ICTlogy

De entre todas las formas de medir el desarrollo digital en el mundo, el índice que elabora el Foro Económico Mundial —el de Davos— es, probablemente, el más reputado y, sin lugar a dudas, el más completo. Coincidiendo con lo que todavía es una apología del papel, el día del libro aparecía la edición para 2014 del Informe Global de las Tecnologías de la Información, que incluye el esperado índice y el temido ranking.

España tiene motivos para sacar pecho: después de unos últimos años de estancamientos e incluso retrocesos, acaba de ganar cuatro puestos y se sitúa en el lugar 34. Este salto adelante, no obstante, no ha sido tanto fruto de una mejora en sentido estricto, sino la corrección de un gran fallo: la mejor competencia en el sector de la telefonía móvil que, en consecuencia, ha permitido bajar las tarifas al consumidor. Está bien reconocer los éxitos, pero todavía es más de justicia reconocer sus porqués, y el porqué de esta escalada en puestos ha sido a costa de perjudicar a los consumidores (y a favor del ‘lobby’ de las telecos) todos estos años.

Explicado este salto, vale la pena resaltar el hecho de que España se encuentra, todavía, en el puesto 34, un puesto que a todas luces “no corresponde” a una Economía que está entre las 13 más avanzadas del mundo según su producto interior bruto. Puesto 34 en desarrollo digital, 13ª economía mundial: ¿Qué nos sucede?

La primera cuestión es que seguimos teniendo una gran disociación entre economía real y economía digital. O mejor dicho, entre economía e infraestructuras. El despliegue de estas últimas ha sido correcto, y se van puliendo poco a poco las todavía existentes trabas a la libre competencia y las prebendas al antiguo monopolio del estado. Sin embargo, y como sucede con tantas otras infraestructuras en este país (autopistas, aeropuertos), tenemos las autopistas de la información pero no sabemos bien para qué: nos recuerda el Foro Económico Mundial que el entorno para hacer negocios e innovar es deplorable. Cuesta horrores emprender y cuesta horrores innovar.

La culpa no es de los trabajadores: el acceso a la educación ha crecido en cantidad y en calidad. Tampoco de las empresas, que tienen buenos y crecientes niveles de apropiación tecnológica. ¿Qué falta? El resto: financiación y un entorno legal de calidad. Las leyes no se respetan, la burocracia es asfixiante, y la eficiencia y eficacia de gobierno y legislativo está bajo mínimos. A lo mejor la Administración podría aprender de los emprendedores sociales (movimientos, plataformas, cooperativas), pero el indicador de e-participación —que mide el diálogo digital entre gobierno y ciudadanía— lleva dos años tocando fondo. ¿El resultado? Pésima puntuación en el sector del conocimiento (la famosa cultura del ladrillo y la sangría barata).

Mientras todo esto ocurre en las instituciones, ¿qué hace el consumidor? Se va fuera. Cuando no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo se buscan contenidos y servicios digitales fuera. Así lo demuestra el incremento de consumo de banda ancha internacional, acompañado con el todavía pequeño parque de servidores seguros patrios, medida del comercio electrónico y transacciones similares.

¿Todos los ciudadanos? No, todos no. Si tomamos el incremento de consumo de banda ancha móvil con el decremento de líneas móviles per cápita, una de las posibles conclusiones es que se está generando una adopción desigual de la tecnología. Quien puede usar, usa más y mejor. Quien no puede costeárselo, se cae del tablero de juego. Esto se agrava con otra cuestión como la de los impuestos sobre beneficios, que crecen pero menos que en el resto del mundo, dando como resultado un mayor gravamen de las rentas del trabajo en relación a las del capital.

Recapitulemos: tenemos infraestructuras, buenas pero todavía poco liberadas a la competencia. Los usuarios pueden usarlas y cada vez lo hacen mejor debido a su creciente nivel educativo. No obstante, tienen que hacerlo fuera (generando beneficios e innovación en el extranjero) mientras que las empresas del país se arrastran hacia la competitividad gracias a un marco legal y político que las lastra. Cuando este marco legal cambia, es para beneficiar la captura de rentas y empeorar a los consumidores que podrían tirar del carro en casa. O para empeorar la franja de ciudadanos más humildes que podrían consumir en casa. Y con todos ellos, empeoran las empresas.

¿Algo más? Sí, el gobierno no escucha. Ha montado estupendos (sinceramente) sistemas de Administración electrónica y gobierno abierto… y los ha dejado allí para el museo de la ciencia digital. No hay forma humana de penetrar la dura coraza de la Administración.

Pero hemos ganado cuatro puestos en el ranking. Celebrémosnos.

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición para 2013 de su Global Information Technology Report. Este informe contiene el Networked Readiness Index, probablemente el mejor índice que hay actualmente para medir el pulso a la Sociedad de la Información, mejor incluso que el ICT Development Index de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que todavía tiene un cierto sesgo a favor de las infraestructuras — una argumentación a fondo de esta cuestión puede encontrarse en Measuring digital development for policy-making: Models, stages, characteristics and causes.

¿Cómo está España según el Foro Económico Mundial en términos de desarrollo Sociedad de la Información? Depende. Veámoslo primero en relación a sí misma y después en relación al resto del mundo.

Evolución 2012-2013 de España Networked Readiness Index en relación a sí misma (puntuación)

El siguiente gráfico nos muestra cómo cambia de 2012 a 2013 la puntuación que obtiene España en las 10 categorías o pilares que define el Foro Económico Mundial. La puntuación va de 1 (peor) a 7 (mejor).

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Hay tres aspectos que saltan a la vista rápidamente, dos de las cuales llevan en gran parte a la tercera.

La primera es que, dentro de los usos (cuadrante sur-oeste: uso individual, empresas y Administración) destacan las empresas por ir muy por detrás en adopción de las TIC que el sector público y los ciudadanos a título individual. Y, además, no hemos avanzado en esta materia.

La segunda cuestión, un clásico en España, es la asequibilidad o, en otras palabras, lo caro que sigue siendo Internet. Si a ello le añadimos la también mala puntuación en el marco político y legal, la conclusión es clara: no hemos superado todavía la fase de monopolio de Telefónica, y la competencia de las telecomunicaciones en España es todavía muy deficiente.

Tercera cuestión, corolario de las dos anteriores: el impacto económico de las TIC en España no arranca. Si las empresas no adoptan las TIC y el marco político y legal no lo favorece, es difícil que la tecnología dinamice la economía. Y lo que es peor: en un año de crisis profunda, ello también afecta el impacto social, cuya puntuación cae (y bastante) de 2012 a 2013. Un desastre.

Evolución 2012-2013 de España Networked Readiness Index en relación al resto del mundo (clasificación)

Cabría preguntarse si lo que hemos expuesto anteriormente es problema de España o bien es algo generalizado. Lo aproximaremos a través del puesto que ocupa España en la clasificación total de 144 países que incluye en el índice.

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Lo primero que cabe destacar es que España se sitúa alrededor en el puesto 38 global, lo que podemos o bien interpretar como cola de león — es de que peor puntúa dentro de los países más ricos — o como cabeza de ratón — es de los países más avanzados en Sociedad de la Información dentro del pelotón de países que persigue a las economías más ricas. Que cada uno se sitúe donde prefiera y haga las reflexiones al respecto que considere necesarias.

En lo que se refiere a los indicadores para cada categoría, hay dos cosas a añadir a lo dicho anteriormente.

Lo primero es confirmar, también a nivel comparado, el problema de los precios de las telecomunicaciones en España y su creciente impacto negativo en el ámbito de lo social. Es decir, la deficiente liberalización del sector afecta a la economía y, tanto de forma directa como indirecta, está empezando a afectar el bienestar de la población (léase en términos de telemedicina, de educación virtual, de ocio digital, etc.).

El segundo punto, y que quedaba camuflado en la gráfica anterior, es cuán deficiente es todavía la competencia digital de nuestros ciudadanos. Aunque mejora de un año para otro, esta es todavía una categoría donde España queda mal clasificada.

Súmense la deficiente liberalización del sector y su impacto en los precios, la mala adopción de las TIC en el sector privado, y el bajo nivel de competencia digital de los ciudadanos y tenemos servida la bomba de relojería que ha de minar la productividad y la competitividad, por una parte, y el impacto social de las TIC, por otra.

¿Conclusiones?

No todo — ni mucho menos — está mal en España en términos de Sociedad de la Información. Hay, como mímimo, tres aspectos que vale la pena destacar.

El primero es la calidad de las infraestructuras y contenidos digitales: la base es buena y está ahí para ser utilizada.

El segundo es el espectacular esfuerzo que se ha hecho en materia de modernización en la Administración, digitalizando procesos, generando un marco legal pionero y de gran calidad en materia de acceso a la Administración electrónica, esquemas técnicos o protección de datos (lo que no contradice la mala calidad del resto de regulación). En España, la Administración está haciendo las funciones de locomotora digital que las telecomunicaciones y el sector privado tienen completamente abandonadas.

Por último, la intensidad de uso de los ciudadanos: aunque con competencias digitales mejorables, están cada vez más acostumbrados a operar en la virtualidad.

¿Qué hacer con este panorama?

De forma urgente, es estrictamente necesario trasladar el uso que los ciudadanos hacen a título individual de las telecomunicaciones al ámbito de las instituciones: empresas, sobre todo, pero también gobiernos, partidos, sindicatos, escuelas, universidades, medios de comunicación… Es como si las personas dejasen de utilizar Internet al entrar en las instituciones — especialmente las empresas.

Para ello, hay que fomentar la adquisición de competencias digitales en el ámbito profesional, y muy especialmente en las cúpulas de dirección y gerenciales del sector privado. Dentro de estas, hay que hacer hincapié en las PYMES, cuya capacidad para formarse está siempre limitada a sus exiguos recursos. ¿Por qué no telecentros virtuales?

Es como mínimo sorprendente que prácticamente todos los esfuerzos (los pocos que en mi opinión se hacen) en el ámbito de fomentar el empleo se concentren en el lado de la oferta, es decir, en el trabajador. No sirve de nada tener trabajadores cualificadísimos si las empresas son incapaces de absorber ese talento. Y el bajo uso de las TIC en la empresa (es decir, en la PYME) no es sino un indicador de la incapacidad de innovar, de modernizarse, de competir de nuestro sector privado. Podríamos afirmar que muchos empresarios (que no emprendedores) no están en paro básicamente porque las empresas son suyas.

Y, por supuesto, hay que acabar de una vez por todas con las rémoras monopolísticas que lastran nuestro país en materia de telecomunicaciones. Y, a poder ser, no generar nuevos monopolios y gravámenes en, por ejemplo, el mundo de los contenidos digitales.

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición de 2010 del Global Information Technology Report 2009-2010, uno de los informes más importantes en el mundo sobre estado de la Sociedad de la Información, junto con los del Banco Mundial, diversas agencias de las Naciones Unidas y The Economist.

En lo que a mí respecta, el Global Information Technology Report tiene como positivo el amplio espectro de indicadores que recoge, desde las infraestructuras más básicas hasta los distintos tipos de uso, pasando por el marco regulatorio, la oferta de servicios digitales o una aproximación a la competencia digital. Como puntos más débiles, que muchos indicadores no vienen de datos primarios (es decir, datos objetivos como el número de líneas telefónicas instaladas, por ejemplo) sino de datos fruto de encuestas donde una selección de expertos da su opinión, siempre fundamentada, pero siempre sujeta a matices personales.

El informe está totalmente en línea e incluso se permite jugar con los datos.

Los titulares de los periódicos se llenarán estos días — o no — con un único dato: que España ocupa el puesto 34 de 133 países, y que desde 2002, donde ocupaba el puesto 25, ha ido perdiendo puestos hasta la situación actual, a la que llegamos ya el año pasado. En mi opinión, es absolutamente irrelevante qué puesto ocupamos (dentro de un margen, claro), ya que hay tantas variables, y dependemos tanto de lo que hagan el resto de países que, francamente, nos aporta poco.

Creo que las preguntas relevantes son:

• ¿Dónde hemos mejorado?
• ¿Dónde hemos empeorado?
• ¿Dónde puntuamos mejor que el resto?
• ¿Dónde puntuamos peor que el resto?

Aunque resulta sorprendente el salto espectacular que da el indicador — lo que hace sospechar que aquí ha habido o bien cambios de criterio o bien errores de cálculo — hemos mejorado en la preparación para la sociedad de la información de gobiernos y ciudadanos. A pesar de las cautelas mencionadas, creo que el indicador refleja un esfuerzo importante de la Administración Pública en ponerse al día en materia digital: como ya comentamos, la UNPAN reconoce en España un referente en materia de gobierno electrónico. Y como hemos comentado ya en otro lugar también, en España la brecha digital no es de infraestructuras, sino que tiene otros componentes. Así pues, no es de extrañar que los ciudadanos, en tal que individuos, también puntúen bien en materia de preparación para lo digital en términos generales.

¿Qué ha empeorado? El uso. Estamos preparados, pero no utilizamos la tecnología. Hemos invertido en teatros y museos y nos quedamos en casa viendo la tele. El uso de los ciudadanos se mantiene, pero el de los gobiernos y empresas empeora. Es como si durante la implantación de sus políticas de sociedad de la información hubiesen hecho el esfuerzo de usar las tecnologías y, ahora que ya está hecho, se olvidan de ello. A esto habría que añadir que las empresas, en general, ni siquiera están bien preparadas digitalmente, como muestran los informes de Red.es sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, especialmente las PYMES y las microempresas.

Veamos los puntos fuertes y débiles:

¿Cómo leemos esta tabla? A grandes rasgos, hay tres cosas que van bien o muy bien en España:

• El mercado (el sector privado) está sano, hay competencia y cada vez tenemos empresas en sectores (creatividad) intensivos en conocimiento;
• tenemos la infraestructura necesaria para que pueda haber actividad en la red;
• y nuestros profesionales de alto nivel están bien formados y participan activamente en la vida online.

Es decir, las condiciones de mercado, de oferta de trabajo cualificado y de infraestructuras son buenas.

¿Qué va mal? Siempre según el informe:

• Las cargas fiscales y burocráticas son una barrera para el emprendedor;
• las infraestructuras son caras;
• el nivel de educación básica en matemáticas y ciencia es deficiente (distinto del caso anterior, que eran profesionales de alto nivel bien preparados);
• el gobierno no consigue de ninguna forma dinamizar la sociedad de la información.

Es decir, a pesar de que las condiciones en general son buenas, a la hora de llevar a cabo los proyectos el contexto no ayuda: impuestos y burocracia y un nivel educativo general bajo suponen barreras al desarrollo digital que el gobierno y sus políticas no parecen saber atajar.

No hay que olvidar que el Foro Económico Mundial se caracteriza por un fuerte sesgo hacia la derecha, con lo que no es de extrañar la crítica a impuestos, regulación, burocracia y demás. Sin embargo, el diagnóstico es coherente con otros datos y opiniones que ya han sido vertidos aquí y en otros lugares: seguimos invirtiendo en infraestructuras cuando el problema está en las barreras a la demanda.

En mi opinión, medidas a tomar:

• Estimular la demanda, atacando las barreras que la contienen: capacitación digital y usos prácticos;
• liberalizar (de verdad) el mercado de las telecomunicaciones: una mayor demanda debería hacer posible una mayor oferta y a precios menores;
• abandonar políticas de infraestructuras destinadas a la adopción individual (p.ej. ordenador en el aula, subvención de ordenadores a las empresas);
• abanderar políticas decididas de promoción del gobierno electrónico y del comercio electrónico, especialmente el business-to-business o B2B: compra a proveedores y contratación electrónica, pagos electrónicos, etc.

No quería terminar sin un matiz: aunque las infraestructuras no sean, en general, un problema, sigue habiendo gente sin acceso a ellas. Que no se prioricen políticas de infraestructuras basadas en la propiedad (a) no quiere decir que se tengan que abandonar y (b) no quiere decir que no haya alternativas, como el acceso a infraestructuras públicas.

Entre las políticas más enfocadas a la e-inclusión (inclusión a secas, al fin y al cabo), y en contraposición a otras políticas más «de futuro», creo que los telecentros y el acceso a Internet en las bibliotecas públicas deberían figurar en el top-1 de las políticas sociales. Y un buen ejemplo son los Centros de Conocimiento del Plan Avanza2.

Aquí algunos estudios que apoyan la inversión en puntos de acceso público a Internet:

• Gómez, R., Ambikar, R. & Coward, C. (2009). “Libraries, telecentres and cybercafes. An international study of public access information venues”. En
  Performance Measurement and Metrics, 10 (1), 33-48. Bradford: Emerald.
• Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C. & Rocha, A. (2010). Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at U.S. Libraries. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services.
• Más bibliografía sobre el impacto de los telecentros en la brecha digital.