Costes y usura en la Red

Decíamos ayer, en La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones, que el principal problema que teníamos en España es que Telefónica seguía teniendo el monopolio de facto de las infraestructuras, lo que le permitía planear acciones que, en el mejor de los casos, iban contra el interés público y, en las peores, podían vulnerar varios principios constitucionales — esto último no lo decíamos ayer, lo añadimos ahora.

Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), pagan a las telecos. Vayamos por partes.

Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.

Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.

Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.

Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.

Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.

Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.

Etc.

En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).

Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.

La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.

Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias […] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..

Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.

Por favor, devuelvan el genio a la botella.

La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones

En la (reciente) historia de la Sociedad de la Información en España, una de las cosas que yo habría hecho diferente — no digo «error monumental» por parecer moderado y equidistante — fue la privatización de Telefónica. Entre otras cosas por no tener que oír las sorprendentes declaraciones de su presidente, César Alierta, anteayer en Bilbao, afirmando que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Y es evidente que eso no puede seguir:


Para ver el video, por favor visita http://ictlogy.net/sociedadred?p=112 y asegúrate que tienes el plugin de Flash instalado.

Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.

Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para «disfrutar» de un fin de semana en la conchinchina.

Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.

Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era «nuestro») que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las «autopistas de la información», sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:

  1. Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
  2. La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
  3. Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no «echar cable», es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.

En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.