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El escritor Isaac Asimov puso en palabras de Salvor Hardin, el astuto alcalde de Fundación, una máxima que se ha convertido en famosa en política: La violencia es el último recurso del incompetente. Lo que no aclara Hardin, ni Asimov, es quién es el incompetente: si aquél que hace uso de la violencia, o bien aquél que limita el campo de acción de los demás de forma que se ven abocados a utilizar la violencia, no como último recurso, sino como único recurso.

La X Legislatura de España probablemente terminará (en sentido cronológico) con una nueva Ley Electoral que algunas voces (muchas, pocas) ya se han apresurado a tildar de pucherazo, en el peor de los casos, o de ataque a la pluralidad de ideas, en el mejor de ellos. Pero la Ley Electoral no habrá llegado sola, sino que habrá seguido un largo camino de recortes a la libertad de expresión, directamente camuflados bajo otras apariencias o indirectamente causados por la priorización de otros derechos.

Nueva ley electoral

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral propone, entre otras cosas, que en los municipios gobierne la lista más votada. Es decir, el resultado de las elecciones municipales determinará directamente — sin posibilidad de negociaciones, pactos, y a una única vuelta — quien será el nuevo alcalde y que será quien forme gobierno. Esta reforma silencia todas las voces menos una en el consistorio, una voz que no necesitará mayoría absoluta, sino simple… para poder gobernar con mayoría absoluta. Como se decía más arriba, la actual correlación de fuerzas en muchos municipios españoles, especialmente capitales de provincia, hacen sospechar que este sea un movimiento rayano en el pucherazo. Sea como fuere — de buena o mala intención — la libertad de expresión se verá reducida al eliminarse la representación de muchos ciudadanos que no votaron a la lista mayoritaria.

Nueva Ley electoral en Castilla – La Mancha

La nueva ley electoral que tanto afectará las municipales viene precedida por la nueva Ley electoral aprobada en Castilla – La Mancha el 21 de julio de 2014. En ella, y fundamentada por economizar los gastos de la democracia, se reduce el número de diputados en el parlamento autonómico. Tan aparentemente inocente medida cambia drásticamente la aritmética parlamentaria y hace más cara, en número de votos necesarios, la obtención de un escaño en el parlamento. De nuevo, menos voces en el parlamento, con también menor proporcionalidad respecto al mosaico ideológico del ciudadano que, por construcción, ve limitada su libertad de expresión.

Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley «mordaza»

Quejarse de las anteriores leyes, protestar o proponer protestas, incluso deliberar en determinados espacios en un tono o formas que puedan parecer sospechosos puede acabar en falta o incluso delito. La nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana prevé prohibir o limitar un gran abanico de actuaciones de la ciudadanía y la sociedad civil con la excusa de, precisamente, proteger el desarrollo del estado de derecho y la democracia. Sin embargo, algunas de estas medidas son claramente desproporcionadas o bien frenan el avance de una democracia (también) extra-institucional que venga a complementar el trabajo de las instituciones. La «Política con P mayúscula» no es cosa del ciudadano de a pié, como bien tiene a poner por escrito la nueva ley. La libertad de expresión que Internet trajo, la Ley se la llevó.

Nueva Ley de Propiedad Intelectual

Las libertades en Internet se ven también limitadas con la nueva Ley de Propiedad Intelectual que, para proteger los derechos de (algunos) propietarios de (algunas) creaciones artísticas y culturales hace retroceder peligrosamente la libertad de expresión de forma tácita o explícita. Sin entrar en el debate sobre el concepto mismo de propiedad intelectual y la explotación del monopolio de los derechos sobre las obras, es incuestionable que en el solapamiento de ambos derechos ha salido perdiendo la libertad de expresión, tanto la relacionada con el uso de dichas obras para fines políticos o incluso científicos, como la que no tiene relación alguna con dichos usos o incluso relación con las obras originales, ya que la ley es de máximos y evita entrar en diferencias en el uso de Internet para la comunicación.

Ley de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia

Dirimir estas (u otras) cuestiones por la vía judicial tiene costes más elevados desde la aprobación el 20 de noviembre de 2012 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Así, esta nueva ley eleva la barrera económica para acceder a la justicia, poniendo en franco peligro el acceso universal a la justicia por parte de cualquier ciudadano. Recurrida por inconstitucional, dificultar la libertad de expresión vía judicial se añade a las anteriores censuras a través de los parlamentos, los ayuntamientos, los espacios de debate públicos, o el mismo uso de espacios y contenidos digitales para ello.

Ley de Transparencia

Ojos que no ven, corazón que no siente. La Ley de Transparencia aprobada el 9 de diciembre de 2013 es también una traba al control de distintas instituciones de la democracia (Gobierno y Administración, Legislativo, Judicial, partidos, Corona, etc.) así como a la rendición de cuentas. La ley de transparencia es manifiestamente deficiente, tanto en comparación con otras leyes parecidas como en relación a los avances en el tratamiento de la información y las comunicaciones. Además, hecha la ley, el debate para pedir más y mejor transparencia queda agotado por la existencia misma de la ley, deslegitimando de facto cualquier petición en esta línea. Ciudadanos desinformados, ciudadanos sin libertad de expresión.

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa o Ley Wert

Contra la libertad de expresión, nada mejor que no dejar expresarse. O no informar. O, directamente, adoctrinar. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa supone una recentralización de muchas competencias educativas que ahora estaban en manos de las comunidades autónomas. Más allá de la cuestión competencial, la existencia de distintos modelos, aunque coordinados, suponía un sistema de contrapesos que evidenciaba, sobre todo, las diferencias. También en el temario. La recentralización, y el cambio de ponderaciones en la importancia de determinadas materias hace que la tentación de afectar los temarios sea mayor. Además, en el caso de las comunidades autónomas con segunda lengua oficial, este cambio de ponderaciones, programación y temarios ha afectado especialmente a las segundas lenguas oficiales, el vehículo por excelencia de la cultura. De la expresión. De la libertad de expresión.

Iniciativas Legislativas Populares

Es sabido el previsible futuro de una Iniciativa Legislativa Popular en España: la no admisión a trámite o, con suerte, su rechazo. Solamente una de estas ILP desde la restauración de la democracia ha acabado airosa el arduo periplo que supone ponerla en marcha y que acabe en la mesa de sus señorías. Si la maquinaria del estado quiere forzar que la ciudadanía participe por canales institucionales (ni calles, ni foros de Internet: el Parlamento con P de Política mayúscula), lo viene disimulando mucho desde 1983. Pero la cosa ha empeorado. Con la crispación política, la deslegitimación de las instituciones de la democracia representativa y con el desaire de éstas para con la ciudadanía, ha sucedido lo previsible: la desazón y la autocensura. No se ha presentado ninguna ILP en el último año y medio, eliminando de un plumazo el promedio de más de 5 iniciativas por año en la última década, 27 de ellas en los últimos 3 años. La libertad de expresión es como el gato de Schrödinger: puede ser y no ser al mismo tiempo.

Consultas no refrendatarias

¿Cuál es la última baza de un ciudadano? Entrar en política. Perdón: en Política. Un Parlamento y un Gobierno bien podrán articular mecanismos para hacer oír la voz de sus conciudadanos. ¿Sí? ¿No? No. Tampoco. Olvidemos por un momento si los catalanes son unos pérfidos sediciosos. Todos ellos. O algunos. O unos cuántos. ¿Cuántos? No lo sabemos: la propuesta del Govern de la Generalitat, avalada por una amplia mayoría en el Parlament de Catalunya de consultar — de forma no vinculante — a los catalanes, de preguntarles su opinión el día 9 de noviembre de 2014, no entra, por lo visto, dentro de la Ley.

Pero no entra no porque sea ilegal. No entra porque la libertad de expresión es un estorbo. Negar la consulta a los catalanes no se fundamenta en el mantenimiento de la unión de España: ya se ha visto en Canadá o el Reino Unido que los nacionalismos pueden hablarse entre ellos. La negación de la consulta a los catalanes es prima hermana de tomar nombre y apellidos a los reunidos en el Retiro para preparar una protesta ante el Congreso; parecido a cerrar páginas web con o sin contenidos del tipo que sea como medida cautelar, sin jueces de por medio y sin riesgos de fuga de nadie ni vidas en peligro; es similar a pedir documentos públicos y dar la callada como respuesta; recuerda en el fondo y en las formas el dar ruedas de prensa sin preguntas… ni presencia; nos retrotrae a 1885 y su Pacto de el Pardo; va en la misma línea, en definitiva, del haga usted lo mismo que yo y no se meta en política.

Censura: ni el derecho de poder informar sobre ello

Estaban ya cerradas estas líneas cuando han sucedido dos hechos que vale la pena sumar a lo que ahora es ya un decálogo de despropósitos contra la libertad de expresión. La primera cuestión es el boicot y censura, respectivamente, de dos actos de presentación en Holanda de Victus, novela histórica escrita en castellano por el autor catalán Albert Sánchez Piñol y donde se relatan los últimos estertores de la Guerra de Secesión en el sitio y posterior caída de Barcelona. La segunda cuestión es el cambio (al parecer) arbitrario y (éste sí cierto) retroactivo en las exenciones del IVA de las televisiones públicas que pone en una delicada situación a, entre otras, la televisión pública catalana. Una televisión que, con sus indudables sesgos, no deja de prestar un mejor o peor servicio de información pública y que ahora algunos ven peligrar seriamente — y a lo que habría que sumar el cese de las emisiones de TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunidad Valenciana, o la pérdida en Catalunya de un multiplex de TDT y que también afectaría a la televisión pública.

Sea como fuere, y dejando al margen el derecho a opinar e incluso protestar que se mencionaba más arriba, al parecer ni la pluralidad de voces aumentadas por los medios o la literatura tienen ya cabida en determinadas concepciones de una democracia.

Y después se preguntan, nos preguntan, a qué tanta desafección política.

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