El pasado martes, el diputado del Parlamento de Andalucía y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, junto con 400 personas más del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) [asaltaron] dos supermercados en Écija y Arcos para llevar comida ‘al pueblo’
. Los asaltantes entraron en sendos supermercados, llenaron los carritos de la compra y se fueron sin pagar, repartiendo más tarde los artículos de primera necesidad sustraídos a familias que no podían permitírselos a pesar de ser, efectivamente, de primera necesidad.
El contexto socioeconómico
Personalmente, me sumo a las declaraciones que afirman que:
- La situación en España de muchas — muchísimas — familias es crítica.
- La política de los gobiernos — estatal, autonómicos y locales — está más centrada en el recorte que en la reforma, llevándose por delante algunos derechos y no pocas personas que están cayendo sin contención en la exclusión social y económica.
- Las actuaciones que ha habido y está habiendo contra corruptos y especuladores — causantes o agravantes de la situación anterior — distan mucho de ser las deseables. En general, se mueven entre la inacción, la impunidad, la vergonzosa amnistía y, en algunos casos, el premio (léase pensiones e indemnizaciones millonarias para gestores de lo público).
- Las vías de protesta se agotan. Ha habido declaraciones, manifestaciones, acampadas, huelgas y barómetros sociológicos y politológicos varios. Todos con los mismos mensajes y todos con la misma respuesta: inmovilismo, deslegitimación y criminalización de la disensión y la movilización social, y opacidad en la información y la toma de decisiones.
Descrito este panorama, la ciudadanía se debate entre la apatía o endurecer las protestas. Para muchos, el camino de la desobediencia civil está más que legitimado.
¿Es legítima la acción contra los supermercados?
Es en este marco en el que se sitúa la protesta del SAT y Sánchez Gordillo. Hay cierto consenso en que la acción ha sido un éxito no porque soluciona el problema de la pobreza en España (no era ese el objetivo), sino por (volver a) poner sobre la mesa y en la agenda de los medios dicho problema. El debate se sitúa, pues, en los medios, en las formas y no en el fondo. Aunque también hay consenso en tachar la acción de ilegal, mientras algunos creen que el panorama descrito anteriormente legitima la acción como desobediencia civil, otros simplemente la encuentran reprobable por ilegal, cuestión que deslegitima completamente la protesta.
En mi opinión, no comparto ninguna de las posiciones anteriores contra la acción contra Mercadona.
- Sobre la segunda, considero que la desobediencia civil es ilegal por definición y, por tanto, no ha lugar a pedir desobediencia dentro de la norma (aunque sí ha lugar a pedir otro tipo de protestas o acciones que no sean ni ilegales ni desobediencia civil, como el acuerdo del ayuntamiento de Girona con algunos supermercados para repartir la comida sobrante entre los más necesitados).
- Sobre la primera, lo que personalmente no comparto es que el robo de los carritos de la compra sea desobediencia civil. Y, por tanto, es una acción ilegal no legitimada por ninguna aspiración de protesta contra una situación injusta.
¿Qué es la desobediencia civil?
Considero que hay cuatro pilares fundamentales para que una protesta pueda ser considerada desobediencia civil:
- El fin de la desobediencia debe ser una institución pública, entendido este concepto en un sentido amplio: el Gobierno, el Parlamento, un organismo, una ley, una política, una costumbre… P.ej. el servicio militar obligatorio, una tasa (como el billete del metro).
- El objeto a través del cual se canaliza la desobediencia debe estar estrechamente relacionado con el fin, tanto en el fondo como en la forma. P.ej. negarse a realizar el servicio militar, negarse a pagar la tasa.
- La desobediencia debe ser pública y no anónima: es la persona, a título individual (aunque la desobediencia tenga un alto seguimiento) quien desobedece y quien asume la responsabilidad de la protesta, explicando en su momento las razones que la motivan P.ej. alegar objeción de consciencia para la insumisión en el servicio militar, alegar que la tasa es discriminatoria o injusta.
- La persona que lleva a cabo la desobediencia civil, asumiendo toda responsabilidad, asume también las consecuencias de sus actos. P.ej. acepta a ir a juicio y a la cárcel si se niega a hacer el servicio militar, o a pagar una multa por negarse a pagar una tasa.
En la protesta del SAT contra los supermercados, al menos el segundo punto, flaquea: se ataca un actor privado — no una institución — que no tiene nada que ver con el supuesto fin — luchar contra la pobreza — que se pretende poner de relieve. Haber robado, por ejemplo, el presupuesto para la compra de un fusil de asalto por 140.499€ y habérselo gastado en comida para repartirla después hubiese sido mucho más coherente y el mensaje más claro: no al gasto militar, si al gasto social.
Personalmente considero que el punto primero, el fin de la desobediencia, tampoco estaba del todo claro. Aunque a simple vista el objetivo no es tanto dar de comer puntualmente a unas familias, sino denunciar el desamparo de estas y otras muchas más familias en relación a las políticas del gobierno, las explicaciones que el mismo Sánchez Gordillo han dado sobre la acción no van en esta línea: los principales argumentos se han centrado en la corrupción de los políticos, en la impunidad de quienes han especulado en finanzas, que sobra comida o que se quería llamar la atención. Son argumentos que embrutecen el que sería el fin de justicia social: que haya quien no pase hambre. El fin no puede ser ni llamar la atención ni «robar pero robar menos que otros».
Sobre los peajes en Catalunya
Ha habido quien ha comparado la acción contra Mercadona con la campanya #novullpagar, de protesta contra los peajes de las autopistas catalanas (mientras otras carreteras del estado son gratuitas) y consistente en no pagar dichos peajes.
Como en el caso de Mercadona, el objeto de la propuesta también es equivocado, dado que quien soporta la protesta es la concesionaria y no el gobierno. No obstante, se acerca más al objeto contra el que se protesta, dado que el cordón umbilical gobierno-concesionarias es muy corto. Por otra parte, las distintas formas de concesión hacen en algunos casos compatible el ataque contra las concesionarias con la desobediencia civil.
En mi opinión particular, no obstante, lo que falla aquí es la conexión objeto-fin: considero que el fin es la justicia y la equidad en el pago de las infraestructuras públicas… que seguramente debería implicar que todo el mundo pagase peajes, no que todos dejemos de hacerlo. Como ocurre en el caso de Mercadona, el fin no acaba de definirse bien y, con ello, pierde legitimidad. «No vull pagar» (no quiero pagar) es, en sí mismo, una negación del fin legítimo. Las infraestructuras hay que pagarlas: el fin no debe ser no pagar, sino que el pago sea justo y equitativo.
Sobre los ataques DDoS o de denegación de servicio distribuida
Se ha especulado también si los ataques DDoS (más o menos consistentes en tumbar páginas web a través de una avalancha de «visitas» a la página) eran una forma de desobediencia civil por ser equiparables a un corte de carretera o una sentada ante una institución.
Según el esquema anterior, los DDoS violan los dos últimos puntos. Por una parte, son anónimos y, en consecuencia, no asumen tampoco las consecuencias de la supuesta desobediencia civil. Por otra parte, y aunque sutil es muy importante, los DDoS muchas se ayudan de programas informáticos que se aprovechan de los recursos de terceros para tumbar las páginas. En otras palabras: suman a la protesta a ordenadores y a sus propietarios sin el conocimiento y por supuesto sin el consentimiento de estos. De ninguna forma este proceder pertenece a la desobediencia civil. Por otra parte, el ataque DDoS deja sin voz al atacado, lo que muchos han considerado una forma de censura y una violación de la libertad de expresión. En este sentido, la desobediencia civil busca, precisamente, generar diálogo, no la destrucción del adversario.
La desobediencia civil es un acto de protesta consciente, de cara, comprometido y con un fin muy claro: denunciar una institución injusta. El resto de protestas pueden tener apoyo popular, e incluso tener muy buenas intenciones… como el camino del infierno.
