Contra lo que se suele pensar — que las estrategias de gobierno electrónico son una carga añadida al día a día — los países han respondido a la crisis reforzando o acelerando la implantación de sus respectivas estrategias en esta cuestión. Es más, en muchos casos, la estrategia de gobierno electrónico forma parte de los planes anti-crisis de dichos países.

Entre los principales resultados del gobierno electrónico para luchar contra la crisis se espera que:

• se reduzcan los costes presupuestarios;
• aumente la eficiencia y la eficacia, aumentando la productividad;
• se reduzcan los trámites administrativos;
• mejore la coherencia y la calidad en la provisión de servicios públicos;
• haya mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana;
• se estimule el sector privado gracias al gasto público en tecnologías de información y la comunicación;
• haya un impacto positivo en el medio ambiente (green IT).

El informe va más allá e intenta ligar el corto con el largo plazo, o dicho de otro modo, la recuperación económica en el corto plazo con las inversiones en el largo plazo:

• aumentando el rendimiento y reduciendo los gastos inútiles en el sector público;
• invirtiendo estratégicamente en áreas clave de gobierno electrónico nuevas e innovadoras;
• acelerando el gasto público en gobierno electrónico;
• reconstruyendo la confianza con el ciudadano;
• mejorando la calidad de los servicios públicos;
• transformando el sector público a través del gobierno electrónico.

Nos quedamos con las ganas de saber la opinión de España en estas cuestiones, ya que la OCDE no recibió nuestras respuestas. Una lástima, porque como ya hemos comentado, España tiene mucho que decir en materia de gobierno electrónico.

Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.

Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.

Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe.

Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.

Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.

Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus “clientes”. Cada cual a lo suyo.

Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?

Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.

Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.

Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.

Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.

El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.

Mi enfoque será, necesariamente, muy economicista. Hablaré, pues, lo menos posible de Comunicación y Periodismo e intentaré centrarme, en cambio, en el contexto en el que se sitúan o situarán estas disciplinas sino en el presente sí, creo, en un futuro muy próximo.

Como hice en mi charla Goverati: ¿Una alternativa a la democracia representativa?, dividiré la misma en tres partes:

1. Una brevísima introducción a la Economía, qué supuso la Revolución Industrial y cuál es el fundamento de la Revolución Digital;
2. una parte “tecnoeufórica”, y en algunos casos deliberadamente demagógica, sobre cómo puede cambiar la Comunicación y el Periodismo en los próximos años, basándonos, eso sí, en ejemplos reales y de éxito contrastado;
3. y una última parte con todos los “peros”, especialmente las múltiples caras de la brecha digital, las competencias digitales y algunas cuestiones que quedan fuera de lo digital pero no menos importantes (p.ej. el necesario papel del editor, modelos de negocio, etc.).

Aquí la presentación para mañana:

Después de leer el texto, no me queda clara la lógica interna del mismo ni el propósito final:

• No entiendo por qué se han escogido estos tres temas — pornografía infantil, racismo y xenofobia, propiedad intelectual — y no otros.
• De hecho, no entiendo por qué se mezclan, en mi opinión categorías con casos particulares
• Por último, tampoco entiendo por qué se apunta una solución y no todas… o ninguna, habida cuenta que el objetivo parece ser iniciar un debate sobre las cuestiones anteriores.

Es decir: si se quería tratar de los contenidos en Internet que puedan ser constitutivos de delito, la lista debería ser más larga:

• Menores
• Racismo y xenofobia
• Sexismo y género
• Religión e ideología política
• Libelo y difamación en general
• Etc.

Por supuesto, la propiedad intelectual no entra en esta lista, ya que la propiedad intelectual habla de los derechos sobre un contenido, no sobre qué dice ese contenido (p.ej. podemos amenazar de muerte a los inmigrantes en una página web con contenido que hemos generado nosotros mismos o contenido que hemos sacado de otra página y cuyo uso no nos ha sido autorizado).

Si queremos entrar en materia de propiedad intelectual, el enfoque debe ser mucho más amplio y, en lugar de enfocar en el contenido en sí, enfocamos en categorías mucho más generales. Por ejemplo:

• Seguridad: suplantación de identidad, estafa, phishing, pharming…
• Privacidad: libelo, acoso, extorsión, derecho a la propia imagen, honor, divulgación información personal… (los casos que mencionábamos al principio se enmarcan básicamente en esta categoría y la anterior, ya que las atraviesan transversalmente)
• Propiedad intelectual: copia, comunicación, utilización de marcas…
• Derecho laboral: vigilancia en el trabajo, extensión de la jornada laboral y conciliación…
• Etc.

Seguramente estas dos clasificaciones no son muy exactas, pero la única intención al hacerlas es ejemplificar que el documento presentado ante la UE es, como poco, parcial. Si es parcial por interés o por ignorancia, eso ya no lo sé. Pero creo sinceramente que será difícil elaborar debate alguno sobre los temas candentes en materia de Derecho e Internet a partir de él habida cuenta de lo que yo considero que son fallos estructurales básicos.

A raíz de aquello me escribió Carmen Fernández Aguilar (ADN) para que diese mi opinión sobre dichos grupos de poder y, en concreto, sobre el caso español. Unos días después el tema se ha recuperado a tenor de otra noticia que volvía a involucrar a Google: ¿Todos contra Google? y en la que tengo una pequeña participación al final.

De acuerdo con ella, publico aquí mis respuestas al completo. Quiero aprovechar, además, para agradecerle no solamente la invitación, sino pasarme un planteamiento y unas preguntas que me obligaron a pensar, cosa que siempre es de agradecer.

Si alguien detecta inexactitudes (o errores crasos) agradeceré cualquier tipo de comentario al respecto. Claro está, por otra parte, que se intentó en todo momento simplificar y al estilo ciertamente le falta una mano de barniz. Mis disculpas de antemano.

¿Cuáles son los principales lobbies tecnológicos en España? ¿Me puedes poner en antecedentes?

Creo que podemos identificar cuatro grandes tipos de grupos de poder en el ámbito de las telecomunicaciones (tanto en España como en el mundo en general) que podemos clasificar según el punto en el que se encuentren en la cadena que va desde las infraestructuras hasta el consumidor:

• Las empresas de telecomunicaciones, que son las que suministran las infraestructuras (cables, servicios de conectividad) sobre las que operan los servicios y se distribuyen contenidos. Suelen pedir libertad para discriminar precios y calidad de servicio en función de lo que transportan (p.ej. penalizar el P2P, que consume mucho ancho de banda y “no compensa”). En España, además, estas empresas están básicamente divididas en dos grupos: Telefónica, que inicialmente era el monopolio del estado, y el resto (Vodafone, ONO, Orange, Ya.com, etc.), que (cuando no hacen frente común) luchan contra Telefónica para que haya más competencia en el mercado, a quién le interesa mantener su posición predominante.
• Los propietarios de contenidos digitales (p.ej. SGAE para la música, Warner para el cine, Telecinco para Televisión, PRISA para texto/noticias, etc.), a quien interesa aumentar el control que tienen sobre la distribución de su propiedad intelectual para cobrar más dinero por su utilización. Suelen tener varios frentes (prácticamente contra el resto de grupos de poder) y su estrategia es reforzar los derechos de explotación de la propiedad intelectual así como el desarrollo de tecnologías que tengan en cuenta la protección de dichos contenidos.
• Los distribuidores de contenidos y servicios. Estas empresas utilizan las infraestructuras de las primeras para hacer negocio con los contenidos de las segundas. Cada vez más, hay propietarias de contenidos que también distribuyen, distribuidoras que producen, y telecos que distribuyen, en una estrategia clara de controlar toda la cadena de valor que va desde las infraestructuras al consumidor. La inmensa mayoría de portales web (YouTube) estarían en esta categoría, el grupo Telefónica sería un ejemplo de teleco que evoluciona hacia la distribución y la creación; Google sería el distribuidor que evoluciona hacia la creación y la instalación de infraestructuras; PRISA sería un buen ejemplo de evolución hacia la distribución. Suelen pedir lo contrario de las dos anteriores: neutralidad de las infraestructuras y un cambio radical en la leyes de propiedad intelectual. Por supuesto, las empresas con varios intereses tienen estrategias mucho más complejas.
• Por último tenemos a los consumidores, totalmente desorganizados, sin una representación clara y con infinidad de intereses a menudo opuestos. A grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos (homogéneos en sus fines, aunque no en sus motivos). Uno sería el grupo de consumidores al uso, reclamando servicios de calidad por el dinero que pagan: que tengan la velocidad ADSL que han contratado, que no les cobren de más, que puedan cambiar de compañía, etc. La OCU sería un ejemplo. Otro grupo , mucho más politizado, participa en las discusiones estratégicas de los tres grupos anteriores (telecos, contenidos y distribuidoras). Suelen velar porque estos grupos no reduzcan los derechos no tanto del consumidor sino del ciudadano: derecho a la privacidad, a la seguridad, a las comunicaciones y libertad de expresión, etc. aunque, como se ha dicho, sus motivos a veces son también interesados, ya que pueden ser pequeños empresarios que en realidad se dedican a la distribución, creación, etc.

¿Qué capacidad de influencia tienen o han tenido?

Tienen una capacidad de influencia increíble, tal y como podemos ver en los periódicos a diario. Son capaces de introducir su agenda en proyectos de ley, o de hacer derivar hacia su terreno decisiones judiciales. En definitiva, influyen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en la opinión pública, ya sea a través de los medios de comunicación como directamente en el ciudadano.

La principal explicación para semejante capacidad de influencia – además de la ingente cantidad de esfuerzos y recursos dedicados – es la asimetría de información imperante en el terreno de las telecos y la tecnología en general. La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es tan rápida y tan cambiante que es extremadamente difícil estar al día. Con la complejidad de agendas que tienen que llevar gobernantes, políticos y jueces (por no hablar de la ciudadanía en general), es fácil que no estén al día ni de las evoluciones tecnológicas ni del impacto que estas evoluciones tienen en leyes y regulaciones.

Alguien tiene que explicárselo, y ahí están los grupos de poder, que se lo explican, claro está, desde su particular punto de vista. Según la posibilidad – tiempo, paciencia, honestidad, intereses personales y corporativos, estrategia política – que tenga un político de crearse una opinión informada sobre el tema, sus decisiones serán mejores o peores para el bien común o bien estarán sesgadas hacia los intereses de determinado grupo de presión.

¿Qué mecanismos utilizan para que sus influencias funcionen?

Legales, ilegales y un sinfín de mecanismos que viven entre la legalidad y la ilegalidad.

Básicamente los grupos de poder tienen tres estrategias fundamentales:

• Atacar “arriba”, informando a gobernantes y legisladores para que cambien leyes y regulaciones en su beneficio, haciéndoles entender que la Ley está anticuada y ya no sirve porque el mundo ha cambiado.
• Atacar “abajo”, creando un estado de opinión entre la sociedad a través de campañas de información, tanto directas como influyendo en los medios de comunicación (medio que, a menudo, forman parte de su entramado empresarial)
• Atacar “en medio”, es decir, influir en la práctica de la ley, denunciando las prácticas que condenan e intentando conseguir sentencias favorables que ayuden a presionar a políticos y legisladores para cambiar la ley, así como reforzar la creación de un estado de opinión.

¿Es políticamente correcto que las empresas tecnológicas destinen una partida de su presupuesto a pagar a grupos o personas que se dedican a ello?

Por supuesto. Es un legítimo ejercicio de democracia.

Los problemas de intentar influir en la agenda política no es tanto que se haga (donde, insisto, no veo problema) sino en cómo:

• El primero es que las prácticas deben ser legales. Es muy distinto gastar miles de euros en realizar un informe técnico y hacerlo llegar a un diputado, que pagarle esos mismos miles de euros directamente al diputado. Y la línea entre informar y sobornar es, a menudo, muy delgada.
• El segundo es que los gobernantes, políticos y jueces tienen la obligación de recabar toda la información y puntos de vista que puedan. Cuando un grupo de presión se acerca a ellos para explicarles una cuestión que hay que resolver a nivel político o legal, lo lógico sería que se identificara a todos los grupos afectados y se pidiese su opinión, tanto si se han dirigido a nosotros como si no, tanto si tienen dinero para hacerlo como si no.
• El tercero, prácticamente un corolario del segundo, es que siempre habrá grupos con más recursos para influir que otros. Hay que activar todos los canales posibles para que todas las opiniones sean escuchadas.

¿Existe una legislación que regule estas prácticas? En la UE hay una especie de censo, pero no aparecen todos… Y no todos quieren aparecer. Creo entender que es voluntario. Y en EE UU creo que sí está regulado.

Como decía anteriormente, la primera legislación que regula estas prácticas es el sistema de leyes y regulaciones español: el soborno, la prevaricación, el tráfico de influencias y de información privilegiada, etc. están tipificados en el código penal. Y a menudo encontramos prácticas que hacen equilibrios en la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal (y otras muchas que, definitivamente, la cruzan).

En Estados Unidos hay un registro obligatorio – de entidades y de sus acciones – en el Senado. En la Unión Europea hay otro registro – voluntario – y en España no me consta que exista nada similar.

En mi opinión, el enfoque del registro americano es equivocado (por no hablar del europeo). Soy de la opinión que quien tiene que declarar sus acciones no son las empresas (a no ser que sean ilegales y a petición de un juez) sino los gobernantes y políticos. Y no solamente en materia de grupos de poder, sino de absolutamente toda su actividad. Como ciudadanos, tenemos el derecho de saber a qué dedican el tiempo los que dicen o bien representarnos (gobernantes) o bien trabajar en nuestro interés (partidos).

No son los ciudadanos (organizaciones o a título individual) los que tienen que justificar sus acciones, sino sus representantes. Así pues, yo no pediría un registro de grupos de poder, sino acceso a la agenda de los cargos públicos: qué ha hecho, con quién, para qué, qué tema se ha tratado, cuáles han sido las principales conclusiones a las que ha llegado ese cargo después de p.ej. una reunión con un grupo de presión, etc. Eso es democracia. El resto convierte a partidos y gobiernos en un grupo de presión más.

¿Cuándo pasa un grupo de presión a grupo de poder?

Siguiendo el hilo de la argumentación anterior, un grupo de presión se convierte en un grupo de poder cuando consigue que alguno de sus miembros no solamente influya en un cargo público, sino que se convierta en uno. La Comisión sobre páginas de enlaces que contempla la Ley de Economía Sostenible es, en mi opinión, un ejemplo claro de cómo un grupo de presión puede pasar a ser un grupo de poder, en función de cómo se diseñe dicha comisión y cuál sea su composición.

Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:

• Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.

Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.

Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.

Creo que hemos dejado claro ya que las telecos operan en una situación de monopolio, o como mucho, de oligopolio.

La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.

• Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.

Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).

Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?

En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.

Vuelven a la carga hoy en El País René Préval y Nicole Guedj —Para la creación de los Cascos Rojos a la ONU — abogando, como reza el título, por la creación de unos Cascos Rojos, el equivalente solidario/humanitario de los Cascos Azules de las Naciones Unidas.

Recuerdo una conversación hace unos años sobre la necesidad de tener o no ejércitos, o sobre el mayor o menor tamaño de los mismos (y gasto en Defensa en general). Nos habíamos puesto (más o menos) de acuerdo en que si había policía para garantizar el cumplimiento de la Ley, debía haber ejércitos para garantizar el cumplimiento de la “leyes internacional” y, en sentido amplio, el orden internacional (decidimos dejar aparte la cuestión de si los ejércitos eran consecuencia o causa de la violación de dichas leyes, que era el fondo del desencuentro).

Habiendo llegado al punto que vale, que sí, de acuerdo, necesitamos ejércitos, y metidos en el tema del tamaño, uno de los interlocutores decidió zanjar la cuestión con al fin y al cabo, los ejércitos participan esporádicamente en guerras: su principal fin es la acción humanitaria, tanto dentro como fuera de las fronteras: debemos crear ejércitos verdes. A lo que no pude contener un eso ya está inventado, y se llama bomberos: gastemos, pues, la mitad en ejércitos y el doble en bomberos.

Lo que proponen René Préval y Nicole Guedj, Jordi Raich, y otros muchos es tan simple y tan complejo como eso: a cada problema su solución. El gasto en defensa es exagerado y la excusa de su utilización en ayuda humanitaria me parece insultante. Una búsqueda rápida por Internet nos dice que un fusil de asalto M16 — la principal arma de la infantería norteamericana — cuesta no menos de 20.000 US$. Media docena de M16 cuestan lo que una UCI Móvil, siendo las prestaciones de esta última, en materia de ayuda humanitaria manifiestamente mayores que los fusiles de asalto (y eso sin contar el coste de la munición).

En Catalunya hace años se tuvo la feliz idea de crear los GRAF, los GEO de los bomberos, un cuerpo de bomberos de élite para hacer más eficiente la lucha contra el fuego. Aún así, el fuego a veces gana. A lo mejor habría que dotar a esos GRAF, o a los Cascos Rojos, con algún que otro M16. A poder ser, previo canje por una UCI Móvil. Por ejemplo.

Recuerdo que fue en el e-STAS 2007 que supe que RENFE tenía una estrategia — y un presupuesto — sobre responsabilidad social corporativa. Se me escapan varias cosas aquí:

• Si el objetivo de una empresa pública es dar un servicio público, cubrir una necesidad de la sociedad ¿tiene sentido añadir una capa “social” a una empresa… “social”?
• Si los “accionistas” de una empresa pública son al mismo tiempo sus beneficiarios — la sociedad en su conjunto — ¿tiene sentido detraer beneficios a los “accionistas” para compensar a la misma sociedad?

Nunca he llegado a comprender la RSC en la provisión de servicios públicos (sea directamente por la Administración o mediante empresas de propiedad pública). Creo que es un añadido artificioso, de cara a la galería, y no exento de un tufo a propaganda que, además, desvía recursos de un fin acordado (la provisión del servicio público específico) a otro que no le pertenece (la provisión de otro “servicio” o, en el peor de los casos, campañas de comunicación).

Ejemplo 1 (imaginado): la FNAC, distribuidora de libros, cree que con tanto papel desforestamos el planeta. Decide, como estrategia de RSC, plantar árboles. Bien por ellos.

Ejemplo 2 (caso real): RENFE, cuyo objetivo es transportar personas y mercancías por ferrocarril (algo que, generalizando, solamente el Estado puede hacer por diversos motivos), se da cuenta que su actividad tiene un impacto medioambiental. Decide, como estrategia de RSC, crear el Premio Escolar RENFE AVE de investigación medioambiental y desarrollo sostenible.

Preguntas:

• ¿Concienciar sobre la preservación del medio ambiente en las escuelas, es tarea de RENFE?
• ¿El conocimiento y la investigación científica es tarea de RENFE?
• El respeto al medio ambiente, en términos generales, es RSC en RENFE o se le debería dar por supuesto?
• En la web de RENFE también se habla de su compromiso con la discapacidad y la accesibilidad ¿no debería darse esto por supuesto en una empresa pública que pagamos todos, con o sin discapacidades?

En la web de responsabilidad social corporativa de RENFE hay casos para mí más sorprendentes que RENFE considera “añadidos” (RSC) a su misión: compromiso con la puntualidad (se le debería suponer), eficiencia energética (se le debería suponer), reducción de emisiones (se le debería suponer), reducción de ruidos (se le debería suponer), accesibilidad para discapacitados y enfermos (se le debería suponer), respeto a los derechos humanos (se le debería suponer), respeto a los derechos del trabajador (se le debería suponer), condena a la corrupción y el soborno (se le debería suponer), etc.

La última acción — y detonante de esta entrada — es el billete solidario con Haití. Vaya por delante que no critico que el Estado Español ayude a Haití.

La campaña de ayuda a Haití consiste, a grandes rasgos, en que (a) RENFE canaliza donaciones para Haití a través de sus terminales de venta y (b) RENFE hace una aportación de la misma cantidad a la recaudada.

No tengo claro que RENFE tenga que prestarse a ser canalizador de ayudas. Debo reconocer que, sin embargo, es una opción fácil y rápida (por la penetración de los terminales de venta de RENFE) para recaudar fondos y que, además, se entregan a la AECID, que es quien debe gestionar la ayuda.

Sin embargo, no comparto la iniciativa que RENFE duplique la ayuda con fondos “propios”. Creo que RENFE no debe dedicarse a la solidaridad y a la cooperación internacional. Creo que, al hacerlo, desvía fondos que debían destinarse a infraestructuras y transporte ferroviario a otra partida presupuestaria. Creo que, si el gobierno quiere ser más generoso, debe incrementar en la Ley de Presupuestos, la partida a la AECID, en detrimento del Ministerio de Fomento (de donde depende RENFE) o de Defensa (mejor).

Resumiendo: creo que las políticas de RSC y solidaridad de las empresas públicas desvían fondos de una partida presupuestaria a otra, desatendiendo con ello la misión con que fueron creadas, además de ser innecesarias por definición debido a la naturaleza misma de dichas empresas.

Los datos que presentaba (en su entrada original así como en el anexo del mismo plan — vale la pena, como mínimo, dedicarle un rato a los gráficos) son, a grandes rasgos:

• Que hay una diferencia de adopción de Internet entre hombres y mujeres, de unos 10 puntos porcentuales (es decir, muy elevada)
• Que esa brecha prácticamente no se ha reducido a lo largo de los años
• Que esa brecha no es únicamente de acceso a Internet, sino del tipo de uso, relacionado con las habilidades (implicando menor cualificación digital en las mujeres)

No sería la primera vez que oigo que estos argumentos — en cuestión de género o de brecha digital en general — no son suficientes para que el Estado intervenga, porque “el mercado ya se encargará de equilibrar esos desajustes sin duda temporales”. Esta afirmación deja de lado dos cuestiones fundamentales:

1. La primera (y que el informe del Plan de Acción no recoge… y debería) son las consecuencias de la brecha digital. Al fin y al cabo, la brecha digital no es importante en sí misma: son sus consecuencias lo que importa
2. La segunda es que mientras el mercado equilibra los desajustes pasan cosas y las consecuencias de la brecha campan a sus anchas (y de momento los datos dicen que no está por la labor de equilibrar nada de nada).

Y ¿cuáles son esas consecuencias? Sinceramente, no lo sé, pero vamos a ver si los datos cantan. En los siguientes gráficos representamos la diferencia de adopción de Internet entre hombres y mujeres. Es decir, si la línea está en el cuadrante positivo, los hombres usan más Internet que las mujeres; si la línea sube, la diferencia se incrementa. Ejemplo para la lectura de las gráficas: primera gráfica, línea azul: en 2006, la diferencia de adopción de Internet entre hombres (sobre el total de hombres) y mujeres (sobre el total de mujeres) era del 6%.

¿Qué nos dicen los datos de Eurostat?

• Que entre la población más formada, la igualdad de género es mayor
• Que entre la población medianamente formada, la igualdad de género es muy elevada. Probablemente se debe a que, al estar relacionadas con rentas medias, han adoptado Internet más tarde y, en general, lo han hecho los hombres primero. La buena noticia es que (salvo 2008, probablemente por la crisis), la tendencia es a mayor igualdad.
• Que entre la población menos formada, la brecha digital de género no es muy elevada (probablemente porque, en general, hay menos adopción en total) pero que la tendencia es al alza.
• Es decir: la brecha digital de género es ya mayor, y es creciente entre las personas menos formadas
• Es decir: las mujeres menos formadas tienen menos oportunidades de acceder al conocimiento que sus compañeros masculinos.
• El tramo de 25 a 54 años es cada vez más igualitario.
• Los mayores de 55 años tienen la mayor brecha. Probablemente por una menor adopción liderada por los hombres, o por nuestro historial sexista (admitámoslo, señores…). La buena noticia es que va a la baja: las abuelas se ponen al ratón.
• Entre los jóvenes, la brecha es a favor de las chicas. No hay duda que la tecnofobia ha sido superada y las chicas acceden más a Internet que los chicos, ya sea causa o consecuencia de que también sean mejores en el cole que ellos.
• Pero, en el último año se invierte la tendencia. ¿Por qué?
• Si unimos ambas gráficas, podemos creer que son las chicas jóvenes y con menos estudios las que, básicamente, incrementan la brecha digital de género.

Lo dicho anteriormente sería irrelevante si la brecha en los niveles educativos bajos disminuyera: la equiparación de chicos y chicas no sería otra cosa sino una tendencia hacia lo deseable, a saber, la equidad en la adopción de Internet. El hecho de que suba en un tramo educativo y en un tramo de edad es, para mí, alarmante.

Interpreto lo anterior como que las chicas de familias más humildes y menor formadas están estancándose en la adopción de Internet. En 2009, solamente un 23% de las chicas con menor formación utilizaban Internet y su tasa de crecimiento es menor que la de los chicos, que además están ya en el 32%. ¿Me permiten algo de sociología-ficción?

• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán estando poco formadas
• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán estando menos formadas que los chicos
• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán accediendo a peores trabajos y peor pagados
• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán siendo menos cultas que sus compañeros
• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos cultas que sus compañeros, y con peores trabajos, lo tendrán peor para emanciparse de estos
• Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas estarán menos emancipadas a sus compañeros y lo tendrán más fácil para ser víctimas de la violencia de estos

No me hagan caso. Hago esta sociología-ficción sin todos los datos que debería y, por supuesto, sin la metodología y el rigor que serían necesarios.

Pero seguro que la música les es familiar. Pues bien, sin una política de igualdad en la sociedad de la información, lo que hacemos es subir el volumen de esa música. Celebro muchísimo que el gobierno gaste el dinero de mis impuestos en estos planes, cuyo alcance va mucho, mucho más allá del simple “todos somos iguales”.

Nota: si alguien tiene más y mejores datos, y más tiempo para hurgar en ellos, se agradecerá su opinión en los comentarios.

Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), sí pagan a las telecos. Vayamos por partes.

Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.

Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.

Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.

Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.

Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.

Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.

Etc.

En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).

Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.

La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. [...] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.

Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias [...] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..

Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.

Por favor, devuelvan el genio a la botella.

Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.

Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para “disfrutar” de un fin de semana en la conchinchina.

Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.

Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era “nuestro”) que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las “autopistas de la información”, sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:

1. Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
2. La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
3. Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no “echar cable”, es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.

En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.

Una primera cosa que ha cambiado con la revolución digital es que continente y contenido se han desligado. Para siempre. Y este es un primer cambio que tiene muchas consecuencias (que suelen ser el tema de debate urbi et orbe).

La otra es que el continente, en muchos casos, es superabundante, lo que también tiene consecuencias en el papel de la persona (que no suele ser el tema de debate, o es a menudo falaz).

Resumiendo lo que podría ser una larga exposición, y para el caso del periodismo en concreto:

• En mi opinión ya no es posible identificar diarios, emisoras o medios en general con los periodistas. Creo que la industria debe abandonar el apego que tiene sobre el continente. Las redacciones no deben vender papel.
• La información deja de ser escasa. Las redacciones deben plantearse si venden información… o conocimiento. Antes, distribuir información tenía un valor añadido: ¡hacerla pública! Ahora… ¿sigue teniéndolo?
• Todavía confío que la industria es necesaria: no para vender papel, ni para vender información, sino para validarla y enriquecerla, y no sólo necesaria, sino esencial. El problema es que esto hace que las redacciones tengan que abandonar estrategias tayloristas de producción industrial y masificada de información de bajo perfil. Hace que las redacciones tengan que abandonar estrategias basadas en el becario y otros profesionales escasamente competentes (no por ser incompetentes natos, sino, a menudo, porque los recursos con los que trabajan no les permiten más).

En definitiva, la revolución digital permite devolver los medios a su papel original — ser el cuarto poder — y abandonar su papel actual — una industria que da beneficios. Y, claro, para los industriales (que no suelen ser los periodistas), esto es muy duro. Pero (creo) es una segunda oportunidad para los periodistas (los de verdad) para volver a serlo.

Por supuesto el cambio de orientación requiere un cambio de modelo de negocio. Y viendo determinados programas de televisión y determinados periódicos, uno se pregunta cómo encaja un periodismo riguroso con semejante audiencia coprofílica y si habrá quien quiera pagar por un producto de calidad.

(Esta entrada se debe a un intercambio de correos con Àlex Gutiérrez en los que, después de dar varias vueltas, nos dimos cuenta que coincidíamos en casi todo. El detonante fue Gemma Urgell que nos habló de Media140.)

Tratándose de una iniciativa de comunicación política sobre temas de educación en entornos 2.0, el conseller Ernest Maragall invitó ayer por la tarde a algunas personas vinculadas al ámbito de la comunicación, la comunicación política o la educación, todas ellas con experiencia en materia de Web 2.0. Yo estaba allí con estas personas (docena y media), el conseller Maragall, Xavier Vidal (Jefe de Comunicación del Departament) y Trina Milan (Responsable del proyecto de identidad digital del Departament).

La primera impresión, y a tenor de los temas que durante casi dos horas se trataron en la sala, es que el Departament no necesita un blog, o una estrategia 2.0… sino tres:

1. Una estrategia de gobierno abierto, de democracia electrónica, para que la ciudadanía pueda participar en los debates y decisiones del gobierno en materia de educación. A mi entender, esta es la que acaba de ser lanzada.
2. Una comunidad de práctica y de aprendizaje, para que los educadores (y la comunidad educativa en general) puedan intercambiar conocimientos sobre metodología educativa y TIC, así como reflexionar sobre la implantación de estas en el aula. Me quedó claro que esta no existía aunque su necesidad era acuciante.
3. Un canal donde el trabajador y la dirección pudiesen tratar sus cuestiones laborales de forma abierta y participativa, cuestiones laborales que, a menudo, se solapan con aspectos de interés general (punto 1) o metodológico (punto 2), lo que ha conllevado que muchos profesores “tomaran por la fuerza” las nuevas herramientas para este último propósito.

Me gustaría hablar del primero. Y hacerlo más a nivel conceptual que práctico. Me gustaría comentar algunas preguntas retóricas que fueron lanzadas a los asistentes, lugares comunes que visitamos y reticencias más o menos explícitas.

¿No es demasiada información, por excesiva, desinformación? ¿Hacemos la información menos transparente al hacerla abundante?

Definitivamente no. La información deja de ser transparente cuando no publicamos las fuentes, los datos, y en cambio, dejamos ver únicamente su interpretación, nuestra interpretación. Por supuesto, a más información, más necesidad de escoger y analizar, pero lo que el exceso de información hace difícil, la escasez de información lo hace imposible.

¿No se verá tanta comunicación como un ejercicio de propaganda?

Entre otros muchos, la información tiene dos atributos: cantidad y calidad. Poca cantidad de información y de baja calidad, claramente es propaganda: dosificamos el mensaje que, además, adulteramos. Más información — especialmente si mostramos las fuentes y los procesos — difícilmente será propaganda. Aunque, por supuesto, la oposición de turno utilizará este recurso como arma arrojadiza, pero no es este el momento de hablar de cinismos.

¿Para qué más información? ¿Para una mayor participación? ¿Para invadir competencias de los periodistas? ¿Son los bloggers periodistas ciudadanos?

Por supuesto, la participación, si es genuina, debe ser informada. La información es la materia prima de la participación, el resto es demagogia, fanatismo o inconsciencia. En este sentido, los periodistas deben, sin lugar a dudas, perder el monopolio de informar. La buena noticia es que tendrán más tiempo para analizar la información que ahora puede estar al alcance de todos sin filtros ni cortapisas.

La mayoría de ciudadanos que escriben en un blog no son bloggers ni son periodistas: son ciudadanos informados que ahora lo tienen fácil para dar a conocer su opinión. Ni más… ni menos.

Más información no necesariamente conlleva más participación; más participación no necesariamente conlleva más o mejor democracia.

Por supuesto que no. Lo que sí está claro es que si no hay información, no hay participación; y si no hay participación, no hay democracia. La información, la participación, el debate, los blogs, los periodistas son condiciones necesarias pero no suficientes para la democracia. Nadie garantiza que la participación nos hará más democráticos, pero su ausencia está tipificada con una larga lista de -ismos.

¿Por qué, aunque se comuniquen las cosas, la gente no se implica?

Vamos a negar la mayor: la salud de la democracia no se basa en la comunicación — en los comunicados — sino en la información para el debate para la decisión. Implicarse cuando la decisión está tomada y es comunicada unidireccionalmente debe estar dentro de lo que generalmente entendemos como partidismo. La llamada a la implicación, si es sincera, debe ser correspondida, como poco, con una actitud consultiva y, en el mejor de los casos, vinculante. La participación no entiende de comunicados, sino de debates.

¿Entonces?

Hay que publicar el código fuente, abrir la caja negra de los procesos, no únicamente difundir presupuestas cerradas y resultados finales.

Aunque los políticos — generalizando — crean que todo se hace bajo luz y taquígrafos, la realidad es que al ciudadano se le dosifican algunos datos, se interpreta el problema que estos arrojan, y se le propone una solución. Todo de un tirón. Retomando el ejemplo de la Ley del Cine de Catalunya, se nos dice que el 97% de las proyecciones cinematográficas son en Castellano (cierto), que eso daña una lengua oficial respecto a la otra (cierto), y que la solución es imponer por Ley la paridad Catalán/Castellano tanto en el doblaje como en el subtitulado (¿cierto?). Sí, el proyecto de Ley lleva saliendo en las noticias todo el año 2009, pero:

• ¿Sabemos por qué hay ese desequilibrio? Aunque podemos suponer que es un tema de costes;
• ¿Sabemos qué cuesta doblar o subtitular una película?
• ¿Sabemos qué demanda hay de cine en Catalán?
• De esa demanda, ¿sabemos la elasticidad¿, es decir, ¿cuánto dinero más está dispuesto a pagar el espectador (o el contribuyente) para ver más cine en Catalán? (como decía anteayer, yo votaría sí a las proyecciones en Swahili y sin subtitular, pero no pagaría un un solo céntimo por ello);
• ¿Sbemos qué opciones se barajaban para atajar el problema? ¿Era la imposición por Ley la única opción?
• ¿Cuál es la opinión de la industria? Esta la conocemos por los periódicos pero, una vez más, con pocos datos y ya interpretada a la luz de sus propios intereses.
• ¿Qué consecuencias presupuestarias tendrá dicha Ley? ¿Recortaremos otras partidas? ¿Cuáles?
• ¿Qué consecuencias fiscales tendrá dicha Ley? ¿Me subirán los impuestos? ¿Cuáles? Nota al margen: un canon a las distribuidoras es un impuesto que estas repercutirán en el billete de la entrada, sin lugar a dudas, y sin discriminar la lengua de la proyección (y con ello volvemos al tema de la demanda).

La respuesta a estas y otras muchas preguntas más es lo que yo, personalmente, espero de un gobierno. Y las espero durante el proceso dirigido a atajar un problema, no después. Espero que se me deje hallar mis propias respuestas porque tengo acceso a toda la información, contrastar mis respuestas con las que me proporciona el gobierno y comentar las suyas. Y espero tener la garantía de ser escuchado y la oportunidad de ser convencido en un debate, no en un comunicado.

Por supuesto este debate tiene unos costes y no garantiza que el resultado final sea mejor. En mi opinión, la mera posibilidad de mejorar la democracia lo vale. Porque ya sabemos que estas condiciones no son suficientes para tener una democracia sana, pero sí necesarias.

Asistentes

Salvo error u omisión, los asistentes éramos:

Ramon Barlam, Marià Cano, Albert Criado, Miquel Duran, Albert Garcia Pujadas, Saül Gordillo, Francesc Grau, Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Jubany, Josep Martínez Piñero, Albert Medran, Miquel Pellicer, Ismael Peña López, Xavier Peytibí, Jordi Roca Font, Xavier Rosell, Pilar Soro, Xavier Suñé y Artur Tallada.

Otras crónicas del evento

• Miedo, curiosidad, moda o interés, por Xavier Peytibí
• Canals socials a Educació, por Miquel Duran
• El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya se une a la comunidad online, por Francesc Grau
• La trobada amb el Conseller Maragall, por Jordi Roca
• El conseller Maragall debat amb bloguistes sobre les accions d’Educació a internet, por Janquim
• Audiència bloggera amb el Conseller Ernest Maragall, por Artur Tallada
• Aconsellar al Conseller, por Marià Cano
• L’inici de l’open government real?, por Dani Gámez
• Maragall 2.0, por Miquel Pellicer

Preguntados por la cuestión, el 82% de catalanes [está] de acuerdo con que las películas estén en catalán y castellano. Y en Swahili, añadiría yo. ¿Por qué no? La cuestión es: ¿a cambio de qué?

Básicamente, la propuesta de Ley el Govern aprobó en Enero impone la paridad Catalán-Castellano en las salas de proyección. La Ley prevé el fomento de la versión original subtitulada en Catalán (VOSC), entre otras medidas a través de la creación de salas concertadas, así como el fomento del doblaje, vía subvenciones al uso.

Entiendo los motivos que impulsan esta ley, básicamente que el 97% de las películas proyectadas en Catalunya estaban en Castellano, provocando una diglosia apabullante. Ahora bien, no comparto la solución propuesta. ¿Por qué?

• Hay que fomentar el acceso a la cultura tal como fue creada. Dicho de otro modo, creo que hay muchas razones para promover la versión original en las proyecciones. Normalmente se argumenta que se aprenden idiomas. Sin desmerecer este argumento, me parece todavía más interesante gozar de la interpretación y los guiones sin que medien traductores y actores de doblaje. ¿En qué nos basamos, si no, para exclamar “¡qué gran guión!”, “¡qué gran actuación!” si vemos la película en modo esquizofrénico?
• Por razones de coste. Doblar es costoso, muy costoso. Ese dinero tiene, necesariamente, que tener un origen, que irremediablemente será el ciudadano. Vía impuestos, para las subvenciones; vía incremento del precio, al comprar la entrada.
• Por el coste de oportunidad. Decíamos que el 82% de catalanes quiere cine en Castellano y Catalán. Muy bien, ¿a cambio de qué? Si habrá subvenciones, y no subimos los impuestos, ¿qué recortaremos? El año pasado se aprobó un total de 1.320.000,00 euros para la concesión de subvenciones para iniciativas destinadas a aumentar los estrenos comerciales de largometrajes doblados o subtitulados en lengua catalana. El presupuesto para 2009 del Institut d’Estudis Catalans (PDF) — con competencias en materia de lengua, entre otras muchas, parecidas a la Real Academia Española — fue de 10.619.148,17 euros. La Generalitat presupuestó en 2009 1.929.530,00 euros para innovación educativa, 6.133.760,00 euros en formación de profesorado, 2.000.000,00 euros en equipamientos culturales. Si estamos de acuerdo que el cine es lengua y es cultura y es formación, ¿Qué estamos priorizando?
• Hay que subvencionar la cultura propia, no la extranjera. Hasta aquí podría acusárseme de mirar poco por los de casa. Bien. Doblando películas de Hollywood al Catalán, ¿qué cultura estamos promoviendo? ¿La catalana? ¿La de Estados Unidos de América? Y ¿qué industria estamos subsidiando? Me pregunto si no sería mejor subvencionar a la industria cultural catalana para que produzca más y mejor cine en lugar de ponérselo más difícil haciendo más barato el producto extranjero. En términos económicos (y culturales también) doblar películas de Hollywood es como subvencionar el champán francés para defender el cava catalán.

Resumiendo: sí a las versiones originales subtituladas en catalán. No, rotundamente, al doblaje.

Las jornadas, en continuidad con las ediciones anteriores de Horitzó TV, están dedicadas a analizar el paso de la cultura individual y propietaria a las culturas compartidas en red. Temas como las posibilidades que ofrece Internet para crear en el futuro un mejor sistema de representatividad política, la necesidad de compartir conocimiento y cultura, y los obstáculos que representan las actuales leyes de propiedad intelectual y el control de Internet por parte de gobiernos y grupos de presión, se combinan con programas sobre participación y un taller de televisión online a cargo del colectivo audiovisual Horitzó.

Me han invitado a participar en el evento (gracias Clara) junto a Pamela Gallo, Audiovisual de Joves Estrangers del Casal d’Infants del Raval, el colectivo Derivart , Josianito Llorente, Rez Delacrew, Núria Mañé, Òscar Ciurò, Amelia Andersdotter, Fèlix Perez Hita, Jorge Luis Marzo, Simona Levi y miembros de RedS@Stenible.net y alguno que (lo siento, lo siento) seguro que me dejo.

Esta será mi charla, el día 25/02/2010, a las 19:00:

Gobernanza y participación. Aspectos de la web 2.0 en la participación horizontal de los ciudadanos. Una alternativa a la democracia representativa.

La democracia actual funciona a través de unos representantes elegidos por mayoría. Generalmente estos representantes pertenecen a un partido político y le deben obediencia. Ahora, sin embargo, las nuevas herramientas de comunicación digital nos hacen pensar en una solución más directa. ¿Podríamos, gracias a Internet, olvidar los partidos políticos y dejar a la gente opinar, debatir y votar los representantes directamente?

Que nadie se lleve a engaños eufóricos. Mi respuesta a la pregunta es un “poder, podríamos, pero ¿podremos? e, incluso, ¿debemos?”

Intentaré elaborar más algunos temas que ya toqué en mi charla Goverati: New competencies for politics, government and participation y que tengo que pulir de cara a mi próxima cita en el EDem10 – eDemocracy Conference 2010. Entre ellos:

• De la economía industrial a la economía digital: ¿qué ha cambiado?
• Brecha digital de acceso
• Nuevas competencias digitales
• Los Goverati: ¿democracia o aristocracia digital?
• Contras, pero también pros de la democracia representativa
• Pros, pero también costes de la democracia deliberativa y la democracia directa

Más información

• 25 al 27 de febrero de 2010 en La Capella, c/ Hospital 56, Barcelona
• Web oficial
• Programa del día 25
• Programa del día 26
• Programa del día 27
• Taller de televisión online