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El pasado 26 de noviembre participé en la mesa “El futuro de los profesionales de la atención social: vocación, condiciones y oportunidades”, dentro de la Jornada de Debate: 60 años transformando miradas organizada por Aspanin con motivo de su 60 aniversario. Compartí diálogo con Víctor Galmés (Dincat), Adrià Serrahima (Catalònia Fundació Creativa) y bajo la moderación de Jordi Saladrigas (Fundació el Maresme).

El encuentro giró en torno a la cuestión del papel de los cuidados en general, que yo quise traer hacia la atención sociosanitaria integrada, como ya había hecho en mi artículo Transformar la sanitat: la integració amb els serveis socials, centrándome en el papel clave de los servicios sociales como catalizadores (o, en su ausencia, inhibidores) de servicios vertebrales como la educación, la sanidad, el trabajo o la inclusión social. Dicho de otro modo, el trabajo social, la educación social, el acompañamiento psicológico, etc. no son atenuantes de segundo nivel, sino herramientas de apoyo de primerísimo nivel.

Del precio al valor

Una constante en este sector es la tendencia a hablar de salarios, ratios y tarifas. Es comprensible en un sector a menudo considerado como marginal, como un coste incómodo más que como una inversión prioritaria. No obstante, a la hora de reivindicar su papel, probablemente haya otra aproximación: no qué coste sino qué valor aporta el trabajo social o educativo o de apoyo a la desigualdad, la salud mental, la discapacidad o a todos en general en un momento u otro de nuestras vidas. Y aquí aparece la primera paradoja. Hablamos de un ámbito crucial para la cohesión social, pero que no constituye un sistema propiamente dicho. Más bien es un gran cajón de sastre donde conviven trabajo social, educación social, salud mental, juventud, mujeres, migraciones, pobreza, empleo, inclusión. Esta fragmentación no solo dificulta la gestión; también diluye la identidad profesional así como la percepción, por parte de la sociedad, de su papel vertebrador.

Si los servicios públicos fuesen un barco, sería fácil identificar la salud o la educación con los mástiles y las velas. Por su parte, los servicios sociales serían la cabuyería, es decir, el conjunto de cuerdas, poleas, amarres, etc. que mantienen unidos velas y mástiles. Y sin los cuales no hay movimiento posible.

La falta de reconocimiento no es casual. Todavía pesa la tradición de entender los cuidados como algo doméstico, comunitario o vinculado a las mujeres, a la Iglesia, a las asociaciones del barrio. Como si cuidar perteneciera a la esfera privada o al voluntarismo social, y no a un corpus profesional con competencias, metodologías y criterios propios. A ello se suma que “cuidar” sigue siendo un concepto borroso: ¿incluye el acompañamiento emocional? ¿la acción comunitaria? ¿la intervención en contextos de vulnerabilidad? ¿la integración sociosanitaria?

La comparación con la sanidad resulta útil porque evidencia la asimetría. Mientras lo sanitario se reconoce como sistema con estructuras, trayectorias y roles bien definidos, el ámbito social continúa viviendo en un margen difuso. Y sin embargo, en un escenario de atención integrada, ambos sectores están cada vez más interdependientes. La tensión aumentará si no clarificamos qué aporta cada uno y cómo se reconocen mutuamente.

Dignidad para quien cuida y para quien es cuidado

La segunda parte del debate giró alrededor de una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿puede haber vida digna para las personas con discapacidad sin condiciones dignas para quienes trabajan con ellas? La frontera entre salud y enfermedad, entre funcionalidad y no funcionalidad, es cada vez más difusa. Las neurociencias, las políticas de entornos saludables y las nuevas miradas sobre el bienestar muestran que la dimensión emocional, relacional y ambiental es tan determinante como cualquier diagnóstico clínico.

Y es precisamente ahí donde los profesionales de la discapacidad, de la salud mental o de los servicios sociales actúan con mayor intensidad. Lo hacen sobre intangibles: vínculos, confianza, estabilidad, sentido de pertenencia. Son dimensiones difíciles de medir, pero fundamentales para cualquier proyecto de vida, tanto individual pero, sobre todo, comunitario, en sociedad, con un proyecto y un propósito compartido con el propio entorno.

En un mundo que consideramos cada vez más estructurado en forma de redes, la vinculación con el territorio, con el entorno social, con la comunidad, con la «tribu» deviene elemento clave de la intervención (social). Y esta vinculación no aparece de la nada: hay que trabajarla. Trabajarla con instrumentos, con metodología, con actitud i aptitudes. Es ahí donde el papel del profesional de los servicios sociales, de la atención, de los cuidados emerge con toda su (y perdón por la redundancia) profesionalidad. No hay comunidad sin técnica. Y, cada vez más, no hay técnica (sanitaria, educativa, económica, etc.) sin comunidad.

Dicho lo cual, y volviendo al inicio de la cuestión que tratábamos, quién acompaña debe formar parte de esa comunidad y debe hacerlo en condiciones adecuadas. La rotación de personal, por ejemplo, destruye comunidad. Y también destruye conocimiento tácito, ese saber situado que permite comprender matices, anticipar problemas y acompañar trayectorias vitales. Sin estabilidad y sin itinerarios profesionales dignos, no podemos pedir vocación. La vocación necesita estructuras que la sostengan. El reconocimiento y la estabilidad no son (solamente) una cuestión ética o de justicia social, sino también y sobre todo una cuestión de eficacia de las políticas públicas y del retorno de la inversión que en ellas se hace con los impuestos.

Construir un sistema, no encadenar parches

Desde la perspectiva de la política social, la discusión acabó convergiendo en una idea estructural: el conjunto de servicios sociales debe percibirse como un sistema.

Eso sí, seguramente no serà un sistema propio… o lo será, pero su papel fundamental no será tanto reivindicarse como un sistema con propósito propio sino un sistema al servicio de la cohesión, consistencia e impacto de otros servicios. Dicho de otro modo, los servicios sociales deben tener un papel articulador y vertebrador en las políticas y servicios públicos.

Es esencial un sistema que reconozca el ecosistema de actores, comprenda sus relaciones, mapee los activos, identifique palancas de cambio para que toda actuación política sea eficaz tanto en resultados como, especialmente, en impactos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de articular lo que ya existe para que funcione como un todo: definir roles, generar mecanismos de coordinación, establecer estándares profesionales y dar continuidad a los equipos. Es decir, dedicar talento, tiempo y recursos a los dispositivos de gobernanza del sistema. Y ahí, en la gobernanza, en el facilitar y dinamizar la toma de decisiones, los servicios sociales son los expertos que se necesitan.

A riesgos de ser redundante, vale la pensa insistir en que las competencias comunitarias —conocer actores, dinámicas, perspectivas; la gestión de actores, el análisis de sistemas, la cocreación, la gobernanza robusta— son competencias técnicas. No son un “extra humano”, sino una parte central del oficio. Y que o bien se incorporan a la formación de otros técnicos que trabajan en servicios públicos —educadores, personal sanitario, jueces y fiscales, etc.— o bien se incorporan colaborando con los expertos en la materia, incluyéndolos como parte del sistema público en general. Es el tipo de saber que evita que el profesional en particular y la Administración en general caiga en la mera gestión de expedientes, olvidando que vino a hacer otra cosa: impacto social.

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