Eso son dos medias verdades, igual que la siguiente afirmación: la restricción al acceso a determinados mensajes de Twitter va contra la libertad de expresión, de la misma forma que el cierre de Megaupload solamente perseguía el cumplimiento de las distintas leyes internacionales de propiedad intelectual.

En el fondo, analizar lo que está ocurriendo no deja de ser un ejercicio de poca profundidad: en mi opinión, habría que ir también al cómo y, sobre todo, al porqué de los asuntos.

Así, es perfectamente compatible decir que el cierre de Megaupload es, a la vez, ataque contra la libertad de expresión y cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. Está en el qué — delitos contra la propiedad intelectual — la más que justificada decisión de precintar Megaupload, mientras que la forma cómo se hizo es la que vulneró, con mucha probabilidad, libertad de expresión así como provocó daños materiales a quienes perdieron sus archivos. Si podría haberse cerrado o no de otra forma, es decir, por qué se cerro de esa forma, es otra cuestión. O, de hecho, la cuestión.

Con Twitter sucede — o sucederá — lo mismo. Twitter debe cumplir la ley vigente en cada territorio donde opera. Sin embargo, hay muchas formas de hacer cumplir esa ley y algunas de las opciones existentes se llevarán por delante la libertad de expresión, serán censura.

En el fondo, esto no es sino el n-ésimo ejemplo que ya puso de manifiesto la Ley Sinde-Wert: una ley que pretende hacer cumplir la regulación vigente y que, sin embargo, en su redactado, ofrece serias dudas sobre la observancia de otros muchos derechos de los ciudadanos. Con el añadido de que, en el caso de la Sinde-Wert, lo que se quiere hacer cumplir es el espíritu de una Ley con un texto basado en un mundo pre-digital que acaba diciendo lo que no quería decir. Y esto último es el porqué: por qué hace falta (o no) una Ley Sinde, al margen de lo bien o mal que esté redactada.

Que en unos casos pongamos el ojo en el fondo, en otros en las formas y en otros en los aspavientos, dice mucho del largo camino que nos queda todavía para tener un debate sosegado y constructivo, para acercar posturas y para acabar en un consenso que permita a ciudadanos, consumidores e industrias de un lado y del otro tener un terreno de juego con las reglas claras.

El perfil de Adsuara no está relacionado con las telecomunicaciones ni, de hecho, con ninguna de las disciplinas normalmente asociadas con el ámbito de la ingeniería. Tiene lo que se suele llamar un perfil “de letras”. Esto es especialmente relevante si lo comparamos con su antecesor en el cargo, Sebastián Muriel (Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, MBA) o, por ejemplo, con el actual Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la Generalitat de Catalunya, Carles Flamerich, también Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

¿Es esto bueno o malo?

Pues, simplemente, no es ni bueno ni malo.

Uno puede aproximarse a la Sociedad de la Información desde sus dos componentes básicos: un perfil tecnológico puede completarse con una aproximación más social, y un perfil más social puede (y debe) comprender los fundamentos tecnológicos básicos sobre los que edificar su propuesta de políticas públicas. Hay buenos ejemplos de ambos tipos de perfil u aproximación — incluso me atrevería a decir que son más los tecnólogos que han hecho el esfuerzo de “humanizar” su perfil, que no los humanistas que se han esforzado en comprender la tecnología.

Pero la apuesta por un perfil “de letras” en un ámbito todavía copado por “ingenieros” manda un mensaje claro: agotada una primera fase donde se entendían las telecomunicaciones como el desarrollo de un determinado tipo de infraestructuras, se pasa a una fase donde lo prioritario es el uso de dichas infraestructuras, el desarrollo de una Sociedad de la Información.

Las formas cuentan.

Y si no, valga como muestra el decreto por el cual la Generalitat de Catalunya creaba y definía las funciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (punto 4.2 del DOGC núm. 5791 – 07/01/2011, traducción automática al castellano).

Los 7 puntos que describen la misión de la Dirección General hablan de “impulsar el sector de las tecnologías”; “promover [...] las infraestructuras”; “coordinar [...] los prestadores de servicios y operadores de tecnologías”; regular, inspeccionar y sancionar; “dirigir la política de infraestructuras de telecomunicaciones”; “coordinar(se) con los órganos competentes en el ámbito estatal”; o “cualquier otra función de naturaleza análoga”. Si, por si había alguna duda del tono a seguir, se nombra a un ingeniero como director general es difícil pensar que dentro de esa Dirección General vayan a caber determinados aspectos con un fuerte componente social.

No pertenecen a las infraestructuras sino a la Sociedad de la Información cuestiones de mucha trascendencia como la telemedicina, la democracia electrónica, los ordenadores en las aulas (o no), los contenidos digitales abiertos, la reforma de la ley de propiedad intelectual para acomodarse a la revolución digital, la e-Administración y tantas y tantas cosas que no pertenecen, en absoluto, al mundo de las infraestructuras (aunque dependan totalmente de estas, por supuesto).

Cuando uno celebra — como es mi caso — que no se ponga a un ingeniero al frente de la política de la Sociedad de la Información no es (ni mucho menos) porque un ingeniero no pueda o deba ser quien la dirija, sino porque, en mi opinión, manda un mensaje muy claro a la ciudadanía: la Sociedad de la Información está aquí para quedarse, es mucho más que cables y es hora que se le dé la visión estratégica y transversal que merece. Y este mensaje apenas se ha dado en España desde que el mundo es digital. Y ya tocaba.

• La crisis de audiencia es un mito. La audiencia, de hecho, crece. La crisis es económica, no de audiencia.
• Es un mito que el gasto en publicidad haya bajado. El problema es que ya no está concentrado en los medios tradicionales.
• Lo de “el contenido es el rey” es un mito: lo que verdaderamente importa es conocer el comportamiento de los usuarios en Internet, controlar los datos sobre la audiencia.
• Otro mito es que la prensa está en declive en todo el mundo, cuando en realidad está en pleno auge en los países en vías de desarrollo.
• La solución de concentrarse en lo local es, de nuevo, un mito, ya que las noticias locales no consiguen generar una masa crítica de audiencia.

Nada que añadir. Desde un punto de vista de la audiencia, nada que añadir.

Sin embargo, es muy sorprendente (o no) que los cinco mitos hablan, exclusivamente, del periodismo como venta de audiencias, no como venta de contenidos, o del periodismo como negocio que debe arrojar márgenes, no como servicio público que únicamente debe ser sostenible.

Estamos en una nueva época, tras una revolución digital que está dando paso a la Sociedad de la Información. En esta nueva época los intermediarios pierden a marchas forzadas su lugar en el mundo. Dejamos dejando atrás a toda velocidad la necesidad de mantener instituciones multifuncionales que servían a mil propósitos, ya que ello era lo eficiente. En el caso de los periódicos, básicamente dos: (1) dar información a los lectores y (2) vender ojos a los anunciantes.

En mi opinión, en los próximos debates sobre “el futuro del periodismo” habrá que decidir si se habla, en realidad, del futuro del periodismo como servicio público o del futuro de los periódicos como negocio. El periodismo como servicio público y los periódicos como negocio son dos cuestiones distintas que, gracias a la revolución digital, pueden dejar de estar atadas la una a la otra por culpa de la tiranía el papel, su coste, el largo y también costoso proceso de impresión y distribución, etc.

Es sintomático leer a un periodista hablar del futuro del periodismo cuando, en realidad, habla del futuro del negocio de la prensa. En eso se ha convertido el cuarto poder, en empresarios, olvidando lo que muchos — los periodistas incluidos — considerábamos que era su misión en la sociedad. Creíamos que el cuarto poder venía a controlar al ejecutivo y al legislativo, igual que creíamos que el ya llamado quinto poder — la opinión expresada por los ciudadanos a través de los medios sociales — venía a controlar los sesgos e intereses ocultos de este cuarto poder. No es así: queda cada vez más claro que el quinto poder viene a ocupar el vacío dejado por el abandono de responsabilidades de la prensa.

No le querrán llamar periodismo ciudadano — y seguramente no lo sea — pero, viendo el tono de las reflexiones del sector, es lo único que nos va a quedar.

Simplificando mucho, una primera opción consiste en considerar la cultura como un bien de interés general: es bueno que tengamos cultura, y cuánta más mejor. Una segunda opción es considerar los bienes y servicios culturales como un bien/servicio de consumo como cualquier otro: la cantidad de bienes y servicios culturales y su precio se decidirán, entonces, por la ley de la oferta y la demanda.

Por otra parte, y al margen de las consideraciones de corte más filosófico sobre la cultura, existe otro plano de debate, y es si, de forma efectiva, la cultura es un bien público o no lo es, entendido este como aquel que no tiene rivalidad en el consumo — el bien no se agota al consumirse, p.ej. sintonizar una emisora de radio no la “gasta” para los demás — y obedece al principio de no exclusión — no podemos evitar que los demás lo consuman, siendo el ejemplo más típico el de la defensa de un país: uno es defendido sí o sí por el ejército tanto si paga como si no. Esta última cuestión (hay rivalidad y/o exclusión) es lo que a menudo determina quién paga: todos, algunos o “nadie”.

Crucemos ambas variables:

Estas son, a grandes rasgos, las opciones que hay para costear la cultura (si hay más, animo a que se pongan en los comentarios), ya sean conocidas con este nombre o con otros distintos.

Algunos comentarios sobre la tabla.

La gran diferencia entre bien privado y bién público es que, al final, el bien o servicio cultural queda para el disfrute de cualquiera en el primer caso mientras es restringido en el segundo. De ahí, por ejemplo, la diferencia entre Suscripción y Crowdfunding, donde he interpretado este segundo como aquella modalidad donde unos pocos pagan (como en una suscripción) pero el resultado final queda abierto al público tanto si ha pagado como si no. Así, el modelo de creación cultural de la Revista Orsai es, aparentemente, la suscripción de toda la vida. No obstante, el hecho de que el resultado final se publique digitalmente en abierto, el modelo de producción detrás de la revista, el ajuste a costes y ausencia de márgenes, etc. hacen del modelo uno muy singular.

Otro aspecto a considerar es cuando el coste lo soporta el creador. Este es un concepto que lleva fácilmente a equívoco. En algunos casos (p.ej. un académico compartiendo los artículos que ha publicado) es claramente un caso no de costeo por el creador, sino de pago por parte de todos: va (o debería ir) en el sueldo del profesor de universidad pública. En otros casos, es una asunción de los costes pero no como gasto, sino como inversión: el autor decide publicar una o parte de la obra para promocionarse y recuperar la inversión más tarde (más entradas de conciertos, invitaciones a conferencias y tertulias, encargos de escritor a sueldo, etc.).

Cuando abogamos por ni pagar por un bien cultural de forma directa comprando un libro, entradas, etc., ni de forma indirecta a través de una subvención o un gasto público (p.ej. el encargo de una escultura, la construcción de un auditorio público), lo que estamos promoviendo es la creación cultural del aficionado. Esta no tiene porqué ser de menor calidad que la del profesional, pero sí vendrá limitada por la disponibilidad de recursos (tiempo y dinero) del aficionado que, con toda lógica, priorizará lo que le pague la hipoteca.

En el polo opuesto tenemos el caso del Canon, es decir, un bien privado o con disfrute limitado a unos cuantos, pero pagado por todos — recordemos que el Canon es compensación por la copia privada de quién ya tiene la creación cultural, no el permiso a quien no la tiene a obtenerla sin pasar por caja). Entendido así, el Canon es una aberración conceptual comparable a un sistema educativo o sanitario financiado públicamente y disfrutado solamente por unos cuantos.

Llegados a este punto, creo que es necesario separar tres debates muy distintos.

1. Decidir, de una vez, si queremos fomentar la cultura o apoyar la industria cultural, dos cuestiones diferentes. En función de la respuesta, los modelos a promover o a explorar pueden ser también muy distintos.
2. Dentro de lo que es el apoyo a la industria, seguramente será necesario regular el sector. Esta regulación debe hacerse con vistas a dos cuestiones básicas: la primera, que debe regular todo el sector, y no solamente parte de él. O, dicho de otro modo, debe tener en cuenta todos los modelos de explotación de los bienes y servicios culturales, y no solamente unas determinadas opciones.
3. Por último, y también dentro del ámbito normativo, es que esta regulación debe hacerse teniendo en cuenta otras regulaciones y otros derechos con los que pueda interferir. Y, en el caso de haber interferencias, ver si puede haber diseños normativos compatibles o bien si hay dilemas irresolubles donde haya que priorizar una norma o derecho por encima de otra.

Hoy en día, el debate alrededor de la cultura es un cacareo sobre todo y sobre nada en concreto, donde se mezclan problemas y categorías alegremente para obtener, como resultado, dos frentes enrocados en sus (sin)razones. A veces, hay nudos gordianos que deberían ser posibles de deshacer sin tener que cortar por lo sano.

“En 1996, siendo subsecretario de Fomento, iniciamos un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que en ese momento tuvo alguna contestación y demostró que lo que hacía era liberalizar un potencial de crecimiento fundamental para la economía española”, ha subrayado Calvo-Sotelo, quien ha añadido que hoy el sector es “mucho más amplio, potente y eficaz”.

En mi opinión, el nuevo Secretario de Estado confunde las críticas al qué por las críticas al cómo. O, dicho de otro modo, confunde las críticas a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por las críticas a la privatización de Telefónica. Dos cuestiones relacionadas pero muy distintas.

No comparto la forma como se llevó a cabo la privatización de Telefónica por varias razones, todas ellas con un factor común: se privatizaron tanto las infraestructuras como la provisión de los servicios de telecomunicaciones.

Mientras la abundante literatura científica es contundente sobre la bonanza de liberalizar la provisión de servicios de telecomunicaciones — a mayor oferta mayor competencia, mejores servicios y mejores precios — también la literatura advierte del riesgo de privatizar las infraestructuras: primero, porque, por su carácter estratégico, deberían permanecer en manos públicas; segundo, porque por precisamente ser de propiedad pública, suponen un patrimonio que no habría que malvender y/o renunciar a las rentas que pueda generar en un futuro; tercero, y más importante, porque los nuevos propietarios en el sector privado no tendrán incentivos para mantenerlas y mejorarlas, como se demostró en el sistema ferroviario del Reino Unido o la red eléctrica norteamericana.

Por otra parte, la liberalización de hizo de forma parcial — como, de hecho, no podía ser de otra forma, al venir el sector de un monopolio natural con un único operador incumbente. Llevamos 15 años desde el inicio del proceso y todavía el mercado de telecomunicaciones español dista mucho de ser un mercado en competencia perfecta. Las multas por prácticas contra la competencia que Telefónica suma en su haber y, ante todo, el panorama de precios (de los peores de la OCDE) son la prueba más fehaciente.

Así, las contestaciones a las que Víctor Calvo-Sotelo se refiere no fueron al hecho en sí de liberalizar el mercado de telecomunicaciones — que se ha demostrado que es positivo —, sino a la forma de hacerlo — que se ha demostrado que fue pésima. No comprender esto es condenarnos a seguir en un mercado de las telecomunicaciones caro, ineficiente y poco eficaz. Como el que tenemos ahora.

Aunque comparto muchísimos de los motivos de indignación que han desembocado en el boicot (Ley de Protección Intelectual caduca, “solución” que agrava el problema con la pésima “ley Sinde”, etc.), no comparto ni la iniciativa del boicot, ni el papel que han jugado los medios en sus primeras horas, ni la adhesión al misma a menudo ciega que han realizado muchas personas. Estas son mis razones.

El papel de los organizadores

Creo que hacer una llamada al boicot es una acción legítima y cualquiera debería tener total libertad de iniciar uno o adherirse a él. Sin embargo, y en mi humilde opinión, el boicot de la plataforma NoLesVotes adolece de un grado superlativo de incoherencia, al menos en dos frentes.

El primero es de fondo: uno de los motivos para el boicot es que la Ley Sinde pone en riesgo la libertad de expresión. Sorprendentemente, la lista negra del boicot se basa en las declaraciones que algunas personas hicieron bien sobre la Ley Sinde bien sobre las descargas, determinadas prácticas en Internet y similares. Se pretende pagar con la misma moneda a quienes quieren coartar la libertad de expresión. Un gran ejercicio de coherencia.

El segundo es de forma: en mi opinión, toda protesta debe ir firmada, y más si lo que pretende es la adhesión. La transparencia en una acción cívica es necesaria para contrastar la legitimidad de la acción misma. Solamente si sabemos quién hay detrás es posible dirimir si sus intenciones son honestas. ¿Cómo saber, si no, que detrás del boicot no está una editorial, productora cinematográfica o discográfica que pretende dañar a la competencia?

Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, se han realizado 173 ediciones del texto del boicot por 48 usuarios. De ellos solamente 7 lo hacen con un pseudónimo (aunque algunos son fácilmente identificables) y dos con nombre propio (uno es el propietario del dominio, el otro soy yo): el resto han dejado únicamente la IP como toda firma.

El papel de los medios

Durante los acontecimientos del 15M se criticó duramente a la prensa o bien por silenciar el movimiento o bien por no entender qué estaba pasando e inútilmente buscar la sala de prensa. Se criticó también a los medios de comunicación o bien por no cubrir las manifestaciones o bien por trivializarlas y minimizarlas.

Los medios que cubrieron — y siguen cubriendo — la llamada al boicot se pasaron de frenada — y siguen pasándose de frenada — con la cobertura de la convocatoria.

En apenas unas horas de generarse la página, hacerse la difusión “oficial” de la misma y con tan solo unos pocos centenares de adhesiones, ya había varios titulares sobre la convocatoria. Lo que me genera dos objeciones.

La primera es de forma y versa sobre el calibre de la convocatoria: unos cientos de adhesiones (Twitter daba menos de 2.000 usuarios entre los que se adherían y quiénes lo censuraban) y unos pocos autores materiales del manifiesto del boicot (en las primeras 40h no llegaban a tres docenas) es una cifra ridícula en comparación con los 23 millones de usuarios que tiene Internet en España (mayores de 10 años que se conectan casi a diario, 27 millones con medidas más laxas). Me parece precipitado como para darle cobertura nacional y rango de cuestión de estado.

La segunda es, de nuevo, una de fondo: aunque ya se ha ido corrigiendo, el titular más manido fue el de “la Red organiza un boicot” o “los internautas organizan un boicot”. Titulares así solamente son posibles desde la más extrema ignorancia de la adopción de Internet en España o desde la más extrema soberbia de quien se cree la élite de la vanguardia digital. Hablar de “Red” o “internautas” como categoría es un despropósito tal como decir que “la Carretera” o “los conductores” organizaron un boicot: se calcula que hay 26 millones de conductores en España, más personas que las que votaron en las últimas elecciones, y a nadie se le ocurriría decir que “los votantes de las últimas elecciones organizaron un boicot”. De juzgado de guardia.

El papel de los que se adhirieron

Si creo que el boicot no es coherente y los medios se extralimitaron en su papel de voceros, es también escalofriante el papel(ón) de algunos de los que manifestaron apoyar el boicot.

El 31 de diciembre por la tarde añadí mi propio nombre a la lista negra con el texto siguiente:

Nombre	Profesión	Manifestaciones	Obras
Ismael Peña-López	Profesor de Universidad	Aunque cree que la Ley de Propiedad Intelectual está rota, legitima la defensa de la propiedad intelectual como un derecho, afirma que el copyleft es lo mismo que el copyright e incluso osó criticar el documental de Fanetin.	Obras

Todo ello lo hice abiertamente, añadiendo en el historial el motivo — me pregunto dónde está la línea que separa los boicoteables de los no tan boicoteables o de los no boicoteables en absoluto — así como una aclaración en mi perfil de usuario en el wiki.

Lo que en un principio no pretendía ser sino una crítica “desde dentro” al boicot, acabó siendo un experimento sociológico la mar de interesante. El texto se mantuvo en la página durante poco menos de 23 horas, hasta que uno de los administradores, alertado por otros usuarios y promotores, eliminó el texto de la lista negra. Durante prácticamente un día:

• Cientos de personas se adhirieron a un boicot que ponía en la picota a alguien que, si bien atacaba la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Sinde, había “osado” criticar a uno de los críticos con la Ley Sinde, “uno de los nuestros” (aunque, como ha aclarado a posteriori Stéphane Grueso, él mismo está en contra del boicot). No sé si es más preocupante que no pocos de los que suscribieron la lista, jamás la leyeron, o bien que sí la leyeron y, sin embargo, les pareció bien lapidar a los tibios y equidistantes.
• Hubo un buen número de ediciones de la lista. Algunas para añadir nombres. Otras para corregir ediciones anteriores o eliminar vandalismos. A ninguno de estos editores le pareció mal que alguien me hubiese añadido a la lista, aunque sí repararon en faltas de ortografía y otras cuestiones formales.
• De los que repararon en mi nombre, 143 leyeron mi crítica al documental ¡Copiad, malditos! (crítica que tampoco era una oposición a las tesis del mismo, dicho sea de paso), 29 leyeron un artículo de fondo sobre el copyleft y 10 otro artículo sobre la libertad de expresión (estos dos últimos de mucho más calado que la crítica al documental). Únicamente 11 usuarios se tomaron la molestia de acceder a mi obra para ver, por sí mismos, la magnitud de mi producción maligna.

Si en Twitter y redes sociales: el lobby descentralizado defendía el uso de medios sociales para la participación política, mi involuntario experimento reforzó el temor que allí también manifestaba: todavía no hemos construido, en los medios digitales, espacios para la reflexión y la deliberación calmada, informada y, sobre todo, reputada. La adhesión al boicot ha sido, en no pocos casos — por supuesto los habrá habido de totalmente legítimos — un claro ejemplo de oclocracia de la más básica.

No quiero cerrar estas palabras sin pedir una disculpa pública a los impulsores del boicot en general por el pequeño vandalismo que realicé en su página, así como a Stéphane M. Grueso por utilizarlo como figura agraviada por mí. Como he intentado explicar, me movió un espíritu de crítica constructiva y jamás de ridiculización o de boicot al boicot.

El tema de fondo: la legitimidad — o, de hecho, la falta de legitimidad — de esta forma de opinión (o, a veces, presión) en una democracia representativa, una cuestión que el artículo va dejando caer y que Román Gubern, en su columna adjunta Vocerío digital vs. democracia, hace más que explícita.

Vayamos por partes.

Hay que empezar aclarando que ni son las redes sociales las que se pronuncian sobre un tema determinado, ni son tampoco unos “internautas” quienes lo hacen. Las “redes sociales” son una mala traducción del inglés “social networking sites”, “social networking platforms” o “social networking services”. Nótese que, en la traducción, nos llevamos por delante el substantivo original (sitio, plataforma, servicio) y atribuimos el fondo a la forma, en una metonimia con consecuencias semánticas nada desdeñables. Los sitios de redes sociales siempre fueron medios, jamás entes.

Son los mal llamados “internautas” quienes actúan en las redes sociales. Pero este término es también engañoso. No son los “internautas” éteres pensantes, sino personas de carne y hueso y ciudadanos de pleno derecho: el medio que utilicen no debería ser, en absoluto, su atributo definitorio.

¿Son buenas las redes sociales como plataforma ciudadana para opinar y ejercer presión política?

• Los medios sociales han democratizado la generación de opinión y la creación de grupos de presión. Atrás queda la necesidad de crear costosas infraestructuras como partidos, sindicatos, medios de comunicación (tradicionales), asociaciones, etc. Que los representantes sindicales, los lobbies de la patronal o los columnistas de los medios puedan sentirse agraviados por el “intrusismo” de las “redes sociales” y vean su opinión perder peso e influencia no es sino un ejemplo más de la crisis de las instituciones en una Sociedad Red.
• Los medios sociales hacen más eficaz y eficiente la acción colectiva, ya sea para hacer una reivindicación ciudadana ya sea para compartir recetas de cocina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son eso y no más: hacen más eficiente (menos recursos en infraestructuras y tiempo para el mismo fin) y más eficaz (conseguir más objetivos) todo lo relacionado con informar e informarse y todo lo relacionado con comunicarse unos con otros. Y eso es, en esencia, el ejercicio de la ciudadanía y la base de una buena democracia. Oponerse al uso de las redes sociales en el ámbito de lo público es preferir una democracia menos eficaz y menos eficiente.
• Por último, y eso lo conocen perfectamente los enfermos crónicos de enfermedades raras, los medios sociales consiguen generar masa crítica allí donde en términos estrictamente geográficos hubiese sido imposible. Lo que era marginal en una comunidad puede acabar siendo relevante si conseguimos aglutinar a todos los interesados: y eso, los medios sociales lo están consiguiendo en todos los terrenos. Se hace posible el conocido mantra de pensar globalmente y actuar localmente, así como el repetido hay que gobernar para todos, para la mayoría y para las minorías.

Por supuesto, no todo son ventajas. Los retos no son menores y, en gran medida, esa eficiencia y eficacia de los medios sociales como plataformas para la acción ciudadana estarán en entredicho hasta que aquellos se superen. Entre los retos, creo que hay que destacar dos, uno conocido y relativo a la democracia directa, y otro nuevo, y relacionado con la mencionada crisis de las instituciones.

• El primer gran reto de los medios sociales es, paradójicamente, su inmediatez. A menudo identificamos el ejercicio de la democracia con el sufragio. Sin embargo, una buena democracia se caracteriza por un acceso a la información, cuidar la fase de deliberación, negociar las preferencias, votar y rendir cuentas. Los medios sociales están demostrando ser buenos instrumentos para lo inmediato, pero todavía están verdes para lo reposado, para la deliberación (aunque hay ya buenos ejemplos, creo que no tenemos aún un “protocolo estandarizado”). Lo urgente prevalece sobre lo importante, y resulta difícil distinguir qué es lo relevante ante tal aluvión de opiniones, propuestas y llamadas a la movilización.
• Ese primer gran reto no es nuevo, y hasta ahora se había resuelto a través de la mediación y la representación: determinadas instituciones (partidos, organizaciones, medios de comunicación) marcaban la agenda identificando los temas relevantes, así como diseñaban los procedimientos para decidir sobre ellos. Y estas instituciones tenían la legitimidad porque, entre otras cosas, representaban la mejor forma de hacer lo que hacían: mediar entre la información y los ciudadanos posibilitando la comunicación. Los medios sociales suponen la obsolescencia de muchas instituciones, pero no han proporcionado todavía un sistema de reputación válido para substituirlas. La mayoría de los llamados sistemas de reputación de los medios sociales son meras agregaciones de variables cuantitativas. Si bien la capacidad de transmitir un mensaje es muy importante, tanto o más importante es qué mensaje se transmite. Los futbolistas más famosos tienen un número de seguidores en Twitter de 7 cifras; el Nobel de Economía Paul Krugman, de seis cifras; el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, de cinco cifras; otros Nobel, tienen muchos menos seguidores o, simplemente, no utilizan las redes sociales — pero su influencia o la de su trabajo se refleja, día a día, en el devenir de la economía internacional… y en la economía doméstica de todos y cada uno de nosotros.

Volvamos ahora a la pregunta implícita del artículo original: ¿debería la actividad vehiculada por los medios sociales afectar a un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas?

Y la respuesta es, necesariamente, y por qué no. Utilicemos los medios sociales para ser ciudadanos más eficaces y más eficientes, sin olvidar los riesgos y puntos oscuros que la participación democrática por estas vías todavía no ha resuelto.

Pero una cosa sí hay que tener siempre presente: mientras las debilidades de los nuevos medios sociales están siempre a la vista, listas ser mejoradas mediante la acción colectiva, las fortalezas de la representatividad tradicional se mantienen casi siempre en la oscuridad, alejadas de la luz y los taquígrafos. Y puesto que el loco conocido nos está dando cada vez más disgustos, a lo mejor es hora de darle una oportunidad al sabio por conocer, aunque sea con todas las cautelas que se tengan a bien considerar.

El gráfico muestra los valores del índice para las cuatro ediciones existentes (en 2007 se publicó el índice con datos de 2006 y no hubo índice para 2009). Es casi inmediato ver que, en España, el contexto de crisis económica ha tenido su eco en una crisis de calidad democrática: mientras los derechos y el proceso electoral se han mantenido en puntuaciones constantes y elevadas — debido a que no ha habido cambios en el marco institucional — el resto de indicadores caen a partir de 2008: caen la cultura y la participación políticas, arrastrando con ellas la puntuación total del índice. Y el funcionamiento del gobierno ha acompañado la tendencia. No se hace difícil pensar en desencanto en la política como herramienta para cambiar las cosas, muy en la línea de otros indicadores de otras instituciones.

Dado que este es un índice que nació ya con un marcado espíritu de completitud — están la mayoría de países del mundo desde la primera edición — es bastante legítimo mirar también la posición que ocupa cada país en cada momento. En el caso de España, cae puestos sin cesar también desde 2008, hasta ocupar el último puesto del grupo de “democracias enteras”, a un paso de formar parte del grupo de “democracias fracasadas”.

Sin que sirva de consuelo — sino todo lo contrario — es interesante leer lo que dice el informe para 2011:

El retroceso de la democracia se ha hecho evidente durante un tiempo y se ha fortalecido con el surgimiento de la crisis económica global de 2008-2009. Entre 2006 y 2008 hahabido un cierto estancamiento; entre 2008 y 2010 ha habido una regresión en todo el mundo. En 2011 el declive se ha concentrado en Europa.

Aumenta la percepción de corrupción y decrece la confianza en la política. No es de extrañar, causa o consecuencia, que todo ello venga acompañado de una peor calidad de la democracia. Sin minimizar la crisis económica, creo que valdría la pena empezar a contar entre sus causas una mucho más profunda e importante crisis de las instituciones democráticas. Y, ya de paso, empezar a plantear las soluciones a la primera en función de las soluciones a la segunda.

El pasado once de noviembre me entrevistó respecto a esta cuestión el periodista Xavier Muixí para las noticias de Barcelona Televisió. Esta es la entrevista (en catalán) y, a continuación, las principales reflexiones respecto al tema de los tecnócratas.

Significado original del término: un poco de historia

La tecnocracia es el gobierno de los científicos, de los sabios, de la razón, por encima de los valores morales y religiosos o de las ideologías políticas. En otras palabras, se trata de dejar la superchería y las intuiciones de lado a la hora de gobernar, fundamentar las decisiones en los datos y el conocimiento.

El origen del término es de principios del s.XX en el marco de los movimientos obreros de los EUA. Sin embargo, el ejemplo paradigmático de tecnocracia lo tenemos en la planificación de la economía y los planes quinquenales que caracterizaron la mayor parte de la política (económica) de la extinta Unión soviética.

Si nos remontamos en el tiempo, podemos también encontrar la esencia de la tecnocracia en el pensamiento de la Ilustración o incluso en la Revolución Científica y la necesidad de gestionar eficiente y eficazmente los crecientes estados e imperios.

Personalmente, me gusta pensar en Nicolás Maquiavelo y su moderno pensamiento político como el primer tecnócrata.

Significado hoy: apuesta por el libre mercado

A grandes rasgos, el término hoy en día sigue significando lo mismo: la ciencia al poder. En este sentido, podríamos cualificar al Ministro de Educación Ángel Gabilondo como un tecnócrata en el ámbito de la educación, dada su larga formación y experiencia en el ámbito, y a la Ministra de Sanidad Leire Pajín una no-tecnócrata, dado que su formación y experiencia no pertenecen al ámbito de las ciencias de la salud.

En el ámbito de lo económico, la tecnocracia significa dejar que la economía se autoregule sin imponerle restricciones derivadas de las ideas políticas, actuando solamente allí donde haya que equilibrar las ecuaciones que dicta la ciencia económica.

No obstante, esta definición que aparentemente apuesta por la neutralidad de la ciencia es, en realidad, todo menos neutral. Por dos motivos:

1. La economía, como todas las ciencias sociales — y especialmente en comparación con las llamadas ciencias exactas — es una ciencia que trabaja con muchas variables y la mayoría de ellas desconocidas y solamente aproximables por sus efectos. La economía es una ciencia que tiene dificultades al medir con exactitud los fenómenos, le resulta tremendamente complicado hacer predicciones fiables y, sobre todo, tiene la absoluta imposibilidad de repetir los experimentos en igualdad de condiciones. Por supuesto, ello no invalida la labor de los economistas — que deben lidiar con semejante panorama metodológico — pero sí cuestiona una tecnocracia estrictamente basada en la economía (como ciencia, como razón) sin ponderar sus debilidades.
2. En economía — como ciencia social e inexacta muy sujeta a interpretaciones distintas, a veces opuestas, a menudo complementarias — hay dos grandes corrientes: por una parte, la que dice que la economía (los mercados, las empresas, el trabajo) debe fluir sin intervención externa (los gobiernos, los sindicatos) para que se autoregule o auto equilibre; por otra parte, la que asegura que esa autoregulación y esa falta de intervención externa impedirá que, precisamente, se llegue a un estado óptimo entre variables y agentes económicos. La primera opción, a veces llamada laissez faire (del francés: dejar hacer) es, en esencia, lo mismo que propone la tecnocracia: dejar hacer a la ciencia. Dado que, sin embargo, hay dos grandes corrientes, esa tecnocracia no es neutral, sino que apuesta fuertemente por una de esas corrientes.

La tecnocracia (en economía), tal y como la entendemos hoy en día, es una clara apuesta por la teoría económica neoliberal, y no es, en absoluto, una apuesta por una inexistente e inalcanzable neutralidad en política económica.

Por cierto, esto no es bueno ni es malo, sino que dependerá de la ideología de cada uno el grado en que comparta una determinada visión de la economía. No obstante, es bueno que llamemos a las cosas por su nombre.

Sin embargo, lo que, en mi opinión, es más grave el viraje hacia esta tecnocracia no es tanto si se llevarán a cabo políticas más de “derechas” o de “izquierdas” (como he dicho, va a gustos) por parte de estos mal llamados tecnócratas, sino dos cuestiones de mucho mayor calado: la puesta en evidencia de la incapacidad (en el sentido de falta de facultades) de muchos políticos profesionales y la reducción de la calidad democrática.

La incapacidad de los políticos y la calidad de la democracia

Si bien es cierto que la teoría económica no es una ciencia exacta, también es verdad que hay muchas cuestiones económicas que son verdades objetivas o totalmente consensuadas. Por ejemplo, que el saldo de una cuenta es la diferencia entre ingresos y gastos. Esta — como muchas otras — es una cuestión que no genera debate.

La urgente necesidad de cubrir algunos puestos de toma de decisiones con expertos en economía esconde, a menudo, una cuestión grave: quien antes los ocupaba no estaba preparado para llevar a cabo su tarea, no comprendía esas verdades objetivas mínimas que son las herramientas básicas para trabajar. Es muy distinto tomar decisiones que acaban generando resultados indeseados no esperados que tomar decisiones simple y llanamente erróneas.

Es muy distinto apostar por un sistema de subvenciones a un determinado sector — o apostar por eliminarlas — y que los resultados se desvíen de lo previsto por una serie de imponderables, que basar ese mismo sistema en una inexistente política de ingresos para sufragar los gastos que genera. Por poner un ejemplo genérico y donde todos han caído.

Determinados niveles de los gobiernos deben saber de economía y leyes (e idiomas) para optar a sus cargos, así como de sus especialidades cuando su cargo sea dentro de una rama específica.

¿Es esto aristocracia y no democracia? ¿Vetamos, así el acceso a la política a determinados colectivos? En absoluto, pero:

• Ante el derecho de un ciudadano de representar a sus conciudadanos está también la responsabilidad de hacerlo bien. De prepararse, de mejorar para ser más eficaz y eficiente en el ejercicio de su derecho.
• Ante el derecho de un ciudadano de representar a sus conciudadanos está también el de sus conciudadanos de escoger la opción más preparada. Soprendentemente pedimos certificados y títulos al instalador del gas para no saltar por los aires, y no nos importa que un gobernante haga saltar por los aires el país por falta de preparación.

Además, nos hemos acostumbrado al discurso de que el político hace política y el técnico hace cosas técnicas, como si política y técnica o conocimiento fuesen excluyentes: el político no tiene porqué saber de cuestiones técnicas y el técnico, por lo visto, no puede tener ideas o ideologías propias.

Si tuviésemos políticos más preparados serían capaces de poner en movimiento sus ideas de forma personal, entendiendo las consecuencias más probables de sus propuestas y tomando los riesgos con mayor fundamento. Las carencias intelectuales al final se pagan, o bien porque el político no comprende o bien porque, tratando de comprender, se toma tanto tiempo que llega tarde.

Y lo peor de todo, es que esa escasa preparación del político — y a menudo honestidad, pero esta es otra cuestión — no solamente supone costes económicos, sino democráticos: la imposición por terceros de tecnócratas en los puestos de toma de decisiones es un ataque frontal a las reglas del juego democrático, con independencia de la mayor o menor simpatía que uno tenga a los recién llegados porque crea que lo harán mejor o porque puedan gustar más. Es la mala preparación de muchos políticos lo que a menudo abre las puertas a muchos tecnócratas impuestos desde fuera del sistema democrático. La vindicación, como sucede a menudo, empieza por uno mismo.

Y, en España, la tendencia de la percepción de la corrupción es a peor. Si bien la posición en la lista del total de países debe tomarse todavía con más cautela — aunque la lista ha ido cambiando desde 1995, no lo ha hecho en demasía en los últimos años — la cuestión es que España empeora desde 2002. En lo referente a la puntuación — donde España compite consigo misma — España empeora desde 2004 en adelante.

He realizado el ejercicio de sobreponer la evolución del índice de percepción de la corrupción en España para el período 1995-2011 con el color del gobierno del Estado. El resultado da para muchas interpretaciones. Y más si tenemos en cuenta lo denunciado en el Corruptódromo, el mapa de la corrupción en España. Según este mapa — creado a partir de casos reales y datos objetivos — la corrupción está bastante repartida en lo que a grandes partidos se refiere. Básicamente, la línea general es: allí donde se gobierna, hay corrupción, aunque algunos no conocen fronteras.

Si la corrupción afecta más o menos por igual a los grandes partidos (o mejor dicho, si los grandes partidos son más o menos igual de corruptos), la pregunta del millón es, pues: ¿Por qué mientras gobierna el PP la percepción de corrupción decrece y cuando gobierna el PSOE la percepción de corrupción se incrementa? Algunas respuestas, sin orden alguno, de todos los colores e incluso contradictorias:

• No es el partido en el gobierno, es la crisis, que hace crecer la percepción de corrupción. Puede valer de 2008 en adelante, pero difícilmente desde 2004.
• Es culpa del PSOE, que es más corrupto. Cuadraría con el mínimo que se registra justo antes de la primera presidencia de José María Aznar. Pero no parece casar con los datos del Corruptódromo.
• Es gracias al PSOE, que lucha más contra la corrupción. Un gobierno que lucha más contra la corrupción es, con toda la probabilidad, quien hace aparecer más casos y, con ellos, se eleva la percepción de corrupción.
• Es el PP, que lo tapa mejor. Una estructura más jerárquica del partido y unos lazos más estrechos con los poderes económicos y judiciales harían verosímil esta hipótesis: a más concentración de poder, más difícil que se filtren los casos de corrupción y, así, menor percepción.
• No hay relación de causalidad. Es simple coincidencia. Podría ser.

En cualquier caso, con lo que cuadra perfectamente la gráfica de percepción de la corrupción en España es con lo que ya comentábamos en Quiénes y cuántos son los indignados: delimitando la protesta al presentar el barómetro político y electoral del CIS: en opinión de muchos ciudadanos, desde 2004 los políticos se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución.

• El entretenimiento online y sus implicaciones en campos como el régimen jurídico de la comunicación audiovisual, responsabilidad de los intermediarios, aspectos legales de publicidad, el derecho de los videojuegos y de las apuestas online, redes sociales, publicidad basada en comportamiento, privacidad y protección de datos, difamación y violación del derecho a la intimidad, protección de menores, propiedad intelectual, nuevos modelos de distribución de contenidos, contenidos creados por los usuarios, contenidos ilícitos y nocivos, neutralidad de la red y oportunidades de difusión de contenidos, posición de dominio en el mercado o redes de nueva generación entre otros.

Es posible también enviar comunicaciones sobre:

• Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
• Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional. El plazo máximo para enviar este resumen es el 20 de diciembre de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 10 de enero de 2012 se notificará si han sido aceptados.

Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 26 de marzo de 2012. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que se pondrá a disposición en la página web del congreso. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 16 de abril de 2012. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2012.

Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Fechas clave

• Envío de resúmenes (300 palabras): 20 de diciembre de 2011.
• Notificación de aceptación de los resúmenes: 10 de enero de 2012.
• Envío de la comunicación completa: 26 de marzo de 2012.
• Notificación de aceptación de la comunicación completa (con o sin requerimiento de modificaciones): 16 abril 2012.
• Envío comunicaciones revisadas (camera ready): 30 de abril de 2012.

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección uoc.idp2012@gmail.com

La cuestión es que, como comenté en Los seis grados de separación de ETA y Terra Lliure, la salida del conflicto vasco debe ser — y más ahora — política y, dentro de la política, democrática. Y da la impresión, por ese uso incorrecto y/o tendencioso de las palabras, que algunos de los que creen defender la democracia, en realidad, defienden a mi entender precisamente la negación de la misma.

El terrorismo es el uso de la violencia para conseguir unos fines. Como tal, se sitúa fuera de la democracia, donde esos fines se pactan a través del diálogo y la elección colectiva. Ese terrorismo puede aspirar a conseguir la secesión de un territorio de otro (independentista) por motivos de identidad colectiva (nacionalismo). Es el caso de ETA. Hay, no obstante, terrorismos no nacionalistas y no independentistas. Por desgracia, los ejemplos abundan.

El nacionalismo es, a grandes rasgos, la idea que defiende una identidad colectiva vinculada a un territorio y a una cultura. La defensa de esta idea y del colectivo que la incorpora puede hacerse de forma violenta — como el caso de ETA — o de forma no violenta, muchas veces a través de instituciones como partidos políticos y asociaciones ciudadanas. Es fundamental enfatizar aquí una cuestión: el nacionalismo, en sí mismo, no es ni democrático ni anti-democrático. Es la forma cómo ese nacionalismo se defiende lo que lo sitúa a un lado u otro de la línea que delimita la democracia. Dejando al margen el histórico personal o colectivo de cada caso, la cuestión es que ETA acaba de cruzar esa línea que separa lo que no pertenece a la democracia de lo que sí pertenece a ella. Se puede debatir si el hecho de cruzar esa línea ha sido una rendición de ETA o debido a concesiones hechas a la banda terrorista, pero lo que es indiscutible es que la línea ha sido cruzada. Y puede valer como ejemplo del caso contrario los dictadores siguieron llevando a cabo su plan político y sembrando el terror sin jamás cruzar esa línea que define la democracia, desde Fidel Castro a Francisco Franco.

Algunos nacionalismos tienen como rasgo definitorio el independentismo, que podemos definir como la secesión de un territorio de una unidad administrativa mayor. De nuevo, es importante hacer énfasis en dos cuestiones de máxima relevancia. La primera, que el independentismo — como el nacionalismo — no es ni democrático ni deja de serlo, porque habla del fondo y no de las formas. Si la independencia se defiende desde el diálogo y la elección colectiva es democrático, y si se defiende y quiere imponer desde la violencia, no lo es. Por otra parte, la secesión de dicho territorio puede darse por motivos nacionalistas — al perseguirse la equiparación de un territorio nacional o de la nación con el territorio administrativo y jurisdiccional — o bien por otros motivos no relacionados con las identidades colectivas. Abundan ejemplos de las cuatro combinaciones: el caso del nacionalismo independentista vasco; los nacionalismos helvéticos, que viven en perfecta armonía en su confederación, a la que llamamos Suiza, y sin ánimos de separarse de ella; la Unión Europea como un ejemplo de fuerzas unionistas (contrario a las independentistas) por motivos ajenos al nacionalismo (con algunas excepciones que ensalzan el sentirse europeo); y el caso de Catalunya, donde cada vez más ciudadanos son partidarios de la independencia por motivos de desequilibro de balanzas fiscales con el Estado Español, sin que por ello medie un sentir nacionalista.

Por último, y muy relacionado con lo anterior, nos encontramos con el derecho a la autodeterminación, la libertad un territorio de poder decidir si pasa a ser independiente. Por supuesto, y como todos los derechos, el derecho a la autodeterminación puede ser reconocido o no por los demás. También, como todos los derechos, puede ser reconocido pero ser o no ser ejercido. Una persona puede reconocer el derecho de su pareja a separarse de ella o bien puede forzarla a mantenerse a su lado. Por otra parte, una persona puede reconocer el derecho de los cónyuges a separarse sin implicar por ello que dicha persona tenga intención alguna de hacerlo de su propia pareja. En términos nacionales, es perfectamente legítimo defender el derecho a la autodeterminación y, sin embargo, llegado el momento de decidir, oponerse (votar en contra) a la independencia de un territorio. La democracia consiste en ambas cosas: en reconocer el derecho a la autodeterminación y en reconocer que el ejercicio de ese derecho puede ser estar a favor de la independencia o en su contra. El derecho de la autodeterminación es sobre si se puede votar, no sobre el sentido del voto.

En resumen:

• La autodeterminación es un derecho, que puede ejercerse o no, y que puede ejercerse de distintas formas. Los derechos se tienen, aunque pueden ser reconocidos o no y, en este último caso, evitar por la fuerza el ejercicio del mismo. Por norma general entendemos el reconocimiento de los derechos como una condición necesaria (aunque no suficiente) de la democracia.
• La independencia es una opción del derecho de autodeterminación, y es una opción que puede venir motivada por distintas razones.
• El nacionalismo es una ideología, un sentir. El nacionalismo no es un derecho, ni tampoco es una opción. El nacionalismo es uno de los motivos que pueden impulsar a alguien a ejercer un derecho en un sentido u otro. Pero no el único.
• El terrorismo es una forma de conseguir un objetivo, en base a una u otra ideología. Como forma violenta, queda fuera de la democracia. Por otra parte, no considero legítimo el terrorismo como forma de reivindicar un derecho no reconocido, ya que supone la defensa de dicho derecho en detrimento de otros muchos derechos ajenos (el derecho a la vida, por ejemplo).

Cuando se habla de que las reivindicaciones de los terroristas no son legítimas, es falso: lo que no son legítimas son las formas, no las reivindicaciones. Cuando se identifican independentistas con no demócratas, en realidad es quien profiere dicha afirmación quien se alinea con los no demócratas. La apropiación de los nacionalistas de todos aquellos que apuestan por la independencia no es sino la otra cara de la moneda de aquellos que califican de nacionalistas a quienes optarían por la independencia. Por último, creer que la defensa de la autodeterminación es un sentir nacionalista que necesariamente debe acabar en la independencia de una nación es solamente superable, como error, en identificar a nacionalistas e independentistas con anti-demócratas y terroristas.

Y ejemplos de esto último, tenemos a montones.

PS: mi agradecimiento a David Gómez que, sin él saberlo, contribuyó a poner algunos adjetivos y sustantivos a este texto.

Aunque las formas y la cronología han venido a poner en el mismo saco la Primavera Árabe, el Movimiento del 15M y similares en otros países, y el reciente Occupy Wall Street, creo que si bien están relacionadas, son completamente distintas. Por una parte, la Primavera Árabe tenía un objetivo a corto plazo y claramente delimitado: echar a los dictadores de los respectivos países y restaurar en ellos la democracia. El 15M perseguía ese mismo objetivo, pero dentro de democracias modernas bien establecidas: así pues, pedía mejorar la calidad de la democracia y, a través de ello, llegar a acciones más concretas en el ámbito de lo socioeconómico. Por último, Occupy Wall Street volvía a una única petición concreta, que aunque relacionada con el ejercicio de la democracia, se concretaba en pedir una mejor distribución de la riqueza así como una independencia del poder ejecutivo del económico.

Relacionadas y distintas todas ellas, tienen dos importantes rasgos en común: las ya mencionadas formas y, sobre todo, el hecho de pedir cambios dentro del sistema, es decir, transformaciones del mismo sistema imperante pero sin sustituirlo por uno nuevo. Sin embargo, esos árboles unidos bajo el bosque del 15 de octubre adquieren un nuevo significado: el cambio de sistema (la Primavera Árabe, aunque sí pide un cambio de gobierno, no pide un cambio sistémico en profundidad, como lo fue, p.ej. el nacionalismo comunista de mediados del s.XX).

La crisis del ’29, la Segunda Guerra Mundial y los Acuerdos de Bretton Woods

El siglo XX se caracteriza por dos grandes crisis situadas ambas en su primera mitad: la crisis económica de 1929 y la crisis política que representa la Segunda Guerra Mundial. Juntas representan las dos caras de la misma moneda: el fin del estado-nación y la necesidad de tratar las relaciones internacionales no desde lo local, sino desde lo global.

El cambio de sistema económico se debate en julio de 1944 dando lugar a los llamados Acuerdos de Bretton Woods. Firmados por los entonces 44 países aliados, se acuerda la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (parte del Banco Mundial), el GATT (el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, semilla de la Organización Mundial del Comercio) y la reforma del sistema de divisas mundial (con la adopción de un patrón oro-divisas centrado en el dólar americano). Es decir, la creación de un mercado financiero mundial así como las instituciones para promoverlo.

Y aunque ha habido cambios sustanciales desde entonces — como el abandono de la convertibilidad del dólar en 1971 —, en general ese ha sido el sistema que se ha mantenido, reforzado… y desbocado.

Hacia un nuevo Bretton Woods…

La reunión del G20 en Washington el 15 de noviembre de 2008 se convocó, precisamente, para comprobar en qué medida el actual sistema económico mundial seguía siendo válido. Lo cuentan con gran detalle Eric Helleiner y Stefano Pagliari en Towards a New Bretton Woods? The First G20 Leaders Summit and the Regulation of Global Finance y John Vandaele en Por un nuevo Bretton Woods. Lo que ambos artículos nos explican es que, a grandes rasgos, el G20 — y a iniciativa de Nicolas Sarkozy — consideró un nuevo acuerdo al estilo del de 1944 para volver a encauzar la economía mundial, especialmente en lo que se refiere al ámbito de las finanzas.

Mi impresión, no obstante, es que no hay lugar para un nuevo acuerdo en el plano de lo económico, y mucho menos restringido en el ámbito de la economía financiera, regida por la especulación como fin en sí mismo. Es el sentir de muchos de los autores que contribuyeron al especial que el periódico The Guardian dedicó a esta cuestión en A new Bretton Woods. Juan Torres López hablaba en ¿Un nuevo Bretton Woods? de la necesidad de una nueva autoridad, nuevas reglas y nuevas instituciones.

…sin Bretton Woods

Da la impresión que, efectivamente, hay bastantes voces que claman por un cambio. No obstante, el cambio es desde dentro: sanear el sistema, depurar el sistema, renovar el sistema, hacer que el sistema vuelva a funcionar. El sistema económico, el sistema financiero.

En mi opinión, el sistema económico funciona perfectamente. Y la prueba es que quien tiene los medios sigue enriqueciéndose, y mucho, con él. ¿Hace falta mejor prueba que esa?

Lo que está profundamente roto es el sistema político, la gestión de lo público, la organización de la sociedad como algo colectivo por encima de los desarrollos individuales.

En este sentido, no es necesario volver a regular la economía, cambiar las normas del juego, modificar la forma como vigilamos a los agentes económicos y sus acciones para que no se salgan de madre. Dado que aquellos están, ahora mismo, por encima del bien y del mal, da lo mismo que las normas escritas cambien, porque las normas tácitas, las de verdad, se fijan con el quehacer diario de dichos agentes económicos.

Lo que hace falta es restablecer el orden de las cosas, recuperar la gobernanza del sistema. Hace falta que las preferencias individuales se agreguen en decisiones colectivas, y que estas determinen los límites de las actuaciones individuales de nuevo. Y no que las actuaciones individuales dicten las decisiones colectivas a base de manipular o coartar las preferencias individuales.

Lo que hay que cambiar, pues, no son las normas ni los objetivos, sino la forma como unas se fijan y los otros se llevan a cabo.

Y, según mi personal interpretación, esto es lo que pidieron 1000 ciudades en todo el mundo el 15 de octubre de 2011. Más allá de los contextos locales de cada uno, las especificidades, los puntos de vista, los matices, lo que se pidió fue un cambio en la gobernanza global.

Y aunque con cautelas y salvaguardas, lo que cabría esperar de las elecciones legislativas en España el 20 de noviembre no es si el candidato electo procederá a recortar más o menos el estado del bienestar, o si luchará con mayor o menor ahínco contra el desempleo mientras repara los estragos de dicha situación, o si pondrá tal o cual impuesto o tasa en el limitado patio particular del ámbito jurisdiccional de su estado.

Lo que cabría esperar del nuevo presidente electo y de los futuros líderes de la oposición es la capacidad para llegar a un acuerdo a nivel nacional que les permita llegar a otro acuerdo a nivel internacional. Sobre la política, sobre la forma de entender el proyecto comunitario que es ahora a nivel global. Es hora de volver a poner la política por encima de la economía.

Y, entre otras cosas, se festejará con un desfile militar.

En tiempos de crisis — y en tiempos de bonanza económica también — creo que es más que legítimo preguntarse cuánto costará movilizar más de 3.000 militares, 147 vehículos y hasta 55 medios aéreos. La participación de los efectivos humanos sea probablemente barata, dado que su sueldo y manutención están ya pagados por el contribuyente y, en su mayoría, deben estar ociosos en sus casernas, por lo que el coste de oportunidad es cercano a cero. No es así con el resto de efectivos, propulsados por caros combustibles fósiles, así como el desplazamiento de los primeros. Sin embargo, no es mi intención hacer crítica a partir de una “miserable” partida de gastos.

La pregunta, más pertinente para mí, es qué representa un desfile militar y qué valores pretende transmitir. Se me ocurren dos respuestas: el ensalzamiento de la violencia y el homenaje al mal necesario.

El ensalzamiento de la violencia

Todavía para muchos el ejército es motivo de orgullo per se, demostración de fuerza y poderío. Seguimos en muchos aspectos anclados en una tradición feudal, heredada de los pueblos “bárbaros”, donde imperaba la ley del más fuerte. Gobernaba no un senado de ciudadanos o un consejo de sabios, sino el jefe de los ejércitos. Señor de la guerra, rey o emperador, el autócrata dicta la ley y el ejército la hace cumplir por la fuerza.

Homenajear semejante instrumento de represión, ensalzar el uso de la violencia ante el diálogo se me antoja una regresión al más básico de los instintos humanos (parecido a la cuestión de los toros, aunque mucho peor, por tratarse de personas). Y poco más hay que añadir a este respecto.

El homenaje al mal necesario

Por suerte, no todo el mundo sueña con un puño fálico, si se me permite la expresión.

Otra respuesta que todo patriota suele dar ante alguien que se pregunta por la idoneidad de un desfile militar es que se honra a quienes defienden la patria de uno. Honrar, enaltecer, alabar.

Discusiones de matiz al margen, los ejércitos son al orden internacional lo que la policía es al orden doméstico. Cuando fracasan todos los intentos civilizados de mantener la paz y la convivencia, no hay más remedio que utilizar la fuerza. Es importante, sin embargo, hacer hincapié que el uso de la fuerza es un fracaso de la razón y, por tanto, una alternativa poco deseable, un mal “menor” (menor que el caos total, se entiende). En definitiva, un mal con el que hay que vivir, un mal necesario.

Incluso en el caso de que el soldado sea excelente en su trabajo, y pueda sentirse orgulloso a título personal con ello, el conjunto de su profesión sigue siendo un mal, necesario, pero mal. Como lo es la necesidad de policías, bomberos y médicos. Siempre es mejor la educación cívica, la prevención de incendios o una vida saludable que encarcelar, extinguir o curar. Sin embargo, mientras los médicos salvan vidas, y los bomberos vidas y patrimonios, los ejércitos suelen acabar con ambos. Por eso, aunque puedan ser necesarios, son malos. Incluso cuando objetivamente no hay otro remedio, el resultado de la fuerza bruta y la violencia es la destrucción, del adversario, pero destrucción al fin y al cabo. Necesario, pero mal. Los ejércitos no son, jamás, la mejor solución.

Así, lo de hacer estandarte de un mal necesario resulta, como poco, sorprendente. Hacer estandarte de los ejércitos es como enorgullecerse de la amputación frente a la vacunación, o hacer recalificaciones inmobiliarias para reaprovechar el bosque quemado.

Si el día de la fiesta nacional es motivo para salir a la calle y gritar a los cuatro vientos lo orgulloso que está uno de los logros de su patria, lo suyo sería sacar a la calle a los premios Nobel, a los médicos que hicieron un trasplante inaudito, a los maestros que educaron cohortes enteras de vástagos asilvestrados, a los ingenieros que eliminaron algunas emisiones a la atmósfera saneando el parque energético, a las mujeres que conciliaron su trabajo con la vida familiar o a las que sobrevivieron al salvaje de su cónyuge cavernario, a los abuelos que sacrificaron sus tardes para cuidar a los nietos, a los voluntarios que salieron a la calle y a las redes para pedir más y mejor democracia. La lista es (casi) interminable: lo bueno abunda, por suerte.

Pero salir a la calle para celebrar el parche, el mal necesario, el reconocer que a menudo no conseguimos arreglar las cosas civilizadamente. Y celebrar eso tiene mucha miga.

La crisis arrecia, cambian los gobiernos, las alfombras se levantan y las tijeras se afilan a más no poder. Las dos frases más recurridas en los últimos meses son que (1) hay que reducir el déficit y (2) no hay otra forma que hacerlo que recortar en gastos. Sobre lo primero me pronuncié en Fijar el subir los impuestos (y no el déficit) por Constitución: en resumen, que el déficit puede ser bueno e incluso deseable en algunas circunstancias. Sin embargo, el punto más importante para mí — y así lo apunté en esa referencia — es esa indiscutible asunción que no es posible hacerlo sino recortando el gasto.

Esta última afirmación denota una falta de respeto total para las matemáticas: una resta (y un presupuesto es una resta entre ingresos y gastos) tiene siempre dos partes, el minuendo y el sustraendo. Y ambos se pueden alterar para mantener constante el resultado. Que uno no quiera alterar el minuendo (los impuestos) porque políticamente no se puede es otra cuestión. Una cuestión que abordaré aquí, con resultados que incluso me han sorprendido a mí mismo.

(Podríamos aquí hablar de la coda que suele acompañar el “no hay otra forma que recortar los gastos” y que no es otra que “para preservar el Estado del Bienestar”. Teniendo en cuenta que los gastos administrativos/burocráticos son relativamente pequeños respecto a otras partidas — profesionales de la educación, la sanidad, la justicia, la defensa — y que los recortes están afectando, sobre todo, a los gastos sociales, la afirmación “no hay otra forma que recortar los gastos para preservar el Estado del Bienestar” me resulta sumamente ofensiva, por cínica y por el trato que se da a la inteligencia del ciudadano.)

La pregunta es, pues, ¿pueden subirse los impuestos? Y, en caso de subirse, y como se pide desde diferentes ámbitos de la sociedad ¿pueden subirse los impuestos a los ricos?

Distribución de la renta en España

Veamos qué dicen los datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Tomaremos los últimos datos disponibles, del ejercicio de 2008, y escogeremos como referencia la Base Imponible General, es decir, aquella que recoge la mayoría de las rentas que puede percibir una persona: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario, rendimientos del capital mobiliario, rendimientos de actividades económicas, imputaciones de renta y ganancias y pérdidas patrimoniales. Esta medida es muy grosera para cuantificar los ingresos de una persona, y su precisión disminuye a medida que las personas tienen mayor proporción de rentas no provenientes del trabajo (compensaciones en especie, ingeniería financiera, evasión fiscal, etc.). También quedan fuera personas sin la obligatoriedad de declarar, normalmente porque sus rentas son demasiado bajas. Sin embargo, el análisis, aún (insisto) con sus debilidades, es suficientemente válido para la reflexión que queremos hacer aquí.

La siguiente gráfica muestra la distribución de las declaraciones por tramos de base imponible general en el IRPF de 2008 en España. La línea sombreada azul muestra la proporción de declaraciones (de un total de 14.277.365) que corresponden a cada tramo de la base imponible. Vemos, por ejemplo, que un 5,86% de las declaraciones (836.333) se situaron en el segmento de los 12.000 a los 15.000 € de rendimientos brutos anuales, segmento cuyo valor medio fue de 12.119 €. Ese fue el segmento donde hubo mayor proporción de declaraciones.

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Hay algunos números que vale la pena resaltar.

El primero es el valor de la renta media española, es decir: el total de rentas declaradas dividido por el total de declarantes. Esa renta media se situó en 2008 en 26.379 € (aproximadamente). Sin embargo, este dato es engañoso y suele ejemplificarse con el conocido “si yo tengo dos manzanas, y tú no tienes ninguna manzana, de media tenemos una manzana cada uno”. En realidad, en España vemos que hay muchísima gente que está por debajo de la renta media y muy poca que está por encima. En concreto, el 80% de la población está por debajo de la renta media.

Mucho más realista que el dato anterior es la renta mediana, es decir, cuánto cobra la persona que tiene a la mitad de la población cobrando más que ella y la otra mitad menos. Esta renta mediana se situó en España en 2008 en 14.921 €, es decir, la mitad de los españoles declararon cobrar menos de 14.921 € brutos al año. Brutos. Antes de impuestos y antes de pagar la hipoteca. La mitad de la población. Al margen de los juicios de valor sobre de si la gente merece o no cobrar dichas cantidades, desde un punto estrictamente contable se me antoja un número que debe hacer difícil ir al supermercado a menudo o pagar el alquiler o hipoteca de un piso más bien modesto (nota: no son hogares, son personas; si uno suma pareja sin trabajar y dos hijos, o bien es cierto que hay mucho fraude fiscal o hay millones de personas haciendo encaje de bolillos a fin de mes).

La clase media

Ante este panorama — la mitad de españoles cobrando menos de 15.000 € y hasta cuatro de cada cinco cobrando como mucho 26.000 € — se pregunta uno a qué se refieren los políticos y los medios cuando hablan de la clase media.

Si uno lo toma en sentido aritmético, “la clase que está en medio”, lo lógico sería pensar que es esa franja que va desde la renta mediana a la renta media, es decir, de los 15.000 a los 26.000 €. Sin embargo, uno tiende a pensar en clase media como una clase acomodada, con desahogo económico y, en cierta medida, con un determinado estatus social o profesional. Puede que una pareja sin hijos, con vivienda heredada/cedida y en la cota superior de esa franja (26.000) pueda concebirse como clase media (yo pensaría más en clase cuarto…), pero dos rentas de 15.000 con dos hijos e hipoteca no son, a efectos sociales, clase media. Siendo generosos, clase obrera acomodada.

Si nos guiamos por la definición anterior (desahogo, estatus, etc.) y se le intenta poner un número de forma totalmente discrecional, podríamos fijarlo en 80 o 100.000 € por hogar, donde habría una pareja que aportaría aproximadamente la mitad cada uno (sé que es arbitrario, pero…). El problema es que la persona que cobra 40.000 € al año se sitúa en el 10% de la población con más renta (los que cobran 50.000 están en el 8%). Ante estos datos, afirmar que la clase media es aquella compuesta por las personas que forman parte del 8 al 10% con mayores ingresos de la población es, a mi entender, un juego de palabras que roza la aberración semántica.

Dicho esto, y retomando la cuestión inicial, habría que aclarar a qué refieren los políticos y los medios cuando hablan de la clase media. Si se refieren a las personas que cobran 20.000 € (recordemos: brutos) anuales suena casi a chiste. Si se refieren al 8% con mayor renta de la población, suena casi a insulto. Sería deseable, pues, dejar de hacer referencia a esa tierra de nadie que es la clase media española: la clase media española es como las meigas gallegas, que seguro que existen, pero nadie sabe dónde están.

Desigualdades e impuestos para los ricos

Lo que acabamos de explicar se puede ver gráficamente en la siguiente gráfica, representando la Curva de Lorenz de la renta española para 2008. En una Curva de Lorenz se representan, en las ordenadas, el porcentaje de población acumulada, y en las abscisas, la renta que esa población acumulada tiene en total. En una sociedad 100% equitativa, la Curva de Lorenz es una recta de 45º (dibujada en la gráfica). Cuánto más se separa la curva (en puntos en la gráfica) de esa recta hipotética, más desigual es la distribución de la renta.

A pesar de lo que pueda parecer por la curva, la inequidad es relativamente baja en España. Según los datos sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, España suele situarse entre los 20-30 países más igualitarios del mundo. Pero eso nomsignifica que, en términos absolutos, no estemos ante claros desequilibrios en la renta.

Así, vale la pena apuntar que el 5% de población obtiene el 20% de las rentas, y si llegamos hasta 10% de población este grupo obtiene una tercera parte del total de las rentas. Valdría la pena añadir que renta no equivale a patrimonio ni, como hemos apuntado antes, a otras formas de bienestar económico no computables o no computadas como rentas.

Algunas comparaciones interesantes:

• Subir 5 puntos el IRPF del 5% más rico equivaldría (aproximadamente) a subir un 1% el IRPF del 95% de población restante.
• O, dicho de otro modo, podríamos bajar los impuestos un 1% al 95% de la población subiendo un 5% los impuestos del 5% con mayores rentas.
• Ampliando un poco el segmento de mayor renta, podríamos bajar los impuestos un 1% al 90% de la población subiendo solamente un 2% los impuestos del 10% con mayores rentas. Recordemos que estos últimos ganan de media algo menos de 40.000 €.
• Subir un 1% el IRPF del 10% con mayores rentas daría, aproximadamente (muy aproximadamente porque depende de desgravaciones, etc.) unos 1.000.000.000 €, cercano a los 1.200 millones de euros que suponen el recorte de las pensiones. Todo a partir de 400 € de cada una de esa 10% de la población con mayores rentas.
• Un fuerte incremento del 5% del IRPF al 5% más rico — rentas mayores de 50.000 € — pagaría la mitad de los recortes en sanidad.

Algunas reflexiones sobre política

La primera pregunta que cabría hacerse es si, realmente, la única opción es hacer recortes. En mi opinión, hay mucho (pero mucho) terreno para las subidas de impuestos sin tocar ni las clases bajas ni esa invisible clase media.

La segunda cuestión es a quién representan los políticos. Si un 95% de la población cobra menos de 50.000 € y un 90% cobra menos de 40.000 €, a quién representan los partidos que, en su mayor parte, o bien se sitúan en la izquierda o, en el caso de los dos mayoritarios, se pelean constantemente por el centro.

Habida cuenta que prácticamente ningún partido defiende las subidas de impuestos — sino todo lo contrario, visto el histórico del último año — es de suponer que el centro, al menos en términos económicos, se sitúa por encima de la barrera de los 50.000 € y representa a menos del 5% de la población. No está nada mal como revisión del concepto de votante mediano.

En base a lo anterior, viendo que los partidos no representan ni gobiernan ni tan solo para el 80% de la población que tiene rentas por debajo de la media, habría que preguntarse quién dicta sus políticas económicas. ¿Es el 20% con rentas superiores a la media? ¿Es el 5% con rentas muy altas? ¿El 1% con rentas por encima de los 100.000 €? ¿De verdad los partidos son incapaces de proponer políticas que beneficien al 95% del electorado a costa del 5% restante?

La tercera cuestión, y que se me escapa totalmente, es cómo se forma la intención de voto en este país, así como cómo se forma la opinión de corte económico. Cuando el 61% de la población afirma que preferiría recortes a impuestos, frente a un 23% de opinión contraria, cabe preguntarse a qué se refieren exactamente o en qué tramo de renta creen ellos que se sitúan.

Pasar de una sanidad pública a una de mutua, y de una educación pública a una de concertada puede suponer una media de 2.000 € por cabeza y año (sanidad para un progenitor y un hijo, más educación para el segundo). ¿Cuántos del 50% de la población que cobra 15.000 € anuales brutos puede permitirse ese gasto? ¿De verdad prefieren los recortes y acabar pagando los servicios privados? ¿O son mejores los incrementos progresivos de impuestos (p.ej. para el 10% con más ingresos)?

Cuando describí el Perfil político en España tras el 22M recibí críticas por todos los flancos, especialmente desde la izquierda.

Ahora bien, después de lo expuesto, queda constatado que tanto partidos de (supuesta) izquierda como incluso los de centro-derecha hacen políticas para el 5% con mayores rentas, es decir, para (como mucho) el 5% de sus potenciales votantes. Y queda constatado también que la inmensa mayoría de votantes escoge partidos que van a implantar políticas que son objetivamente adversas a sus propios intereses.

Me reafirmo, pues, en mi opinión que los partidos de izquierda van perdidos y muchos de los votantes (estos de izquierda y derecha) también. O eso, o a mí se me escapa alguna cuestión de suma importancia y que no he sabido ver. Agradeceré humildemente aclaraciones al respecto.