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En un mundo ideal, cuando un niño suspende, los padres lo hablan entre ellos, se sientan con el hijo a ver qué y (sobre todo) por qué ha suspendido, se entrevistan con el profesor o profesores para contrastar opiniones y acordar estrategias compartidas. Esas estrategias serán un conjunto de medidas de acción que dependerán de las razones que llevaron al suspenso: de apoyo al estudio, de cambios en los patrones de convivencia en casa, punitivas, etc.

En el mundo real, cuando un niño suspende, discuten entre ellos para ver a quién hay que culpar (jamás a uno mismo), los padres lo agasajan para compensarle el disgusto, y acaban en la escuela para amenazar (a veces también agredir) al profesor que ha osado perturbar la paz del hogar con un suspenso. Y la vida sigue igual.

En las últimas semanas han tenido lugar determinados sucesos de violencia policial totalmente inexcusables. Si bien es cierto que tomados a peso y en relación a otros enfrentamientos con las fuerzas del orden no han sido muchos, tomados de forma cualitativa, en función de los principios (y no de los porrazos), sí han sido muy muy significativos, por lo que suponen de falta de respeto a los derechos ciudadanos y de subversión absoluta de lo que se supone es el papel de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, y como en el caso con el que abríamos, la clave en esos sucesos no es si el niño ha sido un gamberro en clase y se ha ganado un suspenso, sino (1) por qué y (2) cuál va a ser la reacción de los padres.

En un mundo ideal, ante una situación de violencia policial, los responsables directos de esos agentes se reúnen con los responsables políticos, se analiza la situación, se ve qué ha sucedido y por qué; se sientan estos y aquellos con los (supuestos) agresores para saber su parte de la historia y se sientan todos con los (supuestos) agredidos para saber la parte restante. Al final, se realiza un informe que lo contenga todo y se valoran las distintas actuaciones, que pueden ir desde sancionar al policía hasta multar al agredido porque resultó ser un provocador probado. En un mundo ideal esto es fácil de hacer, porque abunda la información y los testigos.

En el mundo real, algunos miembros de la policía parecen hacer caso omiso de las mínimas normas de conducta y educación — no como agentes del orden, sino como personas —, ya sea por desconocimiento (grave) como por puro cinismo y sabiéndose impunes (peor).

Los responsables directos de estos tiran pelotas arriba, hasta la cima de la famosa cadena de mando, escudándose en que cumplen órdenes, en que el «bonismo» y el «buenrollismo» (léase educación y civismo, pero con connotaciones negativas) está bien para las charlas de café pero no para la dura vida en la calle, y en que fueron provocados y la provocación merece una respuesta (violenta).

Los responsables políticos, los gobiernos, cegados por la apabullante cantidad de muestras gráficas de las agresiones, no solamente cuestionan las razones sino que niegan de plano los hechos. Condenan al ciudadano ex ante, sin juicio ni posible defensa. No es que se les pida lo contrario, que condenen a la policía: se pide neutralidad y equidistancia. Se cuelga el cartel de «No molesten: elecciones», y a otra cosa.

Los partidos en la oposición aprovechan el mar revuelto para ahondar en sus tácticas de destrucción masiva. Instrumentalizando a la ciudadanía, lanzan el ataque hacia el gobierno y se piden dimisiones. Jamás se piden investigaciones, serenidad, respeto por la ciudadanía. Dimisiones, elecciones, socavamiento y derribo del adversario. A costa del ciudadano.

Los partidos en el gobierno (que no es lo mismo que el gobierno), en un acto espejo del anterior, cierran filas con los responsables políticos directos (indirectos son todo el resto). Contraatacan la violencia política enemiga, justifican lo injustificable (no la violencia policial, sino el ninguneo de que la haya podido haber o no), se solidarizan incondicionalmente con el dirigente (a menudo un virus que corrompe el partido desde dentro), y hacen apuestas sobre, en el caso en el que al final acabe cayendo, quién va a reemplazarlo.

La reyerta política capilariza hacia abajo, hasta el militante que con sus cuotas — que otorgan voz pero normalmente no voto alguno — y sus diatribas acríticas sostiene un sistema político que se sitúa en una dimensión paralela al mundo real.

Mientras, en ese mundo real, algunos policías violentos siguen campando a sus anchas mientras sus compañeros también callan. Han sido instruidos en ese insólito corporativismo donde lo que importa es mantenerse dentro de la estampida, aunque el rebaño los conduzca directos al abismo. Es el compañerismo que tolera lo intolerable, primo hermano del crítico con la calidad de la sanidad pública que acepta pagar servicios en negro, o del corrupto que transige si hay también una parte para él.

El problema de la violencia policial no son dos o tres iletrados con porra.

El problema de la violencia policial es que hemos consentido a nuestros cargos electos el sentirse libres de ofenderse cuando les pedimos que rindan cuentas.

El problema de la violencia policial es que hemos acostumbrado a nuestros cargos electos a vivir en su endogamia, en su pequeño círculo de ideas abstrusas y arcanas sobre la cosa pública.

El problema de la violencia policial es que hemos aupado a nuestros cargos electos a vivir en su abyecta concepción de qué es la política, ese pequeño y ajeno inconveniente que hay que gestionar para mantenerse en el poder.

A raíz de las últimas entradas sobre el movimiento del 15M, necesitaba hacerme un mapa mental sobre los eventos acaecidos durante y alrededor de las protestas cuyo epicentro fue el 15 de mayo de 2011. El Mapa conceptual de la acampadasol es un excelente punto de partida, pero necesitaba algo un poco más acotado y, sobre todo, basado en la cronología de los eventos y no tanto en los conceptos.

A continuación presento mi línea de tiempo del 15M, con los que de forma personal y subjetiva considero que son los principales eventos relacionados con las propuestas relacionadas con la calidad democrática en España alrededor de ese 15 de mayo de 2011.

Esta cronología del 15M empieza, por ahora, con las manifestaciones contra el Banco Mundial en Barcelona del 23 al 27 de junio de 2001 en motivo de la intención de celebrar allí Annual World Bank Conference on Development Economics. Por ahora también, la línea de tiempo cierra con la fecha para las elecciones generales en España el 20 de noviembre de 2011.

Es, como he dicho, una selección parcial. Invito a quien crea que hay alguna omisión imperdonable a sugerir la inclusión en los comentarios. No obstante, el criterio que se ha seguido hasta ahora no ha sido el de la exhaustividad y el detalle, sino el de la relevancia.

La línea de navegación (en naranja) superior permite moverse a través de los años mientras la inferior — más rápida — lo hace a través de las décadas. Las dos líneas de tiempo propiamente dichas (en gris) recogen, respectivamente, los eventos sucedidos en España (arriba) y en el mundo (abajo).

La clave de colores es la que aparece a continuación. Vale la pena indicar que es discutible etiquetar algunos manifiestos (especialmente el de #nolesvotes) como tales, ya que se parecen más a una (ciber)manifestación que no a un escrito. Por ahora, no obstante, la categorización queda así:

• Verde: manifiestos, escritos, publicaciones.
• Rojo: manifestaciones, protestas, concentraciones.
• Azul: (otros) acontecimientos políticos.

Más información

Todo lo que tengo recogido sobre el 15M puede encontrarse en el tag 15M de mi cuenta de Delicious.

Todo lo que tengo escrito sobre el 15M puede encontrarse en mitag 15M de SociedadRed.

Agradecimientos

Gracias a quienes han contribuido a mover mi llamada a sugerir fechas clave alrededor del 15M. Y especialmente a @martaestella, @fortuny, @pablonavajo, @santespasques, Ricard Espelt y @pedrojimenez por sus interesantes propuestas.

Hace unos meses oí a Luís Garicano decir en una entrevista que el copago era repago. Afirmaba, en la entrevista, que el copago de la sanidad — pagar una pequeña cantidad al ser atendido en la consulta o en urgencias en el sistema de sanidad pública — era como pagar dos veces por la misma cosa. Viendo el trato que se ha dado al tema del copago en Nada es Gratis atribuyo la afirmación como un desliz dialéctico (el blog es excelente, dicho sea de paso).

No obstante, el tema sale una y otra vez por todas partes. Hoy mismo, por ejemplo, en El uso perverso de las palabras, de Ignacio Escolar.

Mi opinión es que el copago no es repago, el copago no es pagar dos veces la misma cosa, sino que el copago es una privatización (parcial) en toda la regla.

Vayamos primero a por qué el copago no es repago. Salvo estafas mediante, y especialmente en el ámbito de lo público, es materialmente imposible pagar dos veces por la misma cosa. Un bien público — como la Sanidad — se paga una única vez por todos los contribuyentes. A no ser que se incrementen los sueldos de los médicos o se construyan nuevos hospitales, si hay un incremento de la recaudación, el gasto en Sanidad se mantiene constante y el dinero que sobra va a otras partidas. El sueldo del médico no se paga dos veces y la cama no se compra dos veces.

En este sentido, si hacemos pagar 10€ al paciente cada vez que va a la consulta del médico de la Sanidad Pública, esos 10€ van a pagar el coste de esa consulta, mientras que, por la puerta de atrás, se «liberan» 10€ que, como hemos dicho, o bien irán a poner más médicos y más consultas, irán al presupuesto de Defensa, irán a reducir los impuestos, o simplemente irán a reducir el déficit de la Administración.

El copago tiene dos efectos, uno directo y otro indirecto:

• El efecto directo es que al paciente le sale más caro el sistema público de sanidad.

• El efecto indirecto es que al resto de ciudadanos le sale más barato el sistema público de sanidad, puesto que ahora nos repartimos entre todos el coste total menos esos 10€ por cada consulta, que paga un único ciudadano de su bolsillo, en lugar de costearlo entre todos.

Supongamos el caso límite donde: (a) el sistema de la sanidad pública se basa única y exclusivamente en las consultas médicas; (b) una consulta cuesta 100€ al erario público; y (c) hacemos pagar a cada ciudadano 100€ por cada consulta.

Siguiendo el esquema anterior:

• Los pacientes pagan, íntegramente los servicios médicos que disfrutan personalmente. Si no van al médico, no pagan; si van, pagan todo el coste.
• Los ciudadanos, como colectivo, no pagan la sanidad (¿pública?) de sus impuestos, dado que todo el coste se repercute al paciente. Si uno no va al médico, no pagará nada por sanidad. Todo el dinero de sus impuestos irá a otras partidas: carreteras, escuelas o subvenciones para los artistas. Pero ni un duro para sanidad.

El copago no es pagar dos veces por lo mismo, sino que todo lo que se paga directamente (no indirectamente a través de los impuestos) va a liberar gasto del presupuesto público que puede destinarse a otros fines (incluido el bajar los impuestos).

Si, en el límite, la situación es que tanto gastas en salud, tanto pagas, eso se llama privatizar la salud. Que los médicos estén en nómina de la Administración o de una clínica privada es absolutamente irrelevante: lo que hace una sanidad o una educación pública no es tanto quien provee el servicio, sino quien soporta el coste. Y si el coste lo paga el paciente y no el contribuyente, la sanidad es privada, porque el dinero sale del consumidor y no del ciudadano.

El debate sobre el copago, pues, no es un debate sobre presupuestos, costes o responsabilidad, sino un debate sobre si la sanidad tiene que ser pública o tiene que ser privada y en qué proporción.

En las últimas 6 semanas ha habido en España:

1. el 15 de mayo, la toma de las plazas de las principales ciudades españolas;
2. el 22 de mayo, unas elecciones municipales y (en muchos casos) autonómicas (con repetición de la toma de las plazas el 21, contra lo que dicta la ley sobre la jornada de reflexión);
3. del 15 al 22 de junio, concentraciones ante Parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados
4. el 19 de junio, manifestación multitudinaria en las principales ciudades españolas contra la política socioeconómica española.

Después de un mes y medio de un estado ciertamente excepcional de las cosas, las principales reacciones institucionales creo que pueden agruparse en las dos siguientes conclusiones:

• No se sabe qué piden los indignados.
• Se confunde la legitimidad de las urnas con tener patente de corso para no tener que rendir cuentas a la ciudadanía.

Mi segunda afirmación se basa en la reiterada apelación a los resultados de las últimas elecciones del 22 de mayo por parte de los portavoces de los partidos mayoritarios así como por muchos de los editoriales y columnas de opinión de los grandes medios de comunicación.

Dejemos dos cosas al margen: la primera, que dada la gran desafección política, es posible que mucho del voto sea táctica y en absoluto legitimación de la opción elegida; la segunda, que unas elecciones municipales no son un plebiscito sobre la gestión del ejecutivo (estatal) ni el legislativo, ni viceversa: es perverso el intercambio de jurisdicciones al que, según conveniencia, juegan los intereses creados antes, durante y después de unas elecciones.

No es, por tanto, extraño que uno de los lemas estos últimos días esté siendo no nos representáis. Esta frase nos recuerda que el voto no se da: se presta. Y, como en el amor, la confianza mutua se gana cada día, no con un par de regalos cada cuatro años según el calendario comercial. Joan Subirats lo explica de la siguiente forma en ¿No nos representan?:

Con el grito «no nos representan», se está advirtiendo que ni se dedican a conseguir los objetivos que prometieron, ni se parecen a los ciudadanos en su forma de vivir, de hacer y de actuar. El ataque es pues doble, a la delegación (no hacen lo que dicen) y al parecido (no son como nosotros). El movimiento 15-M no ataca a la democracia, sino que entiendo que lo que está reclamando es un nuevo enraizamiento de la democracia en sus valores fundacionales. Lo que critica el 15-M, y con razón, es que para los representantes el tema clave es el acceso a las instituciones, lo que garantiza poder, recursos y capacidad para cambiar las cosas. Para los ciudadanos, en cambio, el poder sólo es un instrumento y no un fin en sí mismo.

La primera cuestión que apuntaba anteriormente — no se sabe qué piden los indignados — tiene una explicación más compleja, aunque el veredicto es el mismo: hay que querer escuchar para entender, y muchos de los integrantes desde el primer hasta el cuarto poder han perdido la capacidad y las competencias para ello. O, al menos, algunas actitudes parecen venir de aquellas aptitudes.

En mi opinión creo que hay dos consideraciones previas fundamentales para poder sacar el agua clara de qué se está pidiendo estos días en las calles (físicas y virtuales) a los representantes políticos:

1. Identificar quiénes y cuántos son los indignados: creo que limitarse a los que todavía acampan en las plazas, o incluso a los que se manifiestan en las calles, es quedarse con una visión más que parcial.
2. Identificar dónde está la sala de prensa desde la que se emiten las peticiones: de nuevo, limitarse a los manifiestos o las consignas en las marchas es, creo, tomar la parte por el todo, y muy especialmente la parte más simple, más vendible y más populista (a la vez con y sin connotaciones negativas todos estos términos).

Hechos estos dos incisos, ¿qué piden los indignados?

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Me gusta pensar que hay, al menos, tres niveles de peticiones, y que puede resultar una metáfora ilustrativa — aunque en mi opinión incorrecta, porque hay superposiciones — identificar esos tres niveles con tres niveles de participación en el movimiento del 15M.

1. Un primer nivel de propuestas es aquel que hace peticiones concretas, de corte maximalista, basados en manifiestos detallados y, en cierta medida, exhaustivos de «todo lo que va mal». El manifiesto fundacional de ¡Democracia Real Ya! iría en esta línea: que no quede nada fuera. Esta protesta de máximos es la que echa a la gente a la calle y las plazas la reivindican como suya durante las primeras semanas de las protestas.
2. Un segundo nivel es el que intenta ir podando las aristas que pueden excluir — y de hecho acaban excluyendo — a algunas personas del movimiento (y de las plazas). Es un nivel que, además, intenta y tiene que atraer gente a las calles, a protestar contra las órdenes de desalojo en base a una propuesta integradora, o a protestar contra medidas específicas del gobierno central y/o europeo. Se trata de propuestas concretas basadas en consensos de mínimos. Las llamadas a defender el derecho a manifestarse la noche del 20 o el sábado «de reflexión» 21, o a manifestarse contra el Pacto del Euro son dos ejemplos claros.
3. Por último, proliferan, sobre todo en la red, propuestas generalistas de corte sistémico, es decir, propuestas que intentan evitar entrar en el detalle intentando únicamente apuntar al problema, reflexionar sobre las «soluciones» existentes (o que históricamente se han ido probando), y plantear, por encima de todo, que se debata el problema.

En el fondo, los tres niveles de propuestas y/o los tres escenarios de protesta piden lo mismo, aunque las formas puedan ser distintas y, en este sentido, distraer de lo que tienen en común. Es la conocida historia de que los árboles no dejan ver el bosque. Nacionalizar los bancos y permitir la dación del piso en pago de la hipoteca, cambiar las leyes que regulan la banca y las finanzas, o recuperar el poder político por encima del financiero no son sino tres formas de decir lo mismo.

Bien, pero, ¿y que es lo que piden los indignados, pues? En mi opinión, que formalmente e institucionalmente se dé el debate para reformar y mejorar el ejercicio de la democracia a partir de una transición de una democracia industrial a una democracia en red.

Con estas o con otras palabras, con mayor o menor lujo de detalles, creo que es esto lo que se está pidiendo. A gritos.

Cuando oímos hablar de reformar la democracia, es habitual ver el debate centrado en si hay que tener más o menos democracia directa o participativa en detrimento de la actual democracia representativa. La mayoría de propuestas van en esta línea o se dirigen a ese nivel de reformas. Dado que no se aborda el por qué son necesarias dichas reformas, el análisis de estas acaba siendo cómo alteraría cada nueva propuesta el reparto de escaños en el arco parlamentario. En mi opinión, esto es solamente la punta del iceberg y perdemos la mayor parte del impacto por el camino.

Un poco de historia

En la Edad del Hierro, la participación en política de un agricultor gallego seguramente se limitaba a sentarse en el edificio comunal del castro junto con sus «conciudadanos». En el debían dirimirse las cuestiones menores referentes a la convivencia en el castro, la defensa del mismo, y probablemente poco más. La persona se representa a sí misma.

2.000 años después, en la España del s.XIX, si ese mismo agricultor quiere participar en política para defender sus intereses, no le queda otra que participar en los distintos niveles políticos/administrativos existentes, dado que las decisiones que se toman en otras ciudades, y en los grupos de ciudades, también le afectan.

Una opción sería que todos los agricultores se reuniesen una vez por semana en un lugar común — pongamos que hablo de Madrid — y debatir y decidir sobre las cuestiones comunes. Para facilitar el proceso, con anterioridad se han puesto sobre papel todas las cuestiones y propuestas (y las leyes que las gobiernan), se han copiado y se han distribuido (a caballo) por toda la península. Una vez se haya llegado a una decisión, se establecerá cómo se llevarán a cabo todas y cada una de las propuestas y cómo se verificará su cumplimiento. Los acuerdos también se escriben, se imprimen, se copian y se distribuyen por todo el territorio.

En términos estrictamente económicos, la democracia representativa nace para hacer más eficaz y, sobre todo, más eficiente la gestión de la cosa pública. En lugar de tener que ir a Madrid una vez por semana y hacer miles de copias de la documentación legal y política, esta (y unas pocas copias) residen en un archivo central, al que acceden nuestros representantes electos que se dedican, en exclusiva, a informarse, a deliberar y a decidir por nosotros. Esto es la democracia representativa y es muchos órdenes de magnitud más eficaz y eficiente que representarse uno mismo. Los costes de realizar gestiones políticas (costes de transacción), así como los costes de divulgar la información (fijada en un recurso escaso: el papel impreso) hacen impensable otra alternativa. Hasta la llegada de la digitalización de las comunicaciones y la información.

El fin de los costes

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han acabado con los costes de transacción y con la escasez:

• Para estar informado sobre una cuestión, ya no hace falta acceder físicamente al archivo de papeles y legajos.
• Para debatir un asunto con los conciudadanos ya no hace falta reunirse bajo un mismo techo.
• Aún con democracia representativa, para entrevistarse con un diputado ya no hace falta ir a su despacho.
• Ni siquiera hay que estar en el Parlamento o el Ayuntamiento durante un pleno para saber qué se habla en él.
• Tampoco hace falta meter un papel en una urna para emitir un voto.

La democracia representativa, tal y como la conocemos, era más eficiente y eficaz que otras alternativas por los costes de informarse, deliberar y decidir en una sociedad industrial, donde hablar significaba viajar, e informarse significaba acceder al papel. Ambas restricciones han desaparecido en una sociedad digital. Edificamos nuestra democracia representativa sobre unos conceptos de eficiencia y eficacia que ya no son válidos.

Hay, sin embargo, un recurso que sigue siendo finito, escaso, y que la digitalización todavía no ha resuelto: el tiempo. Informarse, deliberar y decidir sigue tomando tiempo, mucho tiempo. Cuando pensemos en un nuevo modelo, tenemos que tener en cuenta que el recurso tiempo es caro y lo será cada vez más en relación a otros bienes. Es por el factor tiempo que una prenda de vestir cada vez es más barata en relación a una obra de teatro (el tiempo de un actor) o una cura de urgencias (el tiempo de un médico).

Una democracia más participada

Al margen del coste del tiempo, sabemos que una democracia más participada es más eficaz porque:

• Permite hablar en primera persona, sin mediaciones, sin simplificaciones, sin tergiversaciones.
• Implica un mayor compromiso con la gestión de la cosa pública, fortaleciendo la comunidad.
• Posibilita la definición de una agenda más inclusiva, más comprehensiva, donde los aspectos, demandas o peticiones no es tan fácil que queden fuera.
• Facilita la articulación de lo global con lo local, dado que todas las perspectivas pueden incluirse
• Hace factible la concurrencia de más actores, más puntos de vista, más conocimiento arrojado sobre un problema, con lo que se aumentan la cantidad y la calidad de las soluciones propuestas.
• Dificulta la manipulación, los errores por carencia de información, al aumentarse la transparencia y la rendición de cuentas.

Si hasta ahora hemos tenido democracias menos participadas es porque — seguramente con buen criterio — priorizábamos el factor de la eficiencia (económica). Cuando este factor cae en picado, es hora de volver a poner sobre la mesa el factor eficacia. Hacer más y mejor política, no solamente más barata. Necesitamos una Ley de actualización del ejercicio de la democracia en la Sociedad de la Información. O, al menos, hacer el camino hacia algo parecido.

En caso contrario, la combinación de barato y de peor calidad es lo que conocemos como saldo. Que es la democracia que tenemos ahora: de mercadillo.

Ayer hubo una serie de protestas ante el Parlament de Catalunya que terminaron en algunas agresiones a algunos diputados y la dificultad generalizada para estos de acceder al recinto. Tanto los principales partidos políticos como los principales medios de comunicación y sus columnistas han coincidido en condenar la violencia, sin fisuras ni matices. Personalmente también los condeno. Pero si no entramos en los detalles, corremos el riesgo de acomodarnos en el populismo. Al fin y al cabo, no hace falta mucho análisis para condenar que le quieran robar el perro lazarillo a un invidente. Creo que ese acto — y otros de la misma calidad democrática — se condenan a sí mismos, así como, por norma general, se condena el terrorismo o el franquismo.

Más allá de este breve y consensuado análisis, no ha habido mucho más. Y, sin embargo, creo que cabía esperar algo más de políticos y medios.

La identificación de todo un movimiento de protesta (llámesele 15M, indignados o cualquier otro término generalista) con unos pocos — poquísimos — violentos se me hace tan extremo como identificar todos los políticos profesionales con la corrupción, aún a pesar de tener estos últimos muchos más casos identificados, un número que se dispara si hacemos una ratio per cápita.

A un mes de las acampadas iniciales del 15M sorprende sobremanera la simplicidad de los análisis con que nos regalan a los ciudadanos. Limitar temporalmente la protesta ciudadana a unas pocas semanas y geográficamente a unas cuantas plazas es, como poco, superficial. El movimiento del 15M es un síntoma, no una causa.

Demos un repaso rápido a cinco indicadores básicos producidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se trata de los Indicadores de la situación política — índices de confianza política, situación política actual y expectativas políticas — y los Indicadores electorales — intención de abstención y de voto en blanco en las elecciones generales.

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Hemos cogido la serie a partir de abril de 2004 por dos motivos: primero, porque hay un cambio de ciclo político que se reflejó en valores disruptivos (la crisis de confianza a raíz de los eventos del 11 al 14M se saldó con un incremento exagerado de confianza al cambiar el gobierno, efecto «se ha hecho limpieza»); segundo, porque es donde las tendencias apuntadas más arriba se acentúan más, aunque ya puede apreciarse el cambio a peor a partir de marzo de 2000 así como una acentuación a partir de marzo de 2008.

En este sentido, creo que no es atribuible el mérito de la pérdida de confianza a un único partido, sino que, aunque sea pura especulación, puede seguramente atribuirse al tono que vienen marcando los dos principales partidos españoles, en tres fases:

• Política de diálogo cero del PP durante su mayoría absoluta (2000-2004);
• política de derribo de PP y medios durante la primera legislatura del PSOE (2004-2008);
• agravamiento con la pésima gestión de la crisis por parte del PSOE (2008-).

Por otra parte, en estos últimos años, además de un florecimiento de la corrupción y un alejamiento de la ciudadanía en general, hemos podido ser testigos de la destrucción de la legitimidad de los poderes judiciales así como un bochornoso alineamiento de los principales medios de comunicación con el partido de su elección, abandonando su necesario papel de contrapeso como cuarto poder.

Hecha esta breve puesta en contexto, ¿cuántos y quiénes son los indignados? Probablemente muchos de los siguientes:

• Un 38% se abstuvo, votó en blanco o nulo en las elecciones locales 2011.
• En esas mismas elecciones, un 57% del censo electoral no votó a ninguno de los dos partidos mayoritarios.
• En abril de 2011, un 66% de los españoles creían que la situación política era mala o muy mala, y la mayoría creía que no iba a mejorar ni a corto ni a largo plazo. En mayo sube al 67%.
• En ese mismo mes, un 21% afirmaba que el principal problema que existe actualmente en España era la clase política, los partidos políticos, el tercer problema, solamente superado por el paro y el doble de los que consideraban que el principal problema era la inmigración. En mayo sube al 22%.
• Según una encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública en junio de 2011, 64,1% de los encuestados comparten las reivindicaciones de los ‘indignados’ y el 88% cree que son la expresión de un malestar general.
• Seún encuesta del 5 de junio, el 51% de los electores afirma que los partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
• El 70% de ciudadanos afirma que no siente representados sus intereses por ninguna formación.
• El 66% declara que siente más bien simpatía hacia el movimiento del 15M y el 81% considera que los “indignados” tienen razón.
• El 90% demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar.

Según el padrón municipal a 1 de enero de 2011, están censadas en España 47,1 millones de personas de las cuales tenían derecho a voto 34,6 millones. Cójanse los porcentajes de participación y de opinión y calcúlense los millones de posibles indignados en este país.

Por supuesto, esto no es un estudio científico con significativos márgenes de confianza estadística. Creo, no obstante, que son números lo suficientemente grandes en potencia como para que se abra un debate serio. De una vez.

Sobre el resto, sobre robar perros lazarillo o manchar gabardinas con pintura, sobre eso ya estamos de acuerdo. No le den, por favor, más vueltas.