Hace unos días leía el artículo de Jordi Raich¿Haití? Ni un duro. El autor de El espejismo humanitario — imprescindible para mí, tanto para profesionales de la cooperación al desarrollo como para quien hace donativos o paga impuestos (casi todos, vamos) — hace una dura crítica en esta columna sobre la desastrosa descoordinación de la ayuda humanitaria en Haití, en concreto, y en cualquier parte del mundo, en general.
Vuelven a la carga hoy en El País René Préval y Nicole Guedj —Para la creación de los Cascos Rojos a la ONU — abogando, como reza el título, por la creación de unos Cascos Rojos, el equivalente solidario/humanitario de los Cascos Azules de las Naciones Unidas.
Recuerdo una conversación hace unos años sobre la necesidad de tener o no ejércitos, o sobre el mayor o menor tamaño de los mismos (y gasto en Defensa en general). Nos habíamos puesto (más o menos) de acuerdo en que si había policía para garantizar el cumplimiento de la Ley, debía haber ejércitos para garantizar el cumplimiento de la «leyes internacional» y, en sentido amplio, el orden internacional (decidimos dejar aparte la cuestión de si los ejércitos eran consecuencia o causa de la violación de dichas leyes, que era el fondo del desencuentro).
Habiendo llegado al punto que vale, que sí, de acuerdo, necesitamos ejércitos, y metidos en el tema del tamaño, uno de los interlocutores decidió zanjar la cuestión con al fin y al cabo, los ejércitos participan esporádicamente en guerras: su principal fin es la acción humanitaria, tanto dentro como fuera de las fronteras: debemos crear ejércitos verdes. A lo que no pude contener un eso ya está inventado, y se llama bomberos: gastemos, pues, la mitad en ejércitos y el doble en bomberos.
Lo que proponen René Préval y Nicole Guedj, Jordi Raich, y otros muchos es tan simple y tan complejo como eso: a cada problema su solución. El gasto en defensa es exagerado y la excusa de su utilización en ayuda humanitaria me parece insultante. Una búsqueda rápida por Internet nos dice que un fusil de asalto M16 — la principal arma de la infantería norteamericana — cuesta no menos de 20.000 US$. Media docena de M16 cuestan lo que una UCI Móvil, siendo las prestaciones de esta última, en materia de ayuda humanitaria manifiestamente mayores que los fusiles de asalto (y eso sin contar el coste de la munición).
En Catalunya hace años se tuvo la feliz idea de crear los GRAF, los GEO de los bomberos, un cuerpo de bomberos de élite para hacer más eficiente la lucha contra el fuego. Aún así, el fuego a veces gana. A lo mejor habría que dotar a esos GRAF, o a los Cascos Rojos, con algún que otro M16. A poder ser, previo canje por una UCI Móvil. Por ejemplo.
La responsabilidad social corporativa tiene varias definiciones (la del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, la de la Wikipedia). Probablemente por mi formación como economista, siempre he entendido la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la forma en que las empresas (a) compensan a la sociedad por las externalidades que no contempla su función de producción (p.ej. el coste social de la contaminación) y (b) devuelven el excedente del consumidor a éste (p.ej. las pérdidas sociales causadas por la existencia de monopolios). Dicho de otro modo, entiendo la responsabilidad social corporativa como la inclusión de una capa social a un enfoque meramente lucrativo de la actividad económica, detrayendo de los beneficios empresariales el coste social del funcionamiento de la empresa.
Recuerdo que fue en el e-STAS 2007 que supe que RENFE tenía una estrategia — y un presupuesto — sobre responsabilidad social corporativa. Se me escapan varias cosas aquí:
Si el objetivo de una empresa pública es dar un servicio público, cubrir una necesidad de la sociedad ¿tiene sentido añadir una capa «social» a una empresa… «social»?
Si los «accionistas» de una empresa pública son al mismo tiempo sus beneficiarios — la sociedad en su conjunto — ¿tiene sentido detraer beneficios a los «accionistas» para compensar a la misma sociedad?
Nunca he llegado a comprender la RSC en la provisión de servicios públicos (sea directamente por la Administración o mediante empresas de propiedad pública). Creo que es un añadido artificioso, de cara a la galería, y no exento de un tufo a propaganda que, además, desvía recursos de un fin acordado (la provisión del servicio público específico) a otro que no le pertenece (la provisión de otro «servicio» o, en el peor de los casos, campañas de comunicación).
Ejemplo 1 (imaginado): la FNAC, distribuidora de libros, cree que con tanto papel desforestamos el planeta. Decide, como estrategia de RSC, plantar árboles. Bien por ellos.
Ejemplo 2 (caso real): RENFE, cuyo objetivo es transportar personas y mercancías por ferrocarril (algo que, generalizando, solamente el Estado puede hacer por diversos motivos), se da cuenta que su actividad tiene un impacto medioambiental. Decide, como estrategia de RSC, crear el Premio Escolar RENFE AVE de investigación medioambiental y desarrollo sostenible.
Preguntas:
¿Concienciar sobre la preservación del medio ambiente en las escuelas, es tarea de RENFE?
¿El conocimiento y la investigación científica es tarea de RENFE?
¿El respeto al medio ambiente, en términos generales, es RSC en RENFE o se le debería dar por supuesto?
En la web de RENFE también se habla de su compromiso con la discapacidad y la accesibilidad ¿no debería darse esto por supuesto en una empresa pública que pagamos todos, con o sin discapacidades?
En la web de responsabilidad social corporativa de RENFE hay casos para mí más sorprendentes que RENFE considera «añadidos» (RSC) a su misión: compromiso con la puntualidad (se le debería suponer), eficiencia energética (se le debería suponer), reducción de emisiones (se le debería suponer), reducción de ruidos (se le debería suponer), accesibilidad para discapacitados y enfermos (se le debería suponer), respeto a los derechos humanos (se le debería suponer), respeto a los derechos del trabajador (se le debería suponer), condena a la corrupción y el soborno (se le debería suponer), etc.
La última acción — y detonante de esta entrada — es el billete solidario con Haití. Vaya por delante que no critico que el Estado Español ayude a Haití.
La campaña de ayuda a Haití consiste, a grandes rasgos, en que (a) RENFE canaliza donaciones para Haití a través de sus terminales de venta y (b) RENFE hace una aportación de la misma cantidad a la recaudada.
No tengo claro que RENFE tenga que prestarse a ser canalizador de ayudas. Debo reconocer que, sin embargo, es una opción fácil y rápida (por la penetración de los terminales de venta de RENFE) para recaudar fondos y que, además, se entregan a la AECID, que es quien debe gestionar la ayuda.
Sin embargo, no comparto la iniciativa que RENFE duplique la ayuda con fondos «propios». Creo que RENFE no debe dedicarse a la solidaridad y a la cooperación internacional. Creo que, al hacerlo, desvía fondos que debían destinarse a infraestructuras y transporte ferroviario a otra partida presupuestaria. Creo que, si el gobierno quiere ser más generoso, debe incrementar en la Ley de Presupuestos, la partida a la AECID, en detrimento del Ministerio de Fomento (de donde depende RENFE) o de Defensa (mejor).
Resumiendo: creo que las políticas de RSC y solidaridad de las empresas públicas desvían fondos de una partida presupuestaria a otra, desatendiendo con ello la misión con que fueron creadas, además de ser innecesarias por definición debido a la naturaleza misma de dichas empresas.
Los datos que presentaba (en su entrada original así como en el anexo del mismo plan — vale la pena, como mínimo, dedicarle un rato a los gráficos) son, a grandes rasgos:
Que hay una diferencia de adopción de Internet entre hombres y mujeres, de unos 10 puntos porcentuales (es decir, muy elevada)
Que esa brecha prácticamente no se ha reducido a lo largo de los años
Que esa brecha no es únicamente de acceso a Internet, sino del tipo de uso, relacionado con las habilidades (implicando menor cualificación digital en las mujeres)
No sería la primera vez que oigo que estos argumentos — en cuestión de género o de brecha digital en general — no son suficientes para que el Estado intervenga, porque «el mercado ya se encargará de equilibrar esos desajustes sin duda temporales». Esta afirmación deja de lado dos cuestiones fundamentales:
La primera (y que el informe del Plan de Acción no recoge… y debería) son las consecuencias de la brecha digital. Al fin y al cabo, la brecha digital no es importante en sí misma: son sus consecuencias lo que importa
La segunda es que mientras el mercado equilibra los desajustes pasan cosas y las consecuencias de la brecha campan a sus anchas (y de momento los datos dicen que no está por la labor de equilibrar nada de nada).
Y ¿cuáles son esas consecuencias? Sinceramente, no lo sé, pero vamos a ver si los datos cantan. En los siguientes gráficos representamos la diferencia de adopción de Internet entre hombres y mujeres. Es decir, si la línea está en el cuadrante positivo, los hombres usan más Internet que las mujeres; si la línea sube, la diferencia se incrementa. Ejemplo para la lectura de las gráficas: primera gráfica, línea azul: en 2006, la diferencia de adopción de Internet entre hombres (sobre el total de hombres) y mujeres (sobre el total de mujeres) era del 6%.
Que entre la población más formada, la igualdad de género es mayor
Que entre la población medianamente formada, la igualdad de género es muy elevada. Probablemente se debe a que, al estar relacionadas con rentas medias, han adoptado Internet más tarde y, en general, lo han hecho los hombres primero. La buena noticia es que (salvo 2008, probablemente por la crisis), la tendencia es a mayor igualdad.
Que entre la población menos formada, la brecha digital de género no es muy elevada (probablemente porque, en general, hay menos adopción en total) pero que la tendencia es al alza.
Es decir: la brecha digital de género es ya mayor, y es creciente entre las personas menos formadas
Es decir: las mujeres menos formadas tienen menos oportunidades de acceder al conocimiento que sus compañeros masculinos.
El tramo de 25 a 54 años es cada vez más igualitario.
Los mayores de 55 años tienen la mayor brecha. Probablemente por una menor adopción liderada por los hombres, o por nuestro historial sexista (admitámoslo, señores…). La buena noticia es que va a la baja: las abuelas se ponen al ratón.
Entre los jóvenes, la brecha es a favor de las chicas. No hay duda que la tecnofobia ha sido superada y las chicas acceden más a Internet que los chicos, ya sea causa o consecuencia de que también sean mejores en el cole que ellos.
Pero, en el último año se invierte la tendencia. ¿Por qué?
Si unimos ambas gráficas, podemos creer que son las chicas jóvenes y con menos estudios las que, básicamente, incrementan la brecha digital de género.
Lo dicho anteriormente sería irrelevante si la brecha en los niveles educativos bajos disminuyera: la equiparación de chicos y chicas no sería otra cosa sino una tendencia hacia lo deseable, a saber, la equidad en la adopción de Internet. El hecho de que suba en un tramo educativo y en un tramo de edad es, para mí, alarmante.
Interpreto lo anterior como que las chicas de familias más humildes y menor formadas están estancándose en la adopción de Internet. En 2009, solamente un 23% de las chicas con menor formación utilizaban Internet y su tasa de crecimiento es menor que la de los chicos, que además están ya en el 32%. ¿Me permiten algo de sociología-ficción?
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán estando poco formadas
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán estando menos formadas que los chicos
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán accediendo a peores trabajos y peor pagados
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos formadas seguirán siendo menos cultas que sus compañeros
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas menos cultas que sus compañeros, y con peores trabajos, lo tendrán peor para emanciparse de estos
Sin una política de igualdad en la sociedad de la información, las chicas estarán menos emancipadas a sus compañeros y lo tendrán más fácil para ser víctimas de la violencia de estos
No me hagan caso. Hago esta sociología-ficción sin todos los datos que debería y, por supuesto, sin la metodología y el rigor que serían necesarios.
Pero seguro que la música les es familiar. Pues bien, sin una política de igualdad en la sociedad de la información, lo que hacemos es subir el volumen de esa música. Celebro muchísimo que el gobierno gaste el dinero de mis impuestos en estos planes, cuyo alcance va mucho, mucho más allá del simple «todos somos iguales».
Nota: si alguien tiene más y mejores datos, y más tiempo para hurgar en ellos, se agradecerá su opinión en los comentarios.
Decíamos ayer, en La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones, que el principal problema que teníamos en España es que Telefónica seguía teniendo el monopolio de facto de las infraestructuras, lo que le permitía planear acciones que, en el mejor de los casos, iban contra el interés público y, en las peores, podían vulnerar varios principios constitucionales — esto último no lo decíamos ayer, lo añadimos ahora.
Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), sí pagan a las telecos. Vayamos por partes.
Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.
Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.
Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.
Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.
Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.
Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.
Etc.
En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).
Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.
La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.
Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias […] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..
Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.
Tratándose de una iniciativa de comunicación política sobre temas de educación en entornos 2.0, el conseller Ernest Maragall invitó ayer por la tarde a algunas personas vinculadas al ámbito de la comunicación, la comunicación política o la educación, todas ellas con experiencia en materia de Web 2.0. Yo estaba allí con estas personas (docena y media), el conseller Maragall, Xavier Vidal (Jefe de Comunicación del Departament) y Trina Milan (Responsable del proyecto de identidad digital del Departament).
La primera impresión, y a tenor de los temas que durante casi dos horas se trataron en la sala, es que el Departament no necesita un blog, o una estrategia 2.0… sino tres:
Una estrategia de gobierno abierto, de democracia electrónica, para que la ciudadanía pueda participar en los debates y decisiones del gobierno en materia de educación. A mi entender, esta es la que acaba de ser lanzada.
Una comunidad de práctica y de aprendizaje, para que los educadores (y la comunidad educativa en general) puedan intercambiar conocimientos sobre metodología educativa y TIC, así como reflexionar sobre la implantación de estas en el aula. Me quedó claro que esta no existía aunque su necesidad era acuciante.
Un canal donde el trabajador y la dirección pudiesen tratar sus cuestiones laborales de forma abierta y participativa, cuestiones laborales que, a menudo, se solapan con aspectos de interés general (punto 1) o metodológico (punto 2), lo que ha conllevado que muchos profesores «tomaran por la fuerza» las nuevas herramientas para este último propósito.
Me gustaría hablar del primero. Y hacerlo más a nivel conceptual que práctico. Me gustaría comentar algunas preguntas retóricas que fueron lanzadas a los asistentes, lugares comunes que visitamos y reticencias más o menos explícitas.
¿No es demasiada información, por excesiva, desinformación? ¿Hacemos la información menos transparente al hacerla abundante?
Definitivamente no. La información deja de ser transparente cuando no publicamos las fuentes, los datos, y en cambio, dejamos ver únicamente su interpretación, nuestra interpretación. Por supuesto, a más información, más necesidad de escoger y analizar, pero lo que el exceso de información hace difícil, la escasez de información lo hace imposible.
¿No se verá tanta comunicación como un ejercicio de propaganda?
Entre otros muchos, la información tiene dos atributos: cantidad y calidad. Poca cantidad de información y de baja calidad, claramente es propaganda: dosificamos el mensaje que, además, adulteramos. Más información — especialmente si mostramos las fuentes y los procesos — difícilmente será propaganda. Aunque, por supuesto, la oposición de turno utilizará este recurso como arma arrojadiza, pero no es este el momento de hablar de cinismos.
¿Para qué más información? ¿Para una mayor participación? ¿Para invadir competencias de los periodistas? ¿Son los bloggers periodistas ciudadanos?
Por supuesto, la participación, si es genuina, debe ser informada. La información es la materia prima de la participación, el resto es demagogia, fanatismo o inconsciencia. En este sentido, los periodistas deben, sin lugar a dudas, perder el monopolio de informar. La buena noticia es que tendrán más tiempo para analizar la información que ahora puede estar al alcance de todos sin filtros ni cortapisas.
La mayoría de ciudadanos que escriben en un blog no son bloggers ni son periodistas: son ciudadanos informados que ahora lo tienen fácil para dar a conocer su opinión. Ni más… ni menos.
Más información no necesariamente conlleva más participación; más participación no necesariamente conlleva más o mejor democracia.
Por supuesto que no. Lo que sí está claro es que si no hay información, no hay participación; y si no hay participación, no hay democracia. La información, la participación, el debate, los blogs, los periodistas son condiciones necesarias pero no suficientes para la democracia. Nadie garantiza que la participación nos hará más democráticos, pero su ausencia está tipificada con una larga lista de -ismos.
¿Por qué, aunque se comuniquen las cosas, la gente no se implica?
Vamos a negar la mayor: la salud de la democracia no se basa en la comunicación — en los comunicados — sino en la información para el debate para la decisión. Implicarse cuando la decisión está tomada y es comunicada unidireccionalmente debe estar dentro de lo que generalmente entendemos como partidismo. La llamada a la implicación, si es sincera, debe ser correspondida, como poco, con una actitud consultiva y, en el mejor de los casos, vinculante. La participación no entiende de comunicados, sino de debates.
¿Entonces?
Hay que publicar el código fuente, abrir la caja negra de los procesos, no únicamente difundir presupuestas cerradas y resultados finales.
Aunque los políticos — generalizando — crean que todo se hace bajo luz y taquígrafos, la realidad es que al ciudadano se le dosifican algunos datos, se interpreta el problema que estos arrojan, y se le propone una solución. Todo de un tirón. Retomando el ejemplo de la Ley del Cine de Catalunya, se nos dice que el 97% de las proyecciones cinematográficas son en Castellano (cierto), que eso daña una lengua oficial respecto a la otra (cierto), y que la solución es imponer por Ley la paridad Catalán/Castellano tanto en el doblaje como en el subtitulado (¿cierto?). Sí, el proyecto de Ley lleva saliendo en las noticias todo el año 2009, pero:
¿Sabemos por qué hay ese desequilibrio? Aunque podemos suponer que es un tema de costes;
¿Sabemos qué cuesta doblar o subtitular una película?
¿Sabemos qué demanda hay de cine en Catalán?
De esa demanda, ¿sabemos la elasticidad¿, es decir, ¿cuánto dinero más está dispuesto a pagar el espectador (o el contribuyente) para ver más cine en Catalán? (como decía anteayer, yo votaría sí a las proyecciones en Swahili y sin subtitular, pero no pagaría un un solo céntimo por ello);
¿Sbemos qué opciones se barajaban para atajar el problema? ¿Era la imposición por Ley la única opción?
¿Cuál es la opinión de la industria? Esta la conocemos por los periódicos pero, una vez más, con pocos datos y ya interpretada a la luz de sus propios intereses.
¿Qué consecuencias presupuestarias tendrá dicha Ley? ¿Recortaremos otras partidas? ¿Cuáles?
¿Qué consecuencias fiscales tendrá dicha Ley? ¿Me subirán los impuestos? ¿Cuáles? Nota al margen: un canon a las distribuidoras es un impuesto que estas repercutirán en el billete de la entrada, sin lugar a dudas, y sin discriminar la lengua de la proyección (y con ello volvemos al tema de la demanda).
La respuesta a estas y otras muchas preguntas más es lo que yo, personalmente, espero de un gobierno. Y las espero durante el proceso dirigido a atajar un problema, no después. Espero que se me deje hallar mis propias respuestas porque tengo acceso a toda la información, contrastar mis respuestas con las que me proporciona el gobierno y comentar las suyas. Y espero tener la garantía de ser escuchado y la oportunidad de ser convencido en un debate, no en un comunicado.
Por supuesto este debate tiene unos costes y no garantiza que el resultado final sea mejor. En mi opinión, la mera posibilidad de mejorar la democracia lo vale. Porque ya sabemos que estas condiciones no son suficientes para tener una democracia sana, pero sí necesarias.
Básicamente, la propuesta de Ley el Govern aprobó en Enero impone la paridad Catalán-Castellano en las salas de proyección. La Ley prevé el fomento de la versión original subtitulada en Catalán (VOSC), entre otras medidas a través de la creación de salas concertadas, así como el fomento del doblaje, vía subvenciones al uso.
Entiendo los motivos que impulsan esta ley, básicamente que el 97% de las películas proyectadas en Catalunya estaban en Castellano, provocando una diglosia apabullante. Ahora bien, no comparto la solución propuesta. ¿Por qué?
Hay que fomentar el acceso a la cultura tal como fue creada. Dicho de otro modo, creo que hay muchas razones para promover la versión original en las proyecciones. Normalmente se argumenta que se aprenden idiomas. Sin desmerecer este argumento, me parece todavía más interesante gozar de la interpretación y los guiones sin que medien traductores y actores de doblaje. ¿En qué nos basamos, si no, para exclamar «¡qué gran guión!», «¡qué gran actuación!» si vemos la película en modo esquizofrénico?
Por razones de coste. Doblar es costoso, muy costoso. Ese dinero tiene, necesariamente, que tener un origen, que irremediablemente será el ciudadano. Vía impuestos, para las subvenciones; vía incremento del precio, al comprar la entrada.
Hay que subvencionar la cultura propia, no la extranjera. Hasta aquí podría acusárseme de mirar poco por los de casa. Bien. Doblando películas de Hollywood al Catalán, ¿qué cultura estamos promoviendo? ¿La catalana? ¿La de Estados Unidos de América? Y ¿qué industria estamos subsidiando? Me pregunto si no sería mejor subvencionar a la industria cultural catalana para que produzca más y mejor cine en lugar de ponérselo más difícil haciendo más barato el producto extranjero. En términos económicos (y culturales también) doblar películas de Hollywood es como subvencionar el champán francés para defender el cava catalán.
Resumiendo: sí a las versiones originales subtituladas en catalán. No, rotundamente, al doblaje.
462 KB). Ella misma publicó hace unos días — 
