ICTlogy

El día 4 de julio, a partir de las 19h en la (¡nueva!) sede de la UOC en Sevilla (Torneo, 32), participaré en la sexta y última jornada de los [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.

El objetivo de la sesión es reflexionar o repensar cuáles son o cuáles deberían ser las relaciones entre gobierno y ciudadanos después de la revolución digital, y ver si somos capaces de acabar de conformar esa nueva Sociedad de la Información.

Gianluca Misuraca, investigador del centro de investigación JRC-IPTS de la Comisión Europea, centrará su análisis en las relaciones entre Administración y ciudadanía, hablando sobre todo de administración o gobierno electrónico, datos abiertos, etc.

Por mi parte, la reflexión se referirá más a la relación de gobiernos, parlamentos y partidos políticos en materia de ejercicio de la democracia. Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:

¿Evolución o revolución en la participación ciudadana? De la transparencia al #15MpaRato

Imaginemos un agricultor en el Delta del Ebro. De pronto se da cuenta que el agua baja sucia, demasiado sucia como para que los cultivos no peligren. Se sube al caballo (no hay coches, no hay Internet) y se dirige río arriba. 350km después, en el Valle de Pineta, se encuentra con unos ganaderos que están contaminando las aguas: la falta de pastos les ha obligado a estabular y utilizar piensos de dudosa calidad y peor impacto medioambiental. Se llega al acuerdo rápidamente: el agricultor suministrará hierba a los ganaderos, quienes, a cambio, mantendrán el agua limpia y suministrarán carne y leche al agricultor.

A medida que más agricultores y más ganaderos de toda la cuenca del Ebro/Cinca se añaden a los acuerdos, la gestión se vuelve compleja. Los trajines de unos y otros acaban por tener descuidados cultivos y ganado, con importantes pérdidas económicas: se dan cuenta de que sale a cuenta que algunos de ellos se dediquen en exclusiva a la actividad política, pagados entre todos. Se crea el «Parlamento del Ebro/Cinca» con sede en Fraga, donde hay sesiones semanales y donde se almacenan (en papel, no hay PDF) los documentos de las sesiones, informes técnicos, etc. Cada semana, los representantes políticos informan a sus respectivas comunidades de los acuerdos alcanzados.

Pero el Ebro tiene más afluentes y pronto hay que crear otros Parlamentos: el Parlamento del Ebro/Segre, el Parlamento del Ebro/Gállego, el Ebro/Jalón… y, por supuesto, un Parlamento de nivel superior, el Parlamento del Ebro, cuya sede se fija en Zaragoza. Se crean distintos niveles político-administrativos y pronto es imposible, ante tanta población, rendir cuentas cada semana. Se fijan algunas sesiones de debate de carácter anual y un gran evento cada cuatro años.

Revolución digital y democracia

La historia anterior seguramente tendría un argumento distinto en un mundo con telecomunicaciones y la posibilidad de digitalizar la información. Y probablemente tendría también actores distintos.

• ¿En qué cambia el hecho de que el acceso a la información pueda realizarse ahora prácticamente sin coste alguno?
• ¿Qué tipo de espacios y prácticas de deliberación podemos desarrollar cuando ya no hay límites de espacio ni de tiempo?
• Con más y mejor información, con espacios distintos para la deliberación, ¿cómo formamos nuestra opinión? ¿cómo establecemos nuestras preferencias? Y, todavía más importante, ¿qué prácticas y qué agentes pueden o deben intervenir en la negociación entre opciones?
• ¿Necesitamos repensar la forma como explicitamos nuestras preferencias? ¿Qué limitaciones hemos dejado atrás y qué limitaciones todavía tenemos a la hora de establecer (nuevas) formas de votación?
• Y, por último, seguramente es posible que la rendición de cuentas sea no ya más transparente, sino «por defecto», más ágil, flexible, automatizada e incluso personalizada.

Intentaré no responder a estas preguntas, pero sí ponerlas en relación a cuestiones como la Primavera Árabe, las Acampadas en la Puerta del Sol y el 15M, las (mal llamadas) wikirrevoluciones, la iniciativa 15MpaRato o el proyecto para la nueva Ley de Transparencia.

Esta mañana a las 11:00 se ha lanzado oficialmente la campaña 15MpaRato, cuyo triple objetivo es:

1. Recopilar informaciones sobre Rodrigo Rato.
2. Hacer que a Rodrigo Rato le resulte insoportable vivir en España, forzando su exilio.
3. Que Rodrigo Rato sea condenado por la evidencia de las pruebas presentadas en el caso de que dichas pruebas confirmen un comportamiento delictivo.

Se plantean, a bote pronto, tres reflexiones rápidas pero no por ello triviales.

La primera reflexión es que 15MpaRato supone un giro hacia la proactividad en la búsqueda y difusión de información confidencial. Es decir, se hace una llamada explícita a hacer acopio de información sobre (en este caso) una persona física, en lugar de lo que, por ejemplo, realizaba Wikileaks cuyo modus operandi era de carácter más reactivo: recibía una información y, después, decidía cuándo y cómo difundirla. Aquí es al contrario: se fija el objetivo y se hace todo lo posible para recabar la información.

La segunda reflexión es que, como ocurre en tantas otras iniciativas iniciadas en una red virtual, de naturaleza colaborativa y distribuida, 15MpaRato supone llevar al terreno de la lógica de redes, de la lógica hacker, la carga de la prueba de un caso de derecho penal. Esto no es nuevo en el fondo (las llamadas a la población a «colaborar» son tan antiguas como el delito mismo) pero sí lo es en gran medida en las formas: como empieza a ser costumbre en los movimientos sociales descentralizados, a pesar de ser ahora identificable el movimiento con Mini-Leaks, es fácil que pronto no haya cabeza visible y, a medida que pasen las horas y los días, no haya cabeza alguna. Varios medios reproducen ya la noticia, las afiliaciones y ramificaciones se reproducen de forma geométrica, y cuánto más se imbriquen con otras redes y movimientos, será difícil identificar el liderazgo con una o varias personas. Sin cabeza, también se perderá el control del mensaje. Esto no es ni bueno ni malo, es así, y esta es la esencia de la reflexión: hasta en materia de derechos y delitos, tenemos ya ejemplos de movimientos en red cuya forma y fondo variarán en función de la composición de la misma.

La tercera reflexión es que 15MpaRato parte de la presunción de culpabilidad y el juego al equívoco entre juicio moral y responsabilidad penal. El hartazgo con la impunidad de una gran minoría no debería ser coartada para no cuidar las formas y para transitar por la delgada línea que separa el pedir justicia con el linchamiento público. Y pedir justicia en lo penal difiere completamente también de llevar a cabo un juicio — y sentencia — político. Es posible que Rodrigo Rato deba depurar determinadas responsabilidades en su desempeño de uno o varios cargos públicos. Y es incluso posible que Rodrigo Rato haya cometido delitos por los cuales deba responder ante la justicia. Pero en 15MpaRato no queda claro (o no me queda claro a mí) si se pretende un juicio de valores o un juicio por violar la Ley. O ambas. O ninguna, y solamente se pide el oprobio y el destierro moral y físico.

Pero si se quiere justicia, las formas son fundamentales. Y la iniciativa 15MpaRato hace malabares con ellas.

Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en Troya

Hace un par de años, en Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa? (PDF), argumentaba que, a mi parecer, el 15M no nació el 15 de mayo de 2011, sino que había nacido mucho antes, en particular el 13 de marzo de 2004, la noche del ¡Pásalo!.

Así, el 15M separaba dos fases o dos estadios en la historia de España de lo que después hemos venido a llamar tecnopolítica:

1. Una fase de toma de consciencia, de constatar que la información nunca más tendrá un único origen (institucional) ni un único sentido (de arriba abajo), y que la comunicación entre pares puede, ahora, darse a gran escala.
2. Una fase — iniciada por esa gran «prueba piloto» que es el 15M — donde se constatan nuevas formas ya no ya de información y comunicación, sino de articulación en red, con identidades descentralizadas y organización distribuida.

Se me antoja que a partir del 24 de mayo de 2015, después de las elecciones municipales (y en muchos casos autonómicas) en España, veremos la entrada de una tercera fase: la de la tecnopolítica desde dentro de las instituciones. Y creo que vale la pena hacer esta reflexión a una semana de las elecciones porque será, creo, independiente del resultado. Veamos porqué.

Primera fase: toma de consciencia

Repasemos la historia. El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones generales, sucede en España el ataque terrorista más sangriento de su historia. Sin entrar a juzgar sus autoría, sus causas o la respuesta del gobierno, en los siguientes días muchos ciudadanos pasan un doble punto de inflexión:

• La información no tiene una única fuente. Se puede ir a buscar o bien más allá de las propias fronteras, o bien más allá de las instituciones (gobiernos, medios de comunicación). Internet permite, no por primera vez, pero sí de una forma clara y contundente, constatar que la información puede y debe cotejarse, contrastarse, ponerse en duda de forma sistemática. Y que este ejercicio beberá de distintas fuentes, todas accesibles, a coste cero (o prácticamente), de forma plural, comentada, construida colaborativamente.
• Que la comunicación para la convocatoria de acciones deja de ser también vertical, jerárquica, incontestada, con origen institucional (partidos, sindicatos, la sociedad civil organizada) para ser plural, distribuida, descentralizada… incluso «anónima».

Por supuesto, había antecedentes. Indymedia llevaba años suministrando información «alternativa» o «independiente», las redes de hackers otros muchos otros colaborando y compartiendo, así como había las antiguas news, los canales de IRC y demás.

Pero querría insistir en esa «toma de consciencia» por el imaginario popular en general, si no global, sí multitudinario que se da esos días.

Es a partir de ahí que aparecen semillas importantísimas que darán fruto en la siguiente fase: V de Vivienda, Juventud Sin Futuro, Nolesvotes o la misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Segunda fase: la tecnopolítica desde fuera

El 15M es la puesta en escena, de forma total, como una gran prueba piloto de todo lo aprendido en los últimos siete años. Más allá de lo que sucede en las plazas — muy significativo, por otra parte — lo interesante viene después: articulación de asambleas, de grupos (llamemósles) sectoriales (corrupción, transparencia, vivienda…), asociaciones y, al final, nuevos partidos políticos.

En los cuatro años que separan el 15M del 24M hemos visto a la PAH dominar absolutamente la agenda mediática y política (y social) en materia de vivienda; a organizaciones como la Fundación Civio convertir en central la cuestión de la transparencia; al Partido X, 15MpaRato y otros luchar desde dentro y fuera contra la corrupción y el fraude político a gran escala.

Y hemos visto también a ese Partido X, a Podemos o a las distintas incorporaciones del originario Guanyem plantar batalla en el ámbito institucional, con más o menor éxito en las urnas, pero con un incontestable y sobre todo creciente impacto en lo social.

Todos ellos han operado con lógicas distintas a las tradicionales para informarse, comunicar(se), organizarse y actuar. Todos ellos con la tecnología como base. La lógica ha sido casi siempre, no obstante, de oposición dentro-fuera, institucionalidad-extrainstitucionalidad.

De nuevo, ha habido antecedentes — el Partido Pirata, sin lugar a dudas, el más importante — pero es la estela del 15M el que les pone el foco encima… para jamás retirarse.

Tercera fase: la tecnopolítica desde dentro

Creo que el escenario de después del 24 de mayo de 2015 será distinto de lo que habremos visto hasta la fecha. Con altísima probabilidad, muchas de las nuevas formaciones entrarán en los consistorios y en muchos gobiernos autonómicos.

Y, con independencia de si logran gobernar o no, entrarán para transformar la forma de hacer política. Querría insistir en este punto: será independiente de si logran entrar en los respectivos gobiernos. Primero, porque aunque logren entrar, la transformación será lenta — por las inercias y distinta dinámica de las instituciones (y las leyes sobre el buen gobierno españolas, pésimas todas ellas por haber nacido ya obsoletas y sin ambición). Segundo, porque lo importante será estar dentro, no mandar.

Me convencen de ello, ante todo, tres interesantes precedentes. El primero, el estupendo pero efímero Parlament 2.0 que el ex-president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, así como unos cuantos diputados (José Antonio Donaire, Carles Puigdemont, Quim Nadal y otros) logaron poner en marcha para abrir el parlamento y sus debates a la ciudadanía. El segundo, la mordaz oposición de Compromís en el gobierno valenciano con Mònica Oltra en cabeza, mostrando nuevas formas de hacer política, con el ciudadano, abriendo procesos, compartiéndolos. El último, la fantástica experiencia de las CUP primero en los municipios pero, especialmente, en el Parlament de Catalunya (con David Fernández como representante más destacado), subvirtiendo dinámicas, discursos, complicidades pero, y muy importante, sin caer en la negación de su estatus: ser parte de la institución — algo que otras formaciones antipolíticas promueven… desde fuera todavía.

Después del 24M, estas experiencias, estos puntos de vista, estas prácticas, estas organizaciones en red con toda seguridad entrarán en la política institucional de forma masiva. Gobiernen o no, con mucha probabilidad implantarán en su propia gestión interna las prácticas que los han aupado a la institucionalidad: transparencia, rendición de cuentas y, esencial a mi modo de ver, un gran foco en el proceso, en el cómo, en la replicabilidad de las prácticas y proyectos, en la obertura por definición, en la participación, en la codecisión.

Es de esperar, además, que siendo una transformación desde dentro, goce de una legitimidad que hasta ahora, la política institucional más cínica les ha negado por ser «política con minúsculas», política que «nadie ha votado».

Y es de esperar, también, y como el ejemplo de Irekia en el País Vasco, que sean prácticas que crucen puntos de no retorno, que una vez instauradas, sean difíciles de desmantelar. Y, con suerte, se expandirán y replicarán dentro y fuera, en las instituciones y en los partidos que las compongan y las organizaciones que tengan tratos con ellas.

Será, intuyo, creo, primero una lenta evolución para después ser una entera transformación. Dependerá — aquí sí — de la cuota de poder, de las complicidades con la sociedad civil, y del tiempo. Pero creo pensar que será, que, sí, será.

Muchos se han preguntado, estos últimos 4 años, dónde estaba el impacto del 15M. Bien, creo que ahora tendremos numerosas oportunidades de verlo. Y a diario.

Mis compañeros Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda y Silvia Martínez-Martínez acaban de publicar WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes. Este es un documento de trabajo que pertenece al capítulo español del World Internet Project que, como su nombre sugiere, investiga el impacto de Internet en la sociedad.

Este informe de investigación — de lectura más que recomendable — aporta evidencias sobre algunas cuestiones que llevan tiempo sobre la mesa y cuya evolución no hace más que reforzarse: la tremenda penetración de Internet en nuestra vida cotidiana y la casi total generalización de su uso; el incremento de la ubicuidad en ese uso, acompañada por el decrecimiento de miedos y problemas asociados a dicho uso; su tremenda utilidad para todo tipo de actividades intensivas en información; la consolidación de la educación (y no el acceso físico) como principal barrera de acceso y, relacionado con ello, Internet a su vez como potenciador de la formación y el aprendizaje; o la paulatina normalización del entretenimiento en línea (videojuegos u otras actividades) como una opción más en el tiempo libre. En definitiva,

[Una] cultura [que] se caracteriza por valorar de forma significativa factores como la diversión, la eficiencia instrumental y las vías de sociabilización frente a los problemas o riesgos que se asocian a estar conectado a Internet.

¿Todo son buenas noticias? No, todo no: llama la atención la percepción de regresión que parecen tener las libertades políticas en Internet. Dada la naturaleza del documento, los autores se limitan a presentar los datos, pero vale la pena detenerse un momento a analizar lo que ocurre y, en la medida de lo posible, a aventurar causas y consecuencias.

Lo importante — para mí, o para esta reflexión — no son tanto los valores absolutos, si son muchos o pocos los que opinan en un sentido o en otro, sino la tendencia, el cambio que se da de 2011 a 2013, los dos puntos de medida que realiza el estudio.

¿Y qué nos dicen las tendencias? Estos son los datos presentados gráficamente:

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Fuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

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Fuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

Es decir:

• Los ciudadanos se sienten menos cómodos expresando sus opiniones políticas en Internet.
• Internet cada vez es un espacio menos seguro para opinar sobre política.
• Internet ve reducida su eficacia para la acción política.
• Empeora la percepción de Internet como ágora de deliberación política.
• Los agentes políticos prestan menor atención a lo que la gente piensa o le preocupa (en Internet).

Estas percepciones son, como poco, chocantes. El bienio 2011-2013 se compone de los dos años posteriores a la Primavera Árabe, el 15M, la total hegemonía de la PAH en materia de vivienda con sus centenares de movilizaciones y nodos, la puesta en marcha de iniciativas como el Partido X o 15paRato o la Fundación Civio o ¿Qué hacen los Diputados?. En definitiva, la entrada en la temprana madurez de la tecnopolítica en España, con resultados nada desdeñables.

¿A qué puede deberse, en cambio, esta percepción que tiende a la decepción o, incluso, al miedo?

Una interpretación rápida, incluso fácil, es decir que (por fin) las cosas vuelven a su sitio, que se rompe el espejismo de Internet como paladín de la participación política, que la política «real» es más compleja, y que se termina ese solucionismo tecnológico que pregona que hay una app para cada problema.

Esta explicación tiene, como mínimo, dos problemas.

1. Choca, directamente, con resultados tangibles que prueban lo contrario. Sí, es cierto que algunos de esos resultados se han hecho tangibles, precisamente, durante 2014 (Podemos, el impacto de OpEuribor, el destape de la trama Gürtel y sus ramificaciones). Pero, aún así, hay demasiados ejemplos de éxito, de transformación que no puedan al menos paliar ese gran desencanto que muestran los datos.
2. Al fin y al cabo, certificar el fin del espejismo de la Internet política no es sino otra descripción del fenómeno, pero sigue sin alumbrarnos sobre sus causas.

En mi opinión, aventuro dos causas que, a pesar de los esperanzadores resultados de muchas iniciativas relacionadas con Internet y la política, vendrían a contrarrestar e incluso cambiar de signo el papel de la percepción de Internet como empoderadora de la ciudadanía en la gestión de lo público.

1. El empeoramiento del clima político en general. Puede que a estas alturas sea una obviedad que, junto con el paro, la corrupción es uno de los principales problemas de España. Pero esto se ha agudizado muy especialmente a partir de mediados de 2013, iniciándose en marzo de 2004 y acelerándose la tendencia justo en 2011. La situación política actual es una tormenta perfecta que repite los peores momentos de la corrupción del último felipismo con las peores prácticas del primer post-azanarismo (la infame Crispación). A la corrupción y al bronco clima de constante descalificación política se le suma el absoluto ninguneo y desprecio generalizado del representante político para con los ciudadanos. Así, cabría achacar el desencanto por el poder transformador de Internet no tanto a una constatación del menor potencial de las herramientas digitales, sino al redoblar de esfuerzos que las instituciones (ejecutivos, legislativos, partidos, poderes judiciales, medios de comunicación, sindicatos) han invertido en actuar al margen — cuando no en contra — del ciudadano.
2. Este ninguneo de la acción ciudadana por todos los medios, entre ellos los digitales, ha venido acompañada, a mi entender, de un ataque directo y muchas veces explícito contra esos mismos medios, entre ellos, Internet. Es decir, no solamente el clima político ha empeorado de forma manifiesta y se ha generado un antagonismo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, sino que, además, estas últimas han trabajado con empeño para destruir las herramientas que podían haber equilibrado la relación de poderes, cuando no contribuido a solucionar el problema. Valgan como ejemplo las 10 medidas contra la libertad de expresión que apuntaba hace unos días, entre ellas un asedio a Internet desde el ámbito de la transparencia, la propiedad intelectual u otras acciones atacando directamente diferentes manifestaciones de la libertad de expresión — libertad que, precisamente, reclaman para Internet los encuestados en el estudio referido al principio.

En resumidas cuentas, parecería que cuanto más se materializa el potencial de Internet como herramienta de participación y transformación política, más refractarias se vuelven las instituciones, más se cierran en sí mismas y, en última instancia, más responden negativamente contra aquello que las «amenaza» — entendiendo, claro, el acceso a las instituciones políticas como el control del poder y no como la gestión colectiva de lo público. Y siendo el resultado final una desactivación de dicho potencial en el imaginario colectivo.

Sea como sea, sean estas las razones o sean otras, la pérdida de confianza en el poder transformador de Internet es un gran logro, se mire como se mire.

El pasado 11 de septiembre de 2013, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó a los catalanes a salir a la calle y formar una cadena humana. Una Vía Catalana por la independencia inspirada en la Vía Báltica de finales de los ochenta que en Estonia, Letonia y Lituania pidió abandonar la URSS. La convocatoria movilizó, según fuentes oficiales, unas 1.600.000 personas a lo largo de los aproximadamente 400 Km sobre los que transcurría la vía.

De la misma forma que expuse mis razones para participar en la vía — básicamente por una cuestión de apoyar la opción dialogada o democrática de abordar las diferencias — creo conveniente compartir ahora mis reflexiones al respecto. A estas alturas no serán ya originales, aunque sí espero aportar un punto de vista sobre una pregunta recurrente: ¿por qué van a ser diferentes la política o la corrupción en una Catalunya independiente de una Catalunya dentro de España?

La vía de la sociedad civil

Empecemos por algo que ha sido debatido y puesto de manifiesto hasta la saciedad en medios y tertulias diversos: la vía catalana fue una demostración del poder de la sociedad civil. Sin subvenciones, sin partidos detrás, sin sindicatos, la Vía Catalana fue organizada por una muy joven organización ciudadana y con la concurrencia de unos 30.000 voluntarios.

Pero esta interpretación se queda corta: si hay algo que destacar de la organización de la Vía Catalana, no es que fuese capaz de coordinar un ingente dispositivo logístico — que lo hizo — sino que facilitó la participación de otras entidades de forma bastante descentralizada. Así, la ANC fue en muchos casos más plataforma que jerarquía: dispuesta la cuadrícula sobre el mapa de Catalunya, fueron a menudo las entidades locales las que tomaron la iniciativa de la organización y dinamización de la actividad en sus respectivos lugares. Hubo simulacros, actos espontáneos, vías alternativas conectadas con ramal principal, coordinación entre tramos y entidades sin pasar por el centro de la red. Se creó una “marca” Vía Catalana que otros pudieron utilizar, enriquecer, apropiarse, hacerse suya, utilizar, identificarse con ella.

Dicho esto, se le hace a uno hasta jocoso leer que se atribuya, una y otra vez, a algunos partidos y a algunos políticos en particular la responsabilidad y el éxito del auge soberanista e independentista en Catalunya. En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Que algunas formaciones y “líderes” sean capaces de arrimar el ascua a su sardina, hacer pasar el agua bajo su molino o surfear la ola, no significa que hayan sido capaces de prender fuego alguno, canalizar ningún agua y, ni mucho menos, generar una ola.

Vuestros políticos no son mejor que los nuestros

Esta frase, con variantes cambiando políticos por democracia o su ausencia, es lugar común como argumento para debilitar las razones para la independencia. Y es cierto que no hay motivo alguno para creer que las cosas deban cambiar por el solo hecho de independizarse Catalunya: en general, mismos partidos, mismas instituciones, misma corrupción, mismas (por ahora) leyes, etc.

¿Entonces?

Hay una diferencia: una sociedad civil fuertemente coordinada.

Recuperemos tres fechas clave en el movimiento soberanista catalán:

• El 10 de julio de 2010, donde la sociedad civil catalana sale a la calle para fiscalizar a las instituciones políticas y judiciales españolas a raíz del no del Tribunal Constitucional al nuevo Estatut.
• El 11 de septiembre de 2012, donde la sociedad civil catalana da la espalda al estado español para interpelar directamente al Parlament de Catalunya.
• El 11 de septiembre de 2013, donde la sociedad civil catalana se reafirma en su deseo de convocar una consulta, con o sin las instituciones.

¿Con o sin las instituciones? Recordemos que a lo largo de 2009 y 2011 ya hubo consultas populares a lo largo y ancho del principado. Y que ante la duda del President de aplazar la consulta a 2015 o 2016, el mensaje de la Vía Catalana fue totalmente inequívoco. Y fuerte.

Bien, ¿qué tiene que ver esto con la afirmación que la independencia cambiará la forma de hacer las cosas en Catalunya? En mi opinión, si bien la materia prima es la misma (una baja calidad democrática por unas instituciones políticas totalmente gangrenadas), la vigilancia que hace la sociedad civil es feroz. La petición de transparencia sobre el proceso, la muy exigente rendición de cuentas y auditoría sobre la evolución del mismo, hacen que la sociedad civil catalana esté muy encima de las instituciones, no por encima, sino sobre ellas, fiscalizándolas, contrapesándolas y, a menudo, marcando el rumbo a seguir.

¿Es esto condición suficiente para afirmar que la independencia obrará cambios radicales en materia de gobernanza? En absoluto: la independencia no es para nada un ejercicio neutral que no dependa de las rémoras del pasado. Pero se hace comprensible que muchos sí crean que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, ello pueda comportar alguna diferencia. Dicho de otro modo, el alto nivel de compromiso y activismo de una buena parte de la sociedad civil catalana hace posible que un hipotético proceso constituyente en Catalunya pueda ser mucho más participado — y por tanto regenerador — que no, por ejemplo, el proceso constituyente español de 1978.

Hablamos, insisto, en términos de abrir nuevas posibilidades, de incrementar una probabilidad, y no de certezas, que dependerán muy mucho de otras variables en distintos contextos. Pero tenemos ya interesantes muestras del poder de articular redes de participación en la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, la iniciativa 15MpaRato para juzgar al expresidente de Bankia, o el exitoso (aunque silenciado) OpEuribor para denunciar lo arbitrario de la fijación del Euribor como tipo de referencia para los precios de las hipotecas.

Llegados a este punto, vale la pena reflexionar sobre lo grave que resulta que la participación de la ciudadanía en política sea percibido como algo excepcional, singular, extraordinario, incluso como una injerencia o una amenaza. Tan extraordinario que todavía cueste creer — e incluso se niegue — su papel determinante por encima del liderazgo de partidos y representantes. Tan amenazante que se olvide por completo quién es el pueblo soberano y quién su representante.

ZoomNews acaba de publicar la pieza El 15-M pasa de las acampadas a la acción, de Aurora Muñoz, sobre cómo ha evolucionado el movimiento del 15M en los últimos meses y, sobre todo, analizar cuál ha sido su impacto — si es que lo ha tenido.

La invitación de Aurora Muñoz de participar en el reportaje me pilló de viaje y cuando tuve tiempo de responder a sus preguntas, el artículo ya estaba cerrado. Copio aquí las respuestas que le di y que complementan (en el sentido de que no desmienten, sino todo lo contrario) lo que otros han aportado en el artículo original:

Muchos se quejaban al nacer el 15-M de que aquella acampana tenía fines inconcretos y no materializaba su actividad en nada. ¿Crees que el inmovilismo de Sol sirvió?

No comparto la idea de que el 15M no tuviera fines concretos (y me sorprende la expresión «inmovilismo», dicho sea de paso). Considero que el problema de los fines — unas veces explícitos, otras muchas veces tácitos — del 15M es que no eran unos fines que pudieran medirse con los indicadores habituales de la política institucional, a saber: apoyo a un partido político, sentido del voto en unas elecciones.

El primer gran objetivo de las acampadas era crear un ágora de debate, un punto de encuentro que facilitase el diálogo entre los ciudadanos. Estos, afectados por diversas crisis (paro, acceso a la vivienda, acceso al crédito, exclusión de la toma de decisiones) encontraron en las acampadas uno de los pocos lugares donde compartir sus inquietudes y, muy importante, darse cuenta que detrás de todas ellas había un denominador común: una profundísima crisis de gobernanza.

El segundo objetivo — que ya se avanzaba en el lema de Democracia Real Ya —, era llamar la atención de los tomadores de decisiones en general, y de los representantes públicos en particular, sobre esa crisis de gobernanza, crisis que se intuía al iniciar las acampadas y cuyo desarrollo acabó corroborando.

Estos dos objetivos — crear espacios de diálogo, apelar a determinados agentes sociales para que transpusiesen esos espacios de diálogo en las instituciones – no eran en absoluto inconcretos, pero escaparon, ciertamente, a las antenas de partidos, parlamentos, gobiernos y medios de comunicación, sintonizadas para escuchar los anquilosados barómetros políticos y sociológicos.

Si nos apartamos, no obstante, de los indicadores habituales y, sobre todo, abandonamos el cortoplacismo, hay hoy en día, casi dos años después, muchas cosas que no se pueden explicar sin la existencia del 15M:

• El gran apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el suceso paradigmático de la aceptación de la tramitación de la ILP para la dación en pago.
• La acentuación de la desafección política, también entre los votantes de la derecha.
• El éxito de iniciativas como 15MpaRato, el anuario de MediaCAT, etc.
• La puesta en la agenda pública de cuestiones como la transparencia (Ley de Transparencia, aunque por supuesto muy mejorable), la corrupción (con propuestas de pactos y leyes contra esta lacra, con mayor contundencia de los juzgados), la seguridad (acoso contra los abusos policiales, con comisiones de investigación, dimisiones y juicios en varios casos), la crítica mordaz al partidismo de los grandes grupos de comunicación, etc.

¿Podríamos decir, dos años después, que aquella ola de indignación ha venido para quedarse?

Preferiría pensar que lo que se ha quedado es un mayor compromiso de la ciudadanía en las cuestiones públicas. Creo que es innegable que la participación ciudadana ha aumentado en los últimos años, aunque, de nuevo, esta pase desapercibida en los principales indicadores al respecto.

Ello es así porque la arquitectura interna de los partidos, junto con la existencia de las muchas herramientas que proporciona Internet, ha significado un paulatino abandono de la participación representativa o institucional, pivotando hacia figuras extra-representativas como las manifestaciones y acampadas, ateneos y centros cívicos, plataformas ciudadanas, y campañas de ciberactivismo. Todo ello fuera de — y a menudo a pesar de o incluso contra — las instituciones democráticas — gobiernos, parlamentos, partidos, sindicatos y ONG —, por lo que es menos visible (acentuado por el ninguneo de los grandes medios de comunicación), pero no por ello inexistente.

En este sentido, la “indignación” no solamente se está quedando, sino que está más activa que nunca. Seguramente no con la masificación de las plazas durante la segunda quincena de mayo de 2011, pero sí de una forma más profunda y, ante todo, más consciente: si tomamos los datos del CIS, vemos que hay un punto de inflexión en los días 11 al 14 de marzo de 2004, a partir del cual sube la desafección en paralelo a un mayor sentimiento de empoderamiento del ciudadano, que tiene a su disposición muchas más herramientas que antes (en el 11M, los SMS; en el 15M las redes sociales) para autoorganizarse y para poder llevar su agenda política a cabo.

¿Qué evolución se ha observado en este tiempo?

Como ha ido ocurriendo en los últimos 10 años donde Internet ha ido moldeando mucha de la participación ciudadana, la evolución del 15M ha ido en la línea de abandonar grandes ideales para ir a apoyar y poner en práctica causas concretas, a menudo muy cercanas al ámbito de lo local: debates y asambleas en centros cívicos y ateneos, dación en pago, 15MpaRato, las distintas mareas por los servicios públicos, los movimientos por una mayor transparencia y abertura de los gobiernos, la denuncia sistemática de la corrupción a través de plataformas y redes ciudadanas. Muchas de estas iniciativas no vienen pilotadas por partidos, sindicatos u organizaciones no gubernamentales al uso — aunque haya podido haber adhesiones y apoyos — sino que se inician en el seno de la sociedad civil no institucionalizada (podemos abandonar ya el “no organizada”).

La evolución del movimiento del 15M sigue una pauta que ya se ha podido ver, por ejemplo, en el terrorismo islamista promovido por Al-Qaeda: en una primera fase se genera un imaginario, un discurso, unos objetivos generales, para que, en una segunda fase, cada célula aplique a su caso particular el paraguas ideológico del movimiento. Por supuesto, hay dos grandes diferencias entre el 15M y Al-Qaeda: la primera es su carácter cívico, democrático y decididamente constructivo; la segunda, de una relevancia crucial, es la ausencia de un líder identificable, lo que la hace más resiliente, flexible y ágil para responder a las diferentes casuísticas de los problemas que afronta en todo el territorio español.

¿Qué retos le quedan por afrontar?

Sin lugar a dudas el gran reto es el impacto institucional. Si bien antes decíamos que el 15M ha tenido un impacto indudable aunque este haya quedado fuera del ámbito de las instituciones, ello no significa que el impacto institucional no sea un área a la que deba aspirar.

El principal motivo de deber aspirar a impactar en las instituciones radica en la diferencia entre empoderamiento y gobernanza. El primero se refiere a la libertad o al poder para actuar dentro de un sistema. En este sentido, el 15M ha empoderado y mucho a los ciudadanos al proporcionarles herramientas, argumentos, confianza o la fuerza de la comunidad para poder hacer oír su voz e intentar conseguir logros en el respeto de libertades y el ámbito socioeconómico.

La gobernanza, por otra parte, se refiere a la posibilidad no de actuar dentro de un marco, o de un sistema político-económico, sino de poder cambiar su diseño, de gobernar dicho sistema además de lo que ocurre en él. Y este es el terreno de las instituciones, que son las que dictan las leyes, regulan las relaciones entre los agentes – políticos y económicos – tanto a nivel estatal como, sobre todo, a nivel supranacional.

Sin lugar a dudas, el impacto institucional es muy difícil que pueda darse sin una complicidad “desde dentro”. De ahí la fundamental importancia no de eliminar el Congreso, sino de “ocupar” el Congreso, ya sea directamente (substituyendo un partido por otro, como sería el caso de las CUP en Catalunya) ya sea indirectamente logrando incorporar cambios sistémicos en los programas de los partidos que actualmente tienen representación. Aunque este último caso requiere, decíamos, la complicidad de los actuales inquilinos de los Parlamentos, inquilinos que, con todavía contadas excepciones, siguen con sus antenas sintonizadas en canales donde hace tiempo solamente aparece la carta de ajuste.