ICTlogy

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición de 2010 del Global Information Technology Report 2009-2010, uno de los informes más importantes en el mundo sobre estado de la Sociedad de la Información, junto con los del Banco Mundial, diversas agencias de las Naciones Unidas y The Economist.

En lo que a mí respecta, el Global Information Technology Report tiene como positivo el amplio espectro de indicadores que recoge, desde las infraestructuras más básicas hasta los distintos tipos de uso, pasando por el marco regulatorio, la oferta de servicios digitales o una aproximación a la competencia digital. Como puntos más débiles, que muchos indicadores no vienen de datos primarios (es decir, datos objetivos como el número de líneas telefónicas instaladas, por ejemplo) sino de datos fruto de encuestas donde una selección de expertos da su opinión, siempre fundamentada, pero siempre sujeta a matices personales.

El informe está totalmente en línea e incluso se permite jugar con los datos.

Los titulares de los periódicos se llenarán estos días — o no — con un único dato: que España ocupa el puesto 34 de 133 países, y que desde 2002, donde ocupaba el puesto 25, ha ido perdiendo puestos hasta la situación actual, a la que llegamos ya el año pasado. En mi opinión, es absolutamente irrelevante qué puesto ocupamos (dentro de un margen, claro), ya que hay tantas variables, y dependemos tanto de lo que hagan el resto de países que, francamente, nos aporta poco.

Creo que las preguntas relevantes son:

• ¿Dónde hemos mejorado?
• ¿Dónde hemos empeorado?
• ¿Dónde puntuamos mejor que el resto?
• ¿Dónde puntuamos peor que el resto?

Aunque resulta sorprendente el salto espectacular que da el indicador — lo que hace sospechar que aquí ha habido o bien cambios de criterio o bien errores de cálculo — hemos mejorado en la preparación para la sociedad de la información de gobiernos y ciudadanos. A pesar de las cautelas mencionadas, creo que el indicador refleja un esfuerzo importante de la Administración Pública en ponerse al día en materia digital: como ya comentamos, la UNPAN reconoce en España un referente en materia de gobierno electrónico. Y como hemos comentado ya en otro lugar también, en España la brecha digital no es de infraestructuras, sino que tiene otros componentes. Así pues, no es de extrañar que los ciudadanos, en tal que individuos, también puntúen bien en materia de preparación para lo digital en términos generales.

¿Qué ha empeorado? El uso. Estamos preparados, pero no utilizamos la tecnología. Hemos invertido en teatros y museos y nos quedamos en casa viendo la tele. El uso de los ciudadanos se mantiene, pero el de los gobiernos y empresas empeora. Es como si durante la implantación de sus políticas de sociedad de la información hubiesen hecho el esfuerzo de usar las tecnologías y, ahora que ya está hecho, se olvidan de ello. A esto habría que añadir que las empresas, en general, ni siquiera están bien preparadas digitalmente, como muestran los informes de Red.es sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, especialmente las PYMES y las microempresas.

Veamos los puntos fuertes y débiles:

¿Cómo leemos esta tabla? A grandes rasgos, hay tres cosas que van bien o muy bien en España:

• El mercado (el sector privado) está sano, hay competencia y cada vez tenemos empresas en sectores (creatividad) intensivos en conocimiento;
• tenemos la infraestructura necesaria para que pueda haber actividad en la red;
• y nuestros profesionales de alto nivel están bien formados y participan activamente en la vida online.

Es decir, las condiciones de mercado, de oferta de trabajo cualificado y de infraestructuras son buenas.

¿Qué va mal? Siempre según el informe:

• Las cargas fiscales y burocráticas son una barrera para el emprendedor;
• las infraestructuras son caras;
• el nivel de educación básica en matemáticas y ciencia es deficiente (distinto del caso anterior, que eran profesionales de alto nivel bien preparados);
• el gobierno no consigue de ninguna forma dinamizar la sociedad de la información.

Es decir, a pesar de que las condiciones en general son buenas, a la hora de llevar a cabo los proyectos el contexto no ayuda: impuestos y burocracia y un nivel educativo general bajo suponen barreras al desarrollo digital que el gobierno y sus políticas no parecen saber atajar.

No hay que olvidar que el Foro Económico Mundial se caracteriza por un fuerte sesgo hacia la derecha, con lo que no es de extrañar la crítica a impuestos, regulación, burocracia y demás. Sin embargo, el diagnóstico es coherente con otros datos y opiniones que ya han sido vertidos aquí y en otros lugares: seguimos invirtiendo en infraestructuras cuando el problema está en las barreras a la demanda.

En mi opinión, medidas a tomar:

• Estimular la demanda, atacando las barreras que la contienen: capacitación digital y usos prácticos;
• liberalizar (de verdad) el mercado de las telecomunicaciones: una mayor demanda debería hacer posible una mayor oferta y a precios menores;
• abandonar políticas de infraestructuras destinadas a la adopción individual (p.ej. ordenador en el aula, subvención de ordenadores a las empresas);
• abanderar políticas decididas de promoción del gobierno electrónico y del comercio electrónico, especialmente el business-to-business o B2B: compra a proveedores y contratación electrónica, pagos electrónicos, etc.

No quería terminar sin un matiz: aunque las infraestructuras no sean, en general, un problema, sigue habiendo gente sin acceso a ellas. Que no se prioricen políticas de infraestructuras basadas en la propiedad (a) no quiere decir que se tengan que abandonar y (b) no quiere decir que no haya alternativas, como el acceso a infraestructuras públicas.

Entre las políticas más enfocadas a la e-inclusión (inclusión a secas, al fin y al cabo), y en contraposición a otras políticas más «de futuro», creo que los telecentros y el acceso a Internet en las bibliotecas públicas deberían figurar en el top-1 de las políticas sociales. Y un buen ejemplo son los Centros de Conocimiento del Plan Avanza2.

Aquí algunos estudios que apoyan la inversión en puntos de acceso público a Internet:

• Gómez, R., Ambikar, R. & Coward, C. (2009). “Libraries, telecentres and cybercafes. An international study of public access information venues”. En
  Performance Measurement and Metrics, 10 (1), 33-48. Bradford: Emerald.
• Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C. & Rocha, A. (2010). Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at U.S. Libraries. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services.
• Más bibliografía sobre el impacto de los telecentros en la brecha digital.

Llego a través de Carlos Guadián a la siguiente afirmación de Pepe Cervera:

En el actual panorama político es más que probable que el partido que consiga atraer más internautas sea el partido que acabe ganando las elecciones.

A la que me gustaría añadir tres comentarios:

1. Creo que los números que maneja Pepe Cervera sobre uso de la Red son optimistas. La brecha digital en España no es solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Es decir, hay muchas formas de definir un usuario Internet en función de su frecuencia (¿entra una vez al día? ¿al mes? ¿al año?), y más todavía del tipo de usos (¿para buscar la cartelera en Google? ¿para desarrollar un mashup 7.0 que incremente en un 200% su productividad?).
2. A ello hay que añadir lo que ya comenta también Carlos Guadián: la existencia de ciberciudadanos no creo que sea equiparable al de usuarios de Internet. Es decir, aunque uno tenga acceso frecuente a Internet y sepa sacarle partido, no significa que todo vaya a ser acción política: el uso de Internet puede ir desde chatear con amigos hasta derrocar un gobierno, pasando por invertir en bolsa o traficar con fotografías de menores.
3. Por último, es perfectamente posible que uno aborrezca mucho más las políticas «analógicas» de los partidos que ahora están en la oposición que las políticas «digitales» de los que ahora gobiernan. Porque al final, es bien sabido que muchos de nosotros votamos al menos malo, no al mejor.

Sinceramente, creo que tendemos a creer que las personas que utilizan Internet son seres incorpóreos que no son de este mundo; los categorizamos como internautas y les atribuimos unas características comunes que no tienen por qué tener. Probablemente las tenían en el pasado: seguro hace 20 años, probablemente también hace 10.

Pero ya no, y en cualquier caso, cada vez menos.

Encuentro en Zunia el documento de la OCDE The Financial and Economic crisis: Impact on E-government in OECD Countries. El informe recoge cómo los distintos miembros de la OCDE han adaptado su estrategia de Gobierno Electrónico a causa de la crisis económica.

Contra lo que se suele pensar — que las estrategias de gobierno electrónico son una carga añadida al día a día — los países han respondido a la crisis reforzando o acelerando la implantación de sus respectivas estrategias en esta cuestión. Es más, en muchos casos, la estrategia de gobierno electrónico forma parte de los planes anti-crisis de dichos países.

Entre los principales resultados del gobierno electrónico para luchar contra la crisis se espera que:

• se reduzcan los costes presupuestarios;
• aumente la eficiencia y la eficacia, aumentando la productividad;
• se reduzcan los trámites administrativos;
• mejore la coherencia y la calidad en la provisión de servicios públicos;
• haya mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana;
• se estimule el sector privado gracias al gasto público en tecnologías de información y la comunicación;
• haya un impacto positivo en el medio ambiente (green IT).

El informe va más allá e intenta ligar el corto con el largo plazo, o dicho de otro modo, la recuperación económica en el corto plazo con las inversiones en el largo plazo:

• aumentando el rendimiento y reduciendo los gastos inútiles en el sector público;
• invirtiendo estratégicamente en áreas clave de gobierno electrónico nuevas e innovadoras;
• acelerando el gasto público en gobierno electrónico;
• reconstruyendo la confianza con el ciudadano;
• mejorando la calidad de los servicios públicos;
• transformando el sector público a través del gobierno electrónico.

Nos quedamos con las ganas de saber la opinión de España en estas cuestiones, ya que la OCDE no recibió nuestras respuestas. Una lástima, porque como ya hemos comentado, España tiene mucho que decir en materia de gobierno electrónico.

Accedo — por diversas vías — al documento ¿Cómo combatir las violaciones de la propiedad intelectual y los contenidos xenófobos y racistas y de pornografía infantil en internet? (PDF), leo algunas de las reacciones (1, 2, 3, 4, 5) y mi sensación es más de desazón y desconcierto que de oposición o ira, como en la mayoría de los casos.

Después de leer el texto, no me queda clara la lógica interna del mismo ni el propósito final:

• No entiendo por qué se han escogido estos tres temas — pornografía infantil, racismo y xenofobia, propiedad intelectual — y no otros.
• De hecho, no entiendo por qué se mezclan, en mi opinión categorías con casos particulares
• Por último, tampoco entiendo por qué se apunta una solución y no todas… o ninguna, habida cuenta que el objetivo parece ser iniciar un debate sobre las cuestiones anteriores.

Es decir: si se quería tratar de los contenidos en Internet que puedan ser constitutivos de delito, la lista debería ser más larga:

• Menores
• Racismo y xenofobia
• Sexismo y género
• Religión e ideología política
• Libelo y difamación en general
• Etc.

Por supuesto, la propiedad intelectual no entra en esta lista, ya que la propiedad intelectual habla de los derechos sobre un contenido, no sobre qué dice ese contenido (p.ej. podemos amenazar de muerte a los inmigrantes en una página web con contenido que hemos generado nosotros mismos o contenido que hemos sacado de otra página y cuyo uso no nos ha sido autorizado).

Si queremos entrar en materia de propiedad intelectual, el enfoque debe ser mucho más amplio y, en lugar de enfocar en el contenido en sí, enfocamos en categorías mucho más generales. Por ejemplo:

• Seguridad: suplantación de identidad, estafa, phishing, pharming…
• Privacidad: libelo, acoso, extorsión, derecho a la propia imagen, honor, divulgación información personal… (los casos que mencionábamos al principio se enmarcan básicamente en esta categoría y la anterior, ya que las atraviesan transversalmente)
• Propiedad intelectual: copia, comunicación, utilización de marcas…
• Derecho laboral: vigilancia en el trabajo, extensión de la jornada laboral y conciliación…
• Etc.

Seguramente estas dos clasificaciones no son muy exactas, pero la única intención al hacerlas es ejemplificar que el documento presentado ante la UE es, como poco, parcial. Si es parcial por interés o por ignorancia, eso ya no lo sé. Pero creo sinceramente que será difícil elaborar debate alguno sobre los temas candentes en materia de Derecho e Internet a partir de él habida cuenta de lo que yo considero que son fallos estructurales básicos.

Justo a finales de Enero aparecía la noticia de que Google había entrado a jugar en la liga de los mayores en lo que en materia de grupos de presión tecnológicos se refería (p.ej. O’Brien: Google joins the titans of Silicon Valley lobbying).

A raíz de aquello me escribió Carmen Fernández Aguilar (ADN) para que diese mi opinión sobre dichos grupos de poder y, en concreto, sobre el caso español. Unos días después el tema se ha recuperado a tenor de otra noticia que volvía a involucrar a Google: ¿Todos contra Google? y en la que tengo una pequeña participación al final.

De acuerdo con ella, publico aquí mis respuestas al completo. Quiero aprovechar, además, para agradecerle no solamente la invitación, sino pasarme un planteamiento y unas preguntas que me obligaron a pensar, cosa que siempre es de agradecer.

Si alguien detecta inexactitudes (o errores crasos) agradeceré cualquier tipo de comentario al respecto. Claro está, por otra parte, que se intentó en todo momento simplificar y al estilo ciertamente le falta una mano de barniz. Mis disculpas de antemano.

¿Cuáles son los principales lobbies tecnológicos en España? ¿Me puedes poner en antecedentes?

Creo que podemos identificar cuatro grandes tipos de grupos de poder en el ámbito de las telecomunicaciones (tanto en España como en el mundo en general) que podemos clasificar según el punto en el que se encuentren en la cadena que va desde las infraestructuras hasta el consumidor:

• Las empresas de telecomunicaciones, que son las que suministran las infraestructuras (cables, servicios de conectividad) sobre las que operan los servicios y se distribuyen contenidos. Suelen pedir libertad para discriminar precios y calidad de servicio en función de lo que transportan (p.ej. penalizar el P2P, que consume mucho ancho de banda y “no compensa”). En España, además, estas empresas están básicamente divididas en dos grupos: Telefónica, que inicialmente era el monopolio del estado, y el resto (Vodafone, ONO, Orange, Ya.com, etc.), que (cuando no hacen frente común) luchan contra Telefónica para que haya más competencia en el mercado, a quién le interesa mantener su posición predominante.
• Los propietarios de contenidos digitales (p.ej. SGAE para la música, Warner para el cine, Telecinco para Televisión, PRISA para texto/noticias, etc.), a quien interesa aumentar el control que tienen sobre la distribución de su propiedad intelectual para cobrar más dinero por su utilización. Suelen tener varios frentes (prácticamente contra el resto de grupos de poder) y su estrategia es reforzar los derechos de explotación de la propiedad intelectual así como el desarrollo de tecnologías que tengan en cuenta la protección de dichos contenidos.
• Los distribuidores de contenidos y servicios. Estas empresas utilizan las infraestructuras de las primeras para hacer negocio con los contenidos de las segundas. Cada vez más, hay propietarias de contenidos que también distribuyen, distribuidoras que producen, y telecos que distribuyen, en una estrategia clara de controlar toda la cadena de valor que va desde las infraestructuras al consumidor. La inmensa mayoría de portales web (YouTube) estarían en esta categoría, el grupo Telefónica sería un ejemplo de teleco que evoluciona hacia la distribución y la creación; Google sería el distribuidor que evoluciona hacia la creación y la instalación de infraestructuras; PRISA sería un buen ejemplo de evolución hacia la distribución. Suelen pedir lo contrario de las dos anteriores: neutralidad de las infraestructuras y un cambio radical en la leyes de propiedad intelectual. Por supuesto, las empresas con varios intereses tienen estrategias mucho más complejas.
• Por último tenemos a los consumidores, totalmente desorganizados, sin una representación clara y con infinidad de intereses a menudo opuestos. A grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos (homogéneos en sus fines, aunque no en sus motivos). Uno sería el grupo de consumidores al uso, reclamando servicios de calidad por el dinero que pagan: que tengan la velocidad ADSL que han contratado, que no les cobren de más, que puedan cambiar de compañía, etc. La OCU sería un ejemplo. Otro grupo , mucho más politizado, participa en las discusiones estratégicas de los tres grupos anteriores (telecos, contenidos y distribuidoras). Suelen velar porque estos grupos no reduzcan los derechos no tanto del consumidor sino del ciudadano: derecho a la privacidad, a la seguridad, a las comunicaciones y libertad de expresión, etc. aunque, como se ha dicho, sus motivos a veces son también interesados, ya que pueden ser pequeños empresarios que en realidad se dedican a la distribución, creación, etc.

¿Qué capacidad de influencia tienen o han tenido?

Tienen una capacidad de influencia increíble, tal y como podemos ver en los periódicos a diario. Son capaces de introducir su agenda en proyectos de ley, o de hacer derivar hacia su terreno decisiones judiciales. En definitiva, influyen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en la opinión pública, ya sea a través de los medios de comunicación como directamente en el ciudadano.

La principal explicación para semejante capacidad de influencia – además de la ingente cantidad de esfuerzos y recursos dedicados – es la asimetría de información imperante en el terreno de las telecos y la tecnología en general. La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es tan rápida y tan cambiante que es extremadamente difícil estar al día. Con la complejidad de agendas que tienen que llevar gobernantes, políticos y jueces (por no hablar de la ciudadanía en general), es fácil que no estén al día ni de las evoluciones tecnológicas ni del impacto que estas evoluciones tienen en leyes y regulaciones.

Alguien tiene que explicárselo, y ahí están los grupos de poder, que se lo explican, claro está, desde su particular punto de vista. Según la posibilidad – tiempo, paciencia, honestidad, intereses personales y corporativos, estrategia política – que tenga un político de crearse una opinión informada sobre el tema, sus decisiones serán mejores o peores para el bien común o bien estarán sesgadas hacia los intereses de determinado grupo de presión.

¿Qué mecanismos utilizan para que sus influencias funcionen?

Legales, ilegales y un sinfín de mecanismos que viven entre la legalidad y la ilegalidad.

Básicamente los grupos de poder tienen tres estrategias fundamentales:

• Atacar “arriba”, informando a gobernantes y legisladores para que cambien leyes y regulaciones en su beneficio, haciéndoles entender que la Ley está anticuada y ya no sirve porque el mundo ha cambiado.
• Atacar “abajo”, creando un estado de opinión entre la sociedad a través de campañas de información, tanto directas como influyendo en los medios de comunicación (medio que, a menudo, forman parte de su entramado empresarial)
• Atacar “en medio”, es decir, influir en la práctica de la ley, denunciando las prácticas que condenan e intentando conseguir sentencias favorables que ayuden a presionar a políticos y legisladores para cambiar la ley, así como reforzar la creación de un estado de opinión.

¿Es políticamente correcto que las empresas tecnológicas destinen una partida de su presupuesto a pagar a grupos o personas que se dedican a ello?

Por supuesto. Es un legítimo ejercicio de democracia.

Los problemas de intentar influir en la agenda política no es tanto que se haga (donde, insisto, no veo problema) sino en cómo:

• El primero es que las prácticas deben ser legales. Es muy distinto gastar miles de euros en realizar un informe técnico y hacerlo llegar a un diputado, que pagarle esos mismos miles de euros directamente al diputado. Y la línea entre informar y sobornar es, a menudo, muy delgada.
• El segundo es que los gobernantes, políticos y jueces tienen la obligación de recabar toda la información y puntos de vista que puedan. Cuando un grupo de presión se acerca a ellos para explicarles una cuestión que hay que resolver a nivel político o legal, lo lógico sería que se identificara a todos los grupos afectados y se pidiese su opinión, tanto si se han dirigido a nosotros como si no, tanto si tienen dinero para hacerlo como si no.
• El tercero, prácticamente un corolario del segundo, es que siempre habrá grupos con más recursos para influir que otros. Hay que activar todos los canales posibles para que todas las opiniones sean escuchadas.

¿Existe una legislación que regule estas prácticas? En la UE hay una especie de censo, pero no aparecen todos… Y no todos quieren aparecer. Creo entender que es voluntario. Y en EE UU creo que sí está regulado.

Como decía anteriormente, la primera legislación que regula estas prácticas es el sistema de leyes y regulaciones español: el soborno, la prevaricación, el tráfico de influencias y de información privilegiada, etc. están tipificados en el código penal. Y a menudo encontramos prácticas que hacen equilibrios en la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal (y otras muchas que, definitivamente, la cruzan).

En Estados Unidos hay un registro obligatorio – de entidades y de sus acciones – en el Senado. En la Unión Europea hay otro registro – voluntario – y en España no me consta que exista nada similar (ACTUALIZACIÓN A 29/07/2016: desde que se publicó esta entrevista, España ha sido testigo de la aprobación de distintas leyes de transparencia y buen gobierno a todos los niveles, desde el estatal hasta el municipal. En muchas de ellas se incluye el registro de grupos de interés).

En mi opinión, me suscita dudas el enfoque del registro americano (por no hablar del europeo). Soy de la opinión que quien tiene que declarar sus acciones no son las empresas (a no ser que sean ilegales y a petición de un juez) sino los gobernantes y políticos. Y no solamente en materia de grupos de poder, sino de absolutamente toda su actividad. Como ciudadanos, tenemos el derecho de saber a qué dedican el tiempo los que dicen o bien representarnos (gobernantes) o bien trabajar en nuestro interés (partidos).

No son los ciudadanos (organizaciones o a título individual) los que tienen que justificar sus acciones, sino sus representantes. Así pues, yo no pediría un registro de grupos de poder, sino acceso a la agenda de los cargos públicos: qué ha hecho, con quién, para qué, qué tema se ha tratado, cuáles han sido las principales conclusiones a las que ha llegado ese cargo después de p.ej. una reunión con un grupo de presión, etc. Eso es democracia. El resto convierte a partidos y gobiernos en un grupo de presión más.

¿Cuándo pasa un grupo de presión a grupo de poder?

Siguiendo el hilo de la argumentación anterior, un grupo de presión se convierte en un grupo de poder cuando consigue que alguno de sus miembros no solamente influya en un cargo público, sino que se convierta en uno. La Comisión sobre páginas de enlaces que contempla la Ley de Economía Sostenible es, en mi opinión, un ejemplo claro de cómo un grupo de presión puede pasar a ser un grupo de poder, en función de cómo se diseñe dicha comisión y cuál sea su composición.

O mejor dicho, ¿a quién beneficia la no neutralidad en la Red?

Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:

• Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.

Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.

Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.

Creo que hemos dejado claro ya que las telecos operan en una situación de monopolio, o como mucho, de oligopolio.

La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.

• Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.

Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).

Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?

En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.