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La televisión pública es, o debería ser, un bien de interés general.

Los bienes de interés general responden a dos grandes necesidades:

• Proveer de forma colectiva a los individuos de aquellos bienes que, a pesar de necesitarlos, no se pueden permitir aunque haya un gran consenso sobre su bondad y conveniencia. Por ejemplo, la educación.
• Proveer de forma colectiva bienes que en público se reconoce que son necesarios, pero que en privado nunca uno se gastaría un duro en ellos. Por ejemplo, la creación de un cuerpo de defensa cuando ningún enemigo nos ataca o la construcción de un hospital cuando nos encontramos muy bien.

La cultura forma parte de estos bienes de interés general: todo el mundo quiere bibliotecas, y auditorios, y bardos y juglares, y todavía más bibliotecas, pero puestos a elegir dónde gastar el sueldo, preferimos ir al estadio (de fútbol) y dejar la cultura para el día del libro. Así las cosas, el Estado se apropia de la televisión como una plataforma inigualable de transmisión cultural, el continente se confunde con el contenido y aparece la televisión pública como bien de interés general.

El contenido (de interés público y pagado con los impuestos de todos, que de eso versan los contratos sociales) es difundido de forma gratuita por las ondas hertzianas. Si alguien lo quiere bajo demanda, debe pagar. ¿Por qué? En una era anterior a la digital, el almacenamiento tiene un coste, la localización del original requiere un tiempo (y el dinero de quien lo consume), la copia tiene un coste, y el envío tiene también un coste. Como el uso individual sobrepasa el ámbito del interés público, toca sacar la cartera.

De un tiempo a esta parte, muchas televisiones se han apuntado a la moda de colgar los contenidos en Internet. Con la digitalización de los contenidos, y si la maquinaria de gestión interna está bien diseñada, el coste de hacerlo es ínfimo (es cierto que no es nulo pero, insisto, un buen diseño lo hace irrisorio en comparación con otros descalabros presupuestarios ). El almacenamiento para el depósito o para ponerlo a disposición del público es prácticamente el mismo, el coste de localizar los «originales» es nulo si la catalogación está bien hecha, el coste de la presentación puede incluirse en el mismo proceso de catalogación y almacenamiento, y la distribución, si bien no tiene un coste nulo ni despreciable, es, de nuevo, pequeño en comparación con otras partidas.

Para mi sorpresa, sin embargo, muchos de estos programas que se ponen a disposición del público en formato digital — 3alacarta o TVE a la carta, por poner sólo dos ejemplos — no permiten ser descargados al ordenador, ya sea para su conservación, para verlos más tarde y sin conexión, para pasárselos a un familiar o amigo sin nuestra infraestructura, etc. En Televisión Española he sido incapaz de encontrar la forma (la forma fácil: formas siempre hay), y en 3alacarta sólo algunos (no todos los) programas tienen la opción de hacerlo a través del podcast, una opción tan escondida como arcana para una buena parte de la población.

¿Por qué este «sí pero no»?

La única razón que encuentro es la que nos cuenta «Tita Cervera» parodiada por Muchachada Nui, verdaderos pioneros de la televisión española por Internet que, mucho antes de tener la web oficial que ahora tienen, se dedicaban a subir sus vídeos en YouTube:

Es decir, eso del YouTube está muy bien, pero mira la tele que la audiencia es la audiencia. Que los vídeos de las televisiones a la carta obedecen, a mi humilde entender, al mismo criterio: id a la página que lo que cuenta son las métricas, las visitas al sitio web (oficial), y el número de veces y el total de minutos que habéis empotrado vuestros ojos en la web, en nuestra web, en la oficial.

En mi opinión, hemos subvertido los términos. Lo que era un bien de interés general no era la televisión, sino los contenidos que producía y emitía. Que esto haya ido unido lo uno a lo otro durante 80 años no debería cambiar la naturaleza de las cosas. Repetimos: lo que es un bien de interés general es la cultura, no el soporte con que la distribuimos.

Los programas de producción propia ya están pagados, y con los impuestos de los contribuyentes (o con los anuncios, aunque a final de cuentas, vamos a parar allí mismo): el resultado es o debería ser de los ciudadanos, y debería perseguir , por ondas hertzianas o por ADSL, el objetivo de desembrutecerlos y sacarlos de la inmundicia cultural a que son sometidos de forma constante. Y eso quiere decir que, una vez hecho el producto (cultural), cuanto más se extienda, mejor.

Señores de las televisiones públicas, si les place, hagannos fácil descargarnos los programas para desburrificar, que vienen elecciones y, a pesar del desconsuelo y la desesperanza, intentaremos votar y votar informados.

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