Anteayer salió publicada una columna mía sobre cloud computing en La Vanguardia, Gestores con conocimiento.
La columna forma parte de los Temas de Debate del periódico y que, en esta ocasión, coordinó Josep Lluís Micó. Vale la pena leerse primero su columna, Chubasquero por si acaso, donde hace un repaso rápido pero a fondo sobre la temática. Quiero agradecer, además, a Josep Lluís Micó no solamente la invitación a participar en el tema de debate, sino el excelente ejercicio de edición que hizo de mi original. Este es el resultado final tal y como se publicó:
Gestores con conocimiento
Trabajo gestionando conocimiento. Mi agenda de contactos y citas vive sincronizada en cuatro dispositivos, y mis archivos pueden estar replicados hasta en ocho sitios. Puedo acceder a todo con independencia de dónde esté y de cuándo lo necesite, solo o en equipo.
Cada vez más, todos somos gestores de conocimiento y trabajamos en red. Aunque la gestión de la información suponga inversiones escalofriantes, ¿por qué debe hacerlo uno mismo si hay especialistas al otro lado del cable? ¿Acaso montamos una aerolínea cada vez que vamos de vacaciones o debemos viajar por trabajo?
La gestión de la información y la capacidad de cómputo en centros de cálculo centralizados accesibles por internet — en la nube — tiene evidentes ventajas, no sólo económicas, también de prestaciones. Pero el camino de la nube puede estar plagado de buenas intenciones sobre las que cabe hacer, al menos, cuatro reflexiones.
La primera: hay que tener acceso a internet. En España todavía tenemos una política de sociedad de la información más centrada en la industria (de telecos,de contenidos) que en el ciudadano y en el empresario. Y así, nuestra red es de las peores y más caras de la OCDE. Por eso yo sigo replicándolo y sincronizándolo todo, muy a mi pesar.
La segunda tiene que ver con la fe del converso. Algunos empresarios y usuarios han descubierto el cloud computing antes de conocer internet, igual que algunos conocieron el e-learning antes que la educación a distancia. Muchas ventajas de tener datos y servicios en la red vienen de trabajar precisamente con internet y en internet, con independencia de si los datos y servicios nos pertenecen o son de terceros.
Y eso nos lleva al tercer punto. No es intrascendente aclarar de quién es la información que depositamos en manos de terceros y, más importante si cabe, qué pasa cuando esos terceros, por azares de la economía, se transforman o desaparecen.
Porque — y cuarta reflexión — mientras la economía es enteramente global, las leyes y sus jurisdicciones todavía no, lo que supone un problema a la hora de reclamar derechos y reparaciones por su vulneración si el demandado está en las nubes.
A lo mejor no hay que montar una aerolínea cada vez que tengamos que volar, pero entre viajar en primera y aprender a pilotar un ultraligero, en muchos casos puede salir más a cuenta lo segundo, aunque solo sea para que, cuando debamos viajar en serio, sepamos adónde subirnos.
Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:
Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.
La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.
Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.
Uno de los mensajes que ha calado bastante contra una Neutralidad de la Red es que ante una persona que está jugando en línea y una intervención quirúrgica con asistencia remota, ambas compitiendo por el uso de las infraestructuras, debería discriminarse el uso red para usos sanitarios y no lúdicos.
Totalmente de acuerdo.
Pero es no hace falta hacerlo mediante una discriminación de los contenidos que fluyen por la Red.
Básicamente, hay dos formas (además de la discriminación) de hacerlo… y que ya existen y que ya están en marcha y que ya se utilizan y que ya funcionan:
La primera es contratar más ancho de banda. La Universitat Oberta de Catalunya es una universidad virtual que da servicios educativos a una comunidad de unas 50.000 personas y cuya concurrencia (número de personas que se conectan a la vez al campus virtual), en un día normal, ronda las 2.500 personas. Para que ello sea posible, mi universidad ha tenido la previsión de contratar más ancho de banda que el que yo tengo en casa para mandar correo, leer páginas web y, de tanto en tanto, videoconferenciar por Skype.
La segunda es conectar directamente servicios estratégicos mediante infraestructuras paralelas de acceso prioritario. La Universitat Oberta de Catalunya, además de contratar más ancho de banda, está conectada/pertenece a la Anella Científica del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que a su vez enlaza con RedIRIS. Es decir, unas redes que conectan universidades y centros de investigación para que su acceso a Internet sea de altísima calidad de forma que las instituciones puedan conectarse entre ellas, con el exterior, puedan compartir recursos, etc.
Poniendo un símil automovilístico, las universidades van por el carril bus de una autopista y con un Ferrari de 2000 caballos de potencia.
Lo que el fin de la neutralidad de la red supondría es que un señor se pondría en el acceso a la autopista y solamente dejaría entrar en ella, con o sin Ferrari, a quién hubiese pactado con él unas determinadas condiciones preferentes. Y puede que los hospitales y las universidades acaben teniendo ese trato preferente. Pero habida cuenta que la filantropía en las empresas solamente se entiende para con los accionistas, es muy probable que el trato preferente lo tuviese quien pudiese pagar más. Y esos no son, al menos en este país, ni los hospitales ni mucho menos las universidades. Si alguien tiene dinero en Internet son, precisamente, las grandes corporaciones de contenidos que, entre otras cosas, también venden videojuegos.
O mejor dicho, ¿a quién beneficia la no neutralidad en la Red?
Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:
Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.
Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.
Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.
La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.
Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.
Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).
Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?
En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.
Decíamos ayer, en La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones, que el principal problema que teníamos en España es que Telefónica seguía teniendo el monopolio de facto de las infraestructuras, lo que le permitía planear acciones que, en el mejor de los casos, iban contra el interés público y, en las peores, podían vulnerar varios principios constitucionales — esto último no lo decíamos ayer, lo añadimos ahora.
Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), sí pagan a las telecos. Vayamos por partes.
Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.
Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.
Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.
Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.
Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.
Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.
Etc.
En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).
Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.
La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.
Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias […] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..
Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.
En la (reciente) historia de la Sociedad de la Información en España, una de las cosas que yo habría hecho diferente — no digo «error monumental» por parecer moderado y equidistante — fue la privatización de Telefónica. Entre otras cosas por no tener que oír las sorprendentes declaraciones de su presidente, César Alierta, anteayer en Bilbao, afirmando que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Y es evidente que eso no puede seguir:
Para ver el video, por favor visita http://ictlogy.net/sociedadred?p=112 y asegúrate que tienes el plugin de Flash instalado.
Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.
Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para «disfrutar» de un fin de semana en la conchinchina.
Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.
Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era «nuestro») que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las «autopistas de la información», sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:
Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no «echar cable», es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.
En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.
