ICTlogy

Acabo de terminar una estancia de una semana en Nairobi, Kenya, colaborando con la Kenyatta University en un proyecto sobre dirección de tesis doctorales online. Si bien una visita de trabajo intensivo no da para muchos análisis paralelos, las tres docenas de personas con las que he podido hablar y la docena de lugares visitados sí permiten una aproximación, gruesa, pero intuitiva, sobre el estado del país.

La deformación profesional, supongo, ha hecho que en todo viaje al extranjero se convierta en un hábito ver cómo encaran el futuro los sitios a los que voy y, de paso, hacer las inevitables comparaciones. Y cuando uno piensa en la infame “España no es Uganda” y otras declaraciones por el estilo, no se puede dejar de pensar en lo poco elaborado y altamente ignorante de semejantes perpetraciones intelectuales.

Dejemos de lado por un momento lo obvio: Kenya no se acerca a España en el ámbito económico ni en términos absolutos — llamémosle PIB — ni en términos relativos — llamémosle PIB per cápita. Pero hace ya unos años que estas variables tan categóricas han pasado no a un segundo plano, pero sí a compartirlo con otras tan o más importantes: las variables de tendencia. Dicho de otro modo, la foto finish debe completarse con la progresión en los entrenos.

Y sí, es cierto, cuando uno parte de muy abajo, mejorar es fácil. Pero el problema, en España, y la comparación con Kenya lo hace más manifiesto, no es que las tendencias sean más acusadas en un lugar que en otro, sino que, simplemente, tienen signo distinto. Y eso sí se puede comparar. Y España pierde sistemáticamente: perdía cuando realicé mi personal análisis en Guadalajara (México), perdía cuando estuve en Estocolmo (esto ya lo sabíamos: los países escandinavos son nuestro constante referente aunque no hagamos nada por imitarlos), perdía cuando hablaba con el senador chileno con el que compartí viaje de vuelta de Estocolmo, y pierde, y aquí de calle, al repetir el ejercicio en Nairobi.

No nos flagelemos con lo que ya sabemos. Centrémonos, por ejemplo, en lo que tengo más reciente. El viernes pasado, nuestro enlace con la universidad nos invitaba a la ceremonia de graduación de la Kenyatta University. ¿El lema? “Educando para la toma de decisiones informada para un crecimiento de dos dígitos”. Hay más declaraciones de intenciones en ese pequeño tuit que en los cuatro evangelios juntos.

La parte de educar era obvia, tratándose de una universidad — aunque en España la educación se torne, cada vez más, fomento del espíritu nacional.

No lo es tanto lo de educar para tomar decisiones. La vinculación — tácita y explícita — de la universidad con la Política (así, en mayúsculas) es total. En Kenya no se hace nada, nada, que no tenga un trasfondo comunitario, de compromiso. Soy incapaz, en una semana, de decir hasta qué punto es sincero y hasta qué punto impostado este discurso. Pero ha permeado tanto en absolutamente todo, que es difícil fingir hasta ese punto sin que no haya algo (o todo) de verdad. Por poco que haya, algo hay de gestión de lo colectivo, de programa común. Sí, España no es Kenya.

Luego está lo de la toma de decisiones informada. Si tuviese 1000 chelines kenyatas por cada vez que se ha hablado esos días del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento, de la información, del capital humano, de invertir, de los valores… viviría de renta toda mi estirpe hasta el fin de los tiempos. Sí, es lógico que este sea el tema de la universidad, donde me he tirado seis días. O del (por otra parte protocolario) discurso del presidente del consejo social, o de la rectora o del ministro de cultura durante la ceremonia de graduación. ¿Sí? ¿Seguro? España, aquí tampoco, es Kenya. Mientras la rectora impulsaba un proyecto de digitalización de su universidad, nuestro presidente o no tenía ordenador en la mesa o bien tenía el ordenador apagado.

Está, por último, lo del crecimiento, y de dos dígitos además. La alineación de la Universidad con la política, como ya he dicho, es total. Y en materia de estrategia económica todavía lo es más. Por supuesto, esto es una hoja de dos filos: aquí la universidad forma en valores pero, sobre todo, forma trabajadores cualificados — o cualificadísimos, especialmente en comparación con quienes no acceden a la universidad, que son muchísimos. La parte de los peros la dejo para después. La parte de los pros es ese compartir miras. Es ese pasar de 2 a 27 universidades en (si no recuerdo mal) los últimos 30 años. Es multiplicar por tres el número de egresados en estudios de postgrado en la Kenyatta University en un par de años. Formar, formar, formar para que la política y la economía vayan bien. Y formar más, y a más gente. Esta semana se manifestaban (y habría que ver cómo) los profesores de primaria y secundaria. ¿Reivindicaciones alcanzadas? ¿Sueldos? Incremento del presupuesto en 15 millones de euros para bajas (maternidad, enfermedad). ¿Lo gordo? 140 millones de euros para ordenadores en las aulas. Eso lo pedían los profesores y era un importante motivo para manifestarse: aunque al principio se tomó el programa de ordenadores como rehén de las reivindicaciones, el compromiso con el mismo es genuino. Me gustaría pensar que la marea verde verde va por aquí en adhesión o en intensidad (en Mombasa hasta los basureros se unieron a la huelga de los profes). Pero no se aguantan las comparaciones cuando uno sube hacia donde se toman las decisiones. España tampoco es Kenya (ni Suecia ni Chile ni tampoco mucho México, ya que estamos).

Así están las cosas: una gente cargada de ilusiones, muy trabajadora, haciendo verdaderas maravillas con su maltrecha economía y sociedad (Kibera es el segundo mayor slum urbano del mundo: 200.000 personas hacinadas sin luz ni agua corriente), pero todavía con instituciones que mantienen un pie en el siglo XIX — que no en el XX, en el que entraron siendo todavía colonias.

Porque Kenya tiene un parte mala, claro, y es gravísima, y no estoy seguro de que vaya a cambiar a corto. Kenya está el número 145 en el índice de desigualdad de Naciones Unidas, con solamente 40 países con mayor desigualdad. Le preguntaba al vicerrector de postgrado — el que nos ha invitado a ir — si preferiría tener 1.000 nuevos doctores y másteres de calidad, aunque no “de excelencia”, o generar un premio Nobel entre sus estudiantes. No lo dudó ni un instante: el Nobel. Lo argumentó diciendo que el Nobel arrastraría tras de sí a muchos otros y sería capaz de diseñar grandes políticas que tendrían un gran impacto. Le pregunté quién iba a implementar esas políticas si no había esos mil titulados con un máster en economía o un doctorado en ingeniería. Sin respuesta. Pero todavía le brillaban los ojos al pensar en un Nobel de la Kenyatta University.

Aunque son conscientes que hay que actuar a todos los niveles de la sociedad, les obsesiona — literalmente — o bien alcanzar a los occidentales o, al menos, ser los primeros del país y, a poder ser, del continente. Ránquings.

Aquí España sí es Kenya: escuelas de excelencia, pero solamente para los que alcancen a entrar en ellas; estar entre los grandes sea como sea, aunque resulte a costa el pelotón de cola, cada vez más numeroso y rezagado.

También España es Kenya en un compartido (y en España creciente) sentimiento de egolatría, idolatría y nacionalismo de lo más rancio (y peligroso).

Egolatría porque los jerarcas son insoportables, como los nuestros. Una egolatría que se torna en algo ridículo y patético a más no poder. El líder, el amado líder, que ha venido a redimir a los demás. La hospitalidad, simpatía, amabilidad y sentido de la comunidad kenianos se ahogan en la hipoxia de la altura.

Esa egolatría, claro, se sostiene en una idolatría total del pueblo llano. Lo que a pie de calle es todo hacerlo juntos, el esfuerzo colectivo, lo comunitario, en cuanto aparece el jerarca se le alaba como si hubiese separado las aguas del Mar Rojo. Hasta límites insospechados dada la humildad y fraternidad del día a día. Uso idolatría con toda la intención. Si bien muchos merecen un sincero reconocimiento por los avances del país y las instituciones en los últimos años, esta veneración cuasi religiosa es de un hartazgo total, además de paralizante: se olvida la crítica y se deja el matiz de lado.

Lo del nacionalismo es, probablemente, lo peor: lo peor porque se subvierte el sentido de comunidad, de la identidad, de la cultura compartida, con el tamiz de la idolatría y se dicen y hacen y se creen verdaderas barbaridades. Valga como ejemplo el personaje al que concedieron el Honoris Causa en la ceremonia de graduación: el general que dirige las fuerzas armadas de Kenya. Por su labor pacificadora. Se refiere, claro, a tirar el dinero en Bosnia (fue uno de los ejércitos más activos) cuando la gente puede morir de una diarrea cualquiera en un país con un PIB per cápita por los suelos, o a estabilizar la región de África del Este, referido a entrar en Somalia a piñón “causando muy pocas bajas” (literal del discurso de concesión de la distinción y uno de los motivos principales). Vergonzoso. Que los ejércitos sean necesarios no significa que no sean un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo. Darle el reconocimiento más elevado que puede proporcionar una universidad a un militar me parece una demencia total.

Ahí España sí es Kenya. Jerarcas ególatras; partisanos obcecados idolatrando partidos y confesiones; nacionalismos olvidando la construcción colectiva para cavar en la zanja de las diferencias, la exaltación y la ideología al por mayor.

Kenya es un lugar muy interesante para ir a vivir y trabajar unos meses — siempre que uno supere el espectacular caos del centro de Nairobi, claro — y, al paso que vamos, igual para quedarse el resto de la vida. Porque España no es Kenya: está España más avanzada económicamente, por supuesto, pero corren ambos países a contracamino para encontrarse pronto. Kenya evolucionando corriendo hacia su futuro, España arrastrándose hacia su pasado, el más reciente o el más remoto, qué más da.

La noticia del día es, sin duda alguna, que la fiscalía acusa a Messi de defraudar cuatro millones a Hacienda. Seguramente hay noticias más importantes, pero difícilmente las habrá más populares.

Ante semejante titular — y más allá de las necesarias cautelas sobre la presunción de inocencia del futbolista — hay dos reacciones que con mucha probabilidad se estarán dando en muchas casas.

1. La primera, relativa a la cantidad: ¿cuántos son 4 millones de euros? Es decir, sí, sabemos que es mucho dinero, mucho más que la hipoteca que algún día pagaremos y mucho más que todo el dinero que jamás en la vida ganaremos con nuestro sueldo. Pero, ¿qué agujero hace ese dinero en materia de servicios públicos prestados por el Estado?
2. La segunda, es la relativización moral del daño por provenir de alguien que cae bien, un héroe (del deporte) y no de un (por ejemplo) banquero o de un (por ejemplo) político corrupto.

Sobre la segunda cuestión no querría entrar. Allá cada uno con sus relativizaciones.

Sí creo, no obstante, que vale la pena poner en perspectiva qué significa que se dejen de ingresar 4 millones de euros en el erario público.

• Significa que unos 530 estudiantes de la escuela pública dejarán de tener una escuela a la que ir. España invierte unos 7.500€ por estudiante de media entre primaria y secundaria. Eso son tres escuelas/líneas de primaria o cinco institutos/líneas de secundaria.
• Significa que unas 40.000 mujeres dejarán de poder realizarse una mamografía para la detección precoz del cáncer de mama. Una mamografía cuesta alrededor de 100€.
• Significa que unos 685 invidentes dejarán de adquirir una línea braille para poder utilizar el ordenador en condiciones. Una línea braille cuesta unos 5.850€, línea que podría venir subvencionada directamente por el Estado o indirectamente a través de distintas fundaciones.
• Significa dejar de tener un helicóptero multifunción que podría utilizarse o bien para la campaña de incendios en verano o durante todo el año para rescates. Un helicóptero tiene un coste inferior a los 4M€. Si en lugar de un helicóptero tripulado optásemos por avionetas antiincendios sin tripular tipo «drone», el agujero a Hacienda significaría dejar de tener 12 efectivos antiincendios.
• Significa prescindir de 33 UVI móviles que puedan atender in situ a heridos graves para que no mueran camino del hospital. Una UVI móvil tiene un coste aproximado de unos 120.000€ y su diferencia con una ambulancia corriente es, simplemente, abismal.
• Etc.

Supongo que se va comprendiendo la idea.

Por supuesto, se pueden defraudar 4 millones de golpe o se pueden defraudar de factura sin IVA en factura sin IVA y entre todos. El IVA de la revisión del coche, una mamografía. Suma y sigue.

De probarse el fraude, sería interesante llenar el campo con los 530 estudiantes que se han quedado sin escuela pública, los 685 invidentes sin poder usar el ordenador, las 40.000 mujeres (y sus parejas) viviendo bajo la sospecha del cáncer de mama, los damnificados por los incendios que el helicóptero no apagó, o los heridos que esperaron hasta el último suspiro la UVI móvil que no pudo comprarse. Y que le glosen los piropos que sin rubor se dedican a los héroes.

Ya me disculparán el tono amarillo de este apunte. Pero hay días en que uno no puede más. Porque los hay que tienen las pelotas de oro.

Nos recuerda Qué hacen los diputados que el Artículo 15 del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno contempla la exclusión de la ley de informes o comunicaciones internas, es decir, se excluye del alcance de la ley muchos tipos de información — como notas, informes internos o comunicaciones internas.

Esta exclusión es especialmente grave por al menos tres motivos.

El primero, y seguramente el más importante, es de concepto, sobre qué entendemos por transparencia en el s.XXI, en la Sociedad de la Información, en plena Revolución Digital. Dice el punto (1.e) del Artículo 15 del Proyecto de Ley que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes […] que sean manifiestamente repetitivas. Es decir, la información hay que pedirla y será (o no) concedida. Bien, en un nuevo paradigma informacional como en el que estamos entrando, la información es abierta por defecto y lo excepcional es cerrarla. No ha lugar, pues, ni pedir ni conceder acceso.

Y que la información sea abierta por defecto significa que esa información (punto 1.b) que tiene carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas también, toda esa información y comunicaciones suceden en abierto, a la luz del día, por la Administración pero para los ciudadanos. Para mí este aspecto es más que fundamental, ya que marca el tono y el espíritu de una ley (de transparencia en el siglo XXI) u otra muy distinta (de servicios de información al ciudadano en el siglo XIX).

La segunda cuestión es que toda esa información es del ciudadano, que la ha pagado con sus impuestos. Pensar que esa información solamente servirá para la toma de decisiones a nivel gubernamental y que no puede tener ningún otro uso a otros niveles (ciudadanos, empresas) es, como poco, excluyente.

El acceso a la información pública, además de por cuestiones de concepto (punto anterior) o cuestiones políticas (punto siguiente), debe fundamentarse en un hecho incontestable: la soberanía reside en el ciudadano, y es este quien debe tener acceso a toda la información que le permita o bien tomar sus propias decisiones, o bien proponer medidas de acción, o bien, en una democracia representativa como la nuestra, al menos fiscalizar a quienes proponen medidas de acción y las llevan a cabo.

No obstante, además de la cuestión económica — de quién ha pagado esos informes, que sería una condición más que suficiente y con pocas excepciones — sino, y sobre todo, política. Es aberrante que gobiernos, administraciones o parlamentos gasten ingentes cantidades en crear informes que apoyen su toma de decisiones y en cambio no lo compartan con sus ciudadanos para que estos puedan monitorizar y evaluar los procesos de toma de decisiones en los organismos públicos.

Solamente si los procesos son abiertos podremos comprobar si nuestros representantes van al Parlamento con los deberes hechos. Si los documentos «accesorios» o «de apoyo» no son públicos, podemos tender a pensar que o bien no existen — y nuestros representantes basan sus decisiones en apriorismos y visceralidades ideologizantes — o bien que existen pero no quieren mostrarse porque probablemente violan el contrato electoral firmado con el ciudadano.

Es descorazonador ver una Ley de Transparencia que va a nacer ya tan desfasada, tan fuera de lugar, tan descontextualizada. Y desfasada, fuera de lugar y descontextualizada no solamente en relación a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, sino, y sobre todo, en relación a los principios democráticos que deberían guiarla. Esta es una ley que, amparada en la «publicidad activa» olvida la apertura en el diseño y por defecto.

En la mesa De la digitalización de la administración hacia el gobierno abierto y la Gobernanza pública que tuvo lugar en el Foro de la Gobernanza de Internet el 23 de mayo de 2013, su relator Miguel Ángel Gonzalo escribía: La batalla principal por la transparencia está dada y ganada desde el momento en que se incorpora a la primera línea de la agenda política. Una afirmación con la que no puedo discrepar más. Lo que hace incorporar una cuestión a primera línea de la agenda política es desactivarla: se puede desactivar para bien — porque se debate y se acaba resolviendo — o se puede desactivar para mal — porque se genera ruido y se da la sensación de que el tema está agotado. Sucedió ya con la cuestión sobre los desahucios donde la política se mostró más como problema que como una solución. Y se está demostrando con este todo por la transparencia pero sin la transparencia.

El actual Proyecto de Ley de Transparencia desembocará en un estado peor al que teníamos: una mala ley, que legitima la opacidad por sistema y la apertura como excepción, pero que agotará el debate y dará por zanjado el asunto por muchos años. Mucho andar para no moverse de sitio, pero agotados del camino.

Hay un chiste de vascos que dice algo así como «¿Patxi, qué estamos haciendo discutiendo esto pudiéndolo arreglar a tortas?». La gestión — o su ausencia — del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco por parte del gobierno (nacionalista) español se ajusta cada vez más y mejor al chiste.

Tomemos el caso catalán.

No ha habido, salvo en casos totalmente minoritarios y marginales en la opinión pública catalana, apelación alguna a la violencia para dirimir las demandas de algunos de separarse de España. Es más, si algo están haciendo las instituciones catalanas es intentar, por todos los medios, ajustarse al Estado de Derecho.

En una democracia — iba a escribir «una democracia normal», aunque debería holgar este epíteto — cuando un grupo de ciudadanos tiene una demanda, la vía democrática (valga la redundancia) es:

• Se escucha dicha demanda, o bien a través de reuniones con los grupos de interés o bien a través de propuestas en el Parlamento si dichos grupos están allí representados.
• Se cuantifica y califica el aval social de dicha demanda. Generalmente, se inicia con la introducción de preguntas ad hoc en las encuestas oficiales y, tomado el pulso de forma indirecta, se pasa a hacerlo de forma directa mediante algún tipo de consulta de carácter universal: referéndum vinculante o no, elecciones plebiscitarias, etc.
• Cuantificado y calificado el alcance de la demanda (tanto en su apoyo como en su oposición, está claro), si el tema es profundo, tiene posiciones bien enraizadas, y es constante en el tiempo, se deberá acabar tomando una decisión — en el sentido que sea — que zanje la cuestión, al menos hasta que no haya un cambio importante o bien en el contexto o bien en la opinión pública.

Bien, en el caso catalán, la toma de una decisión no está a la vista. Es más, cualquier atisbo en este sentido ha recibido amenazas de todo tipo. No lo está tampoco el cuantificar y calificar. De nuevo, cualquier consulta, incluso las no vinculantes, se están directamente vetando desde todos los frentes: políticos e, importante, mediáticos. Por último, ni tan solo la atención a las demandas está siendo ni siquiera bien recibida. El manido recurso a «atender al caso nacionalista crearía una división» no es sino una toma de posiciones y la asunción tácita de que dicha división no depende de ser escuchado, sino de reivindicar una demanda, cosa que ya ha sucedido. Por tanto, la sociedad ya está dividida, solo que en un sentido (a favor de los unionistas) y no en el otro (a favor de los secesionistas).

Hechas estas negaciones, la pregunta es si, agotada la vía democrática, a lo que se está empujando a lo catalanes es a, como dice el chiste, arreglarlo a tortas. Dado que muchos han defendido el forzar el cumplimiento de la ley con los tanques si hubiere declaración unilateral de independencia, está claro cómo se está conformando el tablero.

Tomemos el caso vasco.

Vaya por delante que quien tenga delitos de sangre debe estar en la cárcel y en la cárcel debe estar. Personalmente no tengo duda alguna al respecto.

Pero se puede estar de muchas formas en la cárcel. El código penal español está basado en la reinserción. La dispersión de presos, por antiintuitivo que pueda parecer, obedece a ese principio: si mantenemos juntos a los presos de ETA, seguirán conspirando en la cárcel. Por tanto, separémoslos. Hasta ahí, bien (aunque podríamos hablar sobre los derechos de sus familiares, pero eso es otra historia).

Desaparecida la lucha armada, desaparece automáticamente el peligro de conspiración de los presos de ETA. Y, precisamente, porque se busca la reinserción (si buscamos la venganza hay que cambiar el código penal y, de nuevo, esa es otra historia) debería ser automático que los presos estén cerca de sus familiares. Mantenerlos dispersados no obedece sino a motivos políticos, y no establecidos en el Derecho Español.

Por otra parte, la lucha contra los simpatizantes de ETA — que no miembros y, ni mucho menos, convictos, de quienes ya hemos hablado — deberá darse ahora estrictamente dentro de las ágoras políticas. Cuando se rasgan unos las vestiduras porque los «etarras (agrupando aquí a todo tipo de persona afín a la independencia del país vasco) están en las instituciones» no cabría sino alegrarse de ello. La alternativa, como dice de nuevo el chiste, es arreglarlo a tortas.

Es evidente que la convivencia genera tensiones. Y es evidente que posiciones radicalmente opuestas suelen tolerarse mútuamente mal. Pero, y perdón por insistir, preguntémonos si es mejor arreglarlo a tortas.

Quienes hablan de rendición cuando se propone un referéndum en Catalunya o el acercamiento de los presos etarras — por poner solamente dos ejemplos — se pregunta uno si lo heroico (lo contrario de rendirse) sería, digámoslo claro, matarse.

Porque, al final, no hay más que dos opciones: o con violencia o sin violencia. Y porque, al final, lo que hay que preguntarse es si uno está dispuesto a defender sus ideas con sangre — la ajena o la propia — o con las palabras.

Y creer que son los otros lo que deben ceder, que son los otros los que en su empecinamiento, están «forzando» la salida violenta, eso, eso es ya haber tomado una decisión sobre las formas.

En el mundo de la comunicación y en el mundo de la política – en qué se ha convertido la política sino en un gran constructo comunicativo – nos hemos acostumbrando a etiquetar cualquier desliz como una “crisis de reputación”. Crisis, porque el desliz suele acabar dando de bruces en el suelo; de reputación porque lo que da de bruces es la imagen, la sonrisa con tantos esfuerzos blanqueada. Gestionada la crisis, repuesta la reputación, hasta la próxima.

Proliferan ahora una suerte de zapadores de lo digital – eso que ni se borra ni desaparece – que tienen como tarea identificar, diagnosticar y parchear las “crisis de reputación” de aquellos que han tenido a mal dejarse deslizar por los llamados medios o redes sociales.

Siendo generosos, no hay semana que la realidad no nos regale con una de estas crisis de reputación. Un representante público es pillado en un renuncio y luego todo son prisas para aclarar que no, que en realidad no dijo eso, o bueno, sí, sí que a lo mejor dijo, pero se sacó de contexto, claro. Claro. Porque hay contextos que lo soportan absolutamente todo. Cuando Fukuyama mató a las ideologías lo que no sabía es que nacían las contextualizaciones.

El cuarto poder tampoco se libra de protagonizar ejercicios de autolesión reputacional. La secuencia suele ser la siguiente. Primero se revelan declaraciones de personajes públicos con sus correspondientes citas literales. Ante el incendio en las redes por parte del respetable, el presunto declarador acusa al medio de falta de rigor, sesgo ideológico o enajenación transitoria. El medio retira las citas textuales. La red vuelve a arder, ahora o por citar palabras que no fueron o por retirarlas si sí fueron. En fin, nada que una buena gestión de crisis de reputación no pueda solucionar.

O no. Hay crisis que son por deslices y deslices que son porque andamos cojos y sin muletas. La diferencia entre lo sintomático y lo estructural es que lo primero puede atacarse por los síntomas, mientras que lo segundo requiere atajarse por la enfermedad. Y no hay que ser Freud para reconocer que mucha incontinencia no es de formas sino de fondo.

En 2010 el profesor Josep María Vallès nos advertía de que la política era “víctima de un rapto consentido” a causa de la mediatización de su discurso. En una revisión del síndrome de Estocolmo, los raptores son raptados en un círculo sin fin. ¿Crisis de reputación? Por favor.

NOTA: la cita de Vallès se la debo a Aitor Carr: moltes gràcies!

El paso de un paradigma industrial a uno de informacional – digitalización de la información y las comunicaciones, globalización económica, creación de estructuras reticulares – cuestiona fuertemente las instituciones democráticas, creadas sobre la base de la necesaria intermediación para hacer más eficaz y eficiente el acceso (físico) al conocimiento a base de minimizar los costes de transacción. Estas instituciones – gobiernos, parlamentos, partidos, el poder judicial, los medios de comunicación, sindicatos y sociedad civil organizada – han visto cómo van perdiendo el monopolio de la información al mismo tiempo que aparece la posibilidad de una participación ciudadana desintermediada y descentralizada materializada en plataformas cívicas y los llamados «movimientos sociales» en general.

Estas formas de participación emergentes, además, se ven reforzadas por una cuádruple crisis funcional, organizacional, de gobernabilidad y de legitimidad de las instituciones tradicionales de la democracia, que se esfuerzan por adaptarse a la globalización, digitalizar y actualizar sus organigramas, hacer de cadena de transmisión entre ciudadanía y centros de toma de decisiones y luchar contra los casos de corrupción que asolan sus cuadros.

¿Estamos ante una nueva Paz de Westfalia o un nuevo Bretton Woods? ¿Tiene solución de continuidad la democracia representativa tal y como la conocemos, o se impone un cambio de sistema sociopolítico, un nuevo régimen? En estas jornadas queremos hacernos estas preguntas, comenzando por una introducción al cambio de era que empezamos, y repasando los que, ahora ya sí, podríamos llamar los cinco poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los medios de comunicación, y la nueva sociedad civil organizada.

Las jornadas Instituciones de la Post-democracia: globalización, empoderamiento y gobernanza tendrán lugar el 18 de julio de 2013, de las 09:00h a las 20:00h, en la Sala Mirador del CCCB en Barcelona. Son gratuitas pero hay que inscribirse en la página oficial del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch.

Arnau Monterde y yo, quienes coorganizamos las jornadas, queremos agradecer muy sinceramente a los conferenciantes la estupenda acogida que tuvo nuestra propuesta, y más aún cuando, por motivos que no vienen al caso, las jornadas se quedaron sin presupuesto, con lo que su participación solamente responde ya a la buena voluntad y su interés personal en el proyecto.

A título personal quiero agradecer a David Álvarez la ayuda que, aunque infructífera, nos brindó en un primer momento del curso. Como se podrá ver, el temario ha salido algo escorado a la izquierda: junto con David (quien conoce al dedillo la actividad de los políticos en Internet y, por ende, aquellos que tienen cierta inclinación por nuevas formas de organización) intentamos encontrar algún cargo del centro derecha o derecha que creyese en las redes (que no necesariamente Internet), en los movimientos emergentes, descentralizados, en una forma de hacer política menos institucional o más abajo-arriba. No supimos encontrarlo (insisto: cargos — a título individual sí tuvimos la suerte de encontrar a más de uno). Si llega a leer esto, le haremos con muchísimo gusto un hueco en el programa. Que es el siguiente: