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Hace años que sigo la cuestión de los movimientos sociales y el uso que hacen de Internet. A raíz de ello, los movimientos relacionados con el tema de la vivienda no me son del todo desconocidos. Recuerdo la sentada de V de vivienda en 2006, uno de las primeras wikis por la vivienda de 2007, o la ya más reciente participación de Ada Colau en el seminario de Comunicación y Sociedad Civil en 2011.

Mis primeras impresiones sobre todos estos movimientos eran opuestas aunque (por paradójico que pueda sonar) muy claras. Por una parte, una enorme empatía emocional con quienes impulsaban dichos movimientos, especialmente los que no pedían tanto una «vivienda digna» sino una vivienda y punto (caso de los desahucios). Por otra parte, desde la fría racionalidad, el convencimiento de que muchos habían cometido excesos (de confianza, de chulería, de prepotencia) y que cada palo tenía que aguantar su vela. El conocimiento más o menos cercano de más casos del segundo tipo (excesos) que del primero (tragedias humanas) provocaban un sesgo en mí que me obligaba a hacer un esfuerzo por comprender todos los argumentos de todas las partes.

Casi siete años después de las sentadas por una vivienda digna mis dudas y sentimientos encontrados sobre la cuestión perduran, pero no así el peso que doy a cada uno de ellos: el drama de los desahucios es, realmente, un drama de grandes dimensiones y profundidad, y en mi opinión urge hacer algo al respecto. Por otra parte, incluso dentro de los que podríamos considerar «personas que hicieron excesos», encontramos matices de gris y, sobre todo, e incluso en el más claro de los casos de «exceso», víctimas que no merecen los excesos de sus padres: a saber, sus hijos. A todo esto, y más allá de la visión micro o del caso concreto, se añade el contexto y la visión macro o de conjunto: qué tipo de leyes tenemos, qué sistema de prioridades tienen esas leyes, qué derechos protegen a costa de qué otros derechos, qué formas de control se ha dotado a ese sistema legal y, mucho más importante, qué mecanismos de corrección del mismo sistema regulatorio tenemos activados y cómo de bien o mal están funcionando dichos mecanismos.

Esta digresión me sirve para definir, aunque sea de forma indirecta, la naturaleza de un problema político: agentes que tienen puntos de vista distintos sobre una cuestión, cada uno con sus intereses particulares, y que al extender su impacto y alargarse en el tiempo acaba deviniendo un problema colectivo. En oposición a la política como gestión de problemas que afectan — directa o indirectamente &mash; a una buena parte de la ciudadanía, tenemos a la justicia que, por norma general, se ocupa de los casos «puntuales» y que suelen afectar a pocas partes y bien delimitadas. Soy consciente que esto son versiones muy simplificadas tanto de la política como de la justicia, pero para el caso que nos ocupa son, creo, suficientes y válidas.

Ayer se conocía que el Ministerio del Interior ordena identificar y detener a quienes hagan escrache a políticos, una decisión que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tachado de ‘barbaridad’ porque pone en duda la seguridad jurídica de las acciones.

Por supuesto que si un manifestante se extralimita en el ejercicio de sus derechos y agrede a otra persona ello debe tener consecuencias legales. Pero la cuestión no es esta.

La cuestión es que hemos convertido algo puntual y totalmente particular — una posible agresión de una persona a otra — a una cuestión de estado, a una cuestión política. Lo que es ciertamente inadmisible.

Pero tampoco esta es la cuestión real de fondo: convirtiendo lo puntual en algo categórico, también cogemos en lo que era general, del ámbito de la política, y lo convertimos en algo puntual. Judicializando el escrache lo expulsamos del Parlamento y del debate político y lo convertimos en una mera cuestión de «policias y ladrones». Enfocando en los síntomas acabamos olvidando la enfermedad.

Insisto: más allá de los posibles excesos de unas personas en particular — que seguramente los ha habido y los habrá — el problema del escrache no es quién señala sino qué se señala. Y ese qué son, en primera instancia, los políticos que se han inhibido del debate, pero, en última instancia y de forma relevante, el descalabro del sistema hipotecario español, que se está llevando por delante hogares, ahorros, bancos y empresas.

La solución al escrache no está en los cuartelillos ni en los juzgados. Ni en las declaraciones a los medios de comunicación. Ni en las tertulias. Ni en las calles.

Tampoco está la solución al escrache en la dación en pago.

La solución al escrache está en el Parlamento. En sentarse juntos, en el Parlamento, todas las partes, con sus puntos de vista, sus aportaciones, sopesando pros y contras. Y ya allí se decidirá si la solución al descalabro del sistema hipotecario (que es un problema distinto al del escrache, y que es su causa) es la dación o no. O es otra cosa. Pactada, consensuada. O al menos debatida. Tampoco es pedir tanto a quienes nos representan: dialogar está en su contrato.

Decía el otro día en Escrache: entre el acoso y la inhibición de los representantes públicos que hay que mirar en el fondo de la cuestión del escrache más allá de las formas. Afirmaba, sí, que las formas son importantes, y que habría que delimitar el escrache al ámbito de la vida pública del representante político. Y que más allá de esto, el problema real era de falta de comunicación — de aptitudes y de medios — entre ciudadanos y políticos.

La realidad nos ha traído hoy un ejemplo paradigmático.

Entre las muchas acciones programadas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha personado esta mañana en el despacho de abogados donde trabaja Dolors Montserrat, diputada por el Partido Popular y Vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

La primera impresión — y que mantengo — es si se puede abordar a un representante electo en su esfera privada, como esfera privada es este despacho de abogados para la diputada Dolors Montserrat. Personalmente me parece excesivo, como lo sería personarse en su domicilio particular o increparla un viernes por la noche mientras sale de cenar en un restaurante, por público que pueda ser el establecimiento o la calle donde está el mismo.

Sin embargo.

La pregunta es: mientras la diputada está dedicándose a sus «asuntos personales» en «horario laboral», ¿quién está preocupándose por los asuntos de los ciudadanos? ¿A quién y, sobre todo, dónde deben dirigirse los ciudadanos que tienen una consulta, una petición, una demanda, una queja o una propuesta?

No querría entrar aquí en el debate de si los diputados están mejor o peor pagados y si, en consecuencia, deben completar sus ingresos por otras vías. Esta es, en el fondo, una cuestión instrumental.

La cuestión de fondo es que las vías de diálogo están rotas. Y no solamente rotas, sino que son factualmente difíciles de restablecer si los ciudadanos y sus representantes políticos no comparten ni las preocupaciones ni los espacios donde debatirlas.

Porque es evidente que muchos ciudadanos y muchos diputados no comparten ni una cosa ni la otra.

Mientras unos ciudadanos están preocupados por los desahucios y van al Congreso a plantear sus propuestas, los diputados se ausentan del Parlamento para dedicarse a sus asuntos personales. Y así es imposible que haya encuentro y entendimiento de ninguna forma.

Con ello, la heterodoxia acaba imponiéndose y Mahoma acaba yendo a la montaña. Si los diputados no están en el Congreso, es poco menos que comprensible que los ciudadanos vayan a buscarlos allí donde estén.

Samuel Gompers en audiencia con el Rey Jorge V, según The Liberator, noviembre de 1918.

En la antigüedad, cuando los reyes y señores de la guerra hacían las leyes sobre la marcha, era habitual que al pueblo le fuese concedido el derecho de ser escuchado para poder presentar al jefe de la tribu sus problemas, necesidades, diferencias entre vecinos. Con el tiempo, la audiencia se fue institucionalizando para poder llegar a todo y a todos.

Con la democracia moderna y la separación de los tres poderes — ejecutivo, legislativo y judicial — se consigue una separación de funciones en el Estado, que aunque por una parte da mayor protección al ciudadano ante aquél, se genera un problema nuevo: quién escribe las leyes (el legislativo) no es quien atiende a los problemas de los ciudadanos en los tribunales (el judicial) y viceversa.

De la inhibición del representante electo

Cando se habla del escrache, de si las formas y procederes del escrache deberían tener unos límites o si los fines que persigue el escrache legitiman sus formas, nos estamos fijando, con pocas excepciones, en el qué, el cómo o el para qué del escrache, pero raramente en el porqué.

Y seguramente parte de la respuesta al porqué del escrache tiene que ver con lo apuntado más arriba sobre la separación de poderes: ¿está escuchando, realmente, el legislativo los problemas del ciudadano?

Hay una escena que se repite una y otra vez en cada nueva campaña electoral. El candidato de turno se pasea por el mercado y, niño en brazos mediante, le pregunta a la pescadera qué es lo que preocupa al pueblo. Después se va al hogar de ancianos y, con una suerte de imposición de manos, pregunta al jubilado qué es lo que preocupa al pueblo. Y hasta las próximas elecciones, que para algo el voto legitima al público a actuar como le venga en gana.

De esta forma, se han ido construyendo inhibidores de la democracia que a fuerza de no escuchar han desembocado en una total desposesión de la soberanía del ciudadano.

El representante electo se ampara en la disciplina de voto para inhibirse totalmente de aquello que vota o que las siglas que representa y en las que milita defiende. Hemos llegado a absurdos totales en los que nuestros representantes han llegado a admitir — o a dejar evidente — que no sabían que acababan de votar. La excusa más recurrida suele ser que hay que repartir tareas, que cada uno tiene su parcela y que no puede ser experto en todo. Esto es verdad hasta cierto punto: aquel en que uno empieza a lavarse las manos de lo que hacen sus compañeros… a sabiendas de que lo están haciendo. Es como si un padre, siendo reprochador porque su hijo está robando en una tienda, se encogiese de hombros para decir, solemnemente, que la educación sobre la propiedad privada es un asunto responsabilidad de la madre del niño.

El escrache como síntoma

Decía antes que cuando se aborda el tema del escrache se aborda en sí mismo, y es a el fenómeno mismo al que se dirigen las reflexiones, críticas o justificaciones.

Pero el escrache no es una enfermedad: es un síntoma. Y atajar los síntomas raramente acaba con la enfermedad subyacente que están denunciando.

El escrache — el porqué del escrache —, más allá de los fines que persigue, responde seguramente a tres grandes razones, a tres grandes enfermedades que está poniendo a la luz, a cuál más importante:

1. La constatación de que las instituciones de la democracia no están respondiendo a las demandas de la población, enrocadas como están en sí mismas, ajenas a lo que se cuece en la calle.
2. La necesidad de, ante el inmovilismo institucional, recuperar la legitimidad política y capacidad de acción secuestrada por las instituciones democráticas, que se han autoarrogado el derecho a ser las únicas que representan los intereses de los ciudadanos.
3. La evidencia de que hay nuevas formas de organización política que están permitiendo pasar de las acampadas a la acción.

Condenar el escrache puede ser una llamada de atención a las formas en corto, pero es totalmente estéril a largo plazo porque no se cuestiona sobre los motivos.

Las formas del escrache

Como ya sucedió en el Congreso durante la comparecencia de Ada Colau, las formas del escrache deben mirarse desde ambos puntos de vista.

Por una parte, creo que es necesario apuntar que, en mi muy personal opinión, el escrache, el señalar al político, el increparlo, debe tener límites. Estos límites, para mí, son bastante claros. Por una parte, y en lo que respecta a la persona, el abstenerse de cualquier tipo de violencia, la verbal incluida. Por otra parte, y en lo que respecta al momento, considero que este debería ser únicamente cuando la persona está actuando como representante público. Ello no solamente excluye su domicilio personal, sino también un paseo por la calle, lugar público pero en el que no está «actuando en público» o ejerciendo su cargo. Personalmente empatizo más con la figura del heckler anglosajón que con la del escrache argentino, mucho más cercano al acoso (para mí, condenable, sea por el motivo que sea) que no a la demanda, la protesta o la denuncia.

No obstante. Y volviendo a la cuestión de la costumbre — o falta de costumbre — de saber o querer escuchar. No habría que confundir un acoso con un mero llamar la atención, con un afán de ser escuchado. Sobre todo, no habría que tomar por acoso cuando se trate del ejercicio del derecho a ser escuchado. Escuchado por quién dice ser el representante del ciudadano. Representante del ciudadano cada día y no solamente durante la campaña electoral.

Algunos viven en un sopor democrático tal que cualquier estridencia los distrae de su democrática siesta.