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El 7 de julio de 2011 se constituía en el Parlament de Catalunya la Ponencia conjunta de la proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública. Con el avance de las elecciones y la disolución del Parlament a finales de 2012, el trabajo de dicha ponencia ha quedado, al menos en términos formales, prácticamente en nada: una mera mención a su composición en la página web de la Comisión de Asuntos Institucionales (lo que significa que hay que saber muy bien dónde buscar y cómo).

Seguramente la información no se ha perdido y obra en poder de uno o varios diputados y personal del Parlament. Y seguramente la Ponencia se relanzará. Y seguramente se empalmará allí donde quedó el debate. Pero, para el ciudadano, todo está perdido y todo empieza de nuevo: toda una metáfora de cómo no debe afrontarse un debate sobre la transparencia. Uno de los principios fundamentales de la transparencia es que el proceso de toma de decisiones también debe ser abierto, público, participativo. Esto debería figurar en la futura Ley de transparencia catalana — y en cualquier otra — y la mejor manera de darle valor y sentido es poniéndolo en práctica desde el momento cero del proceso de gestación de dicha Ley de Transparencia.

Sea por este motivo o sea por oportunismo político — que cada uno decida según la información y simpatías que tenga — Iniciativa per Catalunya Verds ha lanzado una Proposición de ley de transparencia y acceso a la Información. Hay algunos principios en dicha propuesta de Ley que creo que vale la pena tener en cuenta, sobre todo por cuánto la distancian del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del gobierno de España.

1. Al margen de los motivos que haya detrás de la publicación de dicha propuesta en este momento en particular, insisto, es muy interesante que las propuestas de cada partido, así como las posiciones de otros agentes consultados se conozcan de antemano, se puedan consultar, se puedan debatir, se pueda trabajar con ellos. En definitiva, que los procesos de información y deliberación sean también abiertos. Es bueno que se sepa cuál es la aportación de todos los grupos de la Cámara a una ley. Y en negro sobre blanco.
2. La segunda cuestión, seguramente la más importante, es la aproximación diametralmente opuesta de la propuesta de ICV a la que en su momento conocimos del Gobierno español. Mientras este último perpetúa el paradigma de que la información (pública) es «propiedad» del gobierno y solamente se abre a petición del ciudadano, la propuesta de Iniciativa asume que, en una sociedad digital, lo que procede es todo lo contrario: la información (pública, no nos cansemos de incidir en este aspecto) debe ser abierta y accesible por defecto. Y solamente en casos excepcionales (p.ej. por motivos de seguridad, de coste, de privacidad, etc.) dicho acceso se restringirá o deberá solicitarse de forma explícita.
3. Es más, más allá de una cuestión relacionada estrictamente con la gestión de la información, la propuesta de Iniciativa hace hincapié en otra cuestión fundamental: la transparencia no es solamente una cuestión de cómo gestionar el «producto» de la acción política, sino que la transparencia significa una radical transformación en la forma de comprender la organización de la acción política. Así, de lo que se trata no es de (solamente) abrir la información, o de (incluso) abrir el proceso, sino de trabajar de una forma distinta: directamente en (la) red, directamente en formatos digitales, directamente en formatos y estándares abiertos. Hay una diferencia fundamental entre estar en la Red y ser parte de ella.
4. El último punto que vale la pena enfatizar es el hecho de que la Administración y el Parlament deben ser proactivos en el ejercicio de la transparencia. Esto último no es sino otra forma de explicar los tres puntos anteriores, pero creo que es una consideración que legitima la ley y a quienes vaya a afectar en el plano de lo ético, más allá del plano profesional. La transparencia es una cuestión que va mucho más allá del ámbito de la gestión, más allá de ser un instrumento. Y es bueno que este espíritu quede reflejado en el articulado de la Ley más allá del preámbulo de la misma.

Creo que sería beneficioso que cundiera el ejemplo en las demás formaciones. Aunque sea por oportunismo. En un estado de desballestamiento tal de la democracia, ha llegado un momento que a los ciudadanos ya no les importan los motivos: hágase el milagro, hágalo el diablo.

Y creo que sería también beneficioso que el sistema de documentación del Parlament no dependiese de la estructura artificialmente impuesta por las elecciones. Es simplemente intolerable que el trabajo de una Ponencia anterior no figure en la web, y lo único que hay (su composición) prácticamente desaparezca del mapa y quede bajo una maraña de enlaces y menús, por la sencilla razón de que perteneció a una legislatura anterior. Los Parlamentos deberían abandonar su lógica de vida parlamentaria, que se mide en períodos con discontinuidades cada cuatro años, y adoptar la lógica de la vida «normal», que se mide en períodos que abarcan toda la vida de un ciudadano — y, a menudo, con encabalgamientos generacionales. El Parlamento debería obedecer a los tempos de los ciudadanos, determinados por la naturaleza de sus problemas, y no por los tempos de los diputados, determinados por sus éxitos y fracasos electorales.

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