Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 23 agosto 2014
Categorías: Derechos, Política
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En un para mí excelente artículo — Nueva y vieja política: del 11-S al 9-N — Quim Brugué describe tres pilares de la democracia representativa que no habría que perder de vista, dado que son lo que hace del gobernar un arte que nunca va a contentar a todos — y, que deviene, por tanto, fuente de desencuentros, especialmente en problemas complejos.
Brugué identifica la «vieja política» con (entre otros) estos tres pilares, y se pone en guardia ante una «nueva política» que podría estar poniendo en duda estos fundamentos de la democracia representativa y a partir de los cuales funciona todo el cosmos institucional con el que nos gobernamos hoy en día.
Comparto a pies juntillas el artículo de Brugué, también respecto a sus miedos y dudas sobre lo que los anglosajones llaman tirar al niño por el desagüe con el agua del baño, es decir, arrancar el trigo con la cizaña: algo de provecho habremos aprendido en 2.500 años desde la democracia ateniense, más de 200 de democracia liberal y, para el caso de España, 40 años de democracia restaurada.
Hay, no obstante, un punto central en la tesis de Brugué con el que discrepo profundamente, aunque no por ello vea inválidos sus argumentos: creo que lo que vivimos hoy en día no es la vieja política que tan bien caracteriza Brugué. Y, en consecuencia, cabría volver a preguntarnos contra qué realidad se enfrenta la nueva política. Hace tres años, al responder qué pedían los indignados, me atrevía apuntar que a que se dé un debate para reformar y mejorar el ejercicio de la democracia a partir de una transición de una democracia industrial a una democracia en red. A continuación voy a argumentar porqué creo que el tiempo ha reforzado esta postura a la vez que la hace compatible con los apuntes de Brugué. Utilizaré, además, el mismo esquema que en su exposición.
La propia diferenciación entre sociedad civil e instituciones públicas es discutible
Argumenta Brugué que no hay dos esferas en la vida pública: la sociedad civil (organizada) y las instituciones públicas, sino que hay diversos puentes y enlaces que confunden las fronteras entre una y otra.
Estoy de acuerdo. Pero sí creo que es distinguible lo que es el interés público de lo que es el interés privado. Es más, reforzando la tesis de Brugué, creo que lo que difumina las diferencias entre sociedad civil organizada de las instituciones públicas en la vieja política es precisamente su común interés por lo público.
Pues bien, como se ha demostrado hasta la saciedad, muchas instituciones públicas (empezando por muchos cargos electos) ya no dirimen con el interés público, sino con su propio interés (privado) o con el interés de algunos grupos de interés (privados). Este sesgo cleptócrata o plutócrata rompe las normas del juego y convierte a la vieja política en otra cosa: en corrupción y en tiranía.
Cuando la nueva política clama que no nos representan
o que somos el 99%
quiere poner de relieve (especialmente, aunque no solamente) esta situación. No pretende separarse de las instituciones sino, bien al contrario, recuperar la representatividad que estas perdieron en favor de unos pocos. En mi muy personal opinión, Podemos es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.
El peligro de paralizar la acción colectiva
El segundo argumento es que los intereses de la sociedad son dispares y que sus contradicciones pueden llegar a bloquear la toma de decisiones, la acción colectiva. De nuevo estoy de acuerdo en que las instituciones políticas pueden ser una buena medida para cortar ese nudo gordiano en que se convierte ordenar las preferencias de los ciudadanos, aunque sea a riesgos de tomar decisiones impopulares o que incluso perjudiquen a unos pocos.
Sin embargo, es también cierto que no hay acción colectiva sin deliberación. Y, de nuevo, hay que reconocer que ha quedado demostrado también que los espacios de debate han sido dinamitados en sus fundamentos. Aún tomando los Parlamentos y cámaras de representación como legítimos (ver punto anterior), su papel como ágora política está más que puesto en duda, verbigracia de los medios de comunicación, ese cuarto poder: la confrontación de opiniones y presentación de proyectos han dado paso al tacticismo político, la guerra de trincheras y la destrucción del oponente — que no de sus ideas.
Cuando la nueva política clama por una acción más directa no se refiere (solamente) a una recuperación de la soberanía o a una des-delegación (en la forma de democracia directa o participativa), sino también a recuperar espacios de debate, a llamar a todos los agentes implicados a personarse e implicarse en este debate y aportar sus particulares puntos de vista, a poner en valor una democracia deliberativa ahora mucho más posible gracias a mejor tecnología y mayor nivel educativo de la población. No se trata, pues, de paralizar la acción colectiva, sino de enriquecerla, de destruir la dictadura de las minorías poderosas con la pluralidad de la minoría. En mi muy personal opinión, Guanyem Barcelona (y afines) es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.
Las relaciones entre estado y sociedad civil nunca han sido de subordinación: la política se ve obligada a repartir razones
Ya he comentado hasta aquí que, efectivamente, las instituciones políticas no son un genio de la lámpara a demanda y que puede y debe decepcionar a unos para contentar el interés colectivo (por supuesto, esta afirmación tiene también sus grises según uno se aproxime a ella por la derecha o por la izquierda). No entraré de nuevo, pues, en cuestiones como la representatividad (en entredicho) y la deliberación (dinamitada) donde aunque no se generen unanimidades, sí se generan consensos y acuerdos.
Pero se ha demostrado de forma tozuda, una y otra vez, que aún obviando la necesaria representatividad y la beneficiosa deliberación, las decisiones (que no pueden beneficiar a todos), aun bienintencionadas, se toman de forma opaca o, a lo sumo, aportando información parcial, medias verdades o pura desinformación al ciudadano. Así, podemos saber inmediatamente a quién descontenta una determinada política, pero es cada vez más difícil dirimir en aras de qué interés colectivo o cuál interés privado se toma una decisión. Insisto: esto sucede aún en casos bienintencionados pero instalados en el antiguo paradigma que la información es cara de transmitir, es de propiedad de la Administración o, simplemente, el ciudadano no va a tener tiempo ni conocimientos para saber qué hacer con ella.
Cuando la nueva política clama por una política que dé razones, no se está pidiendo que «nos» den la razón, sino que aporte el fundamento sobre el cuál se edificó el proceso de toma de decisiones. Hay una fuerte tendencia en la nueva política estrictamente dirigida a la transparencia en la arquitectura de la gobernanza y a la rendición de cuentas de todo aquello que afecta a la cosa pública, desde los ingresos hasta los impactos, pasando por los gastos y en cómo se diseñaron e implementaron dichas partidas. En mi muy personal opinión, la Red Ciudadana Partido X es (entre otras muchas cosas, seguramente) un ejemplo claro de esta aproximación.
Un infierno de buenas intenciones
Hasta aquí he querido poner de relieve cómo lo que Quim Brugué llama vieja política no es, en absoluto, lo que ahora se sirve cada cuatro años y en cómodos recortes (de derechos, que no económicos: esa es otra historia). Y que, por tanto, la nueva política, si bien corre el riesgo de caer en los errores que apunta Brugué, en mi opinión está apuntando sus dedos hacia otra cosa: lo que realmente se llevó por delante la vieja política. Los antisistema. Los de verdad, los que convirtieron el legislativo, el judicial, el ejecutivo y los medios de comunicación en una maraña dramatúrgica para distraer al ciudadano y no para representarlo.
La antigua democracia griega se fundamentaba en una participación muy directa del ciudadano. Esta es la verdadera vieja política: implicarse. Quienes idearon las modernas democracias liberales, más de 2.000 años después, se dieron cuenta que no era posible volver a la vieja política sin ciudadanos no libres (a saber, mujeres y esclavos, una suerte de redundancia en los términos en aquel entonces) por lo que la democracia representativa salió de la chistera a gran escala. Y, con la representación, vino la corrupción del término.
La nueva política no lucha contra la vieja política, sino todo lo contrario: aspira a recuperarla, acercándose a Grecia tanto como las nuevas tecnologías lo hagan posible, con nuevas ágoras, nuevos senados realmente representativos, con la posibilidad de la participación directa o parcial y temporalmente delegada. Virtual o presencial (potenciado por la tecnología como instrumento, eso sí).
Por supuesto no todo lo que se interpone entre la vieja política y la (vieja) nueva política es corrupción y cleptocracia. Estoy plenamente convencido de que hay un buen número de personas dedicadas a la política que intentan tender puentes entre vieja y nueva política. No obstante, tengo la sensación que en muchas ocasiones dan más importancia a lo que yo personalmente considero síntomas que a lo que seguramente son sus causas. Y la nueva política, el 15M, los movimientos sociales o como convengamos llamarles son, creo, síntomas de una revolución en ciernes, un movimiento hacia una política extrainstitucional debido a una profunda desafección política.
Y, en consecuencia, considero que la pregunta no debería ser adónde nos lleva el 15M, sino que nos condujo a él.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 agosto 2014
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Nos recordaba Antoni Furió, en julio de 2013 en País Valencià, Siglo XXI, que afrontamos una sociedad de trabajadores sin trabajo
. Repasa, el autor, desde los escritos de Hannah Arendt de 1958 hasta los de Ulrich Beck de 2013, pasando por las estadísticas de empleo, tanto en Europa como en España.
Sobra gente. O, mejor dicho, sobran trabajadores. Y si uno no tiene capital — porque es trabajador — y su trabajo no es necesario, la tragedia de la exclusión (primero económica, luego social) se hace prácticamente inevitable.
Prácticamente en el otro extremo del globo, en Minneapolis, John Moravec publicaba ese mismo año Knowmad Society. En el libro, él y sus coautores definen un trabajador (y cito bastante textualmente) creativo, innovador, motivado, sin miedo al fracaso, generador de nuevas ideas y conocimientos, que es capaz de solucionar diferentes problemas, que colabora con los demás, que comparte información, que crea redes, en constante evolución y aprendizaje, autodidacta, que utiliza intensivamente la tecnología y adopta las nuevas tendencias y usos.
El knowmad o nómada del conocimiento es el perfil del trabajador del futuro. O del presente.
Es evidente que, además de los 8.000 kilómetros que separan Minneapolis de Valencia, hay otra distancia, esta conceptual, entre ambas percepciones de lo que es un trabajador: por un lado, el pesimismo de un trabajador que se sabe de más, que tiene unas habilidades que ya no son demandadas por la sociedad (o por la economía, no necesariamente lo mismo); por otra, el exaltado optimismo de un trabajador que, a menudo, no se acaba el trabajo, (cree que) puede decir que no, se le valora y se le tiene como modelo.
De hecho, el modelo que dibuja Moravec no se ajusta en absoluto al modelo de Furió. Pero no se ajusta en cuestión de expectativas, sino en su misma construcción: mientras el modelo de Furió es un modelo de trabajador de la sociedad industrial, dependiente de un capitalista que posee los medios de producción, el knowmad de John Moravec es un modelo de trabajador de la sociedad del conocimiento, donde el capital a duras penas se reduce a un ordenador, tableta o móvil de unos pocos cientos de euros y una conexión a Internet — que incluso puede ser gratuita.
¿Cuál es el modelo bueno? ¿Quiere decir esto que todos deberíamos transitar hacia el modelo ciberoptimista de la sociedad de la información? ¿Quiere decir que debemos abandonar el sector primario y la industria?
Mucho me guardaré yo de decir qué hacer: bastante complicadas están las cosas como para contribuir a empeorarlas.
Sin embargo, sí creo que, entre ambos extremos, hay espacio para hacerse preguntas en mi opinión relevantes.
La primera, de hecho, ya ha sido hecha, y es si todavía es válida la definición de trabajador en oposición a la definición de capitalista. Si la figura del autónomo ya nos había hecho saltar las alarmas, estos trabajadores del conocimiento que les basta con escasas inversiones de unos pocos cientos de euros deberían hacer (re)pensar si son, como la definición canónica dictaría, unos capitalistas. Autónomos, falsos autónomos, profesionales liberales, freelancers, trabajadores del conocimiento, consultores. ¿En qué cajón caen estos… trabajadores? ¿Qué derechos tienen como tales? ¿Qué forma de hacer defensa colectiva de sus intereses?
Si la primera es cualitativa, la segunda es cuantitativa: en España ya prácticamente un 65% de los asalariados lo son en el sector servicios. Un sector que, también de forma creciente, es intensivo en conocimiento, en gestión de la información, que escala muy bien en algunos subsectores, que tiene (de nuevo en algunos subsectores) verdaderos crecimientos de productividad y competitividad. Y un sector que se basa, a menudo, en reinterpretar contextos, en aplicar soluciones que no existen y deben crearse de nuevo. Y la pregunta es: ¿Cuántos trabajadores caben aquí? ¿Cabrán todos?
Qué es un trabajador y cuántos trabajadores necesita una sociedad.
Para ayudar a responder, tomemos como un hecho que la única forma de inventarse nuevas soluciones es aprender. Y que estadísticamente sabemos que quien más sabe más se forma, y por lo tanto aprende más, y tiene más opciones de trabajar en lugares donde seguirá pudiendo formarse.
La divisoria que plantean, cada uno por su parte, Furió y Moravec no es sino la divisoria de quién forma parte de este ciclo virtuoso de formarse, ser competente, tener trabajo, seguir formándose en él, ganar nuevas competencias, etc. y de quién cae del ciclo, bien porque sus competencias, de repente, han resultado irrelevantes, bien porque nunca precisaron una actualización… hasta que cayeron en la irrelevancia — el ciclo vicioso, simétrico al anterior.
Cruzamos definiciones y datos y encontramos el trabajador mal pagado o prescincible, por irrelevante, por automatizado, que depende de un capital; y encontramos al trabajador mejor pagado porque aporta valor, por competente, porque ha aprendido a aprender.
Es en la transición de una definición a otra, en la transición de un modelo a otro que muchos se están dejando la piel. Muchos de ellos sin tener arte ni parte. Porque no sólo ha sido cosa del trabajador: la demanda de trabajo tampoco ha sabido qué hacer con él. Ni los unos, ni los otros. Porque, el capital, el emprendedor, también pide a gritos una redefinición.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 abril 2014
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Una de las habituales proclamas entre el sector soberanista catalán es que, en un país normal, es democrático consultar a la población sobre cualquier aspecto que afecte a aquello colectivo. Por ejemplo si quiere o no independizarse de España. Es una cuestión que comparto sin fisuras. ¿Qué hay más democrático que preguntar? O, en términos más prácticos, ¿es que preferimos una salida violenta del nacionalismo? (o de cualquier otra demanda o problema, cabría añadir).
A la afirmación que votar es lo normal, lo democrático, le sigue habitualmente una suerte de corolario: si España «no nos deja» votar, es que no es democrática. O no lo son sus instituciones.
Bien, veamos que hay de cierto en estas afirmaciones.
Según los datos del CEO publicados en marzo de 2014 (y recogidos en diciembre de 2013) un 73,9% de catalanes apoyan que se haga una consulta para saber, de una vez por todas, con legitimidad y representatividad, si la población quiere o no la independencia de Catalunya. Por otra parte, GESOP a finales del año pasado publicaba que un 47,5% de españoles estaban a favor de dicha consulta. Parecería lógico afirmar, pues, que, bajo la tesis de que votar y permitir votar es lo democrático, Catalunya «es más democrática» que el resto de España. ¿Sí? No tan rápido.
Parece claro que entre los partidarios a votar y dejar votar habrá una mayoría que, además de querer votar, van a votar que sí a la independencia. Y es probable que nadie en el resto de España tenga un especial interés en una secesión catalana. Hagamos dos suposiciones que, aunque no emanan de los datos, sí considero que son bastante verosímiles:
- Todos los que quieren votar sí a la independencia desean que haya una consulta.
- Todos los que quieren votar sí a la independencia son catalanes.
Restemos, pues, de los datos anteriores, aquellos que, dado que van a votar que sí, están de acuerdo con el hecho de votar. Y restemos, también, del total de la población española a los catalanes con el objetivo de comparar la propensión a aceptar una consulta entre aquellos que no tienen intención de votar sí.
Dicho de otro modo, vamos a comparar la proporción de catalanes y españoles (estos últimos sin contar los catalanes) que creen que hay que dejar votar aunque lo votado sea algo que no necesariamente comparten o incluso se oponen a ello. Todo un ejercicio de democracia que suele resumirse en la famosa frase de la biografa de Voltaire Evelyn Beatrice Hall: No estoy de acuerdo con lo que usted me dice pero haré todo lo posible para que usted lo pueda decir
.
¿Quién es más democrático?
La siguiente gráfica nos muestra, a la izquierda, para Catalunya y España, la distribución de la población que cree que debería permitirse o no permitirse una consulta sobre la autodeterminación. El mismo ejercicio se repite, a la derecha, pero esta vez para Catalunya restando a los que votarían que sí a dicha consulta y, para España, restando a los catalanes.
Una primera lectura rápida parece decirnos que en Catalunya… los ciudadanos son más o menos igual de democráticos que el resto de españoles: los que permitirían una consulta a pesar de que no votarían sí a la independencia son prácticamente los mismos en Catalunya (35,24%) que en el resto de España (35,69%) — recordemos que hemos supuesto que en el resto de España nadie quiere la independencia de Catalunya, puedan o no puedan votar en ese referéndum (y que pertenece a otra reflexión).
Teniendo en cuenta que sabemos que uno se toma más en serio los problemas propios que los ajenos, y que uno se toma más en serio aquello que cree más probable que vaya a suceder, no deja de ser sorprendente que ambas cifras coincidan. Así, o bien todo el mundo cree que aunque la consulta no sería vinculante, su resultado sí sería determinante sobre el devenir de la geopolítica patria, o bien todo el mundo cree que, por no ser vinculante, no tiene ningún tipo de importancia. Me inclino a pensar que la que prevale es la primera, que hay consenso sobre la importancia del proceso, a diferencia de lo que parecen indicar los tan distintos titulares de prensa y declaraciones políticas dentro y fuera de Catalunya. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el resto de España no es ni más ni menos democrático que Catalunya (tal y como hemos definido este concepto, discutible también, por supuesto).
¿Quién se percibe como más democrático?
Bien, hemos (de)mostrado que la propensión a votar y dejar votar es la misma en toda la península (con las salvedades sobre el método que ya hemos apuntado). Sin embargo, la sensación en Catalunya sigue siendo «no nos dejan votar» o que «la democracia española es de escasísima calidad«. ¿A qué puede deberse esta aparente contradicción?
Empecemos diciendo que el hecho de que solamente un 35% de españoles no necesariamente partidarios del sí permitan consultar puede ser ya un elemento suficiente para sustentar la cuestión de la mala calidad democrática. El hecho de que en Catalunya esté eclipsado por el mayoritario sí contribuiría a dar esa imagen de «diferencial democrático» entre Catalunya y el resto de España.
Hagamos, no obstante, otro ejercicio, esta vez mucho más arriesgado que el anterior y, por tanto, a coger con pinzas sus conclusiones — si es que son tales.
Recuperemos, por una parte, la pregunta que hace el SEO a sus encuestados: ¿acataría usted el resultado de una consulta para la autodeterminación? A esta pregunta responden afirmativamente un 87,0% de la población. Por otra parte, SIGMA2 para El Mundo afirmaba que El 46% [de los españoles] suspendería la autonomía de Cataluña si hay consulta ilegal
.
Supongamos (y esta es la parte arriesgada y probablemente errónea) que:
- Los que suspenderían la autonomía de Catalunya de hacerse la consulta sin consentimiento del Estado forman parte de los que no permitirían la consulta. Dicho de otro modo, los que permitirían la consulta también la «permitirían» si Catalunya la hiciese sin consentimiento del Estado.
- Los que en Catalunya acatarían el resultado de una consulta lo harían con independencia de si ésta es consentida o no por el Estado.
- Los que en el resto de España no quieren una consulta no acatarían el resultado ni aunque fuese consentida por el Estado.
Aunque no me cansaré de insistir que estos supuestos son muy fuertes y no se deducen de los datos, creo que sí permiten recoger el sentir popular respecto a las reacciones (de aceptación o resignación, o de rechazo) que en mi opinión se perciben desde Catalunya. Simplificando: mientras en el resto de España impera el poder de la Ley, en Catalunya debe imponerse el sentir de los ciudadanos.
El gráfico anterior cambia mucho si hacemos el ejercicio de comparar la oposición «pasiva» a la consulta («no quiero que se haga, pero si se hace aceptaré tanto el hecho de que se haga como el cómo») con una oposición más «activa» («no quiero que se haga y, si se hiciese, debería ser dentro de la ley o caerá el peso de ésta sobre sus cabezas rodantes»).
En mi opinión, la vehemencia con la que se tilda de antidemocrática a España desde Catalunya tiene en esta última gráfica su explicación: mientras un 87% vendría a avalar la consulta y su resultado, un 64,31% se opone a la consulta o incluso tomaría serias medidas en contra de Catalunya decidiese ésta ir por su cuenta.
Este es, creo, el mensaje que cala en el ciudadano catalán. Así, si bien la realidad de una España menos democrática que Catalunya se muestra a las claras falsa, en el terreno de las emociones, la percepción de distintos grados de tolerancia respecto a la consulta o a la independencia misma sí puede que tenga algún fundamento. Lo que también explicaría porqué una declaración unilateral de independencia puede entrar dentro del rango de opciones posible en Catalunya, mientras en el resto de España es poco menos que un tabú.
Por supuesto, habría que ver el porqué del abismo que separa la realidad de la igual calidad democrática entre Catalunya y España y las distintas percepciones de los catalanes respecto a sus por ahora conciudadanos. Y habría que ver qué papel están teniendo en ello los medios. Y los políticos. Y los intereses de los unos y los otros.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 06 febrero 2014
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En uno de los actos programados dentro del proyecto Ciudadanía y Calidad Democrática impulsado por la Fundación Esplai apareció una aparente paradoja:
- Por una parte, participar directamente en política tiene un coste (en dinero, a veces; en tiempo, siempre), lo que hace que los ciudadanos no participen y se justifique la necesidad de partidos o sindicatos.
- Por otra parte, en determinados temas, los ciudadanos sí participan, y se movilizan, y toman las riendas a veces incluso de forma muy intensa.
¿En qué quedamos? ¿Se participa o no? ¿Hacen falta los partidos o no?
Creo que ambas aproximaciones son, en el fondo, las dos caras de la misma moneda. No es la moneda de los costes o los beneficios de participar en política, sino los costes relativos o los beneficios marginales de hacerlo. Es decir, si compensa participar, porque se espera que los beneficios de implicarse sean mayores que el coste de la dedicación, se participa; si no compensa, porque las barreras a la participación son elevadas y lo que se espera a cambio es poco o nada, se vota (o no) y a otra cosa.
Cómo fomentar la participación
Cuando se debaten y se planifican y se redactan leyes, reglamentos, planes de participación, de fomento de la acción ciudadana y otros circunloquios léxicopolíticos, a menudo se hace en base a burocratizar algo que ya existía. Burocratizar en el sentido de protocolizar y hacer emerger prácticas para supuestamente fomentarlas, políticas dirigidas a las formas sin por ello cambiar el fondo. Se me ocurren al menos dos perspectivas que sí o sí deberían introducirse en esas políticas de fomento de la participación, y más ahora que la ciudadanía dispone de poderosas herramientas para informarse y deliberar sin necesidad de recurrir a intermediarios.
- Bajar los costes de la participación. Parece elemental, pero no lo es. Olvidémonos de crear y convocar comisiones a tres bandas entre Administración, sociedad civil y grupos económicos de interés: puede que sea tan fácil como poner a disposición de las partes implicadas toda la información disponible de forma ágil, veraz y a tiempo. Bajar el coste de informarse, por ejemplo, hace subir la ratio beneficio/coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Facilitar un local a una asociación de vecinos, una asamblea, una ONG local es también bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Establecer mecanismos estables y «automatizados» de prospectiva y recogida de necesidades y demandas de la ciudadanía (en lugar de, por ejemplo, el viacrucis de una iniciativa legislativa popular) es, por supuesto, bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación.
- Aumentar los beneficios de la participación. En el otro lado de la ratio coste/beneficio, está aumentar los beneficios. Ello no significa que se deban aceptar de forma incondicional todas y cada una de las demandas que hagan todos y cada uno de los ciudadanos. Sencillamente, que la probabilidad de que sean escuchados o tenidos en cuenta no sea tan baja como lo es actualmente. El ejemplo anterior de la iniciativa legislativa popular (ILP) es de manual: es inconcebible que una ILP que formalmente cumple todos los requisitos pueda no ser ni siquiera admitida a trámite en nombre de no se sabe bien qué. Si la perspectiva es que la acción ciudadana no servirá de nada después de los recursos invertidos, los beneficios percibidos jamás serán mayores que los costes soportados reales.
Huelga decir que muchas iniciativas de transparencia, datos abiertos y gobierno abierto podrían coadyuvar a bajar el coste relativo o a aumentar los beneficios marginales de participar. Más allá de su necesaria (pero a veces obsesiva y exclusiva) atención a la rendición de cuentas, pensar en clave integral el proceso político (informarse, deliberar, negociar) haría que en lugar de atacar los síntomas de la baja participación se atajasen las causas de fondo.
Dicho esto, no querría dar la sensación que no hacen falta leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia. Pero sí que si se siguen pensando de forma parcelada y de arriba a abajo, su alcance siempre será muy limitado. Y su legitimidad, más.
Cambiar el diseño de las instituciones para no participar
Hay una tercera aproximación para mejorar la participación o, mejor dicho, para atajar el problema de la baja participación: hacerla irrelevante.
Hacerla irrelevante no tiene nada que ver con una estrategia aparentemente parecida pero en el fondo muy distinta que es hacer irrelevante al ciudadano. A saber haga como yo y no se meta en política
, esto es muy complicado y el ciudadano no lo va a entender
, esto es política con P mayúscula
, etc. que, en el fondo, son otras formas de decir: déjeme que yo mangonee a mis anchas.
En 2002, John R. Hibbing y Elisabeth Theiss-Morse venían a decir en Stealth Democracy: Americans’ Beliefs About How Government Should Work que, en el fondo, cuando las cosas van bien, lo que los ciudadanos quieren es que les dejen en paz. Ni participar ni historias. En una suerte de réplica desde el caso español — ¿»Democracia sigilosa» en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos — Joan Font et al. matizaban la afirmación anterior. Sí, el ciudadano medio quiere, en general, que le dejen en paz con tanta participación, pero siempre y cuando se cumpla un requisito: que el diseño de las instituciones sea tal que garantice que el resultado de sus decisiones y actos sea legítimo, justo. O, dicho de otro modo: el ciudadano quiere participar, pero no todo el rato (aquello de los costes y los beneficios que decíamos al principio), sino allí donde importa, que es en el diseño institucional.
Si le damos marcha atrás a la moviola, esto último no es sino lo que pedía el 15M en las calles y sigue pidiendo en asambleas o en algunas iniciativas de refundación de los partidos: una única propuesta para una democracia mejor.
Muchas de las leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia parten de una verdad que no es tal: que las instituciones son las que son y que hay que vivir con ello, que es un marco inmutable y que toda acción debe circunscribirse en ese contexto grabado en piedra. Pero hay una gran diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se podría o se debe hacer en política. Probablemente muchos de los debates sobre la baja participación, sobre el coste o los potenciales beneficios de participar quedarían cerrados si se abriese el melón de la reforma institucional así como del cambio de protocolos, procesos y procederes de la acción colectiva, sea o no pilotada por las instituciones.
Ahí, creo, es donde hay mucho por recorrer, para lo malo… y para lo bueno también.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 febrero 2014
Categorías: Derechos, Política
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La penúltima divergencia entre la política y la inteligencia, entre la política y la realidad, ha tenido lugar esta vez (de nuevo) en la Comunidad Valenciana. Resulta que el artículo sexto del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reza La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano
. Resulta que, por otra parte, en el nuevo Diccionari Normatiu Valencià que la Acadèmia Valenciana de la Llengua tenía previsto presentar hoy, equipara el valenciano con el catalán con lo que, por construcción, viene a afirmar que en Valencia se habla valenciano. O catalán. Tanto monta. El Presidente Fabra ha esgrimido (casi literalmente) el Estatuto contra el Diccionario. Y se ha cancelado (por otros motivos, dicen) el acto de presentación de la obra.
Para que se haga uno la idea del despropósito, sería como denunciar al Diccionario de la Real Academia Española por insinuar que en Aragón se habla castellano. Habráse visto semejante desfachatez: ¿desde cuándo las Castillas se prolongan al este del Moncayo? Todo el mundo sabe que en Aragón se habla español. Y LAPAO, que como es bien sabido por todos, tampoco es catalán.
Aunque, visto lo visto, lo que uno más lamenta es la poca ambición geoestratégica de quienes pusieron en negro sobre blanco el anteriormente mencionado Estatut.
De haber sido mejores estadistas habrían decretado, por ejemplo, la Comunitat Valenciana una potencia nuclear. No importaría que físicos de todo el mundo denunciaran la falta de uranio o plutonio en la comunidad, o tan siquiera una miserable garrafa de agua pesada con la que elaborar los combustibles necesarios para la más elemental de las fisiones. Bastaría con meterlos en la cárcel y gritar como unos energúmenos que el Estatut dice que Valencia es potencia nuclear para poner a Catalunya y sus ponzoñosos sediciosos de rodillas. Con un poco de suerte la radiación llegaría a Castellón, sede de la Jaume I, repleta de conspiradores intelectuales.
Pensando en positivo, también podrían haber decretado la Comunitat Valenciana como libre de cáncer, VIH, malaria y otras pandemias que asolan al planeta. En un momento de vacas flacas del ladrillo, la Comunitat estaría haciendo su agosto haciendo palidecer de envidia a la más sanadora de las Lourdes. Ríanse de las peregrinaciones a La Meca. Sana, sana, Estatuto de Comunitat Valenciana.
No sé de qué nos sorprendemos. A estas alturas ya no debería extrañarnos que unos políticos que han nombrado, controlado, subyugado o comprado tribunales, bancos, parlamentos o medios de comunicación vayan a amedrentarse ante una academia de mierda.
Lo que no deja de ser una insoportable injerencia a los que todavía tenemos en estima usar las neuronas para algo más que contar los puntos de la Liga. La próxima vez que digan tenemos los gobernantes que nos merecemos
, por favor, hablen por ustedes. Yo soy un superdotado y merezco más, mucho más. Con solamente dos progenitores tengo cuatro lenguas maternas: ahí es nada.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 27 enero 2014
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Siguen a continuación algunas notas para preparar la sesión de trabajo sobre el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya que surgió de los comentarios a la entrevista con el Diari de Tarragona sobre transparencia. Dicha sesión de trabajo no se realizará el 30 de enero de 2014, como estaba inicialmente previsto, sino hoy 27 de enero de 2014.
Principios rectores del análisis
Como ya expuse con mayor detalle, los principales objetivos a tener en mente a la hora de analizar el portal son dos:
- Separar lo que se puede hacer de lo que se debería o lo que se querría hacer. Es decir, evaluamos en relación a lo que desearíamos tener, a un objetivo normativo, y no a lo que ahora mismo los datos o la ley permiten (una aproximación positiva). Parte de lo que vendría después de una evaluación debería ser la identificación de las barreras que impiden que lo deseable sea también lo posible.
- Tomar la transparencia no como rendición de cuentas sino como herramienta para la toma de decisiones. O, en otras palabras, añadir en la transparencia toda acción política, incluyendo los procesos, protocolos y diseños institucionales, y no solamente el resultado de dicha acción política. Que el ciudadano pueda (o pudiese decidir) actuar, y no solamente observar.
Propongo, además, ir aplicando estos principios durante las (en mi opinión, hay otros modelos) cinco etapas de una política pública:
- Información: qué demandas o necesidades tiene la población. ¿Qué agentes están implicados? ¿Cuál es el «problema» o «problemas» según cada agente?
- Deliberación: qué opciones hay para abordar esas demandas o necesidades.
- Negociación: qué prioridades damos a cada cuestión, qué combinación de recursos (y renuncias) podemos realizar, cómo encajan las distintas escalas de valores y prioridades.
- Voto: explicitar las preferencias, tomar una decisión.
- Rendición de cuentas: cómo se ha puesto en marcha lo acordado, qué se ha conseguido y cómo, eficacia y eficiencia.
Análisis
Expuesto lo anterior, a continuación siguen algunas pautas para el análisis y la reflexión. Con más preguntas que respuestas. Vaya por delante que la mera existencia de un Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya es ya de por sí un logro, tanto dentro de la administración catalana como, especialmente, en comparación con otras administraciones del estado a todo tipo de niveles.
Tendremos en cuenta para el análisis no solamente el portal de transparencia en sí, sino también el Portal del Gobierno, el Portal del President (éste último algo recursivo), y el Portal de datos abiertos de la Generalitat, así como el acceso a otros organismos como IDESCAT y CEO.
Meta análisis
Empecemos el análisis… con un metaanálisis: el portal de transparencia carece de una hoja de ruta, o al menos de una hoja de ruta pública. No sabemos cuáles son los planes del gobierno o del equipo que lidera la transparencia en Catalunya. No sabemos porqué se han tomado ciertas decisiones sobre el diseño del portal, su coste total, el marco legal al que se ciñe. Es decir, seguramente sí podríamos averiguarlo, pero el portal mismo no nos da dicha información. Más allá de unas tímidas FAQ, no hay nada al respecto.
Ello hace que, entre otras cosas, sea imposible saber si vale la pena o no publicar determinada información porque no sabemos su uso o su coste. Tampoco sabemos si carencias que se detectan está ya planificado abordarlas en el futuro, o es imposible hacerlo o no se va a hacer por motivos técnicos, legales o políticos.
Sin lugar a dudas, más transparencia sobre el Portal de Transparencia ayudaría al ciudadano a valorar, priorizar y, sobre todo, no anticipar críticas a aspectos que a lo mejor ya han sido tenidos en cuenta. Ayudaría también a hacer presión o a brindar apoyos allí donde hay mucha distancia entre lo posible y lo deseable.
Información
¿Permite el portal informarse de los problemas de los ciudadanos? El Portal publica el Plan de Gobierno del ejecutivo así como el acceso a los barómetros y encuestas de opinión, la estadística oficial o la compilación de datos abiertos.
Sería interesante y o sería un muy buen ejercicio para el mismo ejecutivo el dar significado a dichos datos. Es decir, cruzando las inquietudes, necesidades y demandas detectados en los barómetros, ver cómo la estadística oficial evoluciona en relación a esas cuestiones que la ciudadanía muestra como prioritarias, y vér cómo los datos de la acción de gobierno van respondiendo a dichas necesidades.
Dicho de otro modo, el portal de transparencia debería transformar los datos en información y, a su vez, ver cómo esa información se convierte en conocimiento al convertirse en políticas públicas.
Deliberación
Hay poco o nada en el ámbito de la deliberación en el portal.
Es prácticamente imposible saber cuáles son los problemas más acuciantes que la Generalitat tiene sobre la mesa y cómo se están gestionando las alternativas.
Por una parte, deberíamos ir a la web del Parlament de Catalunya (recordemos: una de las instituciones de la Generalitat, pràcticamente ausente en el Portal de Transparència que erróneamente se identifica en gran medida con el Govern) para ver ese estado de la situación política. Esta web, la del Parlament, contiene muchísima información aunque, por contra, siempre pensada desde quien la emite y no a quién va dirigida. Intentar encontrar cómo se trata un tema (p.ej. violencia de género, desahucios) es una tarea hercúlea, dado que hay que entrar en la lógica interna del Parlament: plenos, comisiones, proposiciones de Ley, preguntas, intervenciones, requerimientos, etc. Un galimatías para el ciudadano.
Por otra parte, no hay información alguna (más allá de algunos datos sobre costes y centros de imputación) sobre las docenas y docenas de estudios, análisis, informes, dictámenes, etc. que gobierno, comisiones, grupos, etc. encargan para su información y toma de decisiones.
Esta ausencia viene a su vez acompañada, por lo general, de la no publicación del fundamento de muchas decisiones tomadas, ni mucho menos las distintas opciones que podían tenerse en consideración. Cuando esta información existe hay que cavar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: no era este el objetivo de un portal de transparencia.
Negociación
Junto con la Deliberación, la negociación o cómo se toman las decisiones y con quién es, seguramente, la parte más floja (¡aunque probablemente la más interesante!) del Portal.
El nivel de detalle de la agenda de los representantes públicos es anecdótico (por no decir ridículo). No hay información alguna de la agenda real (las inauguraciones y actos protocolarios no cuenta) de ningún miembro del Govern ni del Parlament (algunos grupos sí publican, por su cuenta dicha agenda: en sus propios portales).
La Generalitat tiene pendiente una ley sobre grupos de interés (lobbies). La ausencia de la misma no debería ser un freno a ir por delante y abrir este tipo de información.
Sí hay la relación de acuerdos de gobierno y ruedas de prensa, muchas de ellas ricas en información y que permiten trazar muchas de las decisiones. Una presentación más gráfica (acompañando el texto) así como con enlaces a las fuentes de información originales añadiría valor y legitimidad a dichos textos.
También sería de gran valor poder triangular los acuerdos de gobierno con la información disponible así como con el plan de gobierno. Es decir, en lugar de compartirmentar la información, hacer el ejercicio de entrezalarla y ponerla en relación una con otra. ¿A qué responde este acuerdo de gobierno? ¿Estaba en el plan inicial? ¿Cambia el plan? ¿Por qué motivo? ¿Qué impacto ha tenido ese acuerdo con el tiempo? ¿Ha sido el esperado? Es evidente que muchas de estas preguntas no tienen respuesta en el momento de la publicación de mucha información, pero es una cuestión de diseño de la información que puedan incluso «responderse automáticamente» a medida que la información va siendo generada e integrada en el portal.
Voto
¿Qué opina la ciudadanía sobre una cuestión? ¿Qué han decidido y llevado a cabo sobre dicha cuestión sus representantes en el ejecutivo o en el legislativo?
En este apartado se dan cita algunas de las carencias citadas con anterioridad: la ausencia de la actividad del legislativo en el portal (así como el ultracorporativista enfoque de la información publicada por este organismo), la ausencia de la triangulación de la información sobre estado de la opinión, decisiones y programa, etc.
Sería interesante, en un apartado que tuviese en cuenta la opinión del ciudadano, que se publicase información sobre el nivel de aceptación o rechazo de las decisiones tomadas, o sobre el estado de opinión de las principales cuestiones que preocupan al ciudadano. Esta información, que existe (en barómetros, estadística oficial, canales de contacto de instituciones y grupos parlamentarios, en medios de comunicación) sería de un valor incalculable de presentarse al lado de los acuerdos y la acción de gobierno, o la ejecución de políticas públicas.
Seguramente es en este espacio donde más se echa en falta un canal de interacción de calidad entre el ciudadano y las instituciones. Un canal no unidireccional ni cerrado, sino bidireccional y abierto.
Un punto sin lugar a dudas positivo en este ámbito es el simulador del presupuesto. Aunque sencillo, permite experimentar subiendo y bajando partidas o el total de ingresos y gastos y tiene un gran valor pedagógico. En contra, su sencillez y la incapacidad de «hacer algo más» con esa experimentación: guardar y compartir el presupuesto alternativo, agrupar dichas alternativas, analizarlas…
Rendición de cuentas
La mayor parte del portal de transparencia está destinada a la rendición de cuentas. Que se publique esta información es sin lugar a dudas positivo. Y, aunque muchas veces uno sale expulsado de la página — empeorando la navegación y haciendo más difícil el no perderse — el esfuerzo de recopilación hecho en esta materia es ingente y así hay que reconocerlo.
El gobierno publica su plan de gobierno en su totalidad, así como el estado (en curso, finalizado) de todos y cada una de las acciones relacionadas con el plan. Publica, también, muchas de las actuaciones en el territorio. No obstante:
- No hay una total correspondencia entre el plan y las acciones presentadas. A menudo, las acciones son de carácter técnico y es difícil alinearlas con un objetivo político.
- Las acciones no están enlazadas a otra información que profundice lo que en ellas se afirma, ni cuando están finalizadas ni, más importante, cuando están todavía en curso.
Hay una positiva creciente profusión de datos, tanto de gestión como de prospectiva socioeconómica. No obstante, dichos datos aparecen en formatos dispares, a veces propietarios, no siempre estándares, y ciertamente lejos del ideal de Linked Data propuesto por Tim Berners-Lee y el World Wide Web Consortium.
Se escapa también en gran medida la evaluación del cómo: a pesar de tener publicados los presupuestos, las retribuciones de algunos cargos o la estructura de la Administración Pública, esta información apenas si sirve para trabajar: es parcial, agregada y se presenta en formato difícil de tratar.
Conclusiones
Si hubiese que resumir el portal de la transparencia en una frase sería la siguiente: hace un gran esfuerzo por mostrar las acciones llevadas a cabo, pero olvida totalmente el proceso que se ha seguido para ello. Así, sabemos qué se ha hecho, pero no por qué ni a partir de qué ni cómo. Con estas carencias, es en la práctica imposible trazar las decisiones y, con ello, hacer una evaluación informada de si la acción relizada (esta sí pública) iba en la buena dirección o no.
Y terminamos como empezamos: hay que reconocer la positiva singularidad (especialmente dentro del contexto español) del Portal de Transparència de la Generalitat de Cataluya. Y hay que reconocer también la gran dificultad de poner en línea sistemas y equipos diferentes, que casi siempre han trabajado unos de espalda a los otros y que no han tenido como objetivo tratar la información para que pudiese ser fácilmente publicable y reutilizable (más bien al contrario).
Si estas dificultades, así como los planes para superarlas, fuesen también públicas (en el hacer el Portal sin lugar a dudas han emergido y se han hecho explícitas), el portal vería incrementada su legitimidad en gran medida. Gozaría de más comprensión y apoyo del público y matizaría muchas críticas que, con suerte, se convertirían en apoyos y presiones para mejorar la abertura del sistema.
Pero al portal le queda mucho, mucho por hacer. Las grandes deficiencias son, a mi entender, de voluntad política cuando no de aproximación, de forma de entender el mundo, así como las profundas transformaciones en la vinculación y la participación política de la ciudadanía. Que la información es del ciudadano; que es estrictamente necesaria para la calidad democrática y la implicación y corresposabilidad del ciudadano; y que debe publicarse la información sobre procesos, en formatos reutilizables y siempre todo abierto por defecto.