El encuentro giró en torno a la cuestión del papel de los cuidados en general, que yo quise traer hacia la atención sociosanitaria integrada, como ya había hecho en mi artículo Transformar la sanitat: la integració amb els serveis socials, centrándome en el papel clave de los servicios sociales como catalizadores (o, en su ausencia, inhibidores) de servicios vertebrales como la educación, la sanidad, el trabajo o la inclusión social. Dicho de otro modo, el trabajo social, la educación social, el acompañamiento psicológico, etc. no son atenuantes de segundo nivel, sino herramientas de apoyo de primerísimo nivel.
Del precio al valor
Una constante en este sector es la tendencia a hablar de salarios, ratios y tarifas. Es comprensible en un sector a menudo considerado como marginal, como un coste incómodo más que como una inversión prioritaria. No obstante, a la hora de reivindicar su papel, probablemente haya otra aproximación: no qué coste sino qué valor aporta el trabajo social o educativo o de apoyo a la desigualdad, la salud mental, la discapacidad o a todos en general en un momento u otro de nuestras vidas. Y aquí aparece la primera paradoja. Hablamos de un ámbito crucial para la cohesión social, pero que no constituye un sistema propiamente dicho. Más bien es un gran cajón de sastre donde conviven trabajo social, educación social, salud mental, juventud, mujeres, migraciones, pobreza, empleo, inclusión. Esta fragmentación no solo dificulta la gestión; también diluye la identidad profesional así como la percepción, por parte de la sociedad, de su papel vertebrador.
Si los servicios públicos fuesen un barco, sería fácil identificar la salud o la educación con los mástiles y las velas. Por su parte, los servicios sociales serían la cabuyería, es decir, el conjunto de cuerdas, poleas, amarres, etc. que mantienen unidos velas y mástiles. Y sin los cuales no hay movimiento posible.
La falta de reconocimiento no es casual. Todavía pesa la tradición de entender los cuidados como algo doméstico, comunitario o vinculado a las mujeres, a la Iglesia, a las asociaciones del barrio. Como si cuidar perteneciera a la esfera privada o al voluntarismo social, y no a un corpus profesional con competencias, metodologías y criterios propios. A ello se suma que “cuidar” sigue siendo un concepto borroso: ¿incluye el acompañamiento emocional? ¿la acción comunitaria? ¿la intervención en contextos de vulnerabilidad? ¿la integración sociosanitaria?
La comparación con la sanidad resulta útil porque evidencia la asimetría. Mientras lo sanitario se reconoce como sistema con estructuras, trayectorias y roles bien definidos, el ámbito social continúa viviendo en un margen difuso. Y sin embargo, en un escenario de atención integrada, ambos sectores están cada vez más interdependientes. La tensión aumentará si no clarificamos qué aporta cada uno y cómo se reconocen mutuamente.
Dignidad para quien cuida y para quien es cuidado
La segunda parte del debate giró alrededor de una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿puede haber vida digna para las personas con discapacidad sin condiciones dignas para quienes trabajan con ellas? La frontera entre salud y enfermedad, entre funcionalidad y no funcionalidad, es cada vez más difusa. Las neurociencias, las políticas de entornos saludables y las nuevas miradas sobre el bienestar muestran que la dimensión emocional, relacional y ambiental es tan determinante como cualquier diagnóstico clínico.
Y es precisamente ahí donde los profesionales de la discapacidad, de la salud mental o de los servicios sociales actúan con mayor intensidad. Lo hacen sobre intangibles: vínculos, confianza, estabilidad, sentido de pertenencia. Son dimensiones difíciles de medir, pero fundamentales para cualquier proyecto de vida, tanto individual pero, sobre todo, comunitario, en sociedad, con un proyecto y un propósito compartido con el propio entorno.
En un mundo que consideramos cada vez más estructurado en forma de redes, la vinculación con el territorio, con el entorno social, con la comunidad, con la «tribu» deviene elemento clave de la intervención (social). Y esta vinculación no aparece de la nada: hay que trabajarla. Trabajarla con instrumentos, con metodología, con actitud i aptitudes. Es ahí donde el papel del profesional de los servicios sociales, de la atención, de los cuidados emerge con toda su (y perdón por la redundancia) profesionalidad. No hay comunidad sin técnica. Y, cada vez más, no hay técnica (sanitaria, educativa, económica, etc.) sin comunidad.
Dicho lo cual, y volviendo al inicio de la cuestión que tratábamos, quién acompaña debe formar parte de esa comunidad y debe hacerlo en condiciones adecuadas. La rotación de personal, por ejemplo, destruye comunidad. Y también destruye conocimiento tácito, ese saber situado que permite comprender matices, anticipar problemas y acompañar trayectorias vitales. Sin estabilidad y sin itinerarios profesionales dignos, no podemos pedir vocación. La vocación necesita estructuras que la sostengan. El reconocimiento y la estabilidad no son (solamente) una cuestión ética o de justicia social, sino también y sobre todo una cuestión de eficacia de las políticas públicas y del retorno de la inversión que en ellas se hace con los impuestos.
Construir un sistema, no encadenar parches
Desde la perspectiva de la política social, la discusión acabó convergiendo en una idea estructural: el conjunto de servicios sociales debe percibirse como un sistema.
Eso sí, seguramente no serà un sistema propio… o lo será, pero su papel fundamental no será tanto reivindicarse como un sistema con propósito propio sino un sistema al servicio de la cohesión, consistencia e impacto de otros servicios. Dicho de otro modo, los servicios sociales deben tener un papel articulador y vertebrador en las políticas y servicios públicos.
Es esencial un sistema que reconozca el ecosistema de actores, comprenda sus relaciones, mapee los activos, identifique palancas de cambio para que toda actuación política sea eficaz tanto en resultados como, especialmente, en impactos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de articular lo que ya existe para que funcione como un todo: definir roles, generar mecanismos de coordinación, establecer estándares profesionales y dar continuidad a los equipos. Es decir, dedicar talento, tiempo y recursos a los dispositivos de gobernanza del sistema. Y ahí, en la gobernanza, en el facilitar y dinamizar la toma de decisiones, los servicios sociales son los expertos que se necesitan.
A riesgos de ser redundante, vale la pensa insistir en que las competencias comunitarias —conocer actores, dinámicas, perspectivas; la gestión de actores, el análisis de sistemas, la cocreación, la gobernanza robusta— son competencias técnicas. No son un “extra humano”, sino una parte central del oficio. Y que o bien se incorporan a la formación de otros técnicos que trabajan en servicios públicos —educadores, personal sanitario, jueces y fiscales, etc.— o bien se incorporan colaborando con los expertos en la materia, incluyéndolos como parte del sistema público en general. Es el tipo de saber que evita que el profesional en particular y la Administración en general caiga en la mera gestión de expedientes, olvidando que vino a hacer otra cosa: impacto social.
Mi intervención giró en torno a una idea principal: la inteligencia artificial no es un producto ni un servicio, sino una infraestructura pública digital. Esto no es una metáfora ligera. Pensemos en sistemas como la sanidad, la movilidad o la justicia. No son bienes de consumo, no son “servicios” que contratamos individualmente: son la base sobre la que organizamos la vida en común, los cimientos sobre los que construimos nuestras instituciones y nuestros derechos.
Con la IA ocurre lo mismo: es una infraestructura pública digital. Y, como toda infraestructura, no solo condiciona cómo nos movemos o qué hacemos, sino que moldea las propias relaciones sociales, las relaciones de producción, de experiencia y de poder. Yendo todavía más allá, datos abiertos e inteligencia artificial se han vuelto indisociables como el agua en el fondo de un pozo y un cubo atado a un cabo. Sin cubo no hay agua, sin agua el cubo no sirve para nada. Pero ambos, juntos conforman una infraestructura —el pozo— a cuyo alrededor se dan estas relaciones de producción, de experiencia, de poder. Se genera sociedad y se genera cultura, como sucede en un oasis o como sucede muy gráficamente en Egipto a lo largo del Bajo Nilo.
Los datos como piedra angular de la IA
En esta infraestructura, los datos cumplen tres funciones fundamentales:
entrenan los algoritmos, proporcionándoles patrones y ejemplos,
son el campo sobre el que actúan los algoritmos, aquello sobre lo que se aplican,
permiten evaluar los algoritmos, comparando predicciones con realidades.
Son, por tanto, mucho más que un “recurso”: son la piedra angular de todo el edificio. Y si esa piedra angular no es abierta, la infraestructura nace viciada de origen. Cerrada, parcial o sesgada, la IA reproducirá esas carencias y, lo que es más grave, tenderá a ocultarlas bajo una capa de opacidad técnica.
El papel de la Administración: garante del bien común
El debate planteaba varias preguntas. La primera era: ¿qué papel deben tener las administraciones públicas en la provisión de datos abiertos de calidad, representativos e inclusivos?
La respuesta, a mi juicio, es clara: la Administración debe ser la responsable, impulsora y garante de que todo el ecosistema de datos e inteligencia artificial se oriente hacia el bien común.
Esto significa, en la práctica, que debe velar por tres principios fundamentales:
que el sistema respete y garantice los derechos humanos,
que promueva la autonomía y la emancipación personal y social,
que evite cualquier forma de dominación de unas personas sobre otras.
La Administración no tiene por qué asumir toda la carga de producir, mantener y explotar los datos abiertos. Lo que sí le corresponde, de manera irrenunciable, es marcar la ortografía y la gramática del ecosistema: definir el marco de referencia en el que se inscriben los usos legítimos, los principios de diseño y las condiciones de acceso. Y aquí el diseño importa enormemente. Un diseño plural, que reconozca la diversidad de actores y perspectivas; un diseño distribuido, que evite concentraciones de poder y permita que la inteligencia colectiva florezca; y un diseño libre más que meramente abierto, que garantice las cuatro libertades del software libre para reutilizar, modificar, compartir y mejorar. Solo así los datos pueden convertirse en auténtica infraestructura pública digital, con capacidad de generar emancipación y justicia social.
Este enfoque requiere una verdadera gobernanza de misión. Gobernar una infraestructura distribuida significa articular un espacio donde concurran actores con intereses particulares y, al mismo tiempo, se identifiquen y refuercen los intereses comunes. Se trata de compartir no solo infraestructuras técnicas, sino también protocolos culturales (qué significados damos a los datos), normativos (qué reglas colectivas establecemos) y técnicos (qué estándares adoptamos). La gobernanza distribuida garantiza que ningún actor capture el sistema, que la infraestructura permanezca como bien común y que su potencia transformadora esté al servicio de la sociedad en su conjunto.
¿Qué datos deben abrirse?
Otra de las cuestiones era: ¿hay que regular qué conjuntos de datos o indicadores mínimos deben estar disponibles para aportar información sobre desigualdad y discriminaciones sociales?
La tentación es responder con una lista. Pero esa es, en mi opinión, una trampa. Los datos públicos deben ser todos abiertos. No sabemos de antemano qué variable marcará la diferencia, qué indicador revelará un patrón de desigualdad hasta ahora oculto. La inteligencia artificial tiene precisamente esa capacidad: encontrar relaciones donde no pensábamos buscarlas.
Prioricemos, por tanto, propósitos y no datasets concretos. Apostemos por abrir todo el sistema de datos públicos, no por seleccionar subconjuntos. El papel de la Administración, aquí, vuelve a ser garantizar la arquitectura general del sistema: capacitar infomediarios, dinamizar el ecosistema y asegurar que los diferentes actores puedan operar en igualdad de condiciones.
Reducir desigualdades en lugar de reproducirlas
Otra pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que los datos abiertos alimenten tecnologías y modelos de IA que reduzcan desigualdades en lugar de reproducirlas?
La respuesta pasa por un enfoque de misión, con varios pasos encadenados:
Definir claramente los propósitos colectivos.
Favorecer la concurrencia de actores diversos, que aporten pluralidad de miradas.
Facilitar herramientas de dinamización y mediación.
Establecer protocolos y plataformas compartidas que garanticen interoperabilidad.
Diseñar con lógica distribuida y libre/abierta.
Realizar un seguimiento constante.
Evaluar los resultados y corregir cuando sea necesario.
Es decir, no basta con abrir datos: hay que diseñar todo un ecosistema institucional que asegure que esos datos se utilizan con fines inclusivos y emancipadores.
¿Qué ámbitos sociales requieren más urgencia?
Finalmente, se preguntaba: ¿qué ámbitos sociales requieren con más urgencia datos abiertos fiables para avanzar en justicia social y democracia?
Aquí conviene matizar: todo el ecosistema debe estar bien integrado. Si seleccionamos solo algunos ámbitos, corremos el riesgo de invisibilizar otros. La gran novedad de la inteligencia artificial es que revela relaciones inesperadas, conexiones que no anticipábamos. Por tanto, necesitamos un enfoque sistémico, no fragmentado.
Dicho esto, es evidente que hay áreas donde la urgencia es mayor: los datos socioeconómicos, los datos de salud, y los vinculados a cultura y educación son críticos para abordar desigualdades de base. Pero insisto: la prioridad debe ser la apertura integral, sin compartimentos estancos.
No hay un proceso canónico de creación de conocimiento. Encontraremos, desde la epistemología hasta el management, multitud de formas con las que explicar cómo la Humanidad baja del árbol y, una vez en pie, convierte una rama en una herramienta para mejorar su existencia.
Sin embargo, sí podemos definir dos direcciones opuestas en las que sucede esta creación del conocimiento, que la filosofía ha categorizado, a grandes rasgos, en racionalismo y empirismo. El racionalismo comienza haciéndose una gran pregunta, por qué, a partir de la cual va deduciendo la solución a su problema en concreto. El empirismo, al contrario, empieza por lo más concreto, cómo, hasta que llega a poder inducir la razón general.
El aprovechamiento práctico y la aplicación en la vida cotidiana del conocimiento, sin embargo, no tiene una aproximación —si se me permite la simplificación— tan direccional, sino, como mínimo, bidireccional, cuando no circular. La paleontología, la antropología y la sociología nos enseñan que si bien las inquietudes o los comportamientos acaban determinando cómo evoluciona el conocimiento, también el nuevo conocimiento acaba modulando los comportamientos. Así, las distinciones entre investigación básica, investigación aplicada, tecnología, innovación o técnica ni son claras ni, sobre todo, tienen una secuencia bien definida. La necesidad de moverse rápido puso el motor de explosión sobre unas ruedas, de la misma forma que el coche determina absolutamente la forma de los asentamientos humanos del siglo XX en adelante, y ahora sus habitantes tienen que investigar en energías renovables para revertir los nocivos efectos de los combustibles fósiles.
La revolución digital ha acelerado exponencialmente todas estas cuestiones. Cuando un mismo factor —la información— es a la vez input, herramienta y output, la epistemología, la antropología y la sociología saltan por los aires —la paleontología pasa a estudiar lo que aconteció antes de ayer.
Una de las críticas clásicas a la tecnología de vanguardia es que es una solución en busca de problemas. Y que no deberíamos dejarnos llevar por solucionisme y aplicar acríticamente y sin criterio la última novedad en el mercado tecnológico. Y es cierto.
Pero es igualmente cierto que estas tecnologías, probablemente como nunca, cuestionan no sólo maneras de hacer sino maneras de ser y razones de ser de lo que dábamos por supuesto. En el ámbito de la democracia lo que estamos cuestionando no son conceptos nada menores: identidad, comunidad, representación, institución, poderes, reputación, transacción, trazabilidad, transparencia, agenda pública, masa crítica, agencia, formalidad, garantía, neutralidad, tendencia , territorio, moneda, ley, derecho, ciudadanía.
Comprender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, las cadenas de bloques y las tecnologías de libro mayor distribuido, el cifrado o las identidades electrónicas son maneras no sólo de encontrar soluciones a problemas reales, sino de avanzar y decidir a tiempo hacia dónde queremos que evolucionen los conceptos básicos que conforman nuestras democracias y, con ellos, nuestras propias sociedades. No estar presente en este debate es dar por hecho que lo que venga será el estándar de facto, sea el que sea. Las democracias suelen morir así, por inercia.
Entrada originalmente publicada el 12 de diciembre de 2020, bajo el título Solucions a la cerca de problemes i estàndards de factoen el número 39 de la revista Eines de la Fundació Irla dedicado a la Inteligencia Artificial. Todos los artículos publicados en ese medio pueden consultarse aquí bajo la etiqueta fjirla.
Convirtiendo participación en soberanía: el caso de decidim.barcelona
Durante 2016 and 2017 participé en una investigación dirigida por IT for Change, dentro del proyecto de investigación titulado Voice or Chatter? Using a Structuration Framework Towards a Theory of ICT-mediated Citizen Engagement (Voz o blablabla? Utilizando el marco de la estructuración para una teoría de la participación ciudadana mediada por las TIC), y bajo el paraguas del programa de investigación Making All Voices Count (Haciendo que todas las voces cuenten). Mi investigación analizó a fondo el caso de Decidim, la iniciativa de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar de forma colectiva el plan de actuación municipal para 2016-2019.
La participación ciudadana está entrando en una nueva era: la era de la tecnopolítica. Nuevas formas de organización, de coordinación, de acción cívica aupadas por una nueva ética y nuevas metodologías, y todo ello posibilitado por nuevas herramientas, espacios y actores.
No obstante, esta nueva era de emancipación ciudadana sigue requiriendo –probablemente más que nunca– unas instituciones democráticas especialmente responsivas a los cambios que están acaeciendo en la calle. Instituciones que se adapten, que innoven y que, en definitiva, se transformen para seguir siendo cadena de transmisión entre la voluntad de los ciudadanos y la toma de decisiones colectivas.
Este volumen analiza cómo el Ayuntamiento de Barcelona ha planteado esta transformación, y los impactos que la nueva estrategia puede suponer en los significados, las normas y el poder en la relación Administración-ciudadano. Supone un nuevo tablero de juego, aunque el resultado final de la partida todavía es incierto.
Las elecciones municipales de 2015 trajeron a muchas ciudades españolas lo que ha sido etiquetado como “ayuntamientos del cambio”: ayuntamientos cuyos alcaldes y representantes electos provienen de partidos que emergieron del Movimiento del 15M. Muchos de ellos, liderados por Madrid y Barcelona, intentaron incorporar a su acción de gobierno las mismas prácticas tecnopolíticas que tan útiles probaron ser para articular un amplio movimiento en plazas y calles.
Pero no solamente se pusieron en marcha las prácticas para la toma de decisiones a nivel local. También el ethos y los valores que las acompañaban acabaron guiando, con mayor o menor éxito, la relación entre el gobierno local y la ciudadanía. Estos valores orbitan el empoderamiento ciudadano, la participación, el compromiso y, en su expresión más ambiciosa, la devolución de soberanía del gobierno al ciudadano.
Este libro se centra en el entorno socio-político donde este fenómeno tiene lugar, especialmente en Madrid y Barcelona, las dos mayores ciudades del estado con dichos ayuntamientos del cambio, y cómo se desarrolló en Barcelona durante los primeros meses de 2016 durante la definición del Plan de Acción Municipal. Usando la Teoría de la Estructuración de Anthony Giddens, se evalúan ya no los resultados e impactos finales de este giro tecnopolítico en la toma de decisiones – seguramente demasiado pronto para ello – sino, por lo menos, los principales cambios en los significados, las normas y el poder que, como puntos de inflexión, pueden arrojar luz sobre las principales tendencias que estos movimientos políticos pueden estar desatando.
En la Parte I elaboramos un Documento de Política – Incrementando la calidad de la democracia mediante la devolución de soberanía – donde se presentan los principales vectores de cambio, los principales movimientos provocados por este nuevo ethos, y las claves y cuestiones a tener en consideración para entender los cambios cualitativos que, en nuestra opinión, ya forman parte del actual escenario político.
En la Parte II – Participación ciudadana mediada por las TIC en España: un estado de la situación – repasa el fenómeno de la e-participación desde los principios del s.XXI hacia adelante y, muy especialmente, durante los hechos del 15M, proponiendo que las recientes iniciativas de participación mediada por las TIC en los municipios del cambio están muy lejos de ser meros ejercicios para sondear a los ciudadanos y son, en cambio, la punta de lanza de una red de ciudades para la tecnopolítica. Exploramos de forma crítica el papel de las TIC en la reconstrucción de la política en España y cómo desembocaron en los nuevos experimentos de democracia participativa como Decide Madrid, puesto en marcha en Madrid para apoyar el plan estratégico participativo del municipio, y decidim.barcelona, el proceso participativo de la capital catalana inicialmente inspirado en el anterior.
Esta parte aporta una visión general del marco legal e institucional en el ámbito de la participación mediada por las TIC en España. La primera sección describe el marco de las libertades políticas y cívicas en España. En la segunda sección se hace un mapa del panorama de la participación ciudadana mediada por las TIC. En la tercera sección, entraremos en las implicaciones de la mediación tecnológica para la democracia deliberativa y la ciudadanía transformadora.
La Parte III – El caso de decidim.barcelona. Utilizando un marco de la Estructuración para una teoría de la participación ciudadana mediada por las TIC – analiza el desarrollo participativo del Plan de Acción Municipal (PAM) de Barcelona 2016-2019 que debía regir toda la legislatura. La primera sección repasa el contexto general de la ciudad en términos de participación política digital y explica el diseño y funcionamento general del nuevo plan y su proceso participativo. La segunda sección explica la metodología para el análisis, que se desarrolla en la tercera sección.
Ahora sólo tienes seis años (y medio), pero un día serás capaz no sólo de leer este texto, sino de comprenderlo.
Hoy ha salido la sentencia del caso «La Manada». Cinco hombres violaron a una chica. Dicen los jueces que a pesar de que la chica estaba acorralada por los cinco hombres, aterrorizada, vejada sexualmente una y otra vez contra su voluntad, la violaron sin violencia. Es decir: técnicamente, no la violaron.
Muriel, estás sola.
Estás sola significa que, salvo mamá y papá, nadie te va a creer.
Porque, estadísticamente, un día te ha de ocurrir a ti. Te ha de ocurrir que alguien te fuerce sexualmente. Con «suerte», «sólo» serán unos tocamientos incómodos. Con menos suerte, será peor. Y te acompañará el resto de tu vida.
Y estarás tú sola con este recuerdo imborrable.
Sola porque tus amigas te recomendarán que lo olvides, que no vale la pena.
Sola porque los amigos dirán que no es para tanto, que seguro que te gustó, que ojalá les hubiera pasado a ellos.
Sola porque la policía dudará de tu criterio, de tus intenciones, incluso dirán que lo haces para hacer daño.
Sola porque los jueces cuestionarán y relativizarán los hechos, por más patentes que sean, por más bien grabados que hayan quedado, en aras de una interpretación inmaculada de la letra —que no del espíritu— de la Ley.
Muriel, estás sola.
Muriel, cuesta pensarlo, aún más escribirlo, pero te ocurrirá. De una manera o de otra te ocurrirá.
Y estarás sola.
Te ocurrirá porque estarás sola y estarás sola porque te ocurrirá. Bajo el aparente juego de palabras se esconde el terrible círculo de la sumisión. La certeza de este horizonte me revuelve por dentro como si me girasen la piel de dentro afuera.
Muriel, yo sí te creeré. Mamá y yo te creeremos. Siempre. Incondicionalmente. Sin dudas. Sin matices. Sin preguntas.
A medida que te hagas mayor, nuestros caminos deben separarse de forma natural. Quizás geográficamente, seguro de pensamiento, de manera de hacer, de manera de ser.
Pero en este punto del camino nos hemos de encontrar siempre. Siempre estaremos allí. Esperándote. Si es necesario.
No estarás sola. Yo sí te creeré.
Entrada originalmente publicada el 26 de abril de 2018, bajo el título Muriel, jo sí que et creuréen Vadepares. Todos los artículos publicados en esa revista pueden consultarse aquí bajo la etiqueta vadepares.
La pasada legislatura fue un revulsivo a muchos niveles. El actual modelo de desarrollo de Sociedad de la Información no ha escapado a esta crisis. El caso más conocido, quizás, ha sido el papel central del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) en todo lo que ha hecho referencia a infraestructuras de comunicaciones y seguridad. Hemos tenido, sin embargo, también un interesante debate con el que tenía que pasar con los datos de la historia médica y el proyecto VISC+, cómo debían configurarse las políticas de transparencia, datos abiertos o gobierno abierto de la Generalitat, o cómo se transforma la comunicación con el ciudadano a través de canales telemáticos, entre otras muchas iniciativas.
En los siguientes párrafos quiero hacer dos propuestas: que las infraestructuras deben seguir un proceso de descentralización para evitar la vulnerabilidad de tenerlas todas juntas; y que, por el contrario, los servicios deben tener, si no una centralización, sí un centro de coordinación que permita estrategias y políticas que sean compartidas de manera que aprendan conjuntamente y pongan el ciudadano en el centro.
Desarrollo digital e infraestructuras
El desarrollo digital —o, en su ausencia, la brecha digital— ha pasado por tres estadios desde que empezamos a hablar de las autopistas de la información durante la década de 1990. Hablamos de la primera fase como la de acceso (físico) a las infraestructuras, la segunda como la de la capacitación o las competencias digitales, y la tercera como la del uso efectivo y empoderador.
Aunque las tres fases conviven en el tiempo hoy en día —también en Cataluña— es obvio que el peso se va desplazando cada vez más hacia la tercera. Y es, con esta cuestión bien presente, que deberíamos pensar las políticas de Sociedad de la Información en nuestro país. ¿Qué planes tenemos para el día siguiente del 21 de diciembre de 2017?
La situación actual es fruto de las necesidades de cada momento y ha sido muy útil para el desarrollo del acceso a la tecnología y, en menor medida, el desarrollo de competencias en el ámbito de la transformación digital.
Basta con mirar el organigrama de la Generalitat para ver el enorme esfuerzo que se ha realizado en materia de infraestructuras, seguridad, comunicaciones y alfabetización digital. Sin embargo, no habrá que buscar mucho en el organigrama: el grueso de las instituciones se agrupan bajo la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.
Esta concentración, en mi opinión, ya no es necesaria. Es probable que las cuestiones de seguridad ya no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de la seguridad, los policías o los servicios de inteligencia: Interior. Es también probable que las cuestiones de infraestructuras tecnológicas no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de «poner las calles» cada día por la mañana, sean analógicos o digitales: Territorio, Infraestructuras, o como convengamos llamarlo. Es probable que la acreditación de competencias en uso de las TIC o el despliegue de telecentros y políticas de fomento del uso de Internet no tengan que depender de las «telecomunicaciones», sino de quien se encarga de mejorar las capacidades de los ciudadanos y el tejido social del país (la respuesta al quién, más abajo).
Por otra parte, esta concentración, además de responder a un modelo que poco a poco vamos dejando atrás (insisto: no renegamos de él porque ha sido muy útil hasta hoy) tiene unos riesgos obvios: es altamente frágil por el hecho de concentrar, en el mismo lugar, todas las infraestructuras digitales así como una gran parte de los usos estratégicos.
Sociedad de la Información y el ciudadano en el centro
Situémonos en la tercera fase, la del uso efectivo de las tecnologías digitales para el empoderamiento ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por un lado un ciudadano que reúne en una persona física diferentes actores: un paciente, un estudiante, un activista, un consumidor, un emprendedor. Por otra, una dispersión de servicios que comparten, a menudo, necesidades, enfoques, metodologías y, incluso, soluciones. En salud se habla de envejecimiento activo, de comunidades de pacientes o de poner al paciente en el centro para darle más autonomía; en educación hablamos cada vez más de aprendizaje, de aprender a aprender, de comunidades de aprendizaje y de poner al estudiante en el centro para darle más autonomía; en gobernanza, hablamos de participación y co-gestión, de retorno de soberanía, de comunidades de interés y de poner al ciudadano en el centro para darle más autonomía; en economía, hablamos de cooperativismo, de empresas en red, de prosumidores, y de poner el consumidor o el emprendedor en el centro para darle más autonomía. No hace falta seguir. Prácticamente todos los ámbitos de la sociedad están siguiendo el mismo patrón: nuevas herramientas, nuevas formas de organización, mayor autonomía.
Cuando hablamos que la Administración debe proporcionar una ventanilla única al ciudadano, esto no se puede conseguir sólo concentrando aquello que diseñamos e implementamos por separado. Al contrario, el diseño —y más si debe ser participado por el ciudadano en cualquiera de sus roles— también debe ser coordinado. Y esta coordinación no es sólo a la hora de implantar, sino de diagnosticar las necesidades, evaluar las opciones e integrar las soluciones.
No creo que haya que pedir un Departamento del Ciudadano, aunque no me parece tampoco ninguna barbaridad: la gran empresa ya funciona con ejecutivos de cuentas que hacen de intérpretes entre el cliente y la organización. Pero sí un ente que coordine. Y permítaseme insistir: que coordine el trabajo de (por ejemplo) las direcciones generales de Modernización e Innovación de la Administración; de Transparencia, Datos Abiertos y Calidad Democrática; de Atención Ciudadana; de Difusión; o las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Enseñanza y en Salud.
Durante los dos tripartitos (2003-2010) estuvo en funcionamiento la Fundación Observatorio para la Sociedad de la Información de Cataluña (FOBSIC) que debía ser el think tank de la Sociedad de la Información en Cataluña. Seguramente los tiempos de la FOBSIC ya han pasado en cuanto a la sociedad en general, pero sí considero que hace falta un organismo que, dentro de la Generalitat (o junto a ella), detecte tendencias, haga análisis, diseñe propuestas y acompañe la transformación digital en la Administración. Este ente —o lo que sea—, más que coordinar —concepto que siempre tiene un sesgo jerárquico, de verticalidad— debe dar servicio a todos los niveles de la Administración, empezando por la Generalitat misma. Este servicio debe basarse en un diálogo constante entre todos los actores para que las propuestas de innovación que resulten (técnicas, metodológicas, organizativas) puedan probarse, escalarse y reproducirse, sin que cada uno tenga que reinventar la rueda una y otra vez. Porque la transformación digital debe hacer más eficiente, pero sobre todo más eficaz, el tránsito de la Administración a la Sociedad de la Información.
Pero, no nos equivoquemos: esto no va de «modernizar la Administración». O no solamente. Esto de transformar la sociedad. Lo que sirve para la Administración, puede servir para otros ámbitos; y, más importante, lo que aprende la Administración sólo lo aprenderá en un constante diálogo con la empresa, la universidad y la sociedad civil. Lo llaman el modelo de innovación de la cuádruple hélice, pero podemos llamar innovación abierta, innovación social, innovación social abierta, economía social, comunes digitales. Este ente debe tener, pues, forma de T: por una parte, dialogar de forma horizontal con todos los otros actores de la sociedad; por otra, ofrecer acompañamiento en vertical en todo el ámbito de la Administración.
Esto va de cambiar la cultura de la Administración para que sus políticas públicas se acerquen más a este ciudadano del s.XXI que ya está aquí y que pide y necesita cosas distintas de quien lo gobierna. Podemos hacerlo cada uno por su parte o sumar y concentrar esfuerzos. Si nos creemos que la Administración debería hacer I+D+i sobre los servicios y políticas que pone en marcha, esta sería mi prioridad absoluta.
