ICTlogy

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición para 2013 de su Global Information Technology Report. Este informe contiene el Networked Readiness Index, probablemente el mejor índice que hay actualmente para medir el pulso a la Sociedad de la Información, mejor incluso que el ICT Development Index de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que todavía tiene un cierto sesgo a favor de las infraestructuras — una argumentación a fondo de esta cuestión puede encontrarse en Measuring digital development for policy-making: Models, stages, characteristics and causes.

¿Cómo está España según el Foro Económico Mundial en términos de desarrollo Sociedad de la Información? Depende. Veámoslo primero en relación a sí misma y después en relación al resto del mundo.

Evolución 2012-2013 de España Networked Readiness Index en relación a sí misma (puntuación)

El siguiente gráfico nos muestra cómo cambia de 2012 a 2013 la puntuación que obtiene España en las 10 categorías o pilares que define el Foro Económico Mundial. La puntuación va de 1 (peor) a 7 (mejor).

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Hay tres aspectos que saltan a la vista rápidamente, dos de las cuales llevan en gran parte a la tercera.

La primera es que, dentro de los usos (cuadrante sur-oeste: uso individual, empresas y Administración) destacan las empresas por ir muy por detrás en adopción de las TIC que el sector público y los ciudadanos a título individual. Y, además, no hemos avanzado en esta materia.

La segunda cuestión, un clásico en España, es la asequibilidad o, en otras palabras, lo caro que sigue siendo Internet. Si a ello le añadimos la también mala puntuación en el marco político y legal, la conclusión es clara: no hemos superado todavía la fase de monopolio de Telefónica, y la competencia de las telecomunicaciones en España es todavía muy deficiente.

Tercera cuestión, corolario de las dos anteriores: el impacto económico de las TIC en España no arranca. Si las empresas no adoptan las TIC y el marco político y legal no lo favorece, es difícil que la tecnología dinamice la economía. Y lo que es peor: en un año de crisis profunda, ello también afecta el impacto social, cuya puntuación cae (y bastante) de 2012 a 2013. Un desastre.

Evolución 2012-2013 de España Networked Readiness Index en relación al resto del mundo (clasificación)

Cabría preguntarse si lo que hemos expuesto anteriormente es problema de España o bien es algo generalizado. Lo aproximaremos a través del puesto que ocupa España en la clasificación total de 144 países que incluye en el índice.

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Lo primero que cabe destacar es que España se sitúa alrededor en el puesto 38 global, lo que podemos o bien interpretar como cola de león — es de que peor puntúa dentro de los países más ricos — o como cabeza de ratón — es de los países más avanzados en Sociedad de la Información dentro del pelotón de países que persigue a las economías más ricas. Que cada uno se sitúe donde prefiera y haga las reflexiones al respecto que considere necesarias.

En lo que se refiere a los indicadores para cada categoría, hay dos cosas a añadir a lo dicho anteriormente.

Lo primero es confirmar, también a nivel comparado, el problema de los precios de las telecomunicaciones en España y su creciente impacto negativo en el ámbito de lo social. Es decir, la deficiente liberalización del sector afecta a la economía y, tanto de forma directa como indirecta, está empezando a afectar el bienestar de la población (léase en términos de telemedicina, de educación virtual, de ocio digital, etc.).

El segundo punto, y que quedaba camuflado en la gráfica anterior, es cuán deficiente es todavía la competencia digital de nuestros ciudadanos. Aunque mejora de un año para otro, esta es todavía una categoría donde España queda mal clasificada.

Súmense la deficiente liberalización del sector y su impacto en los precios, la mala adopción de las TIC en el sector privado, y el bajo nivel de competencia digital de los ciudadanos y tenemos servida la bomba de relojería que ha de minar la productividad y la competitividad, por una parte, y el impacto social de las TIC, por otra.

¿Conclusiones?

No todo — ni mucho menos — está mal en España en términos de Sociedad de la Información. Hay, como mímimo, tres aspectos que vale la pena destacar.

El primero es la calidad de las infraestructuras y contenidos digitales: la base es buena y está ahí para ser utilizada.

El segundo es el espectacular esfuerzo que se ha hecho en materia de modernización en la Administración, digitalizando procesos, generando un marco legal pionero y de gran calidad en materia de acceso a la Administración electrónica, esquemas técnicos o protección de datos (lo que no contradice la mala calidad del resto de regulación). En España, la Administración está haciendo las funciones de locomotora digital que las telecomunicaciones y el sector privado tienen completamente abandonadas.

Por último, la intensidad de uso de los ciudadanos: aunque con competencias digitales mejorables, están cada vez más acostumbrados a operar en la virtualidad.

¿Qué hacer con este panorama?

De forma urgente, es estrictamente necesario trasladar el uso que los ciudadanos hacen a título individual de las telecomunicaciones al ámbito de las instituciones: empresas, sobre todo, pero también gobiernos, partidos, sindicatos, escuelas, universidades, medios de comunicación… Es como si las personas dejasen de utilizar Internet al entrar en las instituciones — especialmente las empresas.

Para ello, hay que fomentar la adquisición de competencias digitales en el ámbito profesional, y muy especialmente en las cúpulas de dirección y gerenciales del sector privado. Dentro de estas, hay que hacer hincapié en las PYMES, cuya capacidad para formarse está siempre limitada a sus exiguos recursos. ¿Por qué no telecentros virtuales?

Es como mínimo sorprendente que prácticamente todos los esfuerzos (los pocos que en mi opinión se hacen) en el ámbito de fomentar el empleo se concentren en el lado de la oferta, es decir, en el trabajador. No sirve de nada tener trabajadores cualificadísimos si las empresas son incapaces de absorber ese talento. Y el bajo uso de las TIC en la empresa (es decir, en la PYME) no es sino un indicador de la incapacidad de innovar, de modernizarse, de competir de nuestro sector privado. Podríamos afirmar que muchos empresarios (que no emprendedores) no están en paro básicamente porque las empresas son suyas.

Y, por supuesto, hay que acabar de una vez por todas con las rémoras monopolísticas que lastran nuestro país en materia de telecomunicaciones. Y, a poder ser, no generar nuevos monopolios y gravámenes en, por ejemplo, el mundo de los contenidos digitales.

El Parlament de Catalunya ha rechazado hoy prohibir el fracking por ley aunque, en su lugar, sí ha aprobado crear una comisión para investigar los pros y contras de dicha técnica.

A simple vista, nada que oponer. La cuestión del fracking — como cualquier otra cuestión, dicho sea de paso — tiene muchas aristas técnicas y afecta a suficientes ámbitos de la sociedad (medio ambiente, economía, bienestar de las comunidades afectadas, etc.) como para que su aproximación sea compleja. Así pues, es lo más normal que no se quiera votar sin ton ni son, sin fundamento, únicamente basados en apriorismos, en sesgos ideológicos o, peor, empujados por grupos con intereses particulares (y no de conjunto).

Hasta aquí, bien. ¿Sí? No del todo.

Eso estaría bien en un mundo con difícil acceso a la información y las comunicaciones. Es difícil acceder a los especialistas en la materia, es difícil hablar con los afectados, es difícil contrapesar las necesidades de los grupos de interés y, sobre todo, es difícil, caro y arduo generar un debate alrededor del tema. Por tanto, se reúnen los diputados y acuerdan, con muy buen criterio, que el Parlamento concentre los esfuerzos y los recursos y sufrague los costes de fundamentar una ley (o su rechazo).

Pero existe Internet. Y hay un buen número de ciudadanos deseosos de participar aunque prefiera hacerlo desde fuera de las instituciones. Ciudadanos que pueden aportar los puntos de vista y conocimientos necesarios para documentar bien un proceso legislativo.

Pero los partidos viven de espaldas a ellos. Y a sí mismos.

Los partidos y su información sobre el fracking

El grupo ICV-EUiA presentó el 17 de diciembre de 2012 su propuesta de ley de prohibición de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales por medio de fractura hidráulica (fracking). Aparece disponible en la web de Iniciativa (no del grupo parlamentario), hoy, 10 de abril de 2013, 4 meses después. Buscando un poco, la única información complementaria a esa ley es una campaña de sensibilización sobre los riesgos del fracking iniciada en marzo de 2013, o unas declaraciones criticando el grupo de trabajo interdepartamental de la Generalitat.

Las CUP aportan mucha movilización en el territorio, pero ningún documento que sustente o justifique dicha movilización. Vale lo mismo para el tercer grupo que hoy apoyaba la Ley, el PSC, con algunas declaraciones y la mención al plan energético nacional.

Por último, otro de los grandes impulsores del movimiento anti-fracking en el Parlament, Ciutadans per Catalunya, se hace eco de su propuesta de crear una comisión de estudio del fracking en el Parlament, pero ni rastro en su argumentario.

Por supuesto, ni una palabra sobre el tema en el PP o CiU, que se oponían a la ley pero sin que lleguemos a saber el porqué.

Sobre el grupo de trabajo interdepartamental de la Generalitat sobre la extracció de hidrocarburs por fractura hidráulica, a dos meses de su creación y a un mes de su (en principio) informe sobre el asunto, no consta ni web, ni composición, ni objetivos, ni plan, ni estado de la situación.

El debate y la información sobre el fracking en el mundo

El fracking no es una técnica reciente, aunque sí ha visto un auge en los últimos años tanto por un abaratamiento de costes en la técnica, el incremento de costes de las técnicas habituales de extracción de crudo y, sobre todo, el agotamiento de los pozos susceptibles de extracción por otros métodos.

La siguiente gráfica nos muestra cómo ha crecido rápidamente el interés en el tema a partir de mediados de 2010:

En España el interés llega algo más tarde, pero no tan tarde:

La primera versión de la página de la wikipedia para Hydraulic fracturing in the United States data de enero de 2007. La de Fracturación hidráulica de febrero de 2011.

El debate sobre el fracking en los medios de comunicación lleva al menos dos años siendo bastante vivo.

Hacer los deberes

Volvamos a la primera casilla. En diciembre se presenta una propuesta de ley para prohibir el fracking, en febrero el Govern de la Generalitat crea un grupo ad hoc para estudiarlo, y en marzo se propone la creación de otra comisión ad hoc en el Parlament que acaba aprobándose en abril en sustitución a la ley contra el fracking.

El argumento para posponer la decisión de prohibir el fracking por ley y en su lugar crear una comisión para estudiarlo es porque debemos ver todo esto en profundidad y porque los diputados no están lo suficientemente formados para emitir un juicio científico o técnico.

Y, sin duda alguna, estamos de acuerdo en el argumento, pero no en el momento en que este argumento se esgrime. Los representantes públicos deben tener las antenas puestas en la calle, donde el tema del fracking hace un par de años que se debate y uno entero que preocupa en tierras catalanas. Si no tienen las antenas puestas en la calle, lo mínimo que pueden hacer es tenerlas en el Parlamento: hace cuatro meses que se sabía que habría este debate. Cuatro meses para preparar el tema con «juicio científico o técnico». Mucho tiempo para poner a trabajar a los asesores y a los cargos de libre disposición que partidos y grupos parlamentarios tienen a sueldo del contribuyente.

Los académicos y profesionales de cualquier sector están acostumbrados a recibir llamadas de los medios de comunicación. Las de los representantes públicos, escasean. Encastillados en sus comisiones.

Hace años que sigo la cuestión de los movimientos sociales y el uso que hacen de Internet. A raíz de ello, los movimientos relacionados con el tema de la vivienda no me son del todo desconocidos. Recuerdo la sentada de V de vivienda en 2006, uno de las primeras wikis por la vivienda de 2007, o la ya más reciente participación de Ada Colau en el seminario de Comunicación y Sociedad Civil en 2011.

Mis primeras impresiones sobre todos estos movimientos eran opuestas aunque (por paradójico que pueda sonar) muy claras. Por una parte, una enorme empatía emocional con quienes impulsaban dichos movimientos, especialmente los que no pedían tanto una «vivienda digna» sino una vivienda y punto (caso de los desahucios). Por otra parte, desde la fría racionalidad, el convencimiento de que muchos habían cometido excesos (de confianza, de chulería, de prepotencia) y que cada palo tenía que aguantar su vela. El conocimiento más o menos cercano de más casos del segundo tipo (excesos) que del primero (tragedias humanas) provocaban un sesgo en mí que me obligaba a hacer un esfuerzo por comprender todos los argumentos de todas las partes.

Casi siete años después de las sentadas por una vivienda digna mis dudas y sentimientos encontrados sobre la cuestión perduran, pero no así el peso que doy a cada uno de ellos: el drama de los desahucios es, realmente, un drama de grandes dimensiones y profundidad, y en mi opinión urge hacer algo al respecto. Por otra parte, incluso dentro de los que podríamos considerar «personas que hicieron excesos», encontramos matices de gris y, sobre todo, e incluso en el más claro de los casos de «exceso», víctimas que no merecen los excesos de sus padres: a saber, sus hijos. A todo esto, y más allá de la visión micro o del caso concreto, se añade el contexto y la visión macro o de conjunto: qué tipo de leyes tenemos, qué sistema de prioridades tienen esas leyes, qué derechos protegen a costa de qué otros derechos, qué formas de control se ha dotado a ese sistema legal y, mucho más importante, qué mecanismos de corrección del mismo sistema regulatorio tenemos activados y cómo de bien o mal están funcionando dichos mecanismos.

Esta digresión me sirve para definir, aunque sea de forma indirecta, la naturaleza de un problema político: agentes que tienen puntos de vista distintos sobre una cuestión, cada uno con sus intereses particulares, y que al extender su impacto y alargarse en el tiempo acaba deviniendo un problema colectivo. En oposición a la política como gestión de problemas que afectan — directa o indirectamente &mash; a una buena parte de la ciudadanía, tenemos a la justicia que, por norma general, se ocupa de los casos «puntuales» y que suelen afectar a pocas partes y bien delimitadas. Soy consciente que esto son versiones muy simplificadas tanto de la política como de la justicia, pero para el caso que nos ocupa son, creo, suficientes y válidas.

Ayer se conocía que el Ministerio del Interior ordena identificar y detener a quienes hagan escrache a políticos, una decisión que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tachado de ‘barbaridad’ porque pone en duda la seguridad jurídica de las acciones.

Por supuesto que si un manifestante se extralimita en el ejercicio de sus derechos y agrede a otra persona ello debe tener consecuencias legales. Pero la cuestión no es esta.

La cuestión es que hemos convertido algo puntual y totalmente particular — una posible agresión de una persona a otra — a una cuestión de estado, a una cuestión política. Lo que es ciertamente inadmisible.

Pero tampoco esta es la cuestión real de fondo: convirtiendo lo puntual en algo categórico, también cogemos en lo que era general, del ámbito de la política, y lo convertimos en algo puntual. Judicializando el escrache lo expulsamos del Parlamento y del debate político y lo convertimos en una mera cuestión de «policias y ladrones». Enfocando en los síntomas acabamos olvidando la enfermedad.

Insisto: más allá de los posibles excesos de unas personas en particular — que seguramente los ha habido y los habrá — el problema del escrache no es quién señala sino qué se señala. Y ese qué son, en primera instancia, los políticos que se han inhibido del debate, pero, en última instancia y de forma relevante, el descalabro del sistema hipotecario español, que se está llevando por delante hogares, ahorros, bancos y empresas.

La solución al escrache no está en los cuartelillos ni en los juzgados. Ni en las declaraciones a los medios de comunicación. Ni en las tertulias. Ni en las calles.

Tampoco está la solución al escrache en la dación en pago.

La solución al escrache está en el Parlamento. En sentarse juntos, en el Parlamento, todas las partes, con sus puntos de vista, sus aportaciones, sopesando pros y contras. Y ya allí se decidirá si la solución al descalabro del sistema hipotecario (que es un problema distinto al del escrache, y que es su causa) es la dación o no. O es otra cosa. Pactada, consensuada. O al menos debatida. Tampoco es pedir tanto a quienes nos representan: dialogar está en su contrato.

Decía el otro día en Escrache: entre el acoso y la inhibición de los representantes públicos que hay que mirar en el fondo de la cuestión del escrache más allá de las formas. Afirmaba, sí, que las formas son importantes, y que habría que delimitar el escrache al ámbito de la vida pública del representante político. Y que más allá de esto, el problema real era de falta de comunicación — de aptitudes y de medios — entre ciudadanos y políticos.

La realidad nos ha traído hoy un ejemplo paradigmático.

Entre las muchas acciones programadas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha personado esta mañana en el despacho de abogados donde trabaja Dolors Montserrat, diputada por el Partido Popular y Vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

La primera impresión — y que mantengo — es si se puede abordar a un representante electo en su esfera privada, como esfera privada es este despacho de abogados para la diputada Dolors Montserrat. Personalmente me parece excesivo, como lo sería personarse en su domicilio particular o increparla un viernes por la noche mientras sale de cenar en un restaurante, por público que pueda ser el establecimiento o la calle donde está el mismo.

Sin embargo.

La pregunta es: mientras la diputada está dedicándose a sus «asuntos personales» en «horario laboral», ¿quién está preocupándose por los asuntos de los ciudadanos? ¿A quién y, sobre todo, dónde deben dirigirse los ciudadanos que tienen una consulta, una petición, una demanda, una queja o una propuesta?

No querría entrar aquí en el debate de si los diputados están mejor o peor pagados y si, en consecuencia, deben completar sus ingresos por otras vías. Esta es, en el fondo, una cuestión instrumental.

La cuestión de fondo es que las vías de diálogo están rotas. Y no solamente rotas, sino que son factualmente difíciles de restablecer si los ciudadanos y sus representantes políticos no comparten ni las preocupaciones ni los espacios donde debatirlas.

Porque es evidente que muchos ciudadanos y muchos diputados no comparten ni una cosa ni la otra.

Mientras unos ciudadanos están preocupados por los desahucios y van al Congreso a plantear sus propuestas, los diputados se ausentan del Parlamento para dedicarse a sus asuntos personales. Y así es imposible que haya encuentro y entendimiento de ninguna forma.

Con ello, la heterodoxia acaba imponiéndose y Mahoma acaba yendo a la montaña. Si los diputados no están en el Congreso, es poco menos que comprensible que los ciudadanos vayan a buscarlos allí donde estén.

Samuel Gompers en audiencia con el Rey Jorge V, según The Liberator, noviembre de 1918.

En la antigüedad, cuando los reyes y señores de la guerra hacían las leyes sobre la marcha, era habitual que al pueblo le fuese concedido el derecho de ser escuchado para poder presentar al jefe de la tribu sus problemas, necesidades, diferencias entre vecinos. Con el tiempo, la audiencia se fue institucionalizando para poder llegar a todo y a todos.

Con la democracia moderna y la separación de los tres poderes — ejecutivo, legislativo y judicial — se consigue una separación de funciones en el Estado, que aunque por una parte da mayor protección al ciudadano ante aquél, se genera un problema nuevo: quién escribe las leyes (el legislativo) no es quien atiende a los problemas de los ciudadanos en los tribunales (el judicial) y viceversa.

De la inhibición del representante electo

Cando se habla del escrache, de si las formas y procederes del escrache deberían tener unos límites o si los fines que persigue el escrache legitiman sus formas, nos estamos fijando, con pocas excepciones, en el qué, el cómo o el para qué del escrache, pero raramente en el porqué.

Y seguramente parte de la respuesta al porqué del escrache tiene que ver con lo apuntado más arriba sobre la separación de poderes: ¿está escuchando, realmente, el legislativo los problemas del ciudadano?

Hay una escena que se repite una y otra vez en cada nueva campaña electoral. El candidato de turno se pasea por el mercado y, niño en brazos mediante, le pregunta a la pescadera qué es lo que preocupa al pueblo. Después se va al hogar de ancianos y, con una suerte de imposición de manos, pregunta al jubilado qué es lo que preocupa al pueblo. Y hasta las próximas elecciones, que para algo el voto legitima al público a actuar como le venga en gana.

De esta forma, se han ido construyendo inhibidores de la democracia que a fuerza de no escuchar han desembocado en una total desposesión de la soberanía del ciudadano.

El representante electo se ampara en la disciplina de voto para inhibirse totalmente de aquello que vota o que las siglas que representa y en las que milita defiende. Hemos llegado a absurdos totales en los que nuestros representantes han llegado a admitir — o a dejar evidente — que no sabían que acababan de votar. La excusa más recurrida suele ser que hay que repartir tareas, que cada uno tiene su parcela y que no puede ser experto en todo. Esto es verdad hasta cierto punto: aquel en que uno empieza a lavarse las manos de lo que hacen sus compañeros… a sabiendas de que lo están haciendo. Es como si un padre, siendo reprochador porque su hijo está robando en una tienda, se encogiese de hombros para decir, solemnemente, que la educación sobre la propiedad privada es un asunto responsabilidad de la madre del niño.

El escrache como síntoma

Decía antes que cuando se aborda el tema del escrache se aborda en sí mismo, y es a el fenómeno mismo al que se dirigen las reflexiones, críticas o justificaciones.

Pero el escrache no es una enfermedad: es un síntoma. Y atajar los síntomas raramente acaba con la enfermedad subyacente que están denunciando.

El escrache — el porqué del escrache —, más allá de los fines que persigue, responde seguramente a tres grandes razones, a tres grandes enfermedades que está poniendo a la luz, a cuál más importante:

1. La constatación de que las instituciones de la democracia no están respondiendo a las demandas de la población, enrocadas como están en sí mismas, ajenas a lo que se cuece en la calle.
2. La necesidad de, ante el inmovilismo institucional, recuperar la legitimidad política y capacidad de acción secuestrada por las instituciones democráticas, que se han autoarrogado el derecho a ser las únicas que representan los intereses de los ciudadanos.
3. La evidencia de que hay nuevas formas de organización política que están permitiendo pasar de las acampadas a la acción.

Condenar el escrache puede ser una llamada de atención a las formas en corto, pero es totalmente estéril a largo plazo porque no se cuestiona sobre los motivos.

Las formas del escrache

Como ya sucedió en el Congreso durante la comparecencia de Ada Colau, las formas del escrache deben mirarse desde ambos puntos de vista.

Por una parte, creo que es necesario apuntar que, en mi muy personal opinión, el escrache, el señalar al político, el increparlo, debe tener límites. Estos límites, para mí, son bastante claros. Por una parte, y en lo que respecta a la persona, el abstenerse de cualquier tipo de violencia, la verbal incluida. Por otra parte, y en lo que respecta al momento, considero que este debería ser únicamente cuando la persona está actuando como representante público. Ello no solamente excluye su domicilio personal, sino también un paseo por la calle, lugar público pero en el que no está «actuando en público» o ejerciendo su cargo. Personalmente empatizo más con la figura del heckler anglosajón que con la del escrache argentino, mucho más cercano al acoso (para mí, condenable, sea por el motivo que sea) que no a la demanda, la protesta o la denuncia.

No obstante. Y volviendo a la cuestión de la costumbre — o falta de costumbre — de saber o querer escuchar. No habría que confundir un acoso con un mero llamar la atención, con un afán de ser escuchado. Sobre todo, no habría que tomar por acoso cuando se trate del ejercicio del derecho a ser escuchado. Escuchado por quién dice ser el representante del ciudadano. Representante del ciudadano cada día y no solamente durante la campaña electoral.

Algunos viven en un sopor democrático tal que cualquier estridencia los distrae de su democrática siesta.

Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre intención de voto en las elecciones generales nos han mostrado, al menos, las siguientes cuestiones:

• Hay en España un marcado punto de inflexión alrededor de las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2004 a partir del cual se rompe la tendencia a la estabilidad de la intención de voto al agregado PP-PSOE, al conjunto de alternativas políticas a ese binomio y la intención de votar en blanco o abstenerse.
• A partir de 2004, la intención de voto al bipartidismo decrece de forma notable y constante, recuperándose solamente una cuarta parte de esos votos por parte de otros partidos, mientras que el resto va a parar a la abstención.
• Se rompe así la aquiescencia con la llamada cultura de la transición, basada en el consenso (a menudo a fuerza de silenciar el disenso) y la estabilidad política basada en grandes mayorías. El castigo al bipartidismo, que copa gobierno y parlamento, se torna también una crítica a la democracia y sus instituciones.
• Se confirma, por otra parte, que la desconfianza política atiza la desafección y expulsa a ciudadanos del juego democrático, al menos en lo que a democracia institucionalizada se refiere.

• Parece confirmarse, además, que la falta de confianza en la política es algo más que una cuestión coyuntural, un síntoma de algo más profundo. Los datos parecen empezar a marcar ya una tendencia establecida durante los últimos 9 años.
• El abandono del bipartidismo, la débil confianza en las alternativas políticas y la desafección generalizada abren espacios para nuevas formaciones que abanderan opciones «sin ideología» — «ni de izquierdas ni de derechas» — o bien fuertemente centradas en el tercer eje de la regeneración democrática.

Dicho esto, ¿dónde podemos ir a buscar las causas? Los datos no nos lo dicen. Podemos intentar aventurar algunas causas a partir de la hemeroteca así como en la literatura académica. Algunas intuiciones personales que, insisto, no se extraen en absoluto de los datos del barómetro del CIS.

Los hechos del 11 al 13 de marzo de 2004 y los resultados de las legislativas

Creo que, a estas alturas, es prudente afirmar que lo acaecido los días anteriores a las elecciones legislativas del 14 de marzo de 2004 afectaron no solamente el resultado de dichas elecciones, sino el clima político hasta nuestros días.

Por una parte los atentados de Atocha mismos nos abrieron los ojos a la geopolítica global como en su día lo hicieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de América.

Los atentados tuvieron, al menos, tres efectos políticos colaterales de gran calado:

• Por una parte, la pésima gestión del gobierno en funciones, que ocultó información y directamente mintió a los ciudadanos. Estos, advertidos de los engaños por los medios de comunicación extranjeros, se movilizaron en masa para castigar duramente al gobierno, tanto en las calles los días anteriores a las elecciones como después en las urnas.
• Por otra parte, el cambio de gobierno contra todo pronóstico de las elecciones, que según las encuestas daba por ganador y con amplísima mayoría al incumbente. Este «efecto usurpación» o «efecto intruso» desembocó en una VIII legislatura de «La Crispación», con un desarrollo siempre bronco y beligerante. Una crispación que llegó para quedarse, si no con toda su virulencia, sí como tono general de hacer política a partir de entonces.
• Por último, la puesta en valor del poder de los nuevos medios de comunicación: mensajería móvil, páginas web y blogs personales. La llegada de la Web 2.0 en todo su esplendor no hará sino acentuar esta cuestión.

Es para mí bastante evidente que todos estos factores contribuyeron a dinamitar el bipartidismo y a alimentar la desafección. Especialmente visto en perspectiva y a más largo plazo.

Crisis financiera, crisis de gobernanza

Si los efectos del 14M (usurpación o intrusión, crispación) pudieron terminar al iniciarse la siguiente legislatura en 2008, ésta tuvo a cambio un nuevo protagonista: la crisis financiera, que a su vez puso de manifiesto la subyacente crisis de gobernanza.

La crisis ha desgastado, una vez más, a los partidos que han estado en el gobierno para intentar (sin éxito) superarla: el bipartidismo del PP y el PSOE. La profundidad de la crisis, la negación de la misma, los bandazos, la timidez en las políticas, los programas electorales incumplidos, el silencio ante los medios y los ciudadanos, los ataques de unos partidos a otros… no han sido precisamente un comportamiento ejemplar que diese confianza a los ciudadanos para seguir votando y menos para seguir votando a los partidos más votados.

La crisis de gobernanza se ha acentuado con el resto de crisis así como por la falta de confianza y de complicidades que han hecho más difícil articular propuestas que, además, trasladar «hacia arriba» a otros ámbitos de toma de decisiones supranacionales.

Crisis de la política institucional

A toda esta imposibilidad de los partidos — y ahora hablamos de todos los partidos — de dar respuestas convincentes se añaden, en muchos casos, programas electorales realizados ad hoc, sin tradición en el pasado en el mejor de los casos y con profundas contradicciones y cambios sin fundamentar en el peor de ellos.

La organización interna de los partidos tampoco ha facilitado la participación ciudadana ni la atracción de talento hacia sus filas, con lo que los problemas han debido buscar respuestas en filas cada vez más menguadas.

Menguadas y corruptas. Los casos de corrupción han sido rampantes en los últimos años. Y las respuestas de los partidos han tendido al cerrarse de filas, a la negación o al manido «y tú más».

¿Resultado? Más desafección y de forma más estructural, como estructurales parecen ser los organigramas y procesos de toma de decisiones de los partidos políticos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Creo que es imposible olvidar en esta lista el impacto de la telefonía móvil e Internet en la política española y la internacional en conjunto. Ya hemos comentado de pasada el papel crucial que tuvo Internet durante el 11, 12 y 13 de marzo de 2004 para encontrar fuentes de información alternativas, así como el papel de la mensajería instantánea — los SMS y el famoso ¡Pásalo! — para movilizar a los ciudadanos contra el gobierno saliente.

2004 es, además, el año de auge de los blogs en España, aunque venían cociéndose de varios años antes. Después de los blogs, en 2007 se añaden a la caja de herramientas las dos redes sociales por excelencia: Facebook y Twitter.

Fuentes de información abundantes y alternativas, desintermediación, medios de autocomunicación de masas, inmediatez, horizontalidad, boca oreja, proximidad, confianza… hay tantas características que hacen que Internet cambie las normas de juego de la comunicación que es imposible que no tengan un impacto en la comunicación por excelencia: la política. De hecho, los resultados de investigación están ahí, y si algo está claro es que el usuario intensivo de Internet es más participativo, más crítico y, en consecuencia, más propenso a la abstención si no encuentra solución en las instituciones políticas.

Participación extrarepresentativa

Llamémosle 15M. Llamémosle PAH. Llamémosle ILP antitaurina (en Catalunya) o pro-taurina (en el conjunto del estado español). Mareas. Asambleas. Plataformas. Partidos red.

Aunque seguramente es todavía muy pronto para conocer con profundidad a los llamados movimientos sociales, la fuerza de su aparición en España — con las acampadas del 15 de mayo de 2011 y su posterior desarrollo como ejemplo más paradigmático — muy probablemente obedece a algo más que un efecto de calco de los movimientos asociados a la Primavera Árabe, entre otras cosas porque tanto en su origen como en su paulatina sedimentación y transformación han tenido más puntos de diferencia que de similitud entre ellos (por no hablar del contexto socioeconómico y político).

Lo que sí sabemos es que poco a poco, de forma más visible o de forma más tácita, los movimientos sociales van teniendo un impacto en la vida política, a base de capilarizar sus ideas en la agenda pública, de transformar prácticas de participación política o, directamente, ejerciendo presión sobre los tomadores de decisiones.

Cabría preguntarse hasta qué punto estos movimientos sociales son causa o consecuencia de los cambios percibidos a partir de marzo de 2004 en la intención de voto en España. No nos dejemos engañar por el corto plazo: si bien es cierto que la eclosión del 15M es años después del 14M, el ¡Pásalo! y la toma de conciencia de una forma alternativa de organizarse sí coincide en el tiempo. Que la maceración pueda haber sido larga es otra cuestión.

O cabría preguntarse — invirtiendo el orden de la causalidad — si no puede haber sido la crisis del bipartidismo, la desafección y la parcial falta de respuesta de las formaciones minoritarias lo que ha empujado a muchos ciudadanos no solamente a no votar, sino a optar por una participación fuera de las instituciones, extrarepresentativa, sin intermediarios, más directa, personal, flexible.

Es momento de hacerse todas estas preguntas. Porque el cambio está ahí, se ha dado y se ha medido. Y la tendencia no apunta hacia una vuelta atrás, sino que avanza por derroteros desconocidos en la política española en las últimas décadas.