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Ha habido muchas interpretaciones y opiniones sobre el pacto de investidura entre el PSOE y Ciudadanos. La mayoría de ellas, las críticas al menos, van en la misma línea: el pacto no es «de progreso» y, además, tiene como socio un partido con propuestas bastante alejadas (hacia la derecha) de las del PSOE. Por otra parte, en cierta medida empuja a los partidos que han pactado a buscar una tercera pata sobre la que apoyarse — el Partido Popular — abriendo con ello la puerta a una gran coalición. Una gran coalición que, en otras circunstancias, podría verse bien, pero que en nuestro caso particular tiene a uno de los socios hundido hasta el fondo en el pozo de la corrupción — además de reforzar el giro a la derecha.

Como decía, visto así todo parece tener un tinte antinatural: se niega un pacto de izquierdas, se abraza un pacto con claro sesgo liberal, y además se da oxígeno a un partido con serios problemas de ética política y legalidad criminal.

Pero cabe la aproximación contraria. Creo que, vistos los programas y escuchados los discursos, se puede decir que tanto el PSOE como Ciudadanos pretenden reformar el país. Mientras tanto, Podemos habla de transformar el país. Las diferencias entre ambos conceptos no son menores: la reforma mantiene la arquitectura, el armazón, y centra su acción en el interior, en hacer que funcione mejor; la transformación aspira a cambiar la arquitectura entera, los fundamentos, y centra su acción en la infraestructura, en hacer que funcione de otra forma.

Esta diferente aproximación es — o puede ser — tan profunda que llegue a explicar por qué un partido socialdemócrata se acerque a uno liberal (y ambos a la vez a un partido conservador) en lugar de acercarse a sus vecinos por la izquierda. Por decirlo incluso de otra forma, el PSOE y Ciudadanos se ven bien con España como pareja de baile, aunque preferirían que hiciese algo de ejercicio y perdiese algo de peso; Podemos, en cambio, quiere otra pareja de baile, otra España. Desde este punto de vista, creo que se entiende mejor que el PSOE y Ciudadanos puedan verse más con el PP — que también quiere una misma España — que ante el «riesgo» de que la transformación que los otros proponen sea demasiado radical para ellos.

¿Y el caso catalán?

Paradójicamente, el papel que ocupa el PSOE en España puede ser el que venga a ocupar Podemos en Catalunya. Ahí, los equilibrios están de la otra parte, de la parte de la transformación: la mayoría parlamentaria está ya por la independencia, por el cambio del armazón, por el cambio del sistema, por un país nuevo.

En cambio, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), donde se integra Podemos, juega aquí el papel de reformista: quedémonos donde estamos (en España) y aboguemos por una mejora de la situación. Se dirá que lo que pretende CSQEP es mucho más ambicioso que una mera «mejora», pero en relación al independentismo, su visión es necesariamente la reformista, siendo la de los independentistas la visión la transformadora.

Y sucederá — si no está sucediendo ya — que la valentía y el arrojo transformador, de progreso, que Podemos le está pidiendo al PSOE en España es análogo al que se le pide o se le pedirá desde el independentismo a CSQEP/Podemos en Catalunya. Especialmente si, además, la vía reformista se cierra en España en general, y en particular si llega a constituirse una gran coalición PSOE-Cs-PP.

No debe ser nada fácil estar en misa en un escenario, y repicando en otro.

De entre todas las formas de medir el desarrollo digital en el mundo, el índice que elabora el Foro Económico Mundial —el de Davos— es, probablemente, el más reputado y, sin lugar a dudas, el más completo. Coincidiendo con lo que todavía es una apología del papel, el día del libro aparecía la edición para 2014 del Informe Global de las Tecnologías de la Información, que incluye el esperado índice y el temido ranking.

España tiene motivos para sacar pecho: después de unos últimos años de estancamientos e incluso retrocesos, acaba de ganar cuatro puestos y se sitúa en el lugar 34. Este salto adelante, no obstante, no ha sido tanto fruto de una mejora en sentido estricto, sino la corrección de un gran fallo: la mejor competencia en el sector de la telefonía móvil que, en consecuencia, ha permitido bajar las tarifas al consumidor. Está bien reconocer los éxitos, pero todavía es más de justicia reconocer sus porqués, y el porqué de esta escalada en puestos ha sido a costa de perjudicar a los consumidores (y a favor del ‘lobby’ de las telecos) todos estos años.

Explicado este salto, vale la pena resaltar el hecho de que España se encuentra, todavía, en el puesto 34, un puesto que a todas luces “no corresponde” a una Economía que está entre las 13 más avanzadas del mundo según su producto interior bruto. Puesto 34 en desarrollo digital, 13ª economía mundial: ¿Qué nos sucede?

La primera cuestión es que seguimos teniendo una gran disociación entre economía real y economía digital. O mejor dicho, entre economía e infraestructuras. El despliegue de estas últimas ha sido correcto, y se van puliendo poco a poco las todavía existentes trabas a la libre competencia y las prebendas al antiguo monopolio del estado. Sin embargo, y como sucede con tantas otras infraestructuras en este país (autopistas, aeropuertos), tenemos las autopistas de la información pero no sabemos bien para qué: nos recuerda el Foro Económico Mundial que el entorno para hacer negocios e innovar es deplorable. Cuesta horrores emprender y cuesta horrores innovar.

La culpa no es de los trabajadores: el acceso a la educación ha crecido en cantidad y en calidad. Tampoco de las empresas, que tienen buenos y crecientes niveles de apropiación tecnológica. ¿Qué falta? El resto: financiación y un entorno legal de calidad. Las leyes no se respetan, la burocracia es asfixiante, y la eficiencia y eficacia de gobierno y legislativo está bajo mínimos. A lo mejor la Administración podría aprender de los emprendedores sociales (movimientos, plataformas, cooperativas), pero el indicador de e-participación —que mide el diálogo digital entre gobierno y ciudadanía— lleva dos años tocando fondo. ¿El resultado? Pésima puntuación en el sector del conocimiento (la famosa cultura del ladrillo y la sangría barata).

Mientras todo esto ocurre en las instituciones, ¿qué hace el consumidor? Se va fuera. Cuando no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo se buscan contenidos y servicios digitales fuera. Así lo demuestra el incremento de consumo de banda ancha internacional, acompañado con el todavía pequeño parque de servidores seguros patrios, medida del comercio electrónico y transacciones similares.

¿Todos los ciudadanos? No, todos no. Si tomamos el incremento de consumo de banda ancha móvil con el decremento de líneas móviles per cápita, una de las posibles conclusiones es que se está generando una adopción desigual de la tecnología. Quien puede usar, usa más y mejor. Quien no puede costeárselo, se cae del tablero de juego. Esto se agrava con otra cuestión como la de los impuestos sobre beneficios, que crecen pero menos que en el resto del mundo, dando como resultado un mayor gravamen de las rentas del trabajo en relación a las del capital.

Recapitulemos: tenemos infraestructuras, buenas pero todavía poco liberadas a la competencia. Los usuarios pueden usarlas y cada vez lo hacen mejor debido a su creciente nivel educativo. No obstante, tienen que hacerlo fuera (generando beneficios e innovación en el extranjero) mientras que las empresas del país se arrastran hacia la competitividad gracias a un marco legal y político que las lastra. Cuando este marco legal cambia, es para beneficiar la captura de rentas y empeorar a los consumidores que podrían tirar del carro en casa. O para empeorar la franja de ciudadanos más humildes que podrían consumir en casa. Y con todos ellos, empeoran las empresas.

¿Algo más? Sí, el gobierno no escucha. Ha montado estupendos (sinceramente) sistemas de Administración electrónica y gobierno abierto… y los ha dejado allí para el museo de la ciencia digital. No hay forma humana de penetrar la dura coraza de la Administración.

Pero hemos ganado cuatro puestos en el ranking. Celebrémosnos.