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El Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de noche

La pasada Semana Santa la terminamos en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, también conocido como Can Ruti, por una neumonía del peque (2años y dos meses). La noticia no es ésta — «nada grave» que no se puediese curar a corto y medio plazo — sino algunas reflexiones que fueron posibles gracias al montón de horas para observar y pensar que tienen tres días con sus tres noches en una habitación de hospital de la planta de pediatría.

La primera reflexión es de agradecimiento. De doble agradecimiento, de hecho. Un primer agradecimiento por la profesionalidad de unos equipos que funcionaron como un reloj, que demostraron ser unos muy buenos profesionales. El segundo agradecimiento por unos equipos que nos trataron siempre con amabilidad, que demostraron ser, además de unos muy buenos profesionales, unas muy buenas personas.

Sólo dos datos para contextualizar. El promedio de personas que había en urgencias la tarde que fuimos a ver qué pasaba con aquella fiebre que no se iba fue de 140-150. No me puedo imaginar qué debe suponer manejar esto con profesionalidad y, sobre todo, con amabilidad. El segundo dato es que fuimos a urgencias pediátricas, para luego pasar a la planta de pediatría: todo lleno de niños muchos de ellos menores de cinco, cuatro, tres años. No me puedo imaginar qué debe suponer gestionar este tipo de paciente con profesionalidad (todo pequeño, todo se mueve) y, sobre todo, con amabilidad.

Profesionales y personas de Can Ruti: muchísimas gracias.

La segunda reflexión es para la sanidad pública. Nos atendieron, como mínimo, equipos de siete ámbitos:

• Urgencias.
• Diagnóstico por la imagen.
• Análisis médicos.
• Pediatría.
• Residentes.
• Neumología.
• Pediatría del Centro de Atención Primaria.

Sí, nos atendieron todos ellos. Algunos no directamente, pero nos consta que sí indirectamente. Es probable que no haya hecho la categorización de forma correcta: seguro que me equivoco a la baja. Un hospital universitario es un gigante. Si además lo cosemos a un sistema sanitario — como la atención primaria — lo que tenemos es un ejército de gigantes. No hay sistema privado que pueda aguantar esto. Ni pagando. La creación de un gigante, quizá sí. El ejército de gigantes, bien coordinados, no. Si añadimos la docencia y la investigación, la cosa se complica. Si añadimos la universalidad en su acceso, es totalmente imposible.

Esta reflexión no es nueva. Los datos que tenemos sobre los sistemas públicos de sanidad son contundentes. Pero vivirlo en primera persona añade una nueva capa: la que pasa de la teoría a la práctica. La que hace que pienses qué hubieras hecho — o podido hacer, o no podido hacer — en otras circunstancias.

Cuando te va en ello la vida de los hijos — oh, sí, he dicho que no era «nada grave»: las comillas son porque fuimos al Hospital de Can Ruti, que hicieron que lo que era grave pasara a ser «nada grave» — mucha de la literatura económica y sobre políticas públicas te pasa por delante tintada de otro color.

Sanidad pública: sí, por favor.

La tercera reflexión es para los defraudadores fiscales. Unos grandes profesionales (y personas) de un gran sistema público sólo se sostienen de una forma: impuestos. Sí, claro, los profesionales ponen ganas e ilusión y compromiso por encima de su obligación, seguro. Pero también tienen alquileres o hipotecas que pagar. Por no hablar de las instalaciones, aparatos, fungibles, comidas y un larguísimo etcétera que seguro que no puedo ni imaginar — el número de todos los movimientos de mi cuenta corriente en marzo no llegó a cien: estoy seguro de que en tres días en el hospital generamos más.

Si estamos de acuerdo en que son grandes profesionales, que lo hacen bien y que nos tratan bien, y si estamos de acuerdo en que nosotros solos no nos lo podríamos pagar, debemos admitir que nos sale a cuenta pagar impuestos. Si nos sale a cuenta pagar impuestos, todavía nos sale más a cuenta velar para que todo el mundo lo haga. Porque si no, tal vez, no habrá ni profesionales ni gigantes la próxima vez.

Y no, mis pensamientos no se han ido a los grandes corruptos que hacen titulares en los periódicos. No. O no solamente. He pensado especialmente en los mecánicos de los talleres que no me quieren facturar el IVA. Y el que lo acepta. O en el instalador de la carpintería de aluminio de la galería. O en el amigo que sé que. O en el otro amigo que sé que también. Lo peor de todo es que cuando se saca el tema, uno es el malo. Cuando se intenta desenmascarar las mil excusas, uno es lo que genera mal ambiente.

Pequeños defraudadores, por favor, pensadlo dos veces. Especialmente aquéllos que lo que «ahorráis» no es para llenar el plato, sino a llenar un depósito de gasolina de mayor capacidad, para añadir una llave al llavero, o para ir un poco más lejos de vacaciones.

Y si me decís que estoy haciendo chantaje emocional perdonad que os diga que ya estáis buscando excusas: recuperadlas cuando tengáis que pasar tres noches en el hospital sin sufrir por nada más que por el dolor de riñones de la silla-cama.

Sesc Pompéia, São Paulo, costesía de Renata Santoniero.

Ocurre en la policía.
Ocurre en la escuela.
Ocurre en la Iglesia.
Ocurre en los partidos.
Ocurre entre amigos.
Ocurre entre parejas.
Ocurre en todas partes.

Ocurre en la policía cuando un policía actúa brutalmente dentro o fuera de la comisaría.
Ocurre en la escuela cuando un profesor se extralimita, o los matones de turno asedian a su chivo expiatorio.
Ocurre en la Iglesia cuando a un religioso se le van las manos y lo demás.
Ocurre en los partidos cuando un político mete mano a bolsas, bolsos y bolsillos.
Ocurre entre amigos cuando uno admite entre sonrisas cómplices que defrauda el IVA, por activa o por pasiva.
Ocurre entre parejas cuando uno se impone al otro con algo más que habilidosa persuasión.
Ocurre en todas partes.

Es un caso aislado.
No se volverá a repetir.
Ha sido un error de control, un despiste, un momento de debilidad.
Puede corregirse.
No ha ocurrido casi nada.

Y así, se tapa. No haremos norma de la excepción. No haremos peligrar el cesto por una manzana podrida. Hay que proteger a la institución, el importantísimo papel que desempeña, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí.

No debilitemos el cuerpo de policía para que se imponga al crimen.
Hay que proteger el papel educador de la escuela.
Con lo que ha hecho la Iglesia por los pobres.
Mejor los partidos y el orden que el caos y la ley de la selva.
No arriesgaremos nuestra larga amistad por eso, comparado con lo que hacen otros.
Tampoco es tanto y los niños serían los más perjudicados.
Todo el rato, en todas partes.

Y así se fija la manzana podrida. Y se extiende la podredumbre. Y una cosa lleva a la otra. Y acaba siendo un no parar. Y vamos echando capas para tapar una con la siguiente, y la siguiente con la posterior. Y se da uno cuenta de que se ha ido muy, muy, pero que muy lejos. Pero ahora es tarde. Ahora hay que seguir. Ya se irá apagando solo el fuego. O no. Yo qué sé.

Y se destapa.
Y se sabe.
Y se destapa y se sabe todo. Lo tapado, lo anejo y lo relacionado.

Y se reinterpreta lo que a lo mejor, quizás, probablemente estaba limpio y se hizo bien y funcionaba perfectamente, porque estaba como aislado. Funcionando perfectamente. Pero se reinterpreta a la luz de la duda. De la suspicacia. De la sospecha. Una sospecha que lo tinta todo de su mismo color, lo blanco y lo negro ahora todo gris. Gris oscuro, gris sucio. El gris verdoso de la basura, del hedor, de la duda de la suspicacia de la sospecha. Del hartazgo de la ira de la revancha de la venganza de la reyerta de la purificación a fuego y sangre. Que no se salve nada. Que no quede nada en pie. Nada.

Y así quedan las instituciones protegidas, reforzadas, legitimadas en su tan necesario papel.

Tras tres meses y medio de negociaciones después de las elecciones legislativas catalanas del 27 de septiembre de 2015, las candidaturas de la CUP y Junts pel Sí llegaron por fin a un acuerdo y por fin se ha investido el 130º presidente de Catalunya.

El sentimiento generalizado que transmiten análisis, prensa y tertulias es que se ha andado mucho para nada, y que las cosas prácticamente no han cambiado. Gobernará Mas y la CUP se han inmolado sin éxito alguno. Estoy de acuerdo que la CUP ha tenido que ceder. Es lógico: no solamente tenía una séptima parte de los escaños independentistas en el Parlament — y por tanto era improbable, por no decir injusto, que pudiese imponer todas las condiciones — sino que además se trataba de una negociación, donde, por definición, ambas partes suelen ceder algo para no renunciar a aquello que les resulta esencial.

Lejos de intentar presentar aquí un balance de ganadores y perdedores, sí querría ponderar el resultado final del acuerdo. Y querría hacerlo porque creo que se entenderá mejor el proceso de negociación, y se entenderá mejor lo que está por venir. Por supuesto, esta es mi opinión personal, no libre de sesgos, pero tan objetiva como me ha sido posible.

Puntos de partida

Empecemos por hacer algunos supuestos. Creo que es aquí donde empiezan a diverger la mayoría de análisis.

Creo entender que la CUP ponía sobre la mesa dos cuestiones fundamentales:

1. Que el Proceso de independencia era prioritatio. Es decir, que el gobierno debía trabajar para hacer avanzar el proceso de independencia.
2. Y que el presidente saliente Artur Mas no podía liderar dicho proceso.

Añado aquí dos cuestiones más:

3. Que el proceso de independencia, en la etapa actual iniciada alrededor del 10 de julio de 2010, es un proceso con fuerte liderazgo de la sociedad civil, a la que se le han ido añadiendo, después, los partidos políticos.
4. Que la XI Legislatura del Parlament de Catalunya es considerada, al menos por parte de los diputados independentistas, como una legislatura eminentemente constitutyente.

Lo importante de estos supuestos no es tanto si cada uno los comparte o no, sino si sus protagonistas los comparten y, en consecuencia, guían sus actos.

Sobre el candidato

La primera discusión contra la CUP es que Carles Puigdemont no difiere mucho de Artur Mas: al fin y al cabo, es de Convegència Democràtica de Catalunya.

Esta afirmación, creo, no tiene en cuenta algunos de los supuestos anteriores, especialmente el cuarto. Si nos creemos que la cuestión de Mas no iba tanto de quién iba a gobernar, como de quién iba a diseñar un proceso constitutyente, los nombre propios son relevantes aunque pertenezcan al mismo partido.

• Frente a las acusaciones de que Artur Mas no era independentista de verdad, sino de pose, Carles Puigdemont ha demostrado serlo desde un buen comienzo, entre otras cosas presidiendo la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
• Aunque Artur Mas no tiene cuentas pendientes con la justicia, sí muchos le achacan responsabilidades políticas respecto a los varios casos de corrupción (especialmente de financiación ilegal) de CDC. Ante la duda, és lógico que se quiera apartar a quien haya podido tener responsabilidades en casos de corrupción, poniendo a alguien que difícilmente las ha tenido, por haber estado apartado tanto del Govern como de la gestión del partido.
• La experiencia de Mas es la típica de un escaldor de partido. No así la de Puigdemont, que viene del municipalismo. Salvando las distancias, es fácil que la CUP se vea más cercana del perfil del segundo que no del primero.
• Por último, el compromiso y experiencia de Puigdemont en la sociedad civil es extensa, además de reforzar su perfil independentista. Y aunque parecerá una frivolidad, muchos conocieron a Carles Puigdemont en su activismo digital, especialmente a raíz de la iniciativa del ex-presidente del Parlament Ernest Benach de abrir el Parlament a las reces y que acabó llamándose Parlament 2.0. Fue la actividad aperturista de diputados como Puigdemont — entre otros — lo que constituyó un cambio radical en la forma en que la institución informó y comunicó su actividad con los ciudadanos.

En todos estos puntos es importante no quedarse en lo que Mas y Puigdemont coinciden, sino en lo que no coinciden. Por supuesto, cada uno valorará si las diferencias son mayores que las similitues. A lo que me remitiría al segundo supuesto: la CUP no quería a Mas. Y no lo quería, probablemente, por las diferencias con Puigdemont. Dentro de los parecidos, Mas y Puigdemont son dos animales políticos muy distintos.

Anticapitalismo o Procés

¿Cuánta influencia sobre el proceso de independencia ha sacrificado la CUP pidiendo el reemplazo de Mas, y cuánto consigue con el mismo? Esta es una pregunta cuya respuesta jamás sabremos. Los pareceres parecen decantarse hacia que la CUP podría haber desplegado mejor su programa manteniendo su fuerza en el hemiciclo.

Sin defender lo contrario, creo que me inclino a, al menos, matizar la fuerza con lo que se afirma la cuestión.

De nuevo la clave del asunto es el cuarto supuesto: si la XI Legislatura es una normal — y por lo tanto se necesita un presidente que gobierne — o bien si es una legislatura consituyente — y por tanto el papel del presidente es el de diseñar y construir las instituciones del futurible estado catalán.

Ello, unido al primer gran compromiso de la CUP de trabajar por el proceso de independencia, hacen que no esté tan claro dónde había que hacer más incidencia.

Y esto es, precisamente, lo que llevó a la CUP a consultar a su asamblea: ante dos objetivos aparentemente contradictorios — o Mas o Proceso —, ¿qué escoger? Y la asamblea no supo decidir. Y los órganos de representación de la lista optaron por el reemplazo de Mas o intentarlo en las urnas.

Con el reemplazo de Mas y el acuerdo, se consiguen los dos primeros objetivos.

¿Y el anticapitalismo? ¿No queda en segundo plano? Es claro que queda en segundo plano en términos parlamentarios, pero no así en el diseño de las instituciones, dado que se veía a Mas como un mayor escollo a la hora de diseñar instituciones más igualitarias y justas — no mis palabras, sino lo que se infiere del ideario de la CUP.

¿Y el «secuestro de diputados rehenes» de la CUP que ahora participarán en Junts pel Sí? Se hace difícil ver hasta qué punto es secuestro o no.

Para empezar, lo normal habría sido incorporar a la CUP en el gobierno, para así desactivar totalmente su oposición. Entiendo que las experiencias del Tripartit, así como la propia estructura orgánica de la CUP lo desaconsejaban: hubiese supuesto, de facto, meter en el gobierno a la asamblea de la CUP. Para bien, y para mal.

Por otra parte, participando la CUP de Junts pel Sí especialmente en temas del proceso de independencia se ata a sí misma al dictado de la mayoría, pero también interviene en el diseño y decisiones desde su misma gestación, mucho antes de que lleguen (totalmente desvirtuadas) a los pasillos del Parlament.

En la medida en que se consiga que el diseño constituyente se lleve a la sociedad civil — a través de una comisión mixta, por ejemplo — el Parlamento perderá peso.

Todo esto no significa que no haya podido haber una total rendición de la CUP. Sino que, simplemente, está por ver el resultado final, dado que hay argumentos para todos los gustos.

Y, recordemos, las dos condiciones no negociables eran Mas y el Proceso.

El proceso democrático

Un último apunte sobre todo el proceso como la CUP ha gestionado el acuerdo. Muchos ahora dudan de la calidad democrática del mismo. ¿Si había que consultarlo todo, por qué no consultar lo de Puigdemont? En principio, porque no hacía falta.

La CUP apareció en escena, como el resto de listas, con un programa. Un programa donde había las famosas líneas rojas de cada partido, así como las que no eran tan rojas. ¿Cuáles eran? Recordemos los dos primeros supuestos: Mas no, Procés sí.

A la asamblea se llegó, como se ha dicho, por una aparente incompatibilidad de objetivos programáticos que los diputados no estaban en condición de solucionar. De ahí que se trasladase la decisión a las bases.

Puigdemont, no siendo Mas, no era objeto de debate, ya que la CUP ya había acordado investir a todo aquél que no fuese Mas.

Vale la pena hacer un último apunte para comprender el proceso de independencia en Catalunya. A pesar de las luchas fraticidas en pasillos y redes sociales, la sociedad civil ha conseguido una cosa importante: centrarse en lo que une a los independentistas, y dejar para más adelante lo que los separa.

En los momentos críticos aparecen las diferencias, claro, pero cuando se cierran las aguas, se aprietan las filas. Es lo que sería previsible ver ahora, tanto en la calle como en el Parlament como incluso dentro de las listas, la CUP la primera.

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de Gargotaire

Esta mañana la CUP se reúne en asamblea para decidir si acepta la propuesta de pacto de Junts pel Sí, lo que incluye la investidura como president de la Generalitat de Artur Mas.

A pesar de las tremendas diferencias entre los dos momentos en el tiempo, así como las diferencias entre sus protagonistas, existen ciertas similitudes en el proceso que puede iniciarse esta mañana en Catalunya con el que tuvo lugar en 1978 en España. En muchos sentidos, hoy puede iniciarse la andadura hacia un proceso constituyente. Y es en este sentido desde el que creo que es más fácil explicar las renuncias que tiene que afrontar la CUP.

(Abro paréntesis para insistir, otra vez, en las diferencias: es evidente que ni lo que deja atrás Catalunya es una dictadura, ni mucho menos Convergència Democràtica de Catalunya — CDC — tiene nada que ver con el franquismo. Hecha esta aclaración, prosigamos.)

A grandes rasgos, las opciones que hay sobre la mesa son dos:

1. Primero el Estado, y después ya veremos. Esta es la opción de quienes defienden el acuerdo y la presidencia de Mas. El principal argumento es que la consecución de un estado propio es de caudal importancia, pudiendo quedar en segundo término otras cuestiones. Añade, además, el argumento, que el «color» de la política que se dará en dicho nuevo estado dependerá en cada caso del resultado de las futuribles elecciones legislativas en dicho estado.
2. La segunda opción es el veto a Mas — y, en cierta medida, a CDC — como condición sine qua non para un pacto. Y, en caso contrario, arriesgarse a ir a unas nuevas elecciones, con el riesgo de que arrojen resultados peores para el independentismo, que ahora tiene mayoría absoluta en el Parlament.

Este último punto, escrito como mera oposición a una persona, tiene sin duda algo de caricaturesco. Incluso de antojo. Y así ha sido presentado en prensa y debates diversos a menudo. Tiene, no obstante, mucho fundamento — que puede compartirse o no, claro está — si se pone en contexto. Y ahí viene el paralelismo con el proceso constituyente que entre 1977 y 1978 condujo a la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Hay dos grandes críticas que se hacen a dicho proceso constituyente, críticas que se arrastran hoy en día y que, en muchos aspectos, son lo que genera un creciente malestar sobre sus efectos y la dificultad de paliarlos:

1. Que se hizo sin pasar cuentas con el pasado, porque lo que entonces convenía era salir hacia adelante como fuese.
2. Que tuvo un diseño muy determinado precisamente por esas cuentas del pasado sin saldar.

Estos dos puntos son, precisamente, los que muchos simpatizantes de la CUP traen ahora a colación ante el nombramiento de Artur Mas, actualizados a la Catalunya de 2015 y, por supuesto (y como se ha dicho antes) con actores distintos (y mucho mejores) que los que protagonizaron la dictadura fascista.

1. El primer punto no es baladí: la CUP está (casi) en las antípodas de CDC en materia de economía y sociedad. La lista de reproches a la gestión de CDC desde la CUP es extensa y, en muchos casos, profunda — la gestión de Interior, los suministros energéticos o de agua o la gestión de la Sanidad no son para nada matices menores a la hora de ver las cosas entre ambos partidos. Parece lógico que se quieran pasar cuentas con el pasado, con la legislatura pasada, especialmente cuando se da el caso que, por ir en coalición con ERC, la rendición de cuentas fue esquiva durante la campaña electoral.

   Se añade a la evaluación de la gestión en el gobierno la cuestión de la corrupción de CDC y CiU. Si bien no hay casos abiertos contra el mismo Artur Mas, no son pocos los que le achacan, como mínimo, la responsabilidad política de algunos casos, especialmente los vinculados a la financiación del propio partido.

2. Dicho lo anterior, el segundo punto cobra especial relevancia. Visto en perspectiva independentista, de lo que aquí se trata no es de darle un color u otro a una legislatura, sino de determinar quién va a diseñar las instituciones del hipotético estado catalán. Es decir, de cómo va a ser el proceso constituyente. Si el independentismo catalán (y vasco) lleva 40 años quejándose del diseño salido de 1978, es lógico que no quiera cometer el mismo error en 2015. De ahí la insistencia contra Mas — y contra CDC — y de ahí que lo que ilustra la viñeta que encabeza este apunte probablemente no refleje todos los complejos matices del momento. Un proceso constituyente es de todo menos neutral, y va a marcar el futuro de todas las legislaturas, no solamente la primera.

Pals a les rodes, cortesía de Adrià Fontcuberta

Este segundo punto es, a mi parecer, el más importante. Y el que marca la diferencia con aproximaciones estrictamente coyunturales — una legislatura no puede marcar un estado — de otras mucho más estructurales — hay que hacer el proceso constitucional con el máximo de garantías posibles: ni corrupción ni sesgos ideológicos sin contrapeso.

Así es, el dilema que ante sí tiene la CUP es prácticamente insalvable: puede que para no encallar el proceso de independencia tenga que renunciar a contrapesar el proceso mismo; y puede que para tener un proceso constituyente sin rémoras del pasado, tenga que renunciar al proceso. Este es el dilema, y no el tratar de imponer o no determinadas condiciones de coyuntura económica y social.

Dicho esto, no deja de sorprender que la CUP no haya propuesto — al menos no de forma clara y directa, aunque ha habido alguna aproximación tangencial — lo que podría ser el golpe de sable sobre el nudo gordiano: desposeer al gobierno y al parlamento del poder constituyente, y hacer recaer todo el poder constituyente en la sociedad civil.

Al fin y al cabo, muchas de las cuestiones más delicadas del proceso de preparación del estado propio van a transitar por una delgada línea entre la legalidad y la alegalidad — cuando no en la total ilegalidad. Dado el estrecho margen de actuación legal, así como el compromiso en el que se van a poner las instituciones catalanas, sería doblemente beneficioso descargar — como ya ha sucedido en otras fases del proceso independentista — buena parte del peso sobre la sociedad civil. Habría que renunciar, sí, a liderar el proceso, así como a poder conducirlo políticamente hacia los varaderos del interés de cada partido; pero por otra parte sería un proceso mucho más legitimado por ser más participado, y haría de la desobediencia civil un instrumento también más legítimo, por realizarse por individuos (que es la esencia de la desobediencia civil) y no por instituciones, lo que siempre conlleva un problema de representatividad.

A menudo se compara la CUP con el movimiento del 15M y a menudo el veredicto es que tienen parecidos pero también diferencias. Esta es una: a la CUP todavía le cuesta demasiado el (admitámoslo: muy difícil) equilibrio entre la calle y las instituciones. La CUP es asemblearia, sí, pero está lejos de actuar con lógica de red, donde las instituciones son un nodo de la misma: no más, pero tampoco menos.

Fotografía cortesía de Manuel Guillén.

Las redes sociales son un gallinero. Las redes sociales son una trinchera. Las redes sociales embrutecen. Las redes sociales son el insulto permanente. Las redes sociales polarizan. Las redes sociales crispan.

No servirá aquí de nada recordar las evidencias empíricas sobre el impacto positivo de las redes sociales en prácticamente cualquier ámbito de la sociedad. Mayor autonomía de los pacientes; comunidades de práctica y de aprendizaje para profesionales y aprendices; redes de intercambio y trabajo colaborativo; democratización del acceso a la información y mejor toma de decisiones; comunicación entre instituciones e individuos; etc.

A lo mejor el problema no son las redes sociales sino la política. Una política que tiene una aproximación cínica e hipócrita sobre el diálogo, el debate y la deliberación (por no hablar de la negociación); que tiene una aproximación corporativista y sectorial del ejercicio democrático en lugar de ciudadana y social; una política que se considera a sí misma campo de Marte en lugar de ágora de construcción colectiva.

Desde que Internet es web la política se ha acercado a ella para ver cómo podía ponerla a su servicio. Es interesante ver como el concepto “tecnopolítica” es usado por partida doble ya en 1997 por Stephano Rodotà y Jon Lebkowsky, aunque con significados casi opuestos. Mientras el primero nos habla de una política que será más eficaz y más eficiente (pero la misma política), Lebkowsky nos habla de una tecnología que redefinirá la política, más activista, revolucionaria en las formas y el fondo, una restitución de la soberanía en el ciudadano.

Las redes sociales hicieron que estas teorías pudiesen materializarse. En general hemos visto más de lo mismo, pero con motor digital y a mitad de precio. El 15M nos trajo algo nuevo – muy nuevo – que bien supieron aprovechar algunas candidaturas para trabajar (no para destruir), para descentralizar y distribuir (no como amplificador) y para depurar y acercar al ciudadano (en lugar de ensordecer y ahuyentar).

En la campaña del 27S ha habido un poco de todo, pero ha predominado con diferencia lo de siempre. Algunos creemos que la dinámica podría revertirse. Pero nos llaman ilusos, ingenuos, o directamente ignorantes en los menesteres políticos. Dime de qué presumes.

La corte celestial de Indra, cortesía del Asian Curator at The San Diego Museum of Art

Y con las últimas elecciones municipales del pasado 24 de mayo en España, se acabó la casta.

En 2007, Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo publicaban La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (La casta. Así los políticos italianos se han convertido en intocables), un libro en el que denunciaban la impunidad con que los representantes públicos en Italia conseguían hacer y deshacer a su antojo.

Cuatro años más tarde, en 2011, Daniel Montero publicaba en España La Casta. El increíble chollo de ser político en España y al año siguiente se le añadían los periodistas Sandra Mir y Gabriel Cruz con La casta autonómica. Mientras el primero calculaba — y criticaba — el a su juicio hinchadísimo coste de la política y las administraciones españolas (y la picaresca y caradura asociada), los segundos aprovechaban los cambios de gobiernos locales y autonómicos del año anterior para destapar — o poner de relieve — los desmanes presupuestarios perpetrados a lo ancho y largo de nuestro país por cargos electos y afines (también con flecos de corrupción por todas partes).

De ahí, o desde otro lugar (quién sabe: la paternidad de las ideas es altamente promiscua), se popularizó el calificativo de «la casta» para atacar, sin grandes ánimos de separar y diferenciar, a todo lo que se moviese y oliese a amiguismo, clientelismo, nepotismo, corrupción, prevaricación, robo, fraude, arrimarse al poder, holgar en el poder, holgazanear en el poder y ser un malnacido en general.

Hay que reconocer que el término es más que ilustrativo. Y su uso — tanto en intensidad como en extensión por parte de algunos partidos políticos — ha contribuido, en positivo, a situar en el debate público desde prácticas legales pero poco éticas hasta lo más criminal, desvergonzado y mezquino que se ha realizado desde lo público.

Ahora bien, la casta — o la mafia u otros gentilicios para los habitantes de las instituciones públicas o para-públicas (cajas, empresas públicas, etc.) — no deja de ser una generalización. Y, como tal, es injusta. Y, más que injusta, acaba siendo ineficiente: nubla la vista y no nos permite hacer diagnósticos ajustados, ajustados a la realidad, a las necesidades, a los recursos. Cuando todo es casta, nada puede (ni debe) salvarse del fuego purificador. Y de ahí a pegarle fuego a todo, va un paso. Y de ahí a acabar uno mismo inmolado por el propio fuego media otro último paso.

Puede ser que veamos un uso decreciente de «la casta». Y creo que lo veremos, en particular, por dos razones:

1. Porque ya ha hecho su uso. Se puso en marcha para (1) denunciar determinadas prácticas y (2) para diferenciar a determinadas personas, grupos, movimientos o partidos de dichas prácticas. Bien, ambas cosas ya han sucedido, han tenido su desarrollo y sus resultados. Por una parte, la agenda pública lo tiene incorporado y el poder judicial y los medios parece que ponen cartas en el asunto. Por otra parte, dichas personas y partidos han concurrido ya a unas (o varias) elecciones, que ya han terminado y se puede dar por finalizada la campaña.
2. Porque la generalización implícita (o explícita) en el concepto de casta empieza a entrar en contradicciones. Contradicciones por construcción, porque muchos de quienes utilizaban el calificativo pueden ahora confundirse, al poblar las instituciones, con esa misma casta. Si son todos, son todos. Y contradicciones por obra, dado que hay decisiones que, a lo mejor, no eran casta. O actuaciones que no eran tan propias de la casta. Y decisiones y actuaciones que va a haber que tomar, porque son necesarias, legales, justas y legítimas. Porque, a lo mejor, no todo era casta.

Es por ello por lo que pienso que al concepto de «la casta» le queda poco recorrido. Uno no puede andarse generalizando sin acabar siendo un cínico o un ignorante, sin empezar a crear excepciones, sin tender a autojustificarse allí donde antes no encontraba justificación alguna.

Cuánto se alargue la pervivencia del término casta nos indicará qué camino se ha acabado tomando.