ICTlogy

Breve y parcial cronología de los hechos:

• 2000: El Partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta. La confrontación entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos pasa a primer plano, especialmente en Catalunya.
• 2004: ERC sube de 1 a 8 escaños en el Congreso Español.
• 2006: Se aprueba — en el Parlament de Catalunya y en las Cortes españolas — el nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya, con claro afán de conseguir mayor autonomía respecto al gobierno del Estado.
• 2008: «Inicio» de la crisis financiera y económica.
• 2010: El Tribunal Constitucional recorta severamente el texto del nuevo Estatuto. Manifestación multitudinaria el 10 de Julio.
• 2010: CiU barre en las elecciones autonómicas catalanas.
• 2012: Manifestación masiva el 11 de Septiembre, tras muchos meses de encuestas que muestran la creciente aceptación de la opción soberanista e independentista entre el electorado catalán, tanto por motivos identitarios como económicos y políticos.
• 2012: Según las encuestas CiU barre (más todavía) en las elecciones autonómicas catalanas. Las políticas de austeridad no hacen mella en el gobierno, a diferencia de lo ocurrido con todos los otros gobiernos a lo ancho y largo de Europa (modificación post-elecciones: Las formaciones soberanistas crecen en las elecciones autonómicas catalanas. Las políticas de austeridad hacen mella en el gobierno pero sigue teniendo amplia mayoría, a diferencia de lo ocurrido con todos los otros gobiernos a lo ancho y largo de Europa).

Sirva la digresión anterior para ilustrar hasta qué punto la política y la economía están secuestradas en Catalunya por el debate sobre la independencia. No querría que se me malinterpretara: esta afirmación no tiene nada que ver sobre si la independencia sería buena o mala, o aspirar a ella algo legítimo o no legítimo. Lo que estoy intentando decir no es que la cuestión de la independencia ha ido ganando importancia hasta situarse en primer plano, sino que el debate copa de tal forma la agenda política y social que el resto de cuestiones parecen haber salido de la agenda, del todo.

En el mejor de los escenarios, la cuestión social y económica se aplaza a un futuro hipotético: «cuando seamos independientes…». Es el escenario de la aproximación económica de la independencia, la independencia como instrumento para mejorar, la independencia del expolio fiscal o del España nos roba. En este escenario, todos los planes son a futuro.

En el peor de los escenarios, la cuestión social y económica no tienen futuro. La independencia no solamente es un fin en sí misma sino que es el fin. La el progreso económico y social, la equidad y la justicia social ni están ni se les espera. En la aproximación identitaria de la independencia el plan es la independencia y la independencia es el plan.

Por supuesto, el reverso de las anteriores — la independencia traerá el caos económico, la independencia es ilegítima y no será — es igual en composición aunque con signo distinto: la cuestión es que hay una expulsión absoluta de otros temas de la agenda política. Acuciantes temas, cabría añadir.

No querría aquí entrar en priorizar si estos acuciantes temas lo son más o menos que la cuestión de la independencia. Cada uno tiene sus prioridades.

En lo que sí querría incidir es en la incompatibilidad de debatir en paralelo la cuestión de la independencia y el abordar el combate de la crisis. Porque, a los hechos me remito, lo que venía siendo una tendencia en los últimos años se ha convertido en una total evidencia en los dos últimos meses: a pesar de los intentos de algunos partidos y de muchísimas plataformas ciudadanas, ha sido imposible mantener el debate sobre los famosos eje nacional y eje social en paralelo. Siempre ha pasado uno por delante del otro y, de forma inexorable, el ganador ha sido el eje nacional. Valga como ejemplo la visita de Alexis Tsipras a Barcelona el pasado 22 de noviembre. Ante la posibilidad de preguntar al líder de Syriza cómo su formación se ha convertido en abanderada — en Grecia y fuera de Grecia — de otra forma de hacer política y otra forma de entender la política, las primeras cuestiones en la rueda de prensa oficial trataron sobre cuál era su opinión sobre la independencia de Catalunya.

Considero, pues, necesario desactivar el debate independentista para poder seguir avanzando (o, al menos, parar la caída libre) en materia de sociedad y economía. Insisto: no digo que la independencia sea buena o mala, pero sí que la larga duración sobre el debate independentista sí que está siendo de una terrible malignidad. No se pueden aplazar ya más determinadas cuestiones.

De las diversas opciones que hay para desactivar el debate, personalmente prefiero la pacífica y, a ser posible, que transcurra dentro de la legalidad. A estas alturas de la partida, y desde un punto de vista muy personal, votar una formación soberanista me parece la mejor opción para desencallar el callejón sin salida en el que estamos metidos. No la única, pero seguramente sí la mejor opción de superar el debate es un referéndum vinculante sobre la independencia de Catalunya. Y esta opción es al margen de cuál sea su resultado final: el referéndum sobre la autodeterminación es, ahora mismo, la mejor salida para afrontar la crisis, porque sin él no habrá debate serio sobre la crisis, sobre el paro, sobre las hipotecas, sobre la privatización de la sanidad o de la educación o de la justicia, sobre el despilfarro de muchos gobiernos y la corrupción de muchos gobernantes.

Esta será mi opción en las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012. Esta y aquella que me garantice que, mientras no llega dicho referéndum, concentrará sus esfuerzos en volver a poner sobre la mesa de la agenda política la cuestión social y la cuestión económica. Aquella que dará por descontado que el camino — termine como termine — será largo y que no podemos sentarnos a esperar y ver qué pasa, cuando pase, si pasa.

El pasado 12 de noviembre se publicó la nueva versión de la web del Senado. La Cámara Alta del Parlamento español quiso remarcar la transcendencia del evento organizando las jornadas Parlamento abierto: El Senado en la red, con objetivo de reflexionar alrededor de la transparencia de las instituciones democráticas y cómo las tecnologías digitales pueden contribuir en hacer de las aquellas lugares más abiertos y participados.

El coste de la página web y su diseño son todavía materia de controversia, lo que en parte motivó que quisiera justificar mi participación en las jornadas para explicar que, independientemente del acierto de la web, valía la pena aprovechar la ocasión de dar a conocer la propia opinión sobre la encrucijada entre la Democracia y la Sociedad de la Información (que es de lo que creo que va todo esto en el fondo).

Esto no es la crónica de dichas jornadas — que puede encontrarse en el blog académico en tres partes sobre transparencia y comunicación, accesibilidad y reutilización de la información del sector público y participación ciudadana y parlamentos en la Red, así como en el apunte de Miguel Ángel Gonzalo ?Balance de #senadored — sino una suerte de reflexión de qué sucedió allí, por qué y qué debería suceder a partir de ahora.

La nueva web del Senado

Decía que la web del Senado ha sido duramente criticada tanto por su coste como por algunas de sus características. Mis conocimientos de tecnología no me permiten hacer un análisis a fondo como han hecho otros, ni tampoco es este mi interés. Así que haré solamente tres breves comentarios al respecto, sobre todo para que no esté esta cuestión presente en las siguientes reflexiones.

1. Viendo lo que requerían los pliegos técnicos y lo que se aceptó en un concurso competitivo, así como las explicaciones de los técnicos del Senado, mi humilde y limitadamente informada opinión es que la web del Senado vale lo que costó. Dicho de otro modo, lo que se entregó — y se ha publicado — cuesta el dinero que se pagó.
2. La web tiene muchas deficiencias técnicas de todo tipo que se han apuntado en varios lugares, entre otros en la misma sesión de presentación en el Senado. Muchas de ellas solventables (cuestiones de programación, de accesibilidad, de usabilidad), otras de ellas no tanto: aunque pueda aceptar — como se afirmó en el Senado — que el programario libre pueda tener costes de adaptación tan o más elevados a corto plazo que el propietario, se me hace difícil pensar que a medio o largo plazo la primera no sea la mejor opción. La mayor comunidad de programadores redunda en mayor seguridad y funcionalidades, además de coste cero en mantenimiento de licencias y actualizaciones. Y también es una cuestión (personal) de filosofía, de principios.
3. Esta no es la web que yo hubiese encargado. Aceptando que la web vale lo que cuesta, aceptando sus errores técnicos e incluso la opción por el programario propietario, qué hacer con ese dinero y esos programas sí tiene muchas otras opciones. Y yo, personalmente, hubiese tomado otros caminos. Datos y API abiertos, agregación de contenidos generados por los senadores y los ciudadanos (p.ej. agregadores de blogs, de cuentas de Twitter, de hashtags), segmentación por temas de actualidad, correlación de las actividades entre las cámaras… en definitva, una web útil como herramienta de trabajo, con claro afán bidireccional, que pueda usarse como referencia por senadores y ciudadanos para fundamentar argumentos, como fuente de información, de debate, de deliberación. Plataforma para realizar consultas, también a los ciudadanos (oficiosas, no vinculantes). Referente en rendición de cuentas al detalle. No creo que sea este el espíritu, que es el que yo querría.

Políticos 1.0, ciudadanos 2.0

Decía que el espíritu de la web no es el de una web como herramienta de trabajo. Pero sí es, considero, un primer paso hacia más transparencia. Esto se desprendió de toda la sesión del 12 de noviembre, y no solamente por la web (puede compararse con su predecesora), sino por el tono mismo de las jornadas.

De 10 intervenciones — además de las de los dos vicepresidentes — 6 de ellas fueron de personas ajenas al hemiciclo. Los 4 senadores se esforzaron en explicar cómo utilizaban Internet en general, y las redes sociales en particular, para preparar sus sesiones, para compartir los debates, para hablar con los ciudadanos. Los 6 invitados externos no tuvieron reparos en exponer su idea de democracia en una sociedad digital. Con moderación, pero sin concesiones, se habló del (mejorable) papel de los medios de comunicación, de la necesidad de tener cargos electos (digitalmente) formados y abiertos al diálogo, de las múltiples formas de excluir a los ciudadanos, de la (necesaria y todavía no alcanzada) transparencia en democracia, de la diferencia entre estar en la red y formar parte de ella para una democracia más participada, o de las nuevas formas de democracia extra-parlamentaria que pueden complementar a las instituciones (si se dejan).

¿Lugares comunes? A lo mejor. ¿A muchos puede sonar a ya antiguo? Seguro. Y sin embargo allí sonó vanguardista. Sin segundas: más allá de echarse las manos a la cabeza porque suene a vanguardista lo que otros parlamentos o parlamentarios parecen tener superado (tampoco tantos…), lo significativo fue el sincero convencimiento de que se estaba dando un paso decisivo hacia un Senado (y un Parlamento, por construcción) mejores. Y tanto la web como las inéditas jornadas que acompañaron su puesta de largo son mascarones de proa de algo que se esta fraguando en el Parlamento español.

(Abro paréntesis: voy a recordar que la web no tiene el espíritu que yo quería y que mi intervención no se limitó a pedir más democracia sino otra democracia. Cierro paréntesis).

Hay tres tipos de personas en el uso de la tecnología: quienes reniegan de ella, quienes la abrazan con pasión y quienes se están incorporando en su uso, venciendo los temores de los primeros con la ayuda entusiasta de los segundos. Lo que personalmente vi el 12 de noviembre en el Senado fue a muchos de estos últimos saliendo del armario, convencidos de que una tecnología que acaban de descubrir (y que, sí, es verdad, muchos ven ya antigua o «normal») les va a ayudar a hacer mejor política — porque había consenso que iba de esto, de democracia, no de tecnología.

Creo que sobre el primer grupo — los renegados, o refuseniks en el argot — no hay mucho debate: hay que echarlos de sus escaños. No por tecnófobos (que también: estas son herramientas para hacerlos más eficientes y eficaces en su trabajo, que pagamos entre todos), sino porque el diálogo con el ciudadano solamente les interesa para pagar su voto. Hay pues, motivos profesionales y motivos éticos para deshacerse de los representantes políticos que hacen mal su trabajo. Y, a estas alturas, no creo que haya que hacer muchas más concesiones en este terreno.

Pero, más allá de los renegados de convencimiento, ¿qué hacer con los otros, esos que a muchos les parecerán dinosaurios mientras ellos mismos se ven a sí mismos redescubriendo la política a través de Internet? ¿Nos arrimamos a los vanguardistas de verdad y despreciamos al resto?

Tendiendo puentes

Personalmente considero que las instituciones democráticas deben sanearse. Urgentemente. De entre las muchas formas de hacerlo, no obstante, tengo la sospecha que una vía importante empieza desde dentro, indignando a los políticos que las habitan, para que pueda salvarse la política aun a costa de los/algunos políticos.

Pero indignar no es lo mismo que enfurecer. Indignar es hacer que quienes están en el tránsito de abrir más su forma de hacer política, hacerla más transparente, más participada, más «2.0», se alíen con los pioneros para echar de sus escaños a los legajos de la democracia caciquil y de pelotazo. Enfurecer es hacer que quienes están en el tránsito de abrir más su forma de hacer política, hacerla más transparente, más participada, más «2.0», se alíen con los sedimentos de caspa del Parlamento para echar de él a los «enfants terribles» de la política, los vendehumos de la participación digital que los abocaron a las fauces de una ciudadanía que los espera de uñas en las redes sociales.

Cuando leía, o cuando leo, las críticas a la nueva web del Senado, creo que se pueden agrupar en dos tipos. La primera es la crítica técnica, objetiva, sentida… que puede ser ácida o vehemente, pero que no se aleja de lo constructivo. Está, después, la crítica sangrante, destructiva, aniquiladora. Todos tenemos malos días y todos tenemos días ocurrentes: lo que importa son las tendencias.

De entre lo mucho que aprendí en mi visita al Senado el pasado 12 de noviembre — y por lo que estoy muy profundamente agradecido a Miguel Ángel Gonzalo, Imma Aguilar, José Ángel Alonso y otras personas que tuve el gusto de encontrar allí — lo más relevante fue constatar los sinceros esfuerzos que algunos (puede que pocos, pero algunos) hacen para mejorar la democracia desde dentro. Y el terrible daño que los disparos al azar y las balas perdidas hacen entre esas filas, especialmente entre los pocos que tiran de los demás.

No creo que haya que rebajar el tono de la crítica cuando sea merecida (al contrario). Ni ser más condescendiente. Ni, en absoluto, entrar en el paternalismo.

Pero sí creo que hay que discriminar. Ver quiénes son aliados. Ver dónde están. Y evitar que sean alcanzados por fuego amigo. O, dicho de otro modo, cuando haya críticas, ver hacia donde se dirigen y si habrá daños colaterales que puedan dar al traste con los puentes que, desde dentro, se intentan tender día a día.

Una vez tuve un jefe que solía discrepar de las decisiones de sus jefes — es decir, los jefes de mi jefe. Un día le propusieron unirse a ellos, es decir, le ascendían y pasaba a formar parte de la cúpula directiva. Compartí con él mi sorpresa sobre el hecho de que acabase aceptando trabajar con alguien con quien tanto había discrepado (me consta que no había ánimo de medrar en la aceptación). La respuesta fue cordial pero directa: si no aceptas responsabilizarte de lo que tanto has criticado, si no aceptas la oportunidad de hacer lo que siempre has dicho que harías si algún día podías, no te quedará ya legitimidad para la crítica.

Mañana participo en las las jornadas Parlamento abierto: El Senado en la red, enmarcadas dentro de la inauguración de la nueva web del Senado.

Esta nueva web ha sido ampliamente criticada por su elevado coste, así como por otros muchos motivos técnicos: uso de software privativo e información en formatos poco abiertos, ausencia de formas de reutilizar la información pública, etc. Sin haber tenido acceso a la nueva página web, estas son opiniones que de ser ciertas comparto sin fisuras. Estas y muchas más que, sin mucho esfuerzo, aparecen en la lista de «sospechosos habituales» en cómo hacer y cómo no hacer una página web de un organismo público. Y más en un contexto de alta desafección política.

Y es, por este preciso motivo, que creo que vale la pena participar en la inauguración.

Apunta César Calderón que estar en la presentación significa aprobación, complicidad o al menos anuencia. Evidentemente, ese puede ser el significado si uno trae bajo el brazo un mensaje de aprobación, complicidad o anuencia.

Personalmente tengo intención de llevar a la cámara alta otro mensaje. Un mensaje que, básicamente, relativiza la importancia o el coste de la página web. Un mensaje que intentará centrarse no tanto en las aptitudes tecnológicas de la institución como en las actitudes tanto de la institución como de las personas que la componen.

Aprovecharé que me acompañarán en la mesa dos senadores, aprovecharé que las jornadas están presididas por el Presidente del Senado, aprovecharé que en otras mesas y en la sala habrá otros senadores, periodistas, representantes públicos para hablar de que lo importante (en mi opinión) no son las herramientas sino lo que se hace con ellas.

Intentaré explicar que una página web tiene dos filos: el de informar unidireccionalmente sobre la importante labor que hace la institución y el de escuchar a los ciudadanos sobre lo que éstos creen que debería hacer dicha institución. Que Twitter tiene dos filos: el de soltar propaganda como en cualquier otro canal y el de dar la oportunidad a los cargos electos de participar en las conversaciones de los ciudadanos. Que la democracia, en general, tiene dos filos: el de la representación per se, y el de la representación como segunda opción cuando la participación directa no es posible o no es eficaz o no es eficiente.

En mi presentación compartiré mi opinión de que las páginas web, la web social o cualquier instrumento se puede utilizar exactamente igual que el instrumento que sustituye, para conseguir mejoras marginales en el desempeño de unas funciones, o para transformar radicalmente la forma como trabajamos.

En mi presentación concluiré que el coste de una página web es poco irrelevante si ello nos lleva a una transformación en la forma de entender y poner a la práctica la democracia en este país, acorde con otras revoluciones que se están dando ya en el ámbito de lo económico o lo personal.

En mi presentación concluiré que el coste de una página web es infinito, por bajo que sea, si ello nos deja en el mismo lugar en el que estábamos.

Y, sobre todo, explicaré por qué, por qué pienso así.

Pero esto solamente lo podré decir y hacer llegar a las orejas pertinentes si voy y participo en la presentación de la página web del Senado. Por eso he aceptado la invitación de participar, porque me da la oportunidad de, aunque sea de forma ínfima, ser escuchado desde dentro.

La confianza en la situación política es mala y a medida que pasa el tiempo tiende a empeorar. Ante esta situación no es sorprendente que arrecien las críticas a la democracia en general y a sus instituciones en particular. Las respuestas a dichas críticas pueden, por norma general, agruparse en dos grandes categorías:

• La democracia es buena — o es la menos mala de las opciones posibles —, costó mucho poder votar (en referencia a la todavía reciente dictadura del General Francisco Franco) para que ahora se critique la democracia y, en definitiva, criticar la democracia es volver hacia atrás en el tiempo a épocas más oscuras.
• Las instituciones de la democracia (gobiernos, parlamentos, partidos, el cuarto poder) son necesarias y querer acabar con ellos no puede sino abocarnos al caos, la anarquía y la ley de la selva.

Si bien estas repuestas pueden ser apropiadas ante algunas críticas a la democracia de corte más nihilista o totalitario (que es cierto que las hay), creo que en general suponen una posición acrítica, inmovilista y a veces reaccionaria ante la posibilidad de hacer evolucionar, mejorar e incluso transformar las democracias en qué vivimos.

La democracia es buena… pero hay varias democracias

Cuando se afirma que la democracia es buena lo que en realidad se está diciendo es que esta democracia o esta forma de hacer democracia y no la quiero cambiar. Democracias hay varias y la democracia representativa o la democracia parlamentaria o la monarquía constitucional o parlamentaria son solamente una opción. Son democráticas otras formas de monarquía y así como diversas formas de república. Son también democráticas diversas formas de democracia participativa, como la democracia directa y la democracia deliberativa, formas que pueden darse dentro de las anteriores democracias parlamentarias monárquicas o republicanas. Por último, son también democracias desde las formas más liberales de democracia hasta las más socialistas.

Hay una crítica a la democracia que no persigue su total abolición en favor de la anarquía o (en el caso español) una vuelta al totalitarismo militar, sino que persigue reflexionar sobre si el actual modelo de democracia es el mejor o podría substituirse o combinarse por otros distintos. Igualmente democráticos.

Las instituciones son necesarias… pero hay varios modelos de institución

Sucede lo mismo con las instituciones. Muchas de las críticas que se vierten contra las instituciones políticas no persiguen su aniquilación, sino su mejora o su transformación. Es crítica a las instituciones plantearse si un parlamento bicameral en España tiene sentido, sin por ello pretender que no haya ningún parlamento en absoluto. Es crítica a las instituciones plantearse si actual la forma de elegir a los representantes que ocuparán un escaño en dicho parlamento es la mejor, o bien si hay otras formas que pudieran dar resultados que sean más fieles a la voluntad de los ciudadanos. Es crítica a las instituciones pedir más transparencia y mayor rendición de cuentas sin por ello querer acabar con dichas instituciones (sino todo lo contrario).

Hay una crítica a las instituciones que no persigue su desmantelamiento en favor de otras alternativas (que serían no obstante posibles dentro de otros modelos de democracia) sino que persigue reflexionar sobre si el actual diseño institucional es el mejor o podría mejorarse o transformarse. Manteniendo, no obstante, las mismas instituciones.

La democracia y las instituciones son necesarias… pero sus habitantes pueden cambiar

Por ultimo, hay también críticas a la democracia y las instituciones son, en realidad, contra quienes las habitan. Es solamente por un burdo y falaz ejercicio de identificar contenido por continente que se genera un inexistente ataque o crítica a la democracia y sus instituciones. Es posible estar a bien con en el actual modelo de democracia así como también es posible estar a bien con el actual diseño institucional, y sin embargo ejercer una crítica frontal contra quienes administran la democracia y sus instituciones, aspirando a una profunda depuración de representantes electos y cargos públicos.

Hay una crítica a la democracia y a las instituciones que no es en realidad tal, y que persigue reflexionar sobre el desempeño, la eficacia o la eficiencia individual de las personas que han sido escogidas o nombradas para poner en marcha los mecanismos de la democracia. Creer que personas e instituciones o democracia son la misma cosa se sitúa en algún punto entre un corporativismo cínico y la total incompetencia.

La democracia solamente es tal si puede ser atacada, criticada, puesta en duda tanto en su diseño como en sus funciones, lo que incluye las instituciones y, por supuesto, quienes las hacen funcionar. Lo contrario sí es el caos, sí es la anarquía y, sobre todo, sí es totalitarismo.

La Junta Electoral Central ha ordenado retirar la campaña del 25-N que el govern de la Generalitat había elaborado en relación a las elecciones autonómicas de Catalunya.

Si bien los partidos que elevaron sus quejas a la Junta Electoral denunciaban que dicha campaña era parcial, por fomentar un voto soberanista a partir de dar una gran visibilidad a la manifestación independentista de la pasada Diada, la Junta Electoral ha fundamentado su decisión de anular la campaña por fomentar el voto en sí mismo, por fomentar el ir a votar. Este fomento del voto no estaría permitido según lo que apunta el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

La Generalitat ha anunciado que recurrirá la retirada de la campaña institucional del 25-N amparándose en el artículo 43 del Estatut de Catalunya que sí permite el fomento de la participación.

¿Quién tiene razón?

Vayamos por partes.

El artículo 50 de la LOREG dice que los poderes públicos […] pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores.

En unas elecciones hay cuatro opciones posibles: votar una lista, votar en blanco, emitir un voto nulo, o no ir a votar. No ir a votar es, pues, una opción tan legítima como ir a votar. Y esto es así al margen de que uno pueda pensar que es mejor ir a votar. En este sentido, hay partidos hacen campaña — insisto, legítima — para que la gente no vaya a votar. Así, una comunicación institucional que esté apoyando de forma explícita o implícita el ir a votar está decantándose o haciendo propaganda a favor de tres opciones (votar una lista, votar en blanco, emitir un voto nulo) sobre una cuarta opción (no ir a votar), perdiendo con ello la imparcialidad.

Pero, ¿y lo que dice el Estatut?

El artículo 43 del Estatut de Catalunya dice que los poderes públicos deben procurar que las campañas institucionales que se organicen en ocasión de los procesos electorales tengan como finalidad la de promover la participación ciudadana.

¿Qué es participación? Participación es, por supuesto, organizar debates sobre los problemas de la ciudadanía y cómo las distintas formaciones políticas quieren afrontarlos, es tomar parte en eventos propagandísticos y mítines, es colgar carteles y es, por descontado, ir a votar. Pero, tal y como decíamos antes, hay más opciones. También es participar denunciar que el proceso electoral es deficiente, dar a conocer los sesgos y debilidades del actual marco democrático o preferir otras formas de participación no democrática no centradas en la representación. En consecuencia, también es participación fomentar el no ir a votar como forma de protestar contra el actual sistema electoral o contra cualquier tipo de elecciones porque se prefieren alternativas a la democracia representativa. Eso también es participación.

Por tanto, la campaña del govern de la Generalitat vulneraba el artículo 50 de la LOREG al mismo tiempo que no puede ampararse en el artículo 43 del Estatut de Catalunya: no son artículos contradictorios sino totalmente complementarios. Siempre y cuando, claro está, se considere participación la crítica contra los sistemas establecidos y el «no voto» de protesta. Al fin y al cabo, votar es un derecho, no una obligación.

Decíamos en Ley de Transparencia: de la publicación de datos al trabajo en abierto que, siendo generosos, el entonces Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno era apenas una leve mejora a la situación actual en materia de (perdón por la redundancia) transparencia, rendición de cuentas y depuración de responsabilidades. Sí, se agilizaban algunos trámites (básicamente, se digitalizaba la comunicación y entrega de documentos); y sí, se penalizaban algunas conductas poco legales (muchas de ellas explícita o implícitamente incluidas ya dentro del actual código penal y todas ellas dentro de la ética más elemental).

Los motivos para un Anteproyecto de Ley tan poco ambicioso (simplemente malo, en palabras de muchos) recorrían, como en toda acción que no comprendemos o desaprobamos, la distancia que separa la ignorancia de la mala fe. ¿Era el Anteproyecto un quiero y no puedo por incapacidad de quien lo impulsaba o se quedaba en nada por interés de que así fuese? El texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 dio fuerza a esta última tesis: si, después de más de 3000 aportaciones de los ciudadanos en la ronda de comentarios del Anteproyecto, el texto apenas si había cambiado (a efectos prácticos) un par de comas, solamente un firme interés en tener una Ley de poco recorrido podía estar detrás de ese sostenella y no enmendalla.

Las últimas noticias vienen a confirmar esta sospecha:

El Gobierno ha invitado al PSOE a desplazarse al Palacio de la Moncloa para consultar las alegaciones presentadas por los ciudadanos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ya que contienen información privada y si se remiten al Congreso se podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, según han informado fuentes gubernamentales.

Hay, al menos, tres despropósitos en la propuesta que hace el Gobierno: que los ciudadanos hacen alegaciones, que se invite a un partido a consultarlas y que se utilicen los datos personales como coartada a la transparencia.

Alegatos

La palabra «alegato», aunque bastante neutral en sus diferentes acepciones, siempre tiene una connotación de desacuerdo, de ataque (o de defensa), de confrontación. No dudo que algunos de los comentarios que los ciudadanos hicieron en su debido momento al Anteproyecto de Ley eran alegatos, incluso enmiendas. Pero seguro que la mayoría fueron, efectivamente, comentarios, probablemente muchos de ellos constructivos. Este es el tono, por lo general, de quienes trabajan en transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto y demás.

Pensar que los comentarios de los ciudadanos son alegatos o enmiendas, que van a la contra, que son algo molesto, es ponerse a la defensiva y pensar en el ciudadano como un adversario. Y, aunque los todos y cada uno de los comentarios fuese, efectivamente, una crítica, ese es precisamente el espíritu de una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública: la participación, con diferentes grados, de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Compartir la información con un partido

El segundo despropósito es compartir la información con (a) un partido político y (b) con un único partido político. Por una parte es irrelevante que la solicitud de acceder a los comentarios al Anteproyecto de Ley la hiciese ese partido político: si un partido político va a tener acceso a determinada información pública, todos los partidos merecen dicho «privilegio», lo pidiesen o no.

Pero es todavía más importante hacer notar que se trata de una Ley para acercar la acción de gobierno a la ciudadanía: después de año y medio de manifestaciones y protestas para mejorar la democracia, con la legitimidad de gobiernos y partidos por los suelos, después de estar diseñando una ley para supuestamente mejorar todo esto, no puede la información darse dosificadamente a unos pocos diputados. Hay que hacerla pública en su totalidad y para toda la ciudadanía.

La coartada de la protección de datos

Dejando al margen que el formulario de comentarios era, como poco, simple, eliminar los (pocos) datos personales cuando estos se guardan en una base de datos es un ejercicio básico. O, dicho de otra forma, compartir solamente los contenidos de los comentarios sin desvelar la identidad de sus autores es de una simpleza elemental.

Escudarse en la protección de datos para no publicar los comentarios merece, al menos, dos comentarios.

El primero, de carácter técnico: si realmente el motivo son los datos personales, significa que no solamente no se está preparado para llevar a cabo las tareas de gestión de bases de datos más simples, sino que todavía menos se está preparado para los futuros retos que conllevará la futura Ley de Transparencia, incluso en su modalidad menos ambiciosa. Se impone, pues, renovación del equipo técnico y/o político, en función de donde esté la persona o personas poco capaces para trabajar en la cosa pública en el s.XXI.

El segundo, de carácter mucho más político y que daba título a esta reflexión: si el motivo no son realmente los datos personales, cabe negar la mayor. La Ley de Transparencia se ve desvirtuada en el proceso mismo de su diseño y debate en abierto. Una Ley de Transparencia que no admite comentarios — ahí está la resistencia a hacerlos públicos y ahí está el texto final del Proyecto de Ley sin prácticamente modificaciones de fondo — es una Ley que nace contra sí misma. Un anteproyecto que podía servir de prueba piloto para un gobierno transparente, abierto y participado acaba engendrando un aborto en su propia concepción.

Y, lo peor de todo, parecen disiparse los motivos para semejante aborto: a medida que avanza el tiempo, salen de la ecuación las razones que apuntaban a la incompetencia y queda sobre la mesa, únicamente, las razones que apuntan hacia la mala fe: el Gobierno jamás quiso una Ley de Transparencia. Y si es así, al menos no nos hagan perder el tiempo.