ICTlogy

Ayer, la red Anonymous publicaba documentos de una supuesta actividad de espionaje de los Mossos [de Esquadra] en las redes sociales. Francamente, dudo que se trate de lo que normalmente entendemos como espionaje. Lo explicaré dando un pequeño rodeo porque sí creo que hay algunas importantes reflexiones a hacer al respecto.

El CESICAT y lo que se ha filtrado

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) es, a grandes rasgos, el INTECO catalán. Es decir, un organismo público (aunque CESICAT tenga figura jurídica de fundación) que vela por un uso seguro de Internet, incluyendo desde alertas sobre virus e información sobre estafas informáticas en general, hasta consejos sobre el uso de dispositivos o servicios en línea. Hasta aquí, ya choca que sea este organismo una tapadera para espías, y más cuando no haría falta dado que ya existe una unidad de cibercrimen en los Mossos de Esquadra (más sobre si esto es «cibercrimen» a continuación).

Por otra parte, los documentos filtrados son informes de seguimiento de determinadas palabras clave o hashtags en Twitter. Son palabras clave todas ellas centradas en movimientos sociales de todo tipo: tanto genéricos como convocatorias de manifestaciones, protestas, campañas de sensibilización, etc.

Estos informes son parecidos — en el fondo, en los objetivos, en los métodos, en las prácticas, en las herramientas — a los que realizan miles de empresas en todo el mundo: se sigue una palabra clave, se anota su frecuencia en términos absolutos y relativos a otras palabras clave, y se lista a los usuarios en Twitter que más han utilizado dicho hashtag.

Llamarle espionaje a monitorizar algo que sucede a plena luz del día me parece poco menos que presuntuoso o ingenuo, según quien sea el que así lo califique y con qué motivo. Literalmente cualquiera con una conexión a Internet podría haber llevado a cabo ese falso espionaje. Conociendo, además, algo del nivel de los Mossos de Esquadra en materia de cibercrimen, francamente dudo que nadie lo vaya a calificar de espionaje dentro de la Generalitat y su ámbito de administración. A lo sumo, seguimiento.

Los informáticos

Lo segundo que llama la atención es el organismo que ha hecho este seguimiento, el CESICAT, que no tiene ninguna competencia en materia de «espionaje» — como muy bien denuncian Anonymous. Si se tratase, efectivamente, de espionaje, lo lógico sería que recayese en el mismo cuerpo de Mossos y dependiese del Departamento de Interior. No de una fundación vinculada a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a su vez dependiente del Departamento de Empresa y Ocupación.

Viendo, además, el formato de los documentos, el hecho de que los autores de los informes figuran en los metadatos de los archivos filtrados, así como el perfil de estos técnicos, toma cuerpo la hipótesis de que, efectivamente, no se trata de un espionaje, sino de un puro, mero y simple seguimiento.

Se abren aquí, entonces, dos teorías. La primera es que este seguimiento fuese, en efecto, para identificar potenciales malhechores. Personalmente, se me escapa el sentido de esta estrategia: se habría iniciado desde el Departamento de Interior y lo habría llevado a cabo la policía autonómica misma que, como ya he contado, cuenta con equipos especializados — y que seguramente ya están trabajando en este tema, aunque no con algo tan público y poco alevoso como Twitter. El hecho de que algunos hashtags se empiecen a seguir cuando llevan días, semanas o incluso varios meses funcionando refuerza la refutación de la teoría del espionaje: si el espionaje es algo es anticipación.

La segunda es que esto sea algo que sin duda debería haber llevado a cabo el Departamento de la Presidencia, para tomar el pulso a la sociedad, para saber qué sucede en la calle, y no tanto para espiar. ¿Y por qué el CESICAT? Me aventuro a pensar que por la misma razón por la cual la mayoría de medios ubicaron las noticias sobre el 15M bajo la sección de Tacnología durante las primeras semanas de las acampadas (e incluso meses después). Esto va de Internet: que lo hagan los informáticos. Esto es, por supuesto, una teoría que estaría bien que se desmintiese de forma oficial, sobre todo por lo que demuestra de comprensión de cómo funciona el mundo en el siglo XXI (ojalá haya una tercera teoría, la verdadera, donde nadie quede tan mal parado). Lo que nos lleva al siguiente punto.

Abro paréntesis: algunos medios afirman que CESICAT trabajaba por encargo de los Mossos. Más que reforzar la teoría del espionaje, esto refuerza la del seguimiento: se externaliza algo poco sensible y que gastaría valiosos recursos a un organismo de otro nivel y coste. El encargo lo reciben los Mossos pero, viendo su relativa importancia estratégica, lo derivan a terceros.

El ciudadano como enemigo

Si descartamos la conspiranoia del espionaje, nos queda solamente el seguimiento.

Y creo que es aquí donde hay que hacer las preguntas.

La primera, aunque no la más importante a mi parecer, es por qué se ha realizado dicho seguimiento a oscuras y no se ha compartido con la ciudadanía. Dado que la información no era sensible, ¿por qué hacerlo a escondidas? Absolutamente toda la información que figura en los informes es pública y cualquiera que siga estos temas prácticamente podría redactar esos informes de memoria, con fechas, con magnitudes aproximadas de impacto y, sobre todo, con nombres: «sospechosos habituales» pertenecientes al mundo de la sociedad civil organizada, la política, la cultura, la academia… nada que ninguno de ellos haga cada día ya sea por Internet o fuera de él, en su trabajo o en su tiempo libre.

¿Qué sentido tiene, pues, hacer una lista a escondidas de lo que la gente hace a la luz del día? ¿Por qué no salir a la calle y preguntar?

La segunda pregunta, la relevante en mi opinión, es una reformulación de la anterior. ¿Por qué se ha hecho de este modo?

Es decir, da toda la impresión que el seguimiento de las redes por parte del Govern obedece más a una cuestión política que no de seguridad. Vista la tipología de informes, vistos los organismos implicados, visto el tipo de información recogida… no hay nada en ello que indique que se trata de una cuestión de seguridad sino de una cuestión política.

Política en el sentido de saber qué piensa la ciudadanía, qué hace la ciudadanía, por dónde y hacia dónde se mueve la ciudadanía en cuestión de sentir y parecer, qué gusta y qué disgusta a la ciudadanía.

Y para tomar ese pulso, se opta por una herramienta de márqueting como si la política se tratase de una marca cualquiera. ¿Qué piensan de nuestro producto? ¿Cómo vamos a vender más?

Es pavoroso constatar (una vez más) que la representación política ha llegado a ese estadio.

Si algo permiten las redes sociales que con tanto ahínco monitorizan los gobiernos y muchos partidos (vamos a utilizar, ya, el plural y las generalizaciones) es la bidireccionalidad. El diálogo, la conversación, el debate, la deliberación. Las redes sociales son esos mercados y bares a los que acuden los políticos durante su campaña electoral a «escuchar» a sus votantes, con la diferencia que las redes sociales funcionan 24 horas al día, siete días a la semana, y no solamente cada cuatro años.

En lugar de bajar a la arena, en lugar de aguantar algunos tomatazos (virtuales) a cambio de capturar de forma directa y sin intermediarios el sentir de la población, en lugar de hablar, en lugar de escuchar, el Gobierno manda a un equipo tecnológico a hacer funciones de análisis de mercados.

Si hay algo grave — además de grotesco — en toda la historia sobre el presunto espionaje de los Mossos de Esquadra a sus ciudadanos a través de las redes sociales no es que haya habido ese espionaje. Es que los cargos electos necesiten espiar para saber qué piensan sus ciudadanos, sin ser vistos, sin tener una más remota idea de qué narices escuchar ni dónde, como quien vigila a un enemigo. ¿A quién representa alguien así? A sí mismo, supongo.

Actualización 14:13 28/11/2013: Algunas personas me han comentado por otros canales que esta escucha no sería tanto para tomar el pulso de la ciudadanía, sino que iría con fines policiales, de buscar al disidente, de hacer «listas negras». No creo que ello se contradiga con mi reflexión aquí: va en la misma línea de que no es una cuestión de seguridad, sino política. Aunque, claro, da un paso más allá del punto en el que yo lo dejaba: no se trataría (solamente) de tomar el pulso de la ciudadanía, sino de tomárselo a una determinada ciudadanía con la que no se comparten las ideas y, además, con la que no se desea dialogar sino tener «controlada». Es lo que ya se afirmaba de poca predisposición al diálogo y de tomar el ciudadano como un enemigo, aunque en la variante de la vigilancia como valoración policial, esto se lleva al extremo. Lo que no es ya desolador sino, directamente, preocupante.

Las instituciones democráticas modernas se han centrado en dar soluciones o salidas a los problemas y demandas de los ciudadanos. A base de representarlos, de capturar sus sensibilidades y convertirlas en propuestas políticas, los ciudadanos han podido retirarse a un segundo plano sabiendo que alguien trabajaba por ellos en el ámbito de lo público, de lo colectivo.

Otras consideraciones al margen, esta política ha funcionado (o, mejor dicho, en general funciona) porque permitía estar pendiente de la cosa pública 24×7 y a gran escala. Dicho de otro modo, cuando el ámbito de la política no es ya una polis griega de unos «pocos» habitantes, hacerse cargo de forma directa de la política se hace prohibitivo, tanto en recursos materiales como, sobre todo, tiempo.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con Internet como mascarón de proa, permiten al individuo reapropiarse de la acción colectiva, reducir intermediación, ponderar el poder de los representantes y cargos electos, organizar sus propias plataformas, dinamizar sus propios grupos de interés, convocar sus propias manifestaciones y eventos.

El resultado lo estamos viendo a diario, aunque a una velocidad de vértigo. Política 2.0, tecnopolítica, política en redes sociales, movimientos sociales, partidos red, movimientos red, hacktivismo, ciberpolítica, ciberactivismo… todos ellos son conceptos que hemos ido acuñando para nombrar formas de hacer política pertenecientes a la misma subespecie: aquella que, fuertemente apoyada en ciudadanos de carne y hueso y plazas y calles de adoquín y alquitrán, ha conseguido aumentar su impacto y eficiencia organizativa gracias a la tecnología.

¿Echa la gente en falta la política tradicional en la calle? Por descontado.

¿Es esto fácil de comprender y explicar? En absoluto.

Estamos viviendo, ahora mismo, una transición de la política como meta a la política como proceso; de la institución como solución a la institución como caja de herramientas — donde dice institución, sustitúyase por parlamento, partido, sindicato, ONG, asociación de vecinos… La política caja de herramientas es el hágaselo usted mismo, es el bricolaje político, es quedar con los vecinos para dibujar, serrar y montar unos muebles (democráticos) cada uno con sus herramientas, en lugar de comprarlos hechos. Ese es el tipo de política que algunos están impulsando desde las calles coordinados desde las redes.

Una política como caja de herramientas requiere un cambio de marco mental extraordinario:

• Para empezar, caen las marcas, ya que las herramientas son lo que importa y no la caja de herramientas, herramientas que son intercambiables y recombinables.
• Requiere, también, un mayor protagonismo del mismo ciudadano, acostumbrado (en su mayoría) a encontrarse las cosas hechas, hechas por otros.
• Ese protagonismo requiere, además, competencia, saber hacer cosas, o aprender a hacerlas. Hay que aprender a hacer la nueva política.
• Con lo que se cierra el círculo volviendo a la caja de herramientas: no solamente saber hacer, sino saber escoger las herramientas apropiadas para cada caso.

Explicar esto es complicado. Comprenderlo, con lo rápido que se está sucediendo todo y la fuerte inercia de la tradición, más. Querer arremangarse, querer retomar la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, eso hay que saber pedirlo con mucho tacto.

Es necesario que ciudadanos y nuevas formas de organización ciudadana hagan un esfuerzo por hablar el mismo idioma, por llegar a un entendimiento mútuo. Al fin y al cabo, son la misma cosa. Entre ellos están las instituciones tradicionales. Ahora, su papel de intermediación es más necesario que nunca… aunque el esfuerzo que deben hacer es mucho mayor para, a lo mejor, acabar pasando a un segundo plano. A estas también habrá que pedírselo con mucho tacto.

Imaginemos que vamos a la peluquería.

― ¿Peinar, cortar o gintónic?
― Esto… yo venía a lo del pelo. El gintónic… bien, gracias, pero ¿y el pelo?

Imaginemos que vamos al bar.

― ¿Gintónic, mojito o peinar?
― Esto… yo venía a lo de empinar el codo. Lo de peinar… bien, gracias, pero ¿y mi copa?

La tercera vía

Existe en el debate sobre el soberanismo catalán una suerte de dicotomía, a mi entender, falsa: o modelo territorial autonómico o independencia. A esta dicotomía se ha añadido una tercera variante, la llamada tercera vía, que viene a decir que entre el status quo y el que Catalunya se separe de España hay una tercera opción: la reforma del modelo territorial. Ha habido hasta tres propuestas de tercera vía, moviéndose entre el federalismo (Pere Navarro, por el PSC), un nuevo pacto fiscal (Durán, por UDC), o una cierta reforma del reparto de competencias y financiación de las mismas (Sánchez-Camacho por el PPC).

Si la dicotomía autonomía o independencia es ya falsa, todavía lo es más esta supuesta tercera vía. El motivo no es otro que, siguiendo la lógica de los ejemplos con los que iniciaba esta reflexión, estamos mezclando distintas categorías en un mismo saco.

Así, las opciones no son:

1. Mantener el status quo.
2. Reformar el modelo territorial.
3. Irse de España.

Es decir, no se trata de una decisión, sino de dos decisiones independientes entre ellas (aunque, por supuesto, las respuestas sí pueden estar condicionadas por el resultado de la decisión anterior):

1. Formar parte de España.
1. Mantener el status quo.
2. Reformar el modelo territorial de forma leve sin tocar la estructura básica.
3. Reformar el modelo territorial con un nuevo pacto fiscal.
4. Reformar el modelo territorial hacia el federalismo.
5. Reformar el modelo territorial de otra forma distinta.
2. Dejar de formar parte de España.

Tal y como explicaba en El derecho a decidir como un derecho individual (no colectivo), lo primero es establecer la voluntad de firmar un contrato social, de querer compartir un proyecto de convivencia. Lo segundo es establecer las condiciones. Mezclar una cosa con otro se me antoja, como ya se ha comentado, no respetar el distinto rango categórico de los elementos sobre los que elegir.

El orden de los factores

Por supuesto, y tal como plantea Pau Marí-Klose en Volem votar, y ¡visca la paradoja de Condorcet!, el resultado final puede ser distinto del orden en que se planteen las decisiones. Aunque no comparto con él su aquiescencia con el modelo de «tres vías» y su ejercicio de separar las votaciones como un mero ejercicio táctico (y no normativo, que es mi punto de vista), sí estoy de acuerdo que seguramente el orden cambiaría los resultados.

Es más, en mi opinión, y dado que España es ahora un único estado, lo lógico sería no votar primero la independencia de Catalunya, sino el modelo territorial. Dicho de otro modo, dado que el contrato social ya está firmado, parece que la secuencia natural sería revisar las cláusulas de dicho contrato (el modelo territorial) y, después, y ante la persistencia (o no) de diferencias, optar por rescindir el contrato (abandonar España). De esta forma, las votaciones debería seguir este orden:

1. Mantener el status quo.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
2. Reformar el modelo territorial de forma leve sin tocar la estructura básica.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
3. Reformar el modelo territorial con un nuevo pacto fiscal.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
4. Reformar el modelo territorial hacia el federalismo.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
5. Reformar el modelo territorial de otra forma distinta.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.

La pregunta del referéndum

En base a lo dicho hasta ahora, el próximo referéndum o consulta (si lo hay) en Catalunya debería de incluir o bien una pregunta sobre el modelo territorial, o bien una pregunta sobre independizarse o no de España. Pero no mezclarlas. La primera opción podría tener varias respuestas, incluso — por qué no — una última opción que sería «otros» donde el ciudadano pudiese añadir su propia propuesta, como sucede en muchas encuestas. La segunda opción necesariamente debería tener dos respuestas: sí o no (no, la respuesta en blanco es tácita y no hace falta añadirla de forma explícita).

En ningún caso, no obstante, debería la pregunta tener respuestas de una y otra cuestión. No hay tercera vía a añadir a un referéndum sobre la independencia porque, siempre en mi opinión y desde un punto normativo, esa tercera vía responde a otra pregunta.

¿En qué punto estamos ahora?

Es curioso porque, de uno u otro modo, estamos en el mismo punto: un referéndum sobre la independencia.

Desde el punto de vista del independentismo, es lógico que no se quiera «perder tiempo» en debates territoriales cuando lo que pretenden es, sencillamente, romper la baraja.

Desde el punto de vista del unionismo, parece que de forma tácita y entre pasillos ya se ha ido explorando la viabilidad de empezar al revés, preguntando por el cambio del modelo territorial. La propuesta del PSC de Pere Navarro ha sido «votada» y abortada, como lo han sido la propuesta de UDC por parte de Josep Antoni Duran o la de Alicia Sánchez Camacho por el PPC. Es decir, cabe entender que entre pasillos y declaraciones a los medios ya ha habido una primera votación sobre el modelo territorial y el resultado ha sido que se mantiene el status quo sí o sí.

Por tanto, se mire como se mire, parece ser que solamente queda preguntar por la independencia. Con un sí o con un no. Porque la tercera vía jamás existió.

Comentaba en Movimientos sociales y nueva institucionalidad de la democracia que parecía haber una gran disociación entre la política en vertical — la de los partidos que deben recoger sensibilidades y trasladarlas «hacia arriba» hasta el lugar donde se toman las decisiones — y la política en horizontal — la que ocurre en la calle, entre los vecinos, allí donde se gestionan y se sufren los problemas del día a día, donde se debaten las alternativas, donde se inventan las soluciones.

Abogaba entonces por una sociedad civil fuerte, organizada — aunque no necesariamente institucionalizada — que fuese capaz de proponer (además de criticar o destruir), así como por una nueva suerte de política institucional (partidos, sindicatos, parlamentos, gobiernos…) que fuese capaz de empaparse de ese debate en la base, capilarizarlo y trasladarlo a las ágoras de toma de decisiones, a la vez de trasladar el «contexto» hacia abajo, hacia esas bases absortas en su día a día.

El (entonces llamado) Partido X empezó con un programa unimodal centrado en la regeneración democrática. Como cualquier otro partido monotemático (o single-issued, en la jerga politológica), sus aspiraciones eran (seguramente) más orientadas a concienciar sobre una cuestión en concreto (como los partidos animalistas sobre los derechos de los animales o los feministas sobre la cuestión de género) que no a tomar el poder en sentido estricto. Así, uno de los lemas del Partido X era que cualquier reflexión que se diese dentro de él podía apropiársela cualquier otra fuerza: lo importante era que las propuestas llegasen a los centros de poder, las trasladase quien las trasladase.

Ha habido, sin embargo, desde los inicios del Partido X una diferencia fundamental con cualquier otro partido: la abertura total del mismo, tanto en las propuestas como, mucho más importante, en los procesos. Así, literalmente cualquier ciudadano ha podido no solamente «trasladar sus ideas al partido», sino compartirlas en abierto y ser susceptible de verlas apoyadas por cualquier otro u otros ciudadanos.

El resultado es el que ahora sale a la luz con la presentación de la Red Ciudadana Partido X en sociedad. Si bien el fondo sigue siendo el mismo — regeneración democrática — el tono y el contenido han variado sustancialmente gracias a las aportaciones de centenares de voces de ciudadanos anónimos y no tan anónimos. Y ya no solamente se centra en las instituciones, sino en todo un conjunto de cuestiones que, a entender de la Red Ciudadana, afectan directa o indirectamente el pleno ejercicio de la democracia. Así, se presentan ahora Las siete recetas del Partido X para alcanzar la «Democracia Económica», no solamente despejando muchas incógnitas, sino entrando de lleno en la política de propuestas, más allá de la política de denuncia o de sensibilización.

Es tremendamente arriesgado aventurar ahora un pronóstico sobre el impacto electoral que pueda tener esta formación en próximos comicios.

Pero no es, considero, nada exagerado afirmar que la Red Ciudadana Partido X va por delante en una nueva forma de hacer política, más participada y, sobre todo, mucho más abierta — y más ahora que la deseada privacidad para mantener el foco en el qué y no en quién acaba de desvanecerse.

La Red Ciudadana Partido X conjuga ahora dos realidades políticas que, hasta este momento, se habían dado por separado en España. Por una parte, formar parte de la política institucional y su objetivo de participar en la democracia representativa como muchas otras formaciones políticas. Por otra parte, su funcionamiento interno en el más puro estilo de plataforma-red que tan bien ha rendido en otras esferas de la participación ciudadana, con la PAH como buque insignia más destacado.

Si bien ha habido otros intentos más tímidos o discretos de unir partido y plataforma-red ciudadana en otras formaciones — Equo, seguramente, así como el Partido Pirata, o la misma Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en Catalunya — sin duda alguna la Red Ciudadana Partido X es la primera en hacerlo al 100% y a gran escala. Sí, hemos tenido plataformas cercanas a partidos, y sí, hemos tenido partidos cercanos a plataformas. Pero en la Red Ciudadana Partido X la confusión (dicho en el mejor de los sentidos) de ambas arquitecturas es absoluta e indisociable.

Ante un momento de total deslegitimación de la política institucional, de gran hastío respecto al ejercicio mismo de la democracia, la Red Ciudadana Partido X no propone una negación de la mayor basada en la destrucción antipolítica, sino que hace una apelación a los ciudadanos a hacerse responsables de lo que es suyo. No está nada mal para un 15M que andaba «desnortado» y era «incapaz de hacer propuestas concretas».

El pasado 11 de septiembre de 2013, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocó a los catalanes a salir a la calle y formar una cadena humana. Una Vía Catalana por la independencia inspirada en la Vía Báltica de finales de los ochenta que en Estonia, Letonia y Lituania pidió abandonar la URSS. La convocatoria movilizó, según fuentes oficiales, unas 1.600.000 personas a lo largo de los aproximadamente 400 Km sobre los que transcurría la vía.

De la misma forma que expuse mis razones para participar en la vía — básicamente por una cuestión de apoyar la opción dialogada o democrática de abordar las diferencias — creo conveniente compartir ahora mis reflexiones al respecto. A estas alturas no serán ya originales, aunque sí espero aportar un punto de vista sobre una pregunta recurrente: ¿por qué van a ser diferentes la política o la corrupción en una Catalunya independiente de una Catalunya dentro de España?

La vía de la sociedad civil

Empecemos por algo que ha sido debatido y puesto de manifiesto hasta la saciedad en medios y tertulias diversos: la vía catalana fue una demostración del poder de la sociedad civil. Sin subvenciones, sin partidos detrás, sin sindicatos, la Vía Catalana fue organizada por una muy joven organización ciudadana y con la concurrencia de unos 30.000 voluntarios.

Pero esta interpretación se queda corta: si hay algo que destacar de la organización de la Vía Catalana, no es que fuese capaz de coordinar un ingente dispositivo logístico — que lo hizo — sino que facilitó la participación de otras entidades de forma bastante descentralizada. Así, la ANC fue en muchos casos más plataforma que jerarquía: dispuesta la cuadrícula sobre el mapa de Catalunya, fueron a menudo las entidades locales las que tomaron la iniciativa de la organización y dinamización de la actividad en sus respectivos lugares. Hubo simulacros, actos espontáneos, vías alternativas conectadas con ramal principal, coordinación entre tramos y entidades sin pasar por el centro de la red. Se creó una “marca” Vía Catalana que otros pudieron utilizar, enriquecer, apropiarse, hacerse suya, utilizar, identificarse con ella.

Dicho esto, se le hace a uno hasta jocoso leer que se atribuya, una y otra vez, a algunos partidos y a algunos políticos en particular la responsabilidad y el éxito del auge soberanista e independentista en Catalunya. En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Que algunas formaciones y “líderes” sean capaces de arrimar el ascua a su sardina, hacer pasar el agua bajo su molino o surfear la ola, no significa que hayan sido capaces de prender fuego alguno, canalizar ningún agua y, ni mucho menos, generar una ola.

Vuestros políticos no son mejor que los nuestros

Esta frase, con variantes cambiando políticos por democracia o su ausencia, es lugar común como argumento para debilitar las razones para la independencia. Y es cierto que no hay motivo alguno para creer que las cosas deban cambiar por el solo hecho de independizarse Catalunya: en general, mismos partidos, mismas instituciones, misma corrupción, mismas (por ahora) leyes, etc.

¿Entonces?

Hay una diferencia: una sociedad civil fuertemente coordinada.

Recuperemos tres fechas clave en el movimiento soberanista catalán:

• El 10 de julio de 2010, donde la sociedad civil catalana sale a la calle para fiscalizar a las instituciones políticas y judiciales españolas a raíz del no del Tribunal Constitucional al nuevo Estatut.
• El 11 de septiembre de 2012, donde la sociedad civil catalana da la espalda al estado español para interpelar directamente al Parlament de Catalunya.
• El 11 de septiembre de 2013, donde la sociedad civil catalana se reafirma en su deseo de convocar una consulta, con o sin las instituciones.

¿Con o sin las instituciones? Recordemos que a lo largo de 2009 y 2011 ya hubo consultas populares a lo largo y ancho del principado. Y que ante la duda del President de aplazar la consulta a 2015 o 2016, el mensaje de la Vía Catalana fue totalmente inequívoco. Y fuerte.

Bien, ¿qué tiene que ver esto con la afirmación que la independencia cambiará la forma de hacer las cosas en Catalunya? En mi opinión, si bien la materia prima es la misma (una baja calidad democrática por unas instituciones políticas totalmente gangrenadas), la vigilancia que hace la sociedad civil es feroz. La petición de transparencia sobre el proceso, la muy exigente rendición de cuentas y auditoría sobre la evolución del mismo, hacen que la sociedad civil catalana esté muy encima de las instituciones, no por encima, sino sobre ellas, fiscalizándolas, contrapesándolas y, a menudo, marcando el rumbo a seguir.

¿Es esto condición suficiente para afirmar que la independencia obrará cambios radicales en materia de gobernanza? En absoluto: la independencia no es para nada un ejercicio neutral que no dependa de las rémoras del pasado. Pero se hace comprensible que muchos sí crean que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, ello pueda comportar alguna diferencia. Dicho de otro modo, el alto nivel de compromiso y activismo de una buena parte de la sociedad civil catalana hace posible que un hipotético proceso constituyente en Catalunya pueda ser mucho más participado — y por tanto regenerador — que no, por ejemplo, el proceso constituyente español de 1978.

Hablamos, insisto, en términos de abrir nuevas posibilidades, de incrementar una probabilidad, y no de certezas, que dependerán muy mucho de otras variables en distintos contextos. Pero tenemos ya interesantes muestras del poder de articular redes de participación en la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, la iniciativa 15MpaRato para juzgar al expresidente de Bankia, o el exitoso (aunque silenciado) OpEuribor para denunciar lo arbitrario de la fijación del Euribor como tipo de referencia para los precios de las hipotecas.

Llegados a este punto, vale la pena reflexionar sobre lo grave que resulta que la participación de la ciudadanía en política sea percibido como algo excepcional, singular, extraordinario, incluso como una injerencia o una amenaza. Tan extraordinario que todavía cueste creer — e incluso se niegue — su papel determinante por encima del liderazgo de partidos y representantes. Tan amenazante que se olvide por completo quién es el pueblo soberano y quién su representante.

Visto el desarrollo de la X Legislatura de España, creo que es momento de hacer un pequeño inventario de qué opciones tiene ante sí el electorado español:

• Los partidos de derecha proponen políticas para después saltárselas.
• La socialdemocracia centra sus políticas en la política interna del partido.
• La izquierda tiene políticas de oposición, no de gobierno.
• El programa electoral de los nacionalismos (y aquí repite la derecha) tiene una visión estrictamente parcial de la cosa pública.
• Otros partidos llevan en su programa la negación de la(s) política(s).

Después sorpréndanse vuesas mercedes por el crecimiento de la desafección política.