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La semana pasada me entrevistó Raúl Cosano para el Diari de Tarragona a raíz de la noticia de que El 27% de municipios incumple la ley por no rendir cuentas a tiempo.

Estuvimos charlando un buen rato y lo que sigue es la entrevista que se publicó el pasado domingo 5 de enero de 2014. Agradezco a Raúl las buenas preguntas, que me obligaron a poner en orden algunas ideas :) Algunas afirmaciones han quedado algo categóricas por la necesidad de abreviar.

La ley de transparencia es de las peores del mundo

¿Vamos en la buena dirección en cuestión de transparencia?

No, no lo creo. No estamos mejorando. La nueva ley de transparencia nace caducada, es muy floja y da una coartada a los que no quieren ser transparentes. Es una ley muy mala que permite a los que la han hecho decir que han cumplido. Deslegitima las peticiones para pedir más y agota el debate. Es de las peores leyes del mundo.

¿No mejora lo que había?

Es más que no tener una ley, claro, pero objetivamente es muy poco ambiciosa y cierra el debate, nos estanca. Es igual que la ley de la dación en pago. ¿Estamos mejor ahora que antes? No. El recorrido parlamentario se agotó.

¿Se ha progresado al menos en términos de mentalidad?

Es verdad que en los últimos dos o tres años ha habido una presión muy grande hacia las administraciones. Se está creando un sustrato o un estado de opinión para que las administraciones se abran. Los casos de corrupción también han puesto el tema sobre la mesa y hay más gente concienciada, pero no hay nada más, más allá de ejemplos puntuales.

¿Para aparentar?

Son ejemplos de cara a la galería. El portal de transparencia de la Generalitat es muy deficiente, igual que lo que hacen los ayuntamientos, pero no vayamos al origen, sino al destino: ¿Qué puede hacer el ciudadano sobre esos datos? ¿Y de qué forma?

Un ejemplo interesante es la web del Congreso. Es antigua pero ha hecho un esfuerzo grande de pasar a lenguaje XML. Se puede trabajar de forma automatizada, para que se presente de forma visual.

Y ahora vamos al tema de la calidad. Que pongan los datos está bien, pero luego cuesta mucho encontrar esta información. Los concursos, por ejemplo, sí están publicitados pero saber cuánto dinero ha ingresado una empresa de todas las administraciones de España es complicado, cuando a nivel tecnológico se puede hacer con un solo clic. Eso sería transparencia.

¿Qué tiene que cambiar?

Fundamentalmente, dos conceptos. Los gobiernos creen que la información es suya, y no: es del ciudadano. El gobierno es un mero intermediario que usa los datos para gestionar la cosa pública. Eso es muy importante tenerlo en mente. Ese señor que coge los datos del ciudadano y los usa para tomar decisiones está de prestado. A veces parece que los datos sean del gobierno, que tiene a bien compartirlos contigo.

Es una mentalidad antigua.

Hay que cambiar la perspectiva. Si antes el ciudadano no tenía esos datos es porque era carísimo, era insostenible enviar los datos a todo el mundo. Ahora, con Internet, todo está mucho más claro.

¿Dónde más hay que mejorar?

La segunda cuestión es ver qué está abierto y qué cerrado. Antes tenía sentido que los datos fueran cerrados por el coste de enviar un papel. Esa perspectiva de ‘por defecto es cerrado’ y si alguien lo pide, lo abro, ahora tiene que ser al revés, aprovechando la digitalización: todo es abierto y lo que no se puede saber, se protege. Por defecto, todo es abierto y después cierras. Y si el problema es la protección de datos, se pueden anonimizar. No hace falta saber los nombres.

En La Ley de Transparencia veta el acceso a la información y la participación ciudadana, el colectivo Qué hacen los diputados informa de la aprobación de la Ley de Transparencia, en cuyo trámite final se han incorporado una serie de enmiendas parciales que vienen a restringir aún más su alcance.

Una de estas enmiendas incluye la creación del órgano que vendrá a velar por el buen desarrollo de la Ley de Transparencia: el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tiene en esencia un papel similar al que podría tener el Tribunal de Cuentas, repartiéndose entre ambos la tarea de «controlar al controlador» en el ámbito informativo y en el ámbito presupuestario, respectivamente. Una buena regla del nueve para comprobar cuán honesto es el legislador al crear un órgano como el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno o como el Tribunal de Cuentas es mirar a la composición del mismo o, todavía mejor, a la forma de nombrar a sus miembros.

Como se puede ver en la tabla, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tiene ocho miembros cuyo nombramiento (directa o indirectamente) se reparten a partes iguales el Gobierno y las Cortes Generales. El presidente lo nombra directamente el Gobierno (referendado por las Cortes). Hay un representante de la AEPD, cuyo presidente lo nombra el Gobierno; un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, parte del gobierno por construcción; y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, autoridad que también nombra el gobierno. Por otra parte, forman parte del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno un diputado y un senador que, también por construcción, salen de las Cortes; un representante del Tribunal de Cuentas, tribunal elegido por las Cortes y que, de facto, es un reparto de exdiputados, exsenadores y personas afines a los dos grandes partidos del Parlamento; y un representante del Defensor del Pueblo, a su vez también nombrado por las Cortes en el mismo régimen que el Tribunal de Cuentas.

En otras palabras, el Consejo encargado de evitar que los políticos manoseen la democracia entre bambalinas está en manos… de esos mismos políticos. Igual que el Tribunal encargado de evitar que los políticos manoseen el dinero público entre bambalinas está en manos de esos mismos políticos.

Y no solamente «esos mismos políticos». Ni tan siquiera hay una pluralidad de colores en el Consejo de la Transparencia o el Tribunal de Cuentas, dado que el reparto se ciñe en la práctica y en su mayoría a los dos grandes grupos del hemiciclo.

¿Cómo se podría mejorar la composición de estos órganos? Dejando al margen la obviedad de aumentar la paleta de colores políticos de sus miembros, por supuesto con miembros de la sociedad civil. Entre ellos:

• Representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajen para la transparencia y la rendición de cuentas.
• Representantes de los medios de comunicación.
• Altos funcionarios del estado (de carrera, no cargos políticos) especializados en aquellos ámbitos.
• Jueces y fiscales.
• Académicos.

¿Poco operativo? No hace falta que estén muchos de cada grupo. Ni siquiera que estén todos los que ahora ya están.

Por otra parte, si se cree interesante mantener a los actuales miembros por cuestiones técnicas (por ejemplo, el representante de la AEPD para que vele por la legalidad de la información abierta al público) siempre puede crearse un pequeño comité técnico que trabaje a ese nivel (de coordinación entre administraciones, de velar por la legalidad o la interoperabilidad de los datos abiertos, etc.), mientras que el Consejo propiamente dicho trabaje en un plano estrictamente político y de supervisión del despliegue de la Ley de Transparencia.

Ser transparente no es una cuestión técnica, sino una cuestión de actitud. Una actitud que el legislador jamás tuvo. Todo por la transparencia sin la transparencia. La resultante Ley de Transparencia resultará, en muchos aspectos, peor que no tener una Ley de Transparencia.

Nos recuerda Qué hacen los diputados que el Artículo 15 del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno contempla la exclusión de la ley de informes o comunicaciones internas, es decir, se excluye del alcance de la ley muchos tipos de información — como notas, informes internos o comunicaciones internas.

Esta exclusión es especialmente grave por al menos tres motivos.

El primero, y seguramente el más importante, es de concepto, sobre qué entendemos por transparencia en el s.XXI, en la Sociedad de la Información, en plena Revolución Digital. Dice el punto (1.e) del Artículo 15 del Proyecto de Ley que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes […] que sean manifiestamente repetitivas. Es decir, la información hay que pedirla y será (o no) concedida. Bien, en un nuevo paradigma informacional como en el que estamos entrando, la información es abierta por defecto y lo excepcional es cerrarla. No ha lugar, pues, ni pedir ni conceder acceso.

Y que la información sea abierta por defecto significa que esa información (punto 1.b) que tiene carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas también, toda esa información y comunicaciones suceden en abierto, a la luz del día, por la Administración pero para los ciudadanos. Para mí este aspecto es más que fundamental, ya que marca el tono y el espíritu de una ley (de transparencia en el siglo XXI) u otra muy distinta (de servicios de información al ciudadano en el siglo XIX).

La segunda cuestión es que toda esa información es del ciudadano, que la ha pagado con sus impuestos. Pensar que esa información solamente servirá para la toma de decisiones a nivel gubernamental y que no puede tener ningún otro uso a otros niveles (ciudadanos, empresas) es, como poco, excluyente.

El acceso a la información pública, además de por cuestiones de concepto (punto anterior) o cuestiones políticas (punto siguiente), debe fundamentarse en un hecho incontestable: la soberanía reside en el ciudadano, y es este quien debe tener acceso a toda la información que le permita o bien tomar sus propias decisiones, o bien proponer medidas de acción, o bien, en una democracia representativa como la nuestra, al menos fiscalizar a quienes proponen medidas de acción y las llevan a cabo.

No obstante, además de la cuestión económica — de quién ha pagado esos informes, que sería una condición más que suficiente y con pocas excepciones — sino, y sobre todo, política. Es aberrante que gobiernos, administraciones o parlamentos gasten ingentes cantidades en crear informes que apoyen su toma de decisiones y en cambio no lo compartan con sus ciudadanos para que estos puedan monitorizar y evaluar los procesos de toma de decisiones en los organismos públicos.

Solamente si los procesos son abiertos podremos comprobar si nuestros representantes van al Parlamento con los deberes hechos. Si los documentos «accesorios» o «de apoyo» no son públicos, podemos tender a pensar que o bien no existen — y nuestros representantes basan sus decisiones en apriorismos y visceralidades ideologizantes — o bien que existen pero no quieren mostrarse porque probablemente violan el contrato electoral firmado con el ciudadano.

Es descorazonador ver una Ley de Transparencia que va a nacer ya tan desfasada, tan fuera de lugar, tan descontextualizada. Y desfasada, fuera de lugar y descontextualizada no solamente en relación a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, sino, y sobre todo, en relación a los principios democráticos que deberían guiarla. Esta es una ley que, amparada en la «publicidad activa» olvida la apertura en el diseño y por defecto.

En la mesa De la digitalización de la administración hacia el gobierno abierto y la Gobernanza pública que tuvo lugar en el Foro de la Gobernanza de Internet el 23 de mayo de 2013, su relator Miguel Ángel Gonzalo escribía: La batalla principal por la transparencia está dada y ganada desde el momento en que se incorpora a la primera línea de la agenda política. Una afirmación con la que no puedo discrepar más. Lo que hace incorporar una cuestión a primera línea de la agenda política es desactivarla: se puede desactivar para bien — porque se debate y se acaba resolviendo — o se puede desactivar para mal — porque se genera ruido y se da la sensación de que el tema está agotado. Sucedió ya con la cuestión sobre los desahucios donde la política se mostró más como problema que como una solución. Y se está demostrando con este todo por la transparencia pero sin la transparencia.

El actual Proyecto de Ley de Transparencia desembocará en un estado peor al que teníamos: una mala ley, que legitima la opacidad por sistema y la apertura como excepción, pero que agotará el debate y dará por zanjado el asunto por muchos años. Mucho andar para no moverse de sitio, pero agotados del camino.

Dentro del Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se han programado una serie de comparecencias de la sociedad civil para que hagan reflexiones y contribuciones previas a la tramitación de dicha ley.

Mis reflexiones personales alrededor de ese Proyecto de Ley, así como de la correspondiente ponencia en el Parlament de Catalunya, pueden leerse en:

• Ley de Transparencia: de la publicación de datos al trabajo en abierto
• Todo por la transparencia sin la transparencia
• Ley de Transparencia Catalana: la propuesta de Iniciativa per Catalunya Verds

Vista la evolución tanto del Proyecto de Ley en el Congreso como de la ponencia en el Parlament, mi sensación es de desazón cuando no de desconfianza.

No obstante, si llegase a superar dichos sentimientos y tuviese que resumir muy brevemente lo que debería ser la transparencia en las instituciones públicas, mis puntos clave se parecerían a los siguientes:

• Negación rotunda de los ejercicios de transparencia. La transparencia es, no se hace. La transparencia está en el diseño de las instituciones, no en ejercicios ad hoc. La transparencia se inicia desde el mismo momento que se concibe un proyecto o una institución — concebir, a diferencia de crear, incluye el porqué y para qué de ese proyecto o institución, se acaben poniendo en marcha o no.
• La transparencia afecta absolutamente a todas y cada una de las instituciones, organizaciones y ciudadanos (a) que reciban financiación pública y (b) cuya actividad impacte en la toma de decisiones públicas, así como a todos y cada uno de los datos relacionados con las dos cuestiones anteriores. La transparencia afecta, también, qué hace un particular con una subvención; o afecta, también, con quién, cuándo y para qué se reúne un cargo público con un particular. Si no se quiere renunciar a la «privacidad» y no hacer público cómo se gasta la subvención o parte de la agenda de uno, habrá que renunciar a la subvención o a la reunión con el cargo en cuestión.
• La forma de trabajar por defecto es en abierto. Lo pide el ejercicio de la democracia y lo permite la tecnología. Pensar en «abrir cosas» o en «hacer transparentes cosas» es pensar en instituciones que trabajaban en papel y, en consecuencia, trabajar en abierto tenía costes inasumibles. Sin estos costes, lo único no asumible son las cuestiones de seguridad y privacidad: esto es lo que debe marcar qué se cierra. La no transparencia es la excepción; la norma es el trabajo en abierto.
• Corolario de lo anterior, los puntos de partida y los procesos deben ser transparentes, y no únicamente los resultados finales.
• Segundo corolario: cualquier nivel de agregación es ofuscación. La transparencia debe ser absoluta y total, en vertical y en horizontal. Si los datos se entran de uno en uno, así deben ser accesibles a la ciudadanía. Las agregaciones ya se harán después según la conveniencia y manejabilidad de uso en cada caso.
• La transparencia requiere necesariamente vías de retroalimentación. No hay transparencia sin participación ni participación sin transparencia. Por eso la transparencia es, no se hace.

En una nota aparte, uno preferiría no entrar en si los datos abiertos o la transparencia pueden tener un impacto en la economía, en la generación de iniciativas de emprendimiento alrededor de dichos datos abiertos. Aunque es una derivada interesante, creo que hay que relegarla a la fase del «cómo» se hacen instituciones transparentes y cómo se sufraga esa inversión.

Pero considero que hablar de la transparencia en términos de eficiencia y eficacia económica es la misma trampa en la que caemos cuando hablamos de la sanidad o la educación en esos mismos términos. La transparencia debe debatirse en términos de calidad democrática, así como la sanidad en términos de equidad y la educación en términos de libertad. La eficiencia y la eficacia, si bien necesarias, pertenecen a otro debate: al debate de cómo hacemos posible lo que deseamos.

El 7 de julio de 2011 se constituía en el Parlament de Catalunya la Ponencia conjunta de la proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública. Con el avance de las elecciones y la disolución del Parlament a finales de 2012, el trabajo de dicha ponencia ha quedado, al menos en términos formales, prácticamente en nada: una mera mención a su composición en la página web de la Comisión de Asuntos Institucionales (lo que significa que hay que saber muy bien dónde buscar y cómo).

Seguramente la información no se ha perdido y obra en poder de uno o varios diputados y personal del Parlament. Y seguramente la Ponencia se relanzará. Y seguramente se empalmará allí donde quedó el debate. Pero, para el ciudadano, todo está perdido y todo empieza de nuevo: toda una metáfora de cómo no debe afrontarse un debate sobre la transparencia. Uno de los principios fundamentales de la transparencia es que el proceso de toma de decisiones también debe ser abierto, público, participativo. Esto debería figurar en la futura Ley de transparencia catalana — y en cualquier otra — y la mejor manera de darle valor y sentido es poniéndolo en práctica desde el momento cero del proceso de gestación de dicha Ley de Transparencia.

Sea por este motivo o sea por oportunismo político — que cada uno decida según la información y simpatías que tenga — Iniciativa per Catalunya Verds ha lanzado una Proposición de ley de transparencia y acceso a la Información. Hay algunos principios en dicha propuesta de Ley que creo que vale la pena tener en cuenta, sobre todo por cuánto la distancian del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del gobierno de España.

1. Al margen de los motivos que haya detrás de la publicación de dicha propuesta en este momento en particular, insisto, es muy interesante que las propuestas de cada partido, así como las posiciones de otros agentes consultados se conozcan de antemano, se puedan consultar, se puedan debatir, se pueda trabajar con ellos. En definitiva, que los procesos de información y deliberación sean también abiertos. Es bueno que se sepa cuál es la aportación de todos los grupos de la Cámara a una ley. Y en negro sobre blanco.
2. La segunda cuestión, seguramente la más importante, es la aproximación diametralmente opuesta de la propuesta de ICV a la que en su momento conocimos del Gobierno español. Mientras este último perpetúa el paradigma de que la información (pública) es «propiedad» del gobierno y solamente se abre a petición del ciudadano, la propuesta de Iniciativa asume que, en una sociedad digital, lo que procede es todo lo contrario: la información (pública, no nos cansemos de incidir en este aspecto) debe ser abierta y accesible por defecto. Y solamente en casos excepcionales (p.ej. por motivos de seguridad, de coste, de privacidad, etc.) dicho acceso se restringirá o deberá solicitarse de forma explícita.
3. Es más, más allá de una cuestión relacionada estrictamente con la gestión de la información, la propuesta de Iniciativa hace hincapié en otra cuestión fundamental: la transparencia no es solamente una cuestión de cómo gestionar el «producto» de la acción política, sino que la transparencia significa una radical transformación en la forma de comprender la organización de la acción política. Así, de lo que se trata no es de (solamente) abrir la información, o de (incluso) abrir el proceso, sino de trabajar de una forma distinta: directamente en (la) red, directamente en formatos digitales, directamente en formatos y estándares abiertos. Hay una diferencia fundamental entre estar en la Red y ser parte de ella.
4. El último punto que vale la pena enfatizar es el hecho de que la Administración y el Parlament deben ser proactivos en el ejercicio de la transparencia. Esto último no es sino otra forma de explicar los tres puntos anteriores, pero creo que es una consideración que legitima la ley y a quienes vaya a afectar en el plano de lo ético, más allá del plano profesional. La transparencia es una cuestión que va mucho más allá del ámbito de la gestión, más allá de ser un instrumento. Y es bueno que este espíritu quede reflejado en el articulado de la Ley más allá del preámbulo de la misma.

Creo que sería beneficioso que cundiera el ejemplo en las demás formaciones. Aunque sea por oportunismo. En un estado de desballestamiento tal de la democracia, ha llegado un momento que a los ciudadanos ya no les importan los motivos: hágase el milagro, hágalo el diablo.

Y creo que sería también beneficioso que el sistema de documentación del Parlament no dependiese de la estructura artificialmente impuesta por las elecciones. Es simplemente intolerable que el trabajo de una Ponencia anterior no figure en la web, y lo único que hay (su composición) prácticamente desaparezca del mapa y quede bajo una maraña de enlaces y menús, por la sencilla razón de que perteneció a una legislatura anterior. Los Parlamentos deberían abandonar su lógica de vida parlamentaria, que se mide en períodos con discontinuidades cada cuatro años, y adoptar la lógica de la vida «normal», que se mide en períodos que abarcan toda la vida de un ciudadano — y, a menudo, con encabalgamientos generacionales. El Parlamento debería obedecer a los tempos de los ciudadanos, determinados por la naturaleza de sus problemas, y no por los tempos de los diputados, determinados por sus éxitos y fracasos electorales.

Decíamos en Ley de Transparencia: de la publicación de datos al trabajo en abierto que, siendo generosos, el entonces Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno era apenas una leve mejora a la situación actual en materia de (perdón por la redundancia) transparencia, rendición de cuentas y depuración de responsabilidades. Sí, se agilizaban algunos trámites (básicamente, se digitalizaba la comunicación y entrega de documentos); y sí, se penalizaban algunas conductas poco legales (muchas de ellas explícita o implícitamente incluidas ya dentro del actual código penal y todas ellas dentro de la ética más elemental).

Los motivos para un Anteproyecto de Ley tan poco ambicioso (simplemente malo, en palabras de muchos) recorrían, como en toda acción que no comprendemos o desaprobamos, la distancia que separa la ignorancia de la mala fe. ¿Era el Anteproyecto un quiero y no puedo por incapacidad de quien lo impulsaba o se quedaba en nada por interés de que así fuese? El texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 dio fuerza a esta última tesis: si, después de más de 3000 aportaciones de los ciudadanos en la ronda de comentarios del Anteproyecto, el texto apenas si había cambiado (a efectos prácticos) un par de comas, solamente un firme interés en tener una Ley de poco recorrido podía estar detrás de ese sostenella y no enmendalla.

Las últimas noticias vienen a confirmar esta sospecha:

El Gobierno ha invitado al PSOE a desplazarse al Palacio de la Moncloa para consultar las alegaciones presentadas por los ciudadanos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ya que contienen información privada y si se remiten al Congreso se podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, según han informado fuentes gubernamentales.

Hay, al menos, tres despropósitos en la propuesta que hace el Gobierno: que los ciudadanos hacen alegaciones, que se invite a un partido a consultarlas y que se utilicen los datos personales como coartada a la transparencia.

Alegatos

La palabra «alegato», aunque bastante neutral en sus diferentes acepciones, siempre tiene una connotación de desacuerdo, de ataque (o de defensa), de confrontación. No dudo que algunos de los comentarios que los ciudadanos hicieron en su debido momento al Anteproyecto de Ley eran alegatos, incluso enmiendas. Pero seguro que la mayoría fueron, efectivamente, comentarios, probablemente muchos de ellos constructivos. Este es el tono, por lo general, de quienes trabajan en transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto y demás.

Pensar que los comentarios de los ciudadanos son alegatos o enmiendas, que van a la contra, que son algo molesto, es ponerse a la defensiva y pensar en el ciudadano como un adversario. Y, aunque los todos y cada uno de los comentarios fuese, efectivamente, una crítica, ese es precisamente el espíritu de una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública: la participación, con diferentes grados, de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Compartir la información con un partido

El segundo despropósito es compartir la información con (a) un partido político y (b) con un único partido político. Por una parte es irrelevante que la solicitud de acceder a los comentarios al Anteproyecto de Ley la hiciese ese partido político: si un partido político va a tener acceso a determinada información pública, todos los partidos merecen dicho «privilegio», lo pidiesen o no.

Pero es todavía más importante hacer notar que se trata de una Ley para acercar la acción de gobierno a la ciudadanía: después de año y medio de manifestaciones y protestas para mejorar la democracia, con la legitimidad de gobiernos y partidos por los suelos, después de estar diseñando una ley para supuestamente mejorar todo esto, no puede la información darse dosificadamente a unos pocos diputados. Hay que hacerla pública en su totalidad y para toda la ciudadanía.

La coartada de la protección de datos

Dejando al margen que el formulario de comentarios era, como poco, simple, eliminar los (pocos) datos personales cuando estos se guardan en una base de datos es un ejercicio básico. O, dicho de otra forma, compartir solamente los contenidos de los comentarios sin desvelar la identidad de sus autores es de una simpleza elemental.

Escudarse en la protección de datos para no publicar los comentarios merece, al menos, dos comentarios.

El primero, de carácter técnico: si realmente el motivo son los datos personales, significa que no solamente no se está preparado para llevar a cabo las tareas de gestión de bases de datos más simples, sino que todavía menos se está preparado para los futuros retos que conllevará la futura Ley de Transparencia, incluso en su modalidad menos ambiciosa. Se impone, pues, renovación del equipo técnico y/o político, en función de donde esté la persona o personas poco capaces para trabajar en la cosa pública en el s.XXI.

El segundo, de carácter mucho más político y que daba título a esta reflexión: si el motivo no son realmente los datos personales, cabe negar la mayor. La Ley de Transparencia se ve desvirtuada en el proceso mismo de su diseño y debate en abierto. Una Ley de Transparencia que no admite comentarios — ahí está la resistencia a hacerlos públicos y ahí está el texto final del Proyecto de Ley sin prácticamente modificaciones de fondo — es una Ley que nace contra sí misma. Un anteproyecto que podía servir de prueba piloto para un gobierno transparente, abierto y participado acaba engendrando un aborto en su propia concepción.

Y, lo peor de todo, parecen disiparse los motivos para semejante aborto: a medida que avanza el tiempo, salen de la ecuación las razones que apuntaban a la incompetencia y queda sobre la mesa, únicamente, las razones que apuntan hacia la mala fe: el Gobierno jamás quiso una Ley de Transparencia. Y si es así, al menos no nos hagan perder el tiempo.