cuando las cosas van bien, lo que los ciudadanos quieren es que les dejen en paz. Ni participar ni historias. En una suerte de réplica desde el caso español — ¿»Democracia sigilosa» en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos — Joan Font et al. matizaban la afirmación anterior. Sí, el ciudadano medio quiere, en general, que le dejen en paz con tanta participación, pero siempre y cuando se cumpla un requisito: que el diseño de las instituciones sea tal que garantice que el resultado de sus decisiones y actos sea legítimo, justo. O, dicho de otro modo: el ciudadano quiere participar, pero no todo el rato (aquello de los costes y los beneficios que decíamos al principio), sino allí donde importa, que es en el diseño institucional.

Si le damos marcha atrás a la moviola, esto último no es sino lo que pedía el 15M en las calles y sigue pidiendo en asambleas o en algunas iniciativas de refundación de los partidos: una única propuesta para una democracia mejor.

Muchas de las leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia parten de una verdad que no es tal: que las instituciones son las que son y que hay que vivir con ello, que es un marco inmutable y que toda acción debe circunscribirse en ese contexto grabado en piedra. Pero hay una gran diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se podría o se debe hacer en política. Probablemente muchos de los debates sobre la baja participación, sobre el coste o los potenciales beneficios de participar quedarían cerrados si se abriese el melón de la reforma institucional así como del cambio de protocolos, procesos y procederes de la acción colectiva, sea o no pilotada por las instituciones.

Ahí, creo, es donde hay mucho por recorrer, para lo malo… y para lo bueno también.

La penúltima divergencia entre la política y la inteligencia, entre la política y la realidad, ha tenido lugar esta vez (de nuevo) en la Comunidad Valenciana. Resulta que el artículo sexto del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reza La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. Resulta que, por otra parte, en el nuevo Diccionari Normatiu Valencià que la Acadèmia Valenciana de la Llengua tenía previsto presentar hoy, equipara el valenciano con el catalán con lo que, por construcción, viene a afirmar que en Valencia se habla valenciano. O catalán. Tanto monta. El Presidente Fabra ha esgrimido (casi literalmente) el Estatuto contra el Diccionario. Y se ha cancelado (por otros motivos, dicen) el acto de presentación de la obra.

Para que se haga uno la idea del despropósito, sería como denunciar al Diccionario de la Real Academia Española por insinuar que en Aragón se habla castellano. Habráse visto semejante desfachatez: ¿desde cuándo las Castillas se prolongan al este del Moncayo? Todo el mundo sabe que en Aragón se habla español. Y LAPAO, que como es bien sabido por todos, tampoco es catalán.

Aunque, visto lo visto, lo que uno más lamenta es la poca ambición geoestratégica de quienes pusieron en negro sobre blanco el anteriormente mencionado Estatut.

De haber sido mejores estadistas habrían decretado, por ejemplo, la Comunitat Valenciana una potencia nuclear. No importaría que físicos de todo el mundo denunciaran la falta de uranio o plutonio en la comunidad, o tan siquiera una miserable garrafa de agua pesada con la que elaborar los combustibles necesarios para la más elemental de las fisiones. Bastaría con meterlos en la cárcel y gritar como unos energúmenos que el Estatut dice que Valencia es potencia nuclear para poner a Catalunya y sus ponzoñosos sediciosos de rodillas. Con un poco de suerte la radiación llegaría a Castellón, sede de la Jaume I, repleta de conspiradores intelectuales.

Pensando en positivo, también podrían haber decretado la Comunitat Valenciana como libre de cáncer, VIH, malaria y otras pandemias que asolan al planeta. En un momento de vacas flacas del ladrillo, la Comunitat estaría haciendo su agosto haciendo palidecer de envidia a la más sanadora de las Lourdes. Ríanse de las peregrinaciones a La Meca. Sana, sana, Estatuto de Comunitat Valenciana.

No sé de qué nos sorprendemos. A estas alturas ya no debería extrañarnos que unos políticos que han nombrado, controlado, subyugado o comprado tribunales, bancos, parlamentos o medios de comunicación vayan a amedrentarse ante una academia de mierda.

Lo que no deja de ser una insoportable injerencia a los que todavía tenemos en estima usar las neuronas para algo más que contar los puntos de la Liga. La próxima vez que digan tenemos los gobernantes que nos merecemos, por favor, hablen por ustedes. Yo soy un superdotado y merezco más, mucho más. Con solamente dos progenitores tengo cuatro lenguas maternas: ahí es nada.

Siguen a continuación algunas notas para preparar la sesión de trabajo sobre el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya que surgió de los comentarios a la entrevista con el Diari de Tarragona sobre transparencia. Dicha sesión de trabajo no se realizará el 30 de enero de 2014, como estaba inicialmente previsto, sino hoy 27 de enero de 2014.

Principios rectores del análisis

Como ya expuse con mayor detalle, los principales objetivos a tener en mente a la hora de analizar el portal son dos:

• Separar lo que se puede hacer de lo que se debería o lo que se querría hacer. Es decir, evaluamos en relación a lo que desearíamos tener, a un objetivo normativo, y no a lo que ahora mismo los datos o la ley permiten (una aproximación positiva). Parte de lo que vendría después de una evaluación debería ser la identificación de las barreras que impiden que lo deseable sea también lo posible.
• Tomar la transparencia no como rendición de cuentas sino como herramienta para la toma de decisiones. O, en otras palabras, añadir en la transparencia toda acción política, incluyendo los procesos, protocolos y diseños institucionales, y no solamente el resultado de dicha acción política. Que el ciudadano pueda (o pudiese decidir) actuar, y no solamente observar.

Propongo, además, ir aplicando estos principios durante las (en mi opinión, hay otros modelos) cinco etapas de una política pública:

1. Información: qué demandas o necesidades tiene la población. ¿Qué agentes están implicados? ¿Cuál es el «problema» o «problemas» según cada agente?
2. Deliberación: qué opciones hay para abordar esas demandas o necesidades.
3. Negociación: qué prioridades damos a cada cuestión, qué combinación de recursos (y renuncias) podemos realizar, cómo encajan las distintas escalas de valores y prioridades.
4. Voto: explicitar las preferencias, tomar una decisión.
5. Rendición de cuentas: cómo se ha puesto en marcha lo acordado, qué se ha conseguido y cómo, eficacia y eficiencia.

Análisis

Expuesto lo anterior, a continuación siguen algunas pautas para el análisis y la reflexión. Con más preguntas que respuestas. Vaya por delante que la mera existencia de un Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya es ya de por sí un logro, tanto dentro de la administración catalana como, especialmente, en comparación con otras administraciones del estado a todo tipo de niveles.

Tendremos en cuenta para el análisis no solamente el portal de transparencia en sí, sino también el Portal del Gobierno, el Portal del President (éste último algo recursivo), y el Portal de datos abiertos de la Generalitat, así como el acceso a otros organismos como IDESCAT y CEO.

Meta análisis

Empecemos el análisis… con un metaanálisis: el portal de transparencia carece de una hoja de ruta, o al menos de una hoja de ruta pública. No sabemos cuáles son los planes del gobierno o del equipo que lidera la transparencia en Catalunya. No sabemos porqué se han tomado ciertas decisiones sobre el diseño del portal, su coste total, el marco legal al que se ciñe. Es decir, seguramente sí podríamos averiguarlo, pero el portal mismo no nos da dicha información. Más allá de unas tímidas FAQ, no hay nada al respecto.

Ello hace que, entre otras cosas, sea imposible saber si vale la pena o no publicar determinada información porque no sabemos su uso o su coste. Tampoco sabemos si carencias que se detectan está ya planificado abordarlas en el futuro, o es imposible hacerlo o no se va a hacer por motivos técnicos, legales o políticos.

Sin lugar a dudas, más transparencia sobre el Portal de Transparencia ayudaría al ciudadano a valorar, priorizar y, sobre todo, no anticipar críticas a aspectos que a lo mejor ya han sido tenidos en cuenta. Ayudaría también a hacer presión o a brindar apoyos allí donde hay mucha distancia entre lo posible y lo deseable.

Información

¿Permite el portal informarse de los problemas de los ciudadanos? El Portal publica el Plan de Gobierno del ejecutivo así como el acceso a los barómetros y encuestas de opinión, la estadística oficial o la compilación de datos abiertos.

Sería interesante y o sería un muy buen ejercicio para el mismo ejecutivo el dar significado a dichos datos. Es decir, cruzando las inquietudes, necesidades y demandas detectados en los barómetros, ver cómo la estadística oficial evoluciona en relación a esas cuestiones que la ciudadanía muestra como prioritarias, y vér cómo los datos de la acción de gobierno van respondiendo a dichas necesidades.

Dicho de otro modo, el portal de transparencia debería transformar los datos en información y, a su vez, ver cómo esa información se convierte en conocimiento al convertirse en políticas públicas.

Deliberación

Hay poco o nada en el ámbito de la deliberación en el portal.

Es prácticamente imposible saber cuáles son los problemas más acuciantes que la Generalitat tiene sobre la mesa y cómo se están gestionando las alternativas.

Por una parte, deberíamos ir a la web del Parlament de Catalunya (recordemos: una de las instituciones de la Generalitat, pràcticamente ausente en el Portal de Transparència que erróneamente se identifica en gran medida con el Govern) para ver ese estado de la situación política. Esta web, la del Parlament, contiene muchísima información aunque, por contra, siempre pensada desde quien la emite y no a quién va dirigida. Intentar encontrar cómo se trata un tema (p.ej. violencia de género, desahucios) es una tarea hercúlea, dado que hay que entrar en la lógica interna del Parlament: plenos, comisiones, proposiciones de Ley, preguntas, intervenciones, requerimientos, etc. Un galimatías para el ciudadano.

Por otra parte, no hay información alguna (más allá de algunos datos sobre costes y centros de imputación) sobre las docenas y docenas de estudios, análisis, informes, dictámenes, etc. que gobierno, comisiones, grupos, etc. encargan para su información y toma de decisiones.

Esta ausencia viene a su vez acompañada, por lo general, de la no publicación del fundamento de muchas decisiones tomadas, ni mucho menos las distintas opciones que podían tenerse en consideración. Cuando esta información existe hay que cavar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: no era este el objetivo de un portal de transparencia.

Negociación

Junto con la Deliberación, la negociación o cómo se toman las decisiones y con quién es, seguramente, la parte más floja (¡aunque probablemente la más interesante!) del Portal.

El nivel de detalle de la agenda de los representantes públicos es anecdótico (por no decir ridículo). No hay información alguna de la agenda real (las inauguraciones y actos protocolarios no cuenta) de ningún miembro del Govern ni del Parlament (algunos grupos sí publican, por su cuenta dicha agenda: en sus propios portales).

La Generalitat tiene pendiente una ley sobre grupos de interés (lobbies). La ausencia de la misma no debería ser un freno a ir por delante y abrir este tipo de información.

Sí hay la relación de acuerdos de gobierno y ruedas de prensa, muchas de ellas ricas en información y que permiten trazar muchas de las decisiones. Una presentación más gráfica (acompañando el texto) así como con enlaces a las fuentes de información originales añadiría valor y legitimidad a dichos textos.

También sería de gran valor poder triangular los acuerdos de gobierno con la información disponible así como con el plan de gobierno. Es decir, en lugar de compartirmentar la información, hacer el ejercicio de entrezalarla y ponerla en relación una con otra. ¿A qué responde este acuerdo de gobierno? ¿Estaba en el plan inicial? ¿Cambia el plan? ¿Por qué motivo? ¿Qué impacto ha tenido ese acuerdo con el tiempo? ¿Ha sido el esperado? Es evidente que muchas de estas preguntas no tienen respuesta en el momento de la publicación de mucha información, pero es una cuestión de diseño de la información que puedan incluso «responderse automáticamente» a medida que la información va siendo generada e integrada en el portal.

Voto

¿Qué opina la ciudadanía sobre una cuestión? ¿Qué han decidido y llevado a cabo sobre dicha cuestión sus representantes en el ejecutivo o en el legislativo?

En este apartado se dan cita algunas de las carencias citadas con anterioridad: la ausencia de la actividad del legislativo en el portal (así como el ultracorporativista enfoque de la información publicada por este organismo), la ausencia de la triangulación de la información sobre estado de la opinión, decisiones y programa, etc.

Sería interesante, en un apartado que tuviese en cuenta la opinión del ciudadano, que se publicase información sobre el nivel de aceptación o rechazo de las decisiones tomadas, o sobre el estado de opinión de las principales cuestiones que preocupan al ciudadano. Esta información, que existe (en barómetros, estadística oficial, canales de contacto de instituciones y grupos parlamentarios, en medios de comunicación) sería de un valor incalculable de presentarse al lado de los acuerdos y la acción de gobierno, o la ejecución de políticas públicas.

Seguramente es en este espacio donde más se echa en falta un canal de interacción de calidad entre el ciudadano y las instituciones. Un canal no unidireccional ni cerrado, sino bidireccional y abierto.

Un punto sin lugar a dudas positivo en este ámbito es el simulador del presupuesto. Aunque sencillo, permite experimentar subiendo y bajando partidas o el total de ingresos y gastos y tiene un gran valor pedagógico. En contra, su sencillez y la incapacidad de «hacer algo más» con esa experimentación: guardar y compartir el presupuesto alternativo, agrupar dichas alternativas, analizarlas…

Rendición de cuentas

La mayor parte del portal de transparencia está destinada a la rendición de cuentas. Que se publique esta información es sin lugar a dudas positivo. Y, aunque muchas veces uno sale expulsado de la página — empeorando la navegación y haciendo más difícil el no perderse — el esfuerzo de recopilación hecho en esta materia es ingente y así hay que reconocerlo.

El gobierno publica su plan de gobierno en su totalidad, así como el estado (en curso, finalizado) de todos y cada una de las acciones relacionadas con el plan. Publica, también, muchas de las actuaciones en el territorio. No obstante:

• No hay una total correspondencia entre el plan y las acciones presentadas. A menudo, las acciones son de carácter técnico y es difícil alinearlas con un objetivo político.
• Las acciones no están enlazadas a otra información que profundice lo que en ellas se afirma, ni cuando están finalizadas ni, más importante, cuando están todavía en curso.

Hay una positiva creciente profusión de datos, tanto de gestión como de prospectiva socioeconómica. No obstante, dichos datos aparecen en formatos dispares, a veces propietarios, no siempre estándares, y ciertamente lejos del ideal de Linked Data propuesto por Tim Berners-Lee y el World Wide Web Consortium.

Se escapa también en gran medida la evaluación del cómo: a pesar de tener publicados los presupuestos, las retribuciones de algunos cargos o la estructura de la Administración Pública, esta información apenas si sirve para trabajar: es parcial, agregada y se presenta en formato difícil de tratar.

Conclusiones

Si hubiese que resumir el portal de la transparencia en una frase sería la siguiente: hace un gran esfuerzo por mostrar las acciones llevadas a cabo, pero olvida totalmente el proceso que se ha seguido para ello. Así, sabemos qué se ha hecho, pero no por qué ni a partir de qué ni cómo. Con estas carencias, es en la práctica imposible trazar las decisiones y, con ello, hacer una evaluación informada de si la acción relizada (esta sí pública) iba en la buena dirección o no.

Y terminamos como empezamos: hay que reconocer la positiva singularidad (especialmente dentro del contexto español) del Portal de Transparència de la Generalitat de Cataluya. Y hay que reconocer también la gran dificultad de poner en línea sistemas y equipos diferentes, que casi siempre han trabajado unos de espalda a los otros y que no han tenido como objetivo tratar la información para que pudiese ser fácilmente publicable y reutilizable (más bien al contrario).

Si estas dificultades, así como los planes para superarlas, fuesen también públicas (en el hacer el Portal sin lugar a dudas han emergido y se han hecho explícitas), el portal vería incrementada su legitimidad en gran medida. Gozaría de más comprensión y apoyo del público y matizaría muchas críticas que, con suerte, se convertirían en apoyos y presiones para mejorar la abertura del sistema.

Pero al portal le queda mucho, mucho por hacer. Las grandes deficiencias son, a mi entender, de voluntad política cuando no de aproximación, de forma de entender el mundo, así como las profundas transformaciones en la vinculación y la participación política de la ciudadanía. Que la información es del ciudadano; que es estrictamente necesaria para la calidad democrática y la implicación y corresposabilidad del ciudadano; y que debe publicarse la información sobre procesos, en formatos reutilizables y siempre todo abierto por defecto.

Mi anterior reflexión sobre el estado de la transparencia (administrativa, de gobierno) en Catalunya — Los datos no son de los gobiernos sino del ciudadano. Entrevista en Diari de Tarragona — desembocó en un un interesante intercambio de opiniones con una de las personas que más ha trabajado para que el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya viera la luz: Jordi Graells, responsable de Contenidos e Innovación en la Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat de Catalunya.

Como ya apunté allí, considero que más que tener pareceres distintos, el debate se inició debido a la necesidad de economizar el espacio del medio que inicialmente publicó la entrevista, así como de defender lo que estaba bien cuando yo apuntaba a lo que estaba mal — probablemente dejando sin mencionar lo que estaba bien, mea culpa.

Al final la cosa ha acabado — o justo acaba de empezar — en una invitación a una reunión de trabajo en la Dirección General de Atención Ciudadana de la Generalitat de Catalunya el próximo 30 de enero de 2014 para hacer un análisis más profundo de la percepción que hay «desde fuera» del Portal de Transparencia para así poder mejorarlo.

En los días que quedan hasta esa fecha me gustaría preparar a conciencia dicha reunión. Ante todo, me gustaría invitar a todo el mundo a hacerme llegar su opinión sobre el portal (más información a continuación). En lo que a mí respecta, creo qeu vale la pena compartir cuáles van a ser mis principios rectores para prepararla:

• Separar lo que se puede hacer de lo que se debería o lo que se querría hacer. En mi opinión, es esto último a lo que hay que aspirar, y todo lo que sea separarse de ese objetivo debe venir justificado:
  1. O bien porque no hay forma de que pueda hacerse (no lo permite la tecnología, o no lo permite la Ley, etc.).
  2. O bien porque no hay recursos o voluntad de hacerse, en cuyo caso debería publicarse dicha decisión así como la escala de valores que se ha aplicado para priorizar no hacer una cosa en (se supone) beneficio de otra.
  3. O bien porque ya está pensado hacerse en un momento posterior, en cuyo caso debería publicarse la «hoja de ruta» donde se incluye abordar una cuestión en particular.

  En caso contrario, de no justificarse, entiendo que hay ocultación o desidia, lo que supone, en cualquier caso, deficiencias que hay que tener en consideración.

• Tomar la transparencia no como rendición de cuentas sino como herramienta para la toma de decisiones. Esta es una aproximación que seguramente no es compartida por todo el mundo y no suele ser, además, objetivo de muchas de las políticas de transparencia o de datos públicos abiertos. No obstante, personalmente creo que en la política como una caja de herramientas, donde importan tanto (o más) los procesos que los resultados finales. Bajo este punto de vista, los portales de transparencia no son tanto una «photo finish» de lo que se ha conseguido y cómo, sino todo lo contrario: un panel de control para que los ciudadanos puedan llegar a los mismos resultados que sus gobernantes, o para que puedan trazar hacia atrás cuál ha sido la lógica seguida para tomar esta o aquella decisión. Siguiendo la lógica del punto anterior, si un portal de transparencia no me permite tomar decisiones, al mismo nivel que mis representantes, algo se oculta o algo se está olvidando (nota: soy plenamente consciente de las cuestiones de seguridad o confidencialidad que deben regir algunos ámbitos de la esfera pública, así como las limitaciones cognitivas o de tiempo que uno puede tener para tomar según qué decisiones. No obstante, esto son excepciones y, en ningún caso, deberían constituir la norma.

Llamada a la participación

Dicho esto, me gustaría ofrecer este espacio para recoger impresiones sobre el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya así como mi compromiso de incorporar dichas reflexiones a la sesión de trabajo con la Dirección General de Atención Ciudadana.

Creo que la forma más sencilla es que quienes quieran hacer aportaciones lo hagan en los comentarios del blog. Las «condiciones» para hacerlo son únicamente dos: educación y fundamento. La primera creo que es obvia y si a alguien le hacen falta más explicaciones puede dejar de leer aquí. La segunda es que, en la medida de lo posible, evitemos opiniones puramente subjetivas y/o destructivas. Cualquier crítica (muy bienvenida) debería ir acompañada o bien de una propuesta en positivo (qué hacer) y, sobre todo, de una valoración de dicha aportación (por qué hacerlo). Dos ejemplos salidos de Los datos no son de los gobiernos sino del ciudadano anteriormente mencionado:

• Los salarios no pueden publicarse como un PDF en formato imagen, sino en un archivo tratable y, en el óptimo, como una base de datos. Ello permite el tratamiento automatizado, ahorra tiempo y, más importante, hace que la fuente original y legítima siempre esté actualizada y no pueda manipularse.
• No basta con publicar el número y coste de los informes encargados a consultoras externas. Hay que publicar tanto el nombre de las consultoras como el texto completo de dichos informes. Por una parte, porque los informes han sido pagados con fondos públicos y, por tanto, son del contribuyente. Segundo, porque solamente accediendo al texto completo de los informes podemos formarnos una (mejor) opinión sobre la cuestión tratada y, en consecuencia, acercarnos al escenario al que se enfrenta el político o el técnico al tomar una decisión.

Aprovecho para agradecer de antemano a aquellos que se animen a participar. En la medida de lo posible publicaré aquí antes de la reunión el documento con el que prepararé mi reunión, así como el desarrollo y conclusiones (si las hubiere) de la misma.

La semana pasada me entrevistó Raúl Cosano para el Diari de Tarragona a raíz de la noticia de que El 27% de municipios incumple la ley por no rendir cuentas a tiempo.

Estuvimos charlando un buen rato y lo que sigue es la entrevista que se publicó el pasado domingo 5 de enero de 2014. Agradezco a Raúl las buenas preguntas, que me obligaron a poner en orden algunas ideas :) Algunas afirmaciones han quedado algo categóricas por la necesidad de abreviar.

La ley de transparencia es de las peores del mundo

¿Vamos en la buena dirección en cuestión de transparencia?

No, no lo creo. No estamos mejorando. La nueva ley de transparencia nace caducada, es muy floja y da una coartada a los que no quieren ser transparentes. Es una ley muy mala que permite a los que la han hecho decir que han cumplido. Deslegitima las peticiones para pedir más y agota el debate. Es de las peores leyes del mundo.

¿No mejora lo que había?

Es más que no tener una ley, claro, pero objetivamente es muy poco ambiciosa y cierra el debate, nos estanca. Es igual que la ley de la dación en pago. ¿Estamos mejor ahora que antes? No. El recorrido parlamentario se agotó.

¿Se ha progresado al menos en términos de mentalidad?

Es verdad que en los últimos dos o tres años ha habido una presión muy grande hacia las administraciones. Se está creando un sustrato o un estado de opinión para que las administraciones se abran. Los casos de corrupción también han puesto el tema sobre la mesa y hay más gente concienciada, pero no hay nada más, más allá de ejemplos puntuales.

¿Para aparentar?

Son ejemplos de cara a la galería. El portal de transparencia de la Generalitat es muy deficiente, igual que lo que hacen los ayuntamientos, pero no vayamos al origen, sino al destino: ¿Qué puede hacer el ciudadano sobre esos datos? ¿Y de qué forma?

Un ejemplo interesante es la web del Congreso. Es antigua pero ha hecho un esfuerzo grande de pasar a lenguaje XML. Se puede trabajar de forma automatizada, para que se presente de forma visual.

Y ahora vamos al tema de la calidad. Que pongan los datos está bien, pero luego cuesta mucho encontrar esta información. Los concursos, por ejemplo, sí están publicitados pero saber cuánto dinero ha ingresado una empresa de todas las administraciones de España es complicado, cuando a nivel tecnológico se puede hacer con un solo clic. Eso sería transparencia.

¿Qué tiene que cambiar?

Fundamentalmente, dos conceptos. Los gobiernos creen que la información es suya, y no: es del ciudadano. El gobierno es un mero intermediario que usa los datos para gestionar la cosa pública. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ese señor que coge los datos del ciudadano y los usa para tomar decisiones está de prestado. A veces parece que los datos sean del gobierno, que tiene a bien compartirlos contigo.

Es una mentalidad antigua.

Hay que cambiar la perspectiva. Si antes el ciudadano no tenía esos datos es porque era carísimo, era insostenible enviar los datos a todo el mundo. Ahora, con Internet, todo está mucho más claro.

¿Dónde más hay que mejorar?

La segunda cuestión es ver qué está abierto y qué cerrado. Antes tenía sentido que los datos fueran cerrados por el coste de enviar un papel. Esa perspectiva de ‘por defecto es cerrado’ y si alguien lo pide, lo abro, ahora tiene que ser al revés, aprovechando la digitalización: todo es abierto y lo que no se puede saber, se protege. Por defecto, todo es abierto y después cierras. Y si el problema es la protección de datos, se pueden anonimizar. No hace falta saber los nombres.

La encuesta de SIGMA DOS para El Mundo publicada esta mañana nos muestra una aparente contradicción. Veamos los gráficos:

Fuente: SIGMA DOS. [Clic para ampliar]

Fuente: SIGMA DOS. [Clic para ampliar]

Los gráficos muestran claramente que a pesar de la peor valoración en la gestión del presidente y del Gobierno, sube la intención de voto al Partido Popular.

¿Cómo es eso posible?

A falta de un acceso al detalle de la encuesta, solamente caben dos explicaciones:

• Los españoles tienen una preocupante falta de coherencia entre lo que dicen razonar y lo que dicen que van a hacer.
• Hay una estampida total a la hora de ir a votar entre los que desaprueban la gestión de presidente y gobierno.

Es, seguramente, esta última opción la más verosímil: quienes querrían ver el gobierno en otras manos, miran a su izquierda (la del gobierno o la suya propia) y, desesperados, deciden esconder la cabeza bajo tierra. Esto es, al menos, lo que parece confirmarse de la encuesta sobre intención de voto en las elecciones generales elaborada por el CIS y que en sus últimas ediciones ya ha ido alertando sobre la tendencia al alza de la abstención así como del voto en blanco:

Fuente: CIS. [Clic para ampliar]

Más allá, pues, de ver si el PP aventaja al PSOE o este sigue hundiéndose en su irrelevancia, sería interesante ver qué está pasando con la desafección y porqué, dado que es seguramente ahí donde habrá que centrar — o debería centrarse — el análisis de fondo de los ires y venires de la política española (tema muy distinto del culebrón partidista al que por desgracia estamos acostumbrados).

Es probable que, haciendo este análisis, veamos que, a lo mejor, no todo es «desafección» (pasar de política, rendirse, ir cada uno a lo suyo) sino que estemos viendo una suerte de incipiente giro hacia actividades políticas extra-representativas, llámemosles movimientos sociales, plataformas, mareas o lo que acabe rimando mejor con 2014.

En un esquema más que simplificado, podríamos dibujar esta especie de Segunda Transición hacia una política extra-representativa de la siguiente forma:

[Clic para ampliar]

Lo que el simple esquema quiere representar es que la desbandada hacia la desafección — tanto de la izquierda como de la derecha, aunque seguramente más de la primera — acaba teniendo cuatro grandes consecuencias:

1. Un cambio de voto desde el bipartidismo hacia otros partidos minoritarios y más cercanos al ciudadano, tanto en el fondo como, sobre todo, en las formas. Podríamos incluir ahí el incremento de voto de Izquierda Unida o la emergencia de Equo en España, Compromís en Valencia o las CUP en Catalunya.
2. Otro cambio de voto parecido al anterior, pero hacia partidos que van desde la antipolítica y la lucha contra el «establishment» (UPyD en España, Ciutadans en Catalunya) hasta las posiciones más claramente populistas, xenófobas y de ultraderecha que están consolidándose en Europa.
3. Un voto «útil» (o voto estratégico) que insiste en los grandes partidos más centrado en oponer un gran partido al otro grande que no fruto de la convicción. Parte del voto al PSOE ha ido históricamente en este sentido (y seguramente se encontraría en la misma Izquierda Unida frente a otras fuerzas menores sin representación parlamentaria).
4. Una salida de la representación hacia una acción política fuera de las urnas y de las instituciones. Aunque no podemos demostrar esta opción, hay numerosos indicios de su existencia así como de su creciente aceptación.

Se hace difícil dar consejos sobre qué hacer ante semejante situación. Pero, a mi entender, sí creo que pueden decirse cosas sobre que no hacer: quedarse con el baile de votos y escaños. Y aunque la respuesta típica a esta afirmación es «ya, pero los votos son los que ponen o quitan gobiernos», habría que, en mi opinión, ir más allá y ver hasta qué punto esos gobiernos van a estar legitimados por una cada vez más menguada participación. Y esto último no es trivial cuando la situación sigue siendo crítica para muchos y la paciencia y los recursos acaban agotándose.

Lectura complementaria:

Peña-López, I. (2013). Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa?. Comunicación en el XI Congreso de la AECPA. 18-20 de septiembre de 2013. Sevilla: AECPA

Más lecturas complementarias: