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En las últimas 6 semanas ha habido en España:

1. el 15 de mayo, la toma de las plazas de las principales ciudades españolas;
2. el 22 de mayo, unas elecciones municipales y (en muchos casos) autonómicas (con repetición de la toma de las plazas el 21, contra lo que dicta la ley sobre la jornada de reflexión);
3. del 15 al 22 de junio, concentraciones ante Parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados
4. el 19 de junio, manifestación multitudinaria en las principales ciudades españolas contra la política socioeconómica española.

Después de un mes y medio de un estado ciertamente excepcional de las cosas, las principales reacciones institucionales creo que pueden agruparse en las dos siguientes conclusiones:

• No se sabe qué piden los indignados.
• Se confunde la legitimidad de las urnas con tener patente de corso para no tener que rendir cuentas a la ciudadanía.

Mi segunda afirmación se basa en la reiterada apelación a los resultados de las últimas elecciones del 22 de mayo por parte de los portavoces de los partidos mayoritarios así como por muchos de los editoriales y columnas de opinión de los grandes medios de comunicación.

Dejemos dos cosas al margen: la primera, que dada la gran desafección política, es posible que mucho del voto sea táctica y en absoluto legitimación de la opción elegida; la segunda, que unas elecciones municipales no son un plebiscito sobre la gestión del ejecutivo (estatal) ni el legislativo, ni viceversa: es perverso el intercambio de jurisdicciones al que, según conveniencia, juegan los intereses creados antes, durante y después de unas elecciones.

No es, por tanto, extraño que uno de los lemas estos últimos días esté siendo no nos representáis. Esta frase nos recuerda que el voto no se da: se presta. Y, como en el amor, la confianza mutua se gana cada día, no con un par de regalos cada cuatro años según el calendario comercial. Joan Subirats lo explica de la siguiente forma en ¿No nos representan?:

Con el grito «no nos representan», se está advirtiendo que ni se dedican a conseguir los objetivos que prometieron, ni se parecen a los ciudadanos en su forma de vivir, de hacer y de actuar. El ataque es pues doble, a la delegación (no hacen lo que dicen) y al parecido (no son como nosotros). El movimiento 15-M no ataca a la democracia, sino que entiendo que lo que está reclamando es un nuevo enraizamiento de la democracia en sus valores fundacionales. Lo que critica el 15-M, y con razón, es que para los representantes el tema clave es el acceso a las instituciones, lo que garantiza poder, recursos y capacidad para cambiar las cosas. Para los ciudadanos, en cambio, el poder sólo es un instrumento y no un fin en sí mismo.

La primera cuestión que apuntaba anteriormente — no se sabe qué piden los indignados — tiene una explicación más compleja, aunque el veredicto es el mismo: hay que querer escuchar para entender, y muchos de los integrantes desde el primer hasta el cuarto poder han perdido la capacidad y las competencias para ello. O, al menos, algunas actitudes parecen venir de aquellas aptitudes.

En mi opinión creo que hay dos consideraciones previas fundamentales para poder sacar el agua clara de qué se está pidiendo estos días en las calles (físicas y virtuales) a los representantes políticos:

1. Identificar quiénes y cuántos son los indignados: creo que limitarse a los que todavía acampan en las plazas, o incluso a los que se manifiestan en las calles, es quedarse con una visión más que parcial.
2. Identificar dónde está la sala de prensa desde la que se emiten las peticiones: de nuevo, limitarse a los manifiestos o las consignas en las marchas es, creo, tomar la parte por el todo, y muy especialmente la parte más simple, más vendible y más populista (a la vez con y sin connotaciones negativas todos estos términos).

Hechos estos dos incisos, ¿qué piden los indignados?

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Me gusta pensar que hay, al menos, tres niveles de peticiones, y que puede resultar una metáfora ilustrativa — aunque en mi opinión incorrecta, porque hay superposiciones — identificar esos tres niveles con tres niveles de participación en el movimiento del 15M.

1. Un primer nivel de propuestas es aquel que hace peticiones concretas, de corte maximalista, basados en manifiestos detallados y, en cierta medida, exhaustivos de «todo lo que va mal». El manifiesto fundacional de ¡Democracia Real Ya! iría en esta línea: que no quede nada fuera. Esta protesta de máximos es la que echa a la gente a la calle y las plazas la reivindican como suya durante las primeras semanas de las protestas.
2. Un segundo nivel es el que intenta ir podando las aristas que pueden excluir — y de hecho acaban excluyendo — a algunas personas del movimiento (y de las plazas). Es un nivel que, además, intenta y tiene que atraer gente a las calles, a protestar contra las órdenes de desalojo en base a una propuesta integradora, o a protestar contra medidas específicas del gobierno central y/o europeo. Se trata de propuestas concretas basadas en consensos de mínimos. Las llamadas a defender el derecho a manifestarse la noche del 20 o el sábado «de reflexión» 21, o a manifestarse contra el Pacto del Euro son dos ejemplos claros.
3. Por último, proliferan, sobre todo en la red, propuestas generalistas de corte sistémico, es decir, propuestas que intentan evitar entrar en el detalle intentando únicamente apuntar al problema, reflexionar sobre las «soluciones» existentes (o que históricamente se han ido probando), y plantear, por encima de todo, que se debata el problema.

En el fondo, los tres niveles de propuestas y/o los tres escenarios de protesta piden lo mismo, aunque las formas puedan ser distintas y, en este sentido, distraer de lo que tienen en común. Es la conocida historia de que los árboles no dejan ver el bosque. Nacionalizar los bancos y permitir la dación del piso en pago de la hipoteca, cambiar las leyes que regulan la banca y las finanzas, o recuperar el poder político por encima del financiero no son sino tres formas de decir lo mismo.

Bien, pero, ¿y que es lo que piden los indignados, pues? En mi opinión, que formalmente e institucionalmente se dé el debate para reformar y mejorar el ejercicio de la democracia a partir de una transición de una democracia industrial a una democracia en red.

Con estas o con otras palabras, con mayor o menor lujo de detalles, creo que es esto lo que se está pidiendo. A gritos.

Cuando oímos hablar de reformar la democracia, es habitual ver el debate centrado en si hay que tener más o menos democracia directa o participativa en detrimento de la actual democracia representativa. La mayoría de propuestas van en esta línea o se dirigen a ese nivel de reformas. Dado que no se aborda el por qué son necesarias dichas reformas, el análisis de estas acaba siendo cómo alteraría cada nueva propuesta el reparto de escaños en el arco parlamentario. En mi opinión, esto es solamente la punta del iceberg y perdemos la mayor parte del impacto por el camino.

Un poco de historia

En la Edad del Hierro, la participación en política de un agricultor gallego seguramente se limitaba a sentarse en el edificio comunal del castro junto con sus «conciudadanos». En el debían dirimirse las cuestiones menores referentes a la convivencia en el castro, la defensa del mismo, y probablemente poco más. La persona se representa a sí misma.

2.000 años después, en la España del s.XIX, si ese mismo agricultor quiere participar en política para defender sus intereses, no le queda otra que participar en los distintos niveles políticos/administrativos existentes, dado que las decisiones que se toman en otras ciudades, y en los grupos de ciudades, también le afectan.

Una opción sería que todos los agricultores se reuniesen una vez por semana en un lugar común — pongamos que hablo de Madrid — y debatir y decidir sobre las cuestiones comunes. Para facilitar el proceso, con anterioridad se han puesto sobre papel todas las cuestiones y propuestas (y las leyes que las gobiernan), se han copiado y se han distribuido (a caballo) por toda la península. Una vez se haya llegado a una decisión, se establecerá cómo se llevarán a cabo todas y cada una de las propuestas y cómo se verificará su cumplimiento. Los acuerdos también se escriben, se imprimen, se copian y se distribuyen por todo el territorio.

En términos estrictamente económicos, la democracia representativa nace para hacer más eficaz y, sobre todo, más eficiente la gestión de la cosa pública. En lugar de tener que ir a Madrid una vez por semana y hacer miles de copias de la documentación legal y política, esta (y unas pocas copias) residen en un archivo central, al que acceden nuestros representantes electos que se dedican, en exclusiva, a informarse, a deliberar y a decidir por nosotros. Esto es la democracia representativa y es muchos órdenes de magnitud más eficaz y eficiente que representarse uno mismo. Los costes de realizar gestiones políticas (costes de transacción), así como los costes de divulgar la información (fijada en un recurso escaso: el papel impreso) hacen impensable otra alternativa. Hasta la llegada de la digitalización de las comunicaciones y la información.

El fin de los costes

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han acabado con los costes de transacción y con la escasez:

• Para estar informado sobre una cuestión, ya no hace falta acceder físicamente al archivo de papeles y legajos.
• Para debatir un asunto con los conciudadanos ya no hace falta reunirse bajo un mismo techo.
• Aún con democracia representativa, para entrevistarse con un diputado ya no hace falta ir a su despacho.
• Ni siquiera hay que estar en el Parlamento o el Ayuntamiento durante un pleno para saber qué se habla en él.
• Tampoco hace falta meter un papel en una urna para emitir un voto.

La democracia representativa, tal y como la conocemos, era más eficiente y eficaz que otras alternativas por los costes de informarse, deliberar y decidir en una sociedad industrial, donde hablar significaba viajar, e informarse significaba acceder al papel. Ambas restricciones han desaparecido en una sociedad digital. Edificamos nuestra democracia representativa sobre unos conceptos de eficiencia y eficacia que ya no son válidos.

Hay, sin embargo, un recurso que sigue siendo finito, escaso, y que la digitalización todavía no ha resuelto: el tiempo. Informarse, deliberar y decidir sigue tomando tiempo, mucho tiempo. Cuando pensemos en un nuevo modelo, tenemos que tener en cuenta que el recurso tiempo es caro y lo será cada vez más en relación a otros bienes. Es por el factor tiempo que una prenda de vestir cada vez es más barata en relación a una obra de teatro (el tiempo de un actor) o una cura de urgencias (el tiempo de un médico).

Una democracia más participada

Al margen del coste del tiempo, sabemos que una democracia más participada es más eficaz porque:

• Permite hablar en primera persona, sin mediaciones, sin simplificaciones, sin tergiversaciones.
• Implica un mayor compromiso con la gestión de la cosa pública, fortaleciendo la comunidad.
• Posibilita la definición de una agenda más inclusiva, más comprehensiva, donde los aspectos, demandas o peticiones no es tan fácil que queden fuera.
• Facilita la articulación de lo global con lo local, dado que todas las perspectivas pueden incluirse
• Hace factible la concurrencia de más actores, más puntos de vista, más conocimiento arrojado sobre un problema, con lo que se aumentan la cantidad y la calidad de las soluciones propuestas.
• Dificulta la manipulación, los errores por carencia de información, al aumentarse la transparencia y la rendición de cuentas.

Si hasta ahora hemos tenido democracias menos participadas es porque — seguramente con buen criterio — priorizábamos el factor de la eficiencia (económica). Cuando este factor cae en picado, es hora de volver a poner sobre la mesa el factor eficacia. Hacer más y mejor política, no solamente más barata. Necesitamos una Ley de actualización del ejercicio de la democracia en la Sociedad de la Información. O, al menos, hacer el camino hacia algo parecido.

En caso contrario, la combinación de barato y de peor calidad es lo que conocemos como saldo. Que es la democracia que tenemos ahora: de mercadillo.

Ayer hubo una serie de protestas ante el Parlament de Catalunya que terminaron en algunas agresiones a algunos diputados y la dificultad generalizada para estos de acceder al recinto. Tanto los principales partidos políticos como los principales medios de comunicación y sus columnistas han coincidido en condenar la violencia, sin fisuras ni matices. Personalmente también los condeno. Pero si no entramos en los detalles, corremos el riesgo de acomodarnos en el populismo. Al fin y al cabo, no hace falta mucho análisis para condenar que le quieran robar el perro lazarillo a un invidente. Creo que ese acto — y otros de la misma calidad democrática — se condenan a sí mismos, así como, por norma general, se condena el terrorismo o el franquismo.

Más allá de este breve y consensuado análisis, no ha habido mucho más. Y, sin embargo, creo que cabía esperar algo más de políticos y medios.

La identificación de todo un movimiento de protesta (llámesele 15M, indignados o cualquier otro término generalista) con unos pocos — poquísimos — violentos se me hace tan extremo como identificar todos los políticos profesionales con la corrupción, aún a pesar de tener estos últimos muchos más casos identificados, un número que se dispara si hacemos una ratio per cápita.

A un mes de las acampadas iniciales del 15M sorprende sobremanera la simplicidad de los análisis con que nos regalan a los ciudadanos. Limitar temporalmente la protesta ciudadana a unas pocas semanas y geográficamente a unas cuantas plazas es, como poco, superficial. El movimiento del 15M es un síntoma, no una causa.

Demos un repaso rápido a cinco indicadores básicos producidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Se trata de los Indicadores de la situación política — índices de confianza política, situación política actual y expectativas políticas — y los Indicadores electorales — intención de abstención y de voto en blanco en las elecciones generales.

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Hemos cogido la serie a partir de abril de 2004 por dos motivos: primero, porque hay un cambio de ciclo político que se reflejó en valores disruptivos (la crisis de confianza a raíz de los eventos del 11 al 14M se saldó con un incremento exagerado de confianza al cambiar el gobierno, efecto «se ha hecho limpieza»); segundo, porque es donde las tendencias apuntadas más arriba se acentúan más, aunque ya puede apreciarse el cambio a peor a partir de marzo de 2000 así como una acentuación a partir de marzo de 2008.

En este sentido, creo que no es atribuible el mérito de la pérdida de confianza a un único partido, sino que, aunque sea pura especulación, puede seguramente atribuirse al tono que vienen marcando los dos principales partidos españoles, en tres fases:

• Política de diálogo cero del PP durante su mayoría absoluta (2000-2004);
• política de derribo de PP y medios durante la primera legislatura del PSOE (2004-2008);
• agravamiento con la pésima gestión de la crisis por parte del PSOE (2008-).

Por otra parte, en estos últimos años, además de un florecimiento de la corrupción y un alejamiento de la ciudadanía en general, hemos podido ser testigos de la destrucción de la legitimidad de los poderes judiciales así como un bochornoso alineamiento de los principales medios de comunicación con el partido de su elección, abandonando su necesario papel de contrapeso como cuarto poder.

Hecha esta breve puesta en contexto, ¿cuántos y quiénes son los indignados? Probablemente muchos de los siguientes:

• Un 38% se abstuvo, votó en blanco o nulo en las elecciones locales 2011.
• En esas mismas elecciones, un 57% del censo electoral no votó a ninguno de los dos partidos mayoritarios.
• En abril de 2011, un 66% de los españoles creían que la situación política era mala o muy mala, y la mayoría creía que no iba a mejorar ni a corto ni a largo plazo. En mayo sube al 67%.
• En ese mismo mes, un 21% afirmaba que el principal problema que existe actualmente en España era la clase política, los partidos políticos, el tercer problema, solamente superado por el paro y el doble de los que consideraban que el principal problema era la inmigración. En mayo sube al 22%.
• Según una encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública en junio de 2011, 64,1% de los encuestados comparten las reivindicaciones de los ‘indignados’ y el 88% cree que son la expresión de un malestar general.
• Seún encuesta del 5 de junio, el 51% de los electores afirma que los partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
• El 70% de ciudadanos afirma que no siente representados sus intereses por ninguna formación.
• El 66% declara que siente más bien simpatía hacia el movimiento del 15M y el 81% considera que los “indignados” tienen razón.
• El 90% demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar.

Según el padrón municipal a 1 de enero de 2011, están censadas en España 47,1 millones de personas de las cuales tenían derecho a voto 34,6 millones. Cójanse los porcentajes de participación y de opinión y calcúlense los millones de posibles indignados en este país.

Por supuesto, esto no es un estudio científico con significativos márgenes de confianza estadística. Creo, no obstante, que son números lo suficientemente grandes en potencia como para que se abra un debate serio. De una vez.

Sobre el resto, sobre robar perros lazarillo o manchar gabardinas con pintura, sobre eso ya estamos de acuerdo. No le den, por favor, más vueltas.

La primera cosa que toda política debe hacer es, precisamente, ser, o mejor dicho, estar: estar en la agenda, la agenda política, la agenda de los medios, la agenda de la opinión pública.

Normalmente el orden o el sentido debería ser el opuesto: la necesidad de crear una política debería emanar de la ciudadanía y, a través de los medios y de los cargos electos, acabar en la mesa de los gobiernos, quienes deberían diseñarla, aprobarla y administrarla. Durante muchos años, y con pocas excepciones, la dinámica, no obstante, ha sido la que va de arriba abajo: el gobierno propone, y el ciudadano no dispone.

La ocupación de las plazas alrededor del movimiento del 15m era, en mi opinión, un golpe de efecto necesario para que la fijación de los temas que entran en la agenda política volviese a su orden natural: las condiciones para una democracia mejor están dadas y se pide que se inicie el debate sobre cómo llevar a la práctica esa mejor democracia.

No obstante, que en un momento fuese posible articular una protesta a nivel de todo el estado de forma descentralizada y «fuera del sistema», desde mi punto de vista, no significa que las propuestas no deban canalizarse «dentro del sistema», especialmente a través de aquellos políticos que trabajan para que nuestro sistema democrático funcione lo mejor que sea posible.

¿Hay que abandonar, pues, las plazas?

Depende.

Creo que muchas de las acciones de protesta programadas para el futuro inmediato son determinantes para mantener el foco de la opinión pública en la necesidad de reformar la democracia. Considero legítimas todas las medidas de presión (ciudadana, democrática) que velen porque no se caiga de la agenda pública aquello que uno pretende mantener en ella, en este caso, la demanda de un mayor y mejor ejercicio de la democracia.

Por contradictorio que parezca, no obstante, también opino que los asentamientos en — que no acampadas en o tomas de — las plazas es bueno que se desmantelen.

Pasada la fase de (en sentido positivo) llamar la atención sobre un problema y hacer partícipes de él a toda la ciudadanía, las plazas se habían convertido ahora ya no en espacios de protesta, sino en espacios de deliberación y toma de decisiones, algo para lo que, en mi opinión, ni estaban preparadas ni parecía que pudiesen ser el mejor instrumento para hacerlo.

Mi propuesta sería abandonar las plazas, las plazas físicas, para tomar las ágoras, esos espacios no necesariamente geográficos donde la ciudadanía intercambia información, delibera, negocia y, en última instancia, toma decisiones colectivas. Algunas de esas plazas son también físicas — plenos municipales, sedes de los partidos políticos, medios de comunicación — y otras muchas virtuales — páginas web de las plataformas, blogs y twitter de cargos electos y ciudadanos en general.

Si todo poder conlleva una gran responsabilidad, el derecho a participar conlleva el deber de hacerlo activamente. Y hay mil formas de hacerlo. Que cada uno escoja la que más le convenga.

Una de las preguntas recurrentes durante los primeros días en las acampadas (yo la viví personalmente en la Puerta del Sol, pero supongo que se dio en todas ellas) era dónde estaba la sala de prensa o cuándo se convocaba la rueda de prensa. Esta pregunta, hecha por muchos medios que acudían a las plazas, era la misma que se hacían transeúntes curiosos o gente que se desplazaban ex profeso a las concentraciones para informarse.

Aunque después sí se han ido creando comisiones de comunicación, así como identificando portavoces, la respuesta por norma general era que ni había sala de prensa ni, por supuesto, habría rueda. O las había a centenares: era cuestión de acercarse a alguien y preguntar, tanto offline como online. La rueda de prensa era distribuida, global y en tiempo real, y se daba en la sala de prensa que conocemos como Internet.

Se dice que la guerra de Vietnam fue la primera en vivirse desde el sofá: la televisión hacía llegar a todos y cada uno de los hogares norteamericanos — y, por extensión, a muchísimos otros más — las imágenes de la contienda, muchas de ellas complementando y a menudo contradiciendo lo que el gobierno transmitía a sus ciudadanos como crónica de la realidad. No en vano, muchos atribuyen a la televisión un papel determinante en el crecimiento de los movimientos anti belicistas de las décadas de 1960 y 1970.

En España hemos vivido en primera persona — por suerte o por desgracia — el desfase entre la aparición y apropiación de los nuevos medios de comunicación por parte de la ciudadanía, y las inercias y poca flexibilidad de las instituciones políticas: la gestión informativa que desde el Ministerio del Interior hizo el ministro Ángel Acebes sobre los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004, y la gestión informativa que desde la Conselleria d’Interior hizo el conseller Felip Puig sobre la carga policial en Barcelona el 27 de mayo de 2011.

11 de marzo de 2004 y el «¡Pásalo!»

Entre los atentados del 11m en Madrid y las elecciones que tuvieron lugar tres días después, el gobierno literalmente secuestró informativamente a los medios de comunicación españoles: mantuvo en el ayuno informativo a los medios a la vez que los conminaba a ejercer la autocensura. Al margen de los posteriores (y eternizados) debates y juicios sobre la autoría de los hechos, lo que es incontestable es que el gobierno trató de imponer su punto de vista a toda costa y sin contestación.

Los ciudadanos tuvieron que burlar las barreras informativas y lo hicieron acudiendo a las fuentes digitales de otros medios, en su mayoría extranjeros. En un mundo digital, la información no tiene puertas y así se demostró cuando los ciudadanos accedieron online a docenas de medios internacionales para quienes las órdenes del gobierno español no tenían ningún tipo de poder. Mientras el gobierno creía controlar la imprenta, Internet ganaba la partida.

La indignación al comparar las dos versiones terminó en una convocatoria basada en el envío masivo de SMS urgiendo a manifestarse contra el gobierno de la nación. Los mensajes, a su vez, invitaban al receptor a formar parte de la red informativa ciudadana: ¡Pásalo!.

27 de mayo de 2011 y el #bcnsinmiedo

Tras 10 días de acampada, y a las puertas de una posible celebración futbolística, el conseller de Interior catalán decide que hay que limpiar la Plaza de Catalunya en Barcelona, donde se ubican los acampados de la ciudad y dejar fuera del alcance de los futuribles celebrantes objetos con los que puedan dañarse (o dañar a otros).

La operación de limpieza termina en una durísima carga de los cuerpos de seguridad contra la resistencia pacífica de los acampados, transeúntes y, en varios casos, medios de comunicación.

El discurso oficial, primero por un portavoz de la policía autonómica y más tarde por el propio conseller de Interior del gobierno de la Generalitat, es que no ha habido carga alguna, sino desalojo, y solamente ha habido violencia en respuesta a la violencia.

Si durante los días del 11 al 13 de marzo de 2004 la ciudadanía se volcó a aquella web 1.0 de las páginas oficiales de los medios internacionales, el 27 de mayo de 2011 la ciudadanía se vuelca a la web 2.0, y se vuelca no solamente para consultar, sino para compartir información textual, fotografía y vídeo tomados en primerísima persona en la plaza mediante dispositivos móviles.

La yuxtaposición de las declaraciones oficiales con los miles de contenidos multimedia generados en tiempo real, sin editar, sin filtrar, subidos y automáticamente publicados en la red — y agrupados bajo el hashtag #acampadabcn o #bcnsinmiedo — demuestra de forma rotunda la dificultad de mantener medias verdades ante una ciudadanía informada.

Una reflexión sobre los medios

Desde que el periodismo es periodismo, el papel de los medios de comunicación se ha basado en (1) obtener información de las fuentes, (2) editarla, incluyendo escoger la parte del todo y hacerla más comprensible y (3) difundirla.

En estos últimos años se ha hecho posible que cualquier persona, desde cualquier sitio, y prácticamente sin coste, genere información de cualquier tipo y en cualquier formato y la difunda a la globalidad del planeta.

Mientras muchos se lamentan sobre el fin del periodismo, o se alargan en el intrascendente decidir si un blog es periodismo, periodismo ciudadano, o todo lo contrario, no se dan cuenta que muchos medios están abandonando — o lo han hecho ya — lo que en el fondo es o (en mi opinión) debería ser el principal papel del Cuarto Poder: poner orden en el caos, añadir criterio, buscar contexto y, en definitiva, convertir el dato en información. Al fin y al cabo, blogs y redes sociales en general han venido a confirmar lo que las agencias de comunicación ya habían puesto de manifiesto: muchos medios hace años que solamente se hacían eco de la nota de prensa, pasando de ser periodistas a meros voceros.

En lo que llevamos de año, Al-Jazeera y su cobertura de las protestas en Túnez y Egipto ha demostrado que hay otra forma de hacer periodismo, no compitiendo sino sumándose al poder de una ciudadanía que ya no solamente consume sino que informa.

Ante el aluvión de información, el periodista debe darle sentido. Ese es su papel. A veces, no hace falta añadir mucho más.

En una interesante entrada, 15M vs Wikipedia, César Córcoles apunta a las similitudes y diferencias entre el movimiento del 15m y la Wikipedia, listando entre las principales diferencias la meritocracia y la escalabilidad. Me gustaría ahondar en el tema y cuestionar seriamente el concepto de Manuel Castells de wikirrevolución.

Empezaré por el titular: el movimiento 15m es, por ahora, una protesta y no una revolución y, en cualquier caso, se parece más a una fororrevolución que a una wikirrevolución. Y, sin ánimo de comparar (en absoluto) los fundamentos y motivos de ambos movimientos, estructuralmente se parece más a Al-Qaeda — distribuido, celular, nodal, conectado — que a un wiki o cualquier otra estructura de red similar.

Lo que la red te lo da, la red te lo quita

La organización del impulso inicial del movimiento 15m fue impecable, y fue posible porque se apoyó en Internet y en una estructura de red que permitió crecer rápido y de forma descentralizada. El mensaje era sencillo, fácil de apropiar por unidades celulares distribuidas y de replicar con solamente mantener un cierto contacto entre las células. Así se extendió Al-Qaeda y justamente por el motivo contrario, por necesitar siempre de una cabeza, es uno de los motivos por los que ETA se ha debilitado más y más en los últimos años (entre otros motivos, por supuesto).

Sin embargo, tras ese crecimiento exponencial viene la consiguiente consolidación de la red. La experiencia nos dice (Raymond, Benkler, Himanen) que es necesario poder desmenuzar las tareas en pedacitos pequeños para que el trabajo en red sea posible, para que los costes de transacción o de negociación caigan a (casi) cero, para que sea posible después re-ensamblar y terminar con un producto común.

Esto, además, debe realizarse en base a unos protocolos (explícitos o tácitos) adoptados por todos los participantes de forma que ese ensamblaje sea posible, protocolos que se han generado de forma emergente dentro de la misma red.

Todos funcionamos autónomamente y cada uno ensambla su aportación al todo de forma independiente al trabajo de los demás.

Si hay algo poco autónomo e independiente es una asamblea. Y si hay algo poco emergente y modular es un manifiesto. El 15m no es una wikirrevolución porque carece de esa estructura descentralizada (plural u horizontal no es lo mismo que descentralizado), atomizada, autónoma (pero conectada) típica de la estructura de red.

En el fondo, Túnez o Egipto también se gestaron como red, pero en su evolución a futuro son todo menos reticulares o distribuidas.

¿Existen las wikirrevoluciones? o la ausencia del dictador benevolente

En mi opinión no existen las wikirrevoluciones… o dejan de existir en cuanto se apaga la última llama de la última pira. Creo que hay wikiprotestas o wikirrevueltas, que por definición no son propositivas sino reactivas, pero todavía no hemos visto la parte wiki en la fase constructiva de las revoluciones, que por definición proponen un sistema en alternancia al vigente.

Si algo caracteriza una red creada alrededor de la construcción de un proyecto es la meritocracia, es decir, premiar al que más sabe. Meritocracia que culmina en la aparición de un «dictador benevolente», legitimado por su trabajo y aupado por el reconocimiento de sus pares.

Por algún extraño motivo, buscamos un médico para detener una hemorragia o un fontanero para arreglar una fuga de agua, pero huimos de los profesionales de las ciencias sociales a la hora de hacer propuestas económicas o sobre la democracia. Con ello, borramos de un plumazo 300 años de democracias y economía modernas y empezamos a reinventar la rueda de cero. Es tan cierto que las ciencias sociales raramente saben predecir qué funcionará en el futuro, como certeras se muestran en explicar qué funcionó mal en el pasado.

En el límite, si se quiere prescindir de estos «expertos» (palabra que ha tomado en los últimos años connotaciones negativísimas), lo mínimo que se puede pedir al que quiere decidir por sí mismo es una decisión fundamentada. El voto es tanto un derecho como una obligación es el voto informado: vivir en democracia es, también, una responsabilidad.

Una primera opción para hacer avanzar, pues, el movimiento 15m hacia una estructura de red — aprovechando el impulso y espíritu que la vio nacer — capaz de generar movimiento (y el movimiento es no solamente impulso, sino impulso en una dirección y sentido) es generar, poco a poco, y de forma consensuada, una estructura meritocrática donde se premie el esfuerzo y el conocimiento de sus nodos. Es tan cierto que una red es una estructura no jerárquica como cierto que los nodos son tan importantes como su contribución a la red misma.

Pero este no es el camino que parece estar tomando el movimiento 15m, que, a mi entender, se está escindiendo en dos polos opuestos, tal y como quise describir en mi Perfil político en España tras el 22M.

¿Dónde o cómo podría funcionar una wikirrevolución del 15m?

La segunda opción es la que también quise explicar en Una única propuesta para una democracia mejor, propuesta que puede analizarse según una lógica de red tal y como se ha hecho hasta ahora.

Ante la ausencia de un proyecto centralizado basado en una estructura descentralizada, solamente caben proyectos también descentralizados: trabajar dentro de los partidos, de distintas formas, para hacer converger sus programas en ejes comunes que puedan dirimirse dentro del actual sistema democrático. Así, lo que se mantiene unido es la filosofía («más y mejor democracia») aunque los proyectos sean distintos.

En mi opinión, la red ha demostrado que es capaz de organizarse para poner en común una filosofía, unas ideas, un sentir, mientras que parece estar fracasando a la hora de trasladar esas ideas en la práctica. Sería beneficioso, creo, abandonar pues la elaboración de un único programa, y más ante la ausencia de estructuras internas que premien las contribuciones, y reorientar esa red que funcionó hacia lo que la hizo funcionar y donde se mostró eficaz y eficiente: «más y mejor democracia».

Y que cada uno lo haga dónde y cómo quiera, dentro o fuera de las asambleas, dentro o fuera de los partidos. Creo que hay que capitalizar el movimiento en esa línea, so pena de perder todo lo conseguido hasta ahora.