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En uno de los actos programados dentro del proyecto Ciudadanía y Calidad Democrática impulsado por la Fundación Esplai apareció una aparente paradoja:

• Por una parte, participar directamente en política tiene un coste (en dinero, a veces; en tiempo, siempre), lo que hace que los ciudadanos no participen y se justifique la necesidad de partidos o sindicatos.
• Por otra parte, en determinados temas, los ciudadanos sí participan, y se movilizan, y toman las riendas a veces incluso de forma muy intensa.

¿En qué quedamos? ¿Se participa o no? ¿Hacen falta los partidos o no?

Creo que ambas aproximaciones son, en el fondo, las dos caras de la misma moneda. No es la moneda de los costes o los beneficios de participar en política, sino los costes relativos o los beneficios marginales de hacerlo. Es decir, si compensa participar, porque se espera que los beneficios de implicarse sean mayores que el coste de la dedicación, se participa; si no compensa, porque las barreras a la participación son elevadas y lo que se espera a cambio es poco o nada, se vota (o no) y a otra cosa.

Cómo fomentar la participación

Cuando se debaten y se planifican y se redactan leyes, reglamentos, planes de participación, de fomento de la acción ciudadana y otros circunloquios léxicopolíticos, a menudo se hace en base a burocratizar algo que ya existía. Burocratizar en el sentido de protocolizar y hacer emerger prácticas para supuestamente fomentarlas, políticas dirigidas a las formas sin por ello cambiar el fondo. Se me ocurren al menos dos perspectivas que sí o sí deberían introducirse en esas políticas de fomento de la participación, y más ahora que la ciudadanía dispone de poderosas herramientas para informarse y deliberar sin necesidad de recurrir a intermediarios.

1. Bajar los costes de la participación. Parece elemental, pero no lo es. Olvidémonos de crear y convocar comisiones a tres bandas entre Administración, sociedad civil y grupos económicos de interés: puede que sea tan fácil como poner a disposición de las partes implicadas toda la información disponible de forma ágil, veraz y a tiempo. Bajar el coste de informarse, por ejemplo, hace subir la ratio beneficio/coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Facilitar un local a una asociación de vecinos, una asamblea, una ONG local es también bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación. Establecer mecanismos estables y «automatizados» de prospectiva y recogida de necesidades y demandas de la ciudadanía (en lugar de, por ejemplo, el viacrucis de una iniciativa legislativa popular) es, por supuesto, bajar el coste de participar, sin necesidad de tener que hacer farragosos planes y proyectos de participación.
2. Aumentar los beneficios de la participación. En el otro lado de la ratio coste/beneficio, está aumentar los beneficios. Ello no significa que se deban aceptar de forma incondicional todas y cada una de las demandas que hagan todos y cada uno de los ciudadanos. Sencillamente, que la probabilidad de que sean escuchados o tenidos en cuenta no sea tan baja como lo es actualmente. El ejemplo anterior de la iniciativa legislativa popular (ILP) es de manual: es inconcebible que una ILP que formalmente cumple todos los requisitos pueda no ser ni siquiera admitida a trámite en nombre de no se sabe bien qué. Si la perspectiva es que la acción ciudadana no servirá de nada después de los recursos invertidos, los beneficios percibidos jamás serán mayores que los costes soportados reales.

Huelga decir que muchas iniciativas de transparencia, datos abiertos y gobierno abierto podrían coadyuvar a bajar el coste relativo o a aumentar los beneficios marginales de participar. Más allá de su necesaria (pero a veces obsesiva y exclusiva) atención a la rendición de cuentas, pensar en clave integral el proceso político (informarse, deliberar, negociar) haría que en lugar de atacar los síntomas de la baja participación se atajasen las causas de fondo.

Dicho esto, no querría dar la sensación que no hacen falta leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia. Pero sí que si se siguen pensando de forma parcelada y de arriba a abajo, su alcance siempre será muy limitado. Y su legitimidad, más.

Cambiar el diseño de las instituciones para no participar

Hay una tercera aproximación para mejorar la participación o, mejor dicho, para atajar el problema de la baja participación: hacerla irrelevante.

Hacerla irrelevante no tiene nada que ver con una estrategia aparentemente parecida pero en el fondo muy distinta que es hacer irrelevante al ciudadano. A saber haga como yo y no se meta en política, esto es muy complicado y el ciudadano no lo va a entender, esto es política con P mayúscula, etc. que, en el fondo, son otras formas de decir: déjeme que yo mangonee a mis anchas.

En 2002, John R. Hibbing y Elisabeth Theiss-Morse venían a decir en Stealth Democracy: Americans’ Beliefs About How Government Should Work que, en el fondo, cuando las cosas van bien, lo que los ciudadanos quieren es que les dejen en paz. Ni participar ni historias. En una suerte de réplica desde el caso español — ¿»Democracia sigilosa» en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos — Joan Font et al. matizaban la afirmación anterior. Sí, el ciudadano medio quiere, en general, que le dejen en paz con tanta participación, pero siempre y cuando se cumpla un requisito: que el diseño de las instituciones sea tal que garantice que el resultado de sus decisiones y actos sea legítimo, justo. O, dicho de otro modo: el ciudadano quiere participar, pero no todo el rato (aquello de los costes y los beneficios que decíamos al principio), sino allí donde importa, que es en el diseño institucional.

Si le damos marcha atrás a la moviola, esto último no es sino lo que pedía el 15M en las calles y sigue pidiendo en asambleas o en algunas iniciativas de refundación de los partidos: una única propuesta para una democracia mejor.

Muchas de las leyes, reglamentos, y planes de participación y transparencia parten de una verdad que no es tal: que las instituciones son las que son y que hay que vivir con ello, que es un marco inmutable y que toda acción debe circunscribirse en ese contexto grabado en piedra. Pero hay una gran diferencia entre lo que se puede hacer y lo que se podría o se debe hacer en política. Probablemente muchos de los debates sobre la baja participación, sobre el coste o los potenciales beneficios de participar quedarían cerrados si se abriese el melón de la reforma institucional así como del cambio de protocolos, procesos y procederes de la acción colectiva, sea o no pilotada por las instituciones.

Ahí, creo, es donde hay mucho por recorrer, para lo malo… y para lo bueno también.

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