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Esta mañana ha comparecido en el Parlament de Catalunya el President de la Generalitat, Artur Mas, para hablar del caso Palau y la (presunta) financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. De la misma forma, el Presidente Rajoy comparecerá mañana en el Congreso para hablar del caso Bárcenas y la (presunta) financiación ilegal del Partido Popular.

Lo que dirá Mariano Rajoy lo han venido adelantando los medios de comunicación y otros miembros del Partido Popular a través de los mismos medios de comunicación. Lo que ha dicho Artur Mas lo hemos podido escuchar esta mañana. Es lo mismo y se resume así: el tesorero tenía poderes absolutos para hacer y deshacer; había en el tesorero una confianza tal que no había que hablar con él; la economía del partido iba bien porque el tesorero debía hacer bien su trabajo. ¿Para qué preguntarle, si todo iba bien? ¿Para qué hablar con él, si se confiaba en su persona? ¿Para qué reunirse, si ya tenía poderes para decidir por sí mismo?

Que el dinero ha volado de las instituciones y ha ido a parar a los partidos son hechos demostrados. Y que parte de ese dinero ha ido a los bolsillos de particulares, también. Y que además de saquearse instituciones se cobraba la mordida — por activa y por pasiva — a empresas ideológica o económicamente afines, también.

Todas estas acciones eran, cabe entender, a iniciativa propia del tesorero.

Alguien que, por lo visto, además de lucrarse personalmente, también enriquecía al partido. Pero lo hacía por iniciativa propia y sin esperar nada a cambio. No esperaba nada a cambio porque nadie sabía de sus actuaciones ilegales, sus sobres, sus mordidas, sus pagos cruzados, sus jaguares en las puertas o sus chalés de casi ocho cifras en los barrios altos de la ciudad.

Hay que ser buena persona, desprendido, altruista y filantrópico para arriesgar tanto sin esperar tan poco, ni tan solo el reconocimiento de los compañeros. ¡Qué digo el reconocimiento, si ni tan sólo había conocimiento!

Los tesoreros de los partidos dejan al buen samaritano de los evangelios a la altura el betún. Lo suyo sí es entrega desinteresada y el resto es falsa humildad.

A nivel penal, los jueces decidirán lo que tengan que decidir. O no. También tenemos en este país jueces corruptos, jueces partidistas, fiscales de la defensa y fiscales de confianza. Y si por una vez se condena en una sentencia, siempre se podrá indultar al condenado. O incluso cambiar la ley que no permitía a condenados-indultados ejercer cargos públicos o de alta responsabilidad.

Por su puesto, a nivel político, la ética ni se está ni se le espera. La dimisión o cese de cargos imputados, decisión política, se ha confundido y parapetado con la esfera judicial. No hay forma de que representantes públicos, cargos de partidos y todo aquel que acerca sus zarpas de la cosa pública comprendan que lo penal y lo político son dos cosas distintas, como lo son la ley y la ética.

Siempre nos quedarán las urnas. O no. Entre la falta de valor, el loco conocido contra el sabio por conocer, y la ley electoral, nos pasamos cuatro años despotricando en las encuestas de intención de voto para, en el último momento, acelerar a fondo y estamparnos a toda euforia contra la piedra de siempre.

¿En qué terminará todo esto?

Hemos visto ya que la Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana son tres leyes en una o una en tres, y que mi posición al respecto era la de tomarla como una ley de participación, ley que podría aprovecharse para contribuir a regenerar las instituciones democráticas.

No obstante, y como ya he comentado, uno de los puntos más candentes de la ley es su presunta utilización (incluso su única misión) como sucedáneo a un referéndum de autodeterminación por parte de los grupos partidarios de la independencia de Catalunya. Y, en consecuencia, los grupos contrarios a ello no cejan en su empeño de demostrar por activa y por pasiva que la ley es — o sería — inconstitucional y, por tanto, hay que abortar su aprobación en el Parlament. Y aquí paz, y mañana gloria.

Este punto es, de hecho, la principal razón de la comparecencia de Miquel Roca Juyent para abrir el debate del día 30 ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament de Catalunya. Huelga decir que Roca Junyent comparece por doble partida: como el experto jurista que es y, por supuesto, como uno de los padres de la Constitución Española de 1978.

Roca Junyent se muestra muy contundente y afirma sin vacilar que (1) la ley es o será totalmente constitucional, (2) que lo que la hará inconstitucional será una interpretación sesgada e interesada por parte de terceros (entre ellos el Tribunal Constitucional que no me merece ningún respeto desde la sentencia del Estatut), y (3) que el problema que hay en la mesa no es jurídico, sino simple y llanamente político.

Bien, pues esta misma pregunta ha sido realizada en la siguiente sesión, a pesar de que tanto Quim Brugué como yo mismo no tenemos perfil ni formación de jurista (aunque hay que admitir que situarme en una facultad de Derecho y Ciencia Política puede inducir a equívoco).

Mi respuesta ya la había esbozado anteriormente en La salida violenta del nacionalismo y hoy la he resumido con un lacónico creo que es mucho más inconstitucional pelearse para solucionar un asunto que no hablarlo, que después sí he ampliado.

¿Lo elaboramos?

De un tiempo a esta parte (el inicio podríamos situarlo en la Crispación a partir de Marzo de 2004, aunque sin duda se ha ido acentuando con los años), los partidos hablan cada vez menos en los Parlamentos (o eso parece) y se comunican más a través de (1) los medios de comunicación y (2) los tribunales. Especialmente estos últimos han sido protagonistas (pasivos e involuntarios la mayoría de las veces, dicho sea de paso) de tener que dirimir leyes que se han perdido en los parlamentos.

El Caso Catalán (con mayúsculas) lleva el mismo camino. De hecho, lleva ya bastante camino andado por esta senda. El problema, o la diferencia, con judicializar el Caso Catalán respecto a otras cuestiones (como p.ej. el IVA de los comedores escolares) es que el problema difícilmente se asentará con una solución «por arriba», dejando aparte que ni hay una única solución ni ésta será sencilla.

El bando catalanista ha probado y agotado prácticamente todas las vías democráticas, algunas más elegantes que otras, para intentar sentar en la misma mesa a todas las partes interesadas. El bando españolista ha renunciado a sentarse a ninguna mesa y ha ido abortando uno tras otro todos los intentos de diálogo, incluso aquellos más alejados del sentir catalanista y que podrían ser más aceptables por la parte españolista (p.ej. rediseñar el pacto fiscal entre el gobierno autonómico y el gobierno del Estado).

En todo este embrollo de despropósitos y desencuentros, hay dos partes que utilizan la Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana como otro tablero de juego en el que medir sus fuerzas y sus diferencias ideológicas.

En mi opinión, el debate acerca de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la futurible ley de consultas y participación es aquello de las churras y las merinas, los galgos y los podencos, los árboles y el bosque, la perdiz que se marea y el avestruz que esconde la cabeza. Ambas partes (aunque creo muy honestamente que una más que la otra) distraen la atención con cuestiones técnicas que en el fondo tienen una solución fuera del ámtibo técnico. Como decía Roca Junyent, perteneciente al ámbito político.

Porque, al final de los finales, solamente hay dos opciones. Caminos hay muchos, un sinnúmero de vericuetos que, al final de los finales, no obstante, solamente nos llevan a dos únicas posibilidades: hablar y llegar a un acuerdo (con consenso o sin él, equilibrado o ventajoso para una de las partes), o bien liarse a palos. No hay más. Esto es lo que está encima de la mesa en última instancia: se van a sentar las partes y llegarán a un acuerdo más o menos del agrado de todos o ninguno, o van a preferir las partes que el entente llegue de forma violenta.

Así pues, hay que situarse en ese escenario final — diálogo o violencia — y, a partir de ahí, ir marcha atrás hasta el escenario actual, viendo qué acciones y decisiones hay que tomar aquí y allá para haber llegado a ese escenario final de entendimiento o violencia.

En mi opinión, y ante estas dos opciones, alargarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una futura ley — que además puede tener un sinfín de usos distintos del falso referéndum — es perder el tiempo y hacerlo perder a los demás. Si de verdad se quiere llegar a un acuerdo, ya se hará lo necesario para que toda acción quede encauzada dentro de la ley. Si de verdad se quiere optar por la violencia, por favor, avísennos con tiempo que algunos tenemos billetes de avión que comprar.

Decía en la primera parte de esta serie, la santísima trinidad de la ley kleenex, que la Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana tenía tres interpretaciones, o misiones, o puntos de vista distintos, complementarios dos a dos y excluyentes con un tercero: dar cobertura legal a un referéndum de autodeterminación de Catalunya, ajustarse fuere como fuere a la Constitución Española para que lo anterior no suceda (y dejando como residuo el contenido final de la ley), aprovechar para abrir espacios de participación ciudadana en política formal.

Mi posición a la hora de presentar mi comparecencia fue la tercera: asumir (no sin una elevada dosis de ingenuidad) que «no podía ser» que el legislador dedicase tantos esfuerzos para redactar una ley de un solo uso, y asumir (también con una elevada dosis de humildad y de ponerme en mi lugar) que los aspectos jurídicos de la ley se me escapaban totalmente por caer, como se suele decir, fuera de mi zona de especialización.

Aunque no lo proyecté en mi comparecencia, esta fue la presentación que preparé a modo de «teleprompter» personal (sí la compartí en Twitter un par de horas antes para que los diputados pudiesen ojearla antes de entrar en la sesión):

Y el vídeo de la comparecencia:

Como puede verse en mis apuntes, así como en el vídeo, mi comparecencia contenía tres puntos básicos:

• La proposición de ley, como tal, está bien. Se trata de una «pequeña» ley, sin grandes aspiraciones y, como tal, está bien resuelta. Es una ley «autocontenida»: empieza y acaba en sí misma. Presenta dos instrumentos y los regula bastante bien. Fin de la historia.
• La proposición de ley, no obstante, presenta dos puntos débiles que, en mi opinión, no son algo casual o algo coyuntural, sino que obedecen a una forma de ver el mundo o la democracia. Lo que la ley no contempla es qué pasa antes y qué pasa después de las consultas o iniciativas ciudadanas. A saber: dónde está la información que los ciudadanos deberemos usar para votar o participar con conocimiento de causa; y qué pasa una vez hemos votado u opinado, qué compromisos se toman (por parte de las instituciones y también por parte de la ciudadanía), cómo se van a evaluar y, más importante, cómo aprenderemos de todo el proceso.
• Estos dos puntos, decía, no son casualidad, sino que responden — y este era mi punto principal en mi comparecencia &mash; a un modelo de democracia centrado en las instituciones y no en los ciudadanos, en una participación discreta y no continua (y ni mucho menos circular), en una idea de participación obstinada en mantener el statu quo de las instituciones en lugar de responder a las voces de regeneración democrática que hay en la calle y que se fundamentan en el radical cambio de contexto sociopolítico global. Mi sugerencia era que las instituciones debían abrirse, ser más transparentes, y crear espacios de diálogo y deliberación con la ciudadanía.

A mi intervención — y a la de Quim Brugué, que me precedía en la mesa — siguieron las réplicas de los diputados. Las resumo en los cuatro puntos siguientes, así como mi respuesta a las mismas.

• Cuando hablo de que las instituciones deben crear infraestructuras donde pueda darse el debate, no me refiero (¡en absoluto!) a que deban centralizar el debate y aportar herramientas a la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil lleva mucha ventaja en este sentido a las instituciones. A lo que me refería era a que hay que dotar de herramientas de participación a las instituciones, que no las tienen. Las instituciones no pueden pretender que la ciudadanía participe si ellas no van a estar presentes. Ponía de ejemplo los 6 años que el tema del fracking había tardado de saltar de la sociedad civil a la agenda política, o los 7 años que el problema de la vivienda había tardado en llegar al Parlamento, y aun con los pésimos resultados habidos. Las instituciones deben (1) escuchar y (2) dialogar con el ciudadano. Si no, la participación se convierte, en el mejor de los casos, en un partido de frontón.
• Una duda que es sistemática en estos debates es cómo compaginar democracia representativa con democracia participativa, deliberativa, directa o cualquier otro tipo de inclusión del ciudadano en la ecuación política. Duda que, de hecho, es temor: no podemos cargarnos las instituciones democráticas y, con ellas, la democracia. Hay un símil que se ajusta como un guante a esta cuestión: el médico. Dejemos por un momento al margen que todos querríamos ver la medicina erradicada de la faz de la tierra (porque las enfermedades no existen, etc.), hay dos formas de ir al médico: a curarse… o a prevenir las enfermedades. Por ahora, las instituciones democráticas mayormente curan: buscan soluciones a «enfermedades» de la sociedad. Es posible, sin embargo, que cambien radicalmente su papel en la democracia sin por ello desaparecer: prevenir las «enfermedades» en lugar de curarlas, escuchando mejor a sus pacientes (los ciudadanos), adelantándose a los eventos, teniendo la solución preparada cuando se presenten los primeros síntomas. En este cambio de rol, la participación es fundamental, y conllevará, necesariamente, un cambio de paradigma en la forma de hacer política y de ejercitar la democracia.
• ¿Cómo poner en práctica esta forma distinta de hacer democracia, de ser más participativos y receptivos a la participación? La ley de consultas y participación no puede ser autocontenida, no puede ser ajena al contexto. No hay participación sin transparencia, llámesele ley de transparencia o transparencia en la práctica. No hay tampoco participación sin deliberación, significando deliberación la identificación colectiva de las cuestiones a tratar, la inclusión de todos los actores implicados, la correcta contextualización de los problemas o demandas, la generación también colectiva de propuestas y soluciones, la abertura de procesos y el aprendizaje a partir de los mismos, la asunción de compromisos y diseño de acciones concretas y/o instituciones. No puede haber participación sin rendición de cuentas, sin cerrar los ciclos para que se realimenten, sin continuidad en la participación.

En definitiva, hay dos grandes aproximaciones a la hora de proponer una ley de participación: o bien definimos unos pocos instrumentos que encajen bien con la forma como «siempre se ha hecho» la política institucional, pero con una participación marginal de la ciudadanía; o bien replantemos, a la luz de los grandes y veloces cambios globales que estamos sufriendo (crisis de legitimidad de las instituciones, globalización, digitalización, crisis financiera, etc.), una regeneración democrática que empiece, cómo si no, con la concurrencia de los ciudadanos en todo aquello relativo a la esfera pública. En definitiva, recuperamos aquello de que «la soberanía reside en el pueblo» y las instituciones están para ayudarle a tomar decisiones.

Sí, pero… ¿todo esto… es constitucional?

Agradecimientos

Quiero aprovechar para agradecer muy sinceramente la invitación a comparecer en el Parlamento, así como los comentarios que los portavoces de cada grupo han dirigido a los comparecientes. Mi agradecimiento también a Eduard Principal por su comprensión y paciencia a la hora de ajustar agendas e insistir (siempre muy diplomáticamente) en que intentara hacer encajar la mía: hay cosas que salen bien porque hay gente detrás que lo hace bien.

Más información

• Vídeo de toda la sesión, con Quim Brugué e Ismael Peña-López, así como las intervenciones de los portavoces de los grupos en la comisión de asuntos institucionales.
• Vídeo de mi primera exposición.
• Vídeo de la respuesta a las preguntas y réplicas de los diputados.

Presentación en PDF:
Peña-López, I. (2013). Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana 30 de Juliol de 2013. Barcelona: Comissió d’Afers Institucionals, Parlament de Catalunya

Estos días se está debatiendo en el Parlament de Catalunya la Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana (PDF) para lo cual se ha citado la comparecencia de algunos especialistas (entre las cuales me incluyo) a debatir dicha ley.

La Ley — o la gestación de la Ley a partir de la proposición de Ley, para ser más precisos — es un ejemplo estupendo de cómo se mueven las cosas en «palacio», cómo la política se hace eco de la voz de la calle a la vez que opera con otros tempos y en algunos aspectos de espaldas a la ciudadanía. Si a menudo nos quejamos de que la política no entiende a la ciudadanía, no es menos cierto que el ciudadano debería aproximarse a las instituciones políticas para darse cuenta de lo compleja que es la democracia.

Hecha esta introducción, Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana persigue, básicamente, una cosa: dar mayor voz a la ciudadanía en las instituciones democráticas. Y lo persigue, básicamente, con dos instrumentos: las consultas ciudadanas (p.ej. el gobierno pregunta a los ciudadanos acerca de un aspecto de especial importancia) y las iniciativas ciudadanas (p.ej. un colectivo recoge firmas para que el gobierno atienda a una determinada demanda popular).

¿Sencillo? En absoluto. Después de haber leído a fondo el texto, así como de haber participado en las intervenciones de los diputados de la comisión de asuntos institucionales del Parlament (estaban presentes seis grupos: ERC, PSC, PP, ICV, CCs, CiU — faltaba únicamente la CUP) uno se da cuenta que no es una ley, sino tres en una. O, siendo más escrupulosos, una ley, la antiley de la anterior, y una macroley:

• Ley kleenex de un solo uso para la independencia: uno de los motivos — si no el principal, según algunas formaciones — para la Ley de consultas es dar cobertura legal a una futurible consulta a la ciudadanía sobre el derecho a decidir / independencia de Catalunya. Algunos grupos incluso afirman que esta sería la única función de toda la Ley.
• Ley constitucionalista o contra la indpendencia: para otros grupos, el objetivo de la Ley no es tanto para qué sirva, sino para qué no sirva, a saber: como puerta trasera para hacer un referéndum sobre la autodeterminación. La obsesión estriba, pues, en especular sobre la constitucionalidad de la ley para ese uso específico, dejando al margen cualquier otra consideración.
• Ley de participación: pretende dar un paso más allá de lo que sería estrictamente hablando una ley de consultas e intenta abrir el terreno a la participación proactiva de la ciudadanía.

Aunque es más o menos fácil identificar los grupos parlamentarios con sus afinidades por una u otra concepción de la ley, hay que reconocer que los compartimentos no son estancos. De hecho, con dos excepciones, en general los grupos abanderan una concepción en primera instancia pero ven con buenos ojos otra concepción. Así, tenemos al grupo que defiende su uso plebiscitario pero ve bien impulsar una mayor participación de la ciudadanía. Al revés, otros grupos apoyan especialmente la ley por abrir juego a la participación, aunque sepan que un segundo (o primer) uso será el de la consulta por la autodeterminación. A otro grupo le interesa oponerse a su uso plebiscitario (haciendo suyo el discurso constitucionalista) pero también aboga por una mayor apertura y legitimación de las instituciones. En los extremos, el grupo pro-kleenex y el grupo pro-constitucionalista, con apenas pocos matices más que un enfoque unimodal de la ley.

Hecha esta exposición, es fácil ver en qué puede convertirse una sesión de comparecencias de especialistas: un fuego cruzado de preguntas, ideas, suposiciones, búsqueda de apoyos y caza de puntos débiles de las opciones deseadas y criticadas, respectivamente. Todo ello desde la total legitimidad de la posición de cada uno, por supuesto.

Posiciones legítimas, pero que inducen al despiste del respetable, claro está: solamente cuando uno se ha hecho entera composición de lugar se da uno cuenta del porqué de según qué redactados, del porqué de según qué ausencias, del porqué de algunos pasajes vagos así como de algunas detalladísimas puntualizaciones en el texto de la proposición de ley.

Ante este panorama, mi opinión personal, y que desarrollo a continuación, es:

• Que la propuesta de ley debería evolucionar hacia un sentito de la participación mucho más amplio, aprovechándola para regenerar las instituciones democráticas.
• Que no ha lugar plantearse sobre su constitucionalidad, estando el debate sobre la autodeterminación mucho más arriba: servido el problema, ¿lo solucionamos hablando o peleando?

Aunque siempre ha sido muy difícil — e incluso discutible — concretar qué pedía exactamente el movimiento del 15M, en mi opinión queda cada vez más claro que el mensaje, si no único sí hegemónico, era (o es) el de reformar las instituciones democráticas en aras de una mayor calidad en la gobernanza del sistema.

Y esta reforma, al menos inicialmente, parecía darse desde dos frentes: o bien intentando que el mensaje capilarizara dentro de los partidos, a partir de la indignación de los políticos (especialmente los de base) o bien, desde una posición más ajena a la ortodoxia, reemplazando o prescindiendo de las instituciones existentes a partir de una participación esencialmente extra-representativa.

En otras palabras, parece, en mi opinión, que todo lo concerniente al 15M o bien apuntaba hacia que los que ya habitaban las instituciones democráticas reflexionasen sobre la necesidad de depurarlas y actualizarlas; o bien se daban por perdidas y se apostaba por hacer borrón y cuenta nueva, creando nuevas (para)instituciones al margen de las existentes. No habría, pues, término medio.

Sin embargo, podría ser que estos dos caminos también se estén agotando y, en su lugar, se estuviese explorando el camino intermedio, es decir: participar en las instituciones para cambiarlas.

Este fue el principal mensaje que personalmente extraje de las pasadas jornadas Instituciones de la Post-democracia: globalización, empoderamiento y gobernanza, aunque es una cuestión que los últimos meses parece estar en boca de muchos.

Por una parte, parece agotada la vía de indignar a los políticos, la mayoría de los cuales están más pendientes de tapar sus vergüenzas o hacer oídos sordos a las de sus compañeros que no de regenerar la democracia.

Por otra parte, parece agotada también la vía de sortear las instituciones establecidas para hacer una «democracia en paralelo»: no solamente los costes de la vía extra-representativa y la democracia directa son muy elevados (una de las ventajas de la democracia representativa es, precisamente, su escalabilidad), sino que las instituciones formales se han parapetado y han iniciado una potente ofensiva contra todo aquello que ocurra fuera de los partidos, los parlamentos y los gobiernos. Desde el sonado enroque contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago que dio al traste con ella, hasta un sinnúmero de excesos policiales y «ataques preventivos» desde los gobiernos que han criminalizado la práctica de muchos derechos relacionados con la libertad de expresión y de reunión. De la misma forma que los ciudadanos han salido a la calle a luchar por sus derechos, también han salido a la calle las instituciones democráticas para, en muchos casos, luchar contra sus propios ciudadanos.

¿Qué solución queda pues, decíamos?

Concurrir a las urnas.

Una opción que jamás se había oído y, de ser así, se había tomado demasiado en serio, parece ir cogiendo forma en muchos ámbitos activos en política pero enormemente desencantados con las actuales opciones.

Esta es, sin duda, la opción que desde el establishment siempre se ha echado en cara a los protestantes e indignados: siga usted el camino formal para que sepamos a quiénes y a cuántos representa usted.

Que esta sea la opción que algunos puedan estar ahora considerando no debería verse, en mi humilde opinión, como un logro del «buen hacer» y como una prueba de la fortaleza del sistema democrático, sino todo lo contrario: como una (necesaria) renuncia a explorar vías más innovadoras como consecuencia de la cerrazón y la lucha sin cuartel de las instituciones a abrirse, a hacerse más transparentes, a hacerse más participativas, a hacerse más democráticas.

Si el «15M acaba entrando en política» (sea como fuere que tome cuerpo o cuerpos y si lo acaba haciendo) no habría que interpretarlo como una claudicación del mismo a las formas imperantes, sino como un decidido último asalto de Agamenón a Troya: colocar a Odiseo dentro de la ciudad con la ayuda de un caballo de madera, para arrasarla después y no dejar piedra sobre piedra.

Es probable que esta interpretación mía sea incorrecta. Pero la conjunción es favorable. Estamos asistiendo a un movimiento simétrico al ocurrido durante los primeros años de la Transición. Al menos en términos de intención de voto, se revierte la tendencia a la concentración de partidos que vivimos de 1978 a 1996 para pasar a todo lo contrario: en una suerte de Segunda Transición, el bipartidismo se desmorona dentro de una crisis política de múltiples factores y empieza a dar paso a nuevas formas de participación extra-representativa que, en muchos casos, parecen ir apoyando a formaciones políticas alternativas.

Cuán fuerte es esta tendencia, qué harán esas formaciones alternativas, o si habrá nuevas formaciones que hagan propuestas todavía más innovadoras es algo que es difícil de prever. Pero también cabría afirmar que el delicadísimo equilibrio en el que nos encontramos no puede aguantar mucho tiempo más.

Nos enteramos de que Eugenio Merino ha sido denunciado por la Fundación Nacional Francisco Franco por faltarle el respeto al dictador que da nombre a dicha fundación. La razón, una escultura que el artista hizo con la imagen de aquél.

Imaginemos por un momento que en Berlín uno de los monumentos más monumentales — si se me permite la tautología — fuese el mausoleo de Adolf Hitler.

Imaginemos por un momento que las vías públicas de media Alemania llevasen por nombre Avenida del Führer, Calle de Joseph Goebbels, o Plaza de Heinrich Himmler.

Imaginemos por un momento que un sinnúmero de edificios oficiales y no tan oficiales tuviesen grabados en sus fachadas y frisos cruces gamadas, cruces solares y otra iconografía por el estilo.

El problema en España no es que se le esté faltando el respeto a un dictador que se levantó contra un gobierno legítimo, que inició una guerra civil que duró tres años, que mantuvo un estado totalitario y criminal durante otros cuarenta, o que aniquiló derechos individuales y colectivos por doquier.

No.

El problema en España es que todavía se le guarde no ya respeto sino pura veneración a un dictador.

Francisco Franco fue una basura abyecta, fascista y criminal que solamente merece ser recordado y referido como tal. Cualquier otra interpretación sí es una falta de respeto, una falta de respeto a la verdad y a la inteligencia.

(La comparación con el nazismo está hecha, obviamente, salvando las enormes distancias. Pero es que Alemania es prácticamente el único país que ha sabido limpiar la basura como es necesario.)