ICTlogy

Siguiendo un muy buen consejo, los de casa fuimos a ver la exposición Cerdà y Barcelona. La primera metrópolis. 1853-1897, en el Museo de Historia de Barcelona.

La historia del Ensanche barcelonés es, de hecho, una multitud de historias entrelazadas y solapadas entre ellas, historias que hablan de urbanismo, arquitectura, economía, historia, guerra, sociedad, cultura … y política, mucha, muchísima política.

En un momento de estas historias, toda la prensa catalana se hace una sola voz — inaudito, dicen algunos — y pide al gobierno del Estado que no haga una ampliación extramuros de Barcelona tan pequeña que la haga irrelevante y, sobre todo, inútil. Poniendo sobre la mesa un montón de argumentos bien fundamentados, los diferentes periódicos, cada uno desde su posición y con su estilo, van defendiendo la necesidad del Ensanche de Barcelona haciendo especial énfasis en el valor estratégico y estructural de las infraestructuras.

Lo que los periódicos defienden — y, por boca suya, la burguesía barcelonesa — es que la revolución industrial no ha sido algo pasajero, y que si queremos sacarle provecho (o, al menos, que no nos pase por encima), debemos alinearnos con ella. Entre otras cosas, esto quiere decir que las infraestructuras de transportes y comunicaciones son esenciales, y que la ciudad debe adaptarse: nuevas calles, nuevos trazados, nuevos espacios de producción y distribución de mercancía, etc.

Cada vez hay menos voces que afirmen que la revolución digital será algo pasajero. En consecuencia, si queremos sacarle provecho (o, al menos, que no nos pase por encima), tenemos que alinearnos con ella. Entre otras cosas, esto quiere decir que las infraestructuras de la información y la comunicación son esenciales.

Y los medios?

Los medios divididos en tres frentes:

Uno, definitivamente alineado. Es, sin embargo, si se me permite, residual. Con la que está cayendo, se han malgastado docenas de oportunidades de hacer editoriales y artículos de fondo sobre el poder transformador — económico y social — de ordenadores, Internet y móviles. Cuando se habla de realidades (cada vez más cotidianas) como la administración electrónica, la e-salud el e-comercio o la formación en línea, parece que se hable de la última entrega de la Guerra de las Galaxias. Nada más alejado del la cotidianidad que pintan, por poner un ejemplo, en sus informes los investigadores (Horrigan, Lenhart, Madden, Smith, Fox, Rainie…) del siempre interesante Pew Internet Project.

Otra, definitivamente centrada más en defender el statu quo y debatir hasta la náusea si los bloggers son periodistas o no. Que tiene que haber un debate sobre el futuro de los medios, seguro. Que a menudo sería más productivo sentarse a pensar en lugar de abroncar a la parroquia (que siguen leyendo periódicos) y los «intrusistas» (que, paradójicamente para el argumento, también lo hacen), quizás también.

Y la tercera, y abrumadoramente más numerosa que las precedentes, dedicada por igual a meter el miedo en el cuerpo sobre las vilezas y peligros de la red (de forma más destructiva que pedagógica) o las futilidades más fútiles y las frivolidades más frívolas de la industria del sector.

Por favor, pónganse en línea, que el ensanche digital no es cosa de broma.

La diputada del Grupo Socialista Lourdes Muñoz Santamaría me hace llegar la Proposición no de Ley para impulsar el desarrollo de nuevos modelos digitales de negocios para la Industria de Contenidos que ha presentado en el Congreso junto con el también diputado del Grupo Socialista Carlos Trujillo Garzón.

La proposición no de ley reza así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Estatal para el desarrollo de la industria de los Contenidos que contemple medidas y mecanismos dirigidos a favorecer el sector de contenidos digitales de música, cine y vídeo, editoriales (prensa y libro), publicidad, videojuegos y televisión, contando con la participación de empresas, creadores e instituciones asociadas a las actividades mencionadas.

Planteada en estos términos, esta proposición no puede sino merecer todo mi apoyo por conveniente y por estratégica: sabemos que no subirse al tren digital es perder el tren del desarrollo, pero sabemos también que los ciudadanos e instituciones (en general) pensamos a corto plazo, y que si no le encontramos utilidad a la Red ahora mismo, no nos vamos a digitalizar. Los servicios y los contenidos digitales son, si no la única forma, una de las más directas de dar sentido y utilidad a la Red y, con ello, incentivar la demanda, su uso, la adquisición de competencias digitales y su adopción en el día a día.

Sin embargo, el camino del infierno está plagado de buenas intenciones.

Si el gobierno acaba poniendo en marcha un plan para promover los contenidos digitales — e, insisto, en mi opinión esa sería una buena forma de gastar nuestro presupuesto en crisis — definir el qué y el cómo no puede recaer únicamente en la industria de contenidos.

Por mucho que ASIMELEC afirme que hace falta un plan de contenidos para que se facilite financia­ción específica para que el sector afronte su reconversión industrial y para apoyar la adecuación de las pymes del sector al contexto digital, de lo que estamos hablando no es de una reconversión industrial, sino de una reconversión social.

Valga como ejemplo el para mí desafortunado Plan Escuela 2.0 (sobre el que ya tratamos en Monográfico sobre la brecha digital en la educación). El Plan Escuela 2.0 pretende, a grandes rasgos y generalizando, modernizar la escuela. Sin embargo, la propuesta se centra en informatizar lo que ya se está haciendo sin proponer cambio significativo alguno, y no ya obviando una reflexión de cariz más pedagógico, sino haciendo oídos sordos al encendido e interesantísimo debate que se está dando desde todos los frentes del mundo educativo.

No es que esté bien que haya un plan sobre contenidos digitales, es que estoy convencido que debe haberlo.

Ahora bien, hay que aprovecharlo para reflexionar a fondo sobre todas las implicaciones del uso de las tecnologías digitales en la producción, distribución y consumo de contenidos. E intentar trabajar para conseguir un consenso tan amplio como sea posible. Y, solamente después de ello, ponerse a producir.

Leo que el Gobierno Vasco da carpetazo a la tarjeta ONA, el proyecto de tarjeta sanitaria del gobierno vasco. El artículo apunta que se han invertido más de 11 millones de euros para acabar abandonando el proyecto, lo que supone un paso atrás en la administración electrónica y un clavo más en el ataúd de la desconfianza ciudadana.

Sí y no.

Sí, es cierto, cerrar un proyecto con 11 millones de euros invertidos da la sensación de que las cosas no se hacen bien. Y aunque en el camino habrá habido buenos e interesantes aprendizajes, seguramente no valían esos 11 millones, con lo que, efectivamente, algo de desazón sí queda por el dinero gastado, que no invertido si no cuaja en algo real.

Sin embargo.

Leía hace tiempo un artículo (creo que era de Fernando Trias de Bes) que cuando uno va al cine y la película es un bodrio, lo que tiene que hacer es irse. El dinero de la entrada ya está perdido, pero el tiempo que queda hasta el final de la película no. Sin embargo, la mayoría se queda hasta el final para «amortizar» la entrada, con lo que pierde el dinero y el tiempo (y, la mayor parte de las veces, gana un cabreo).

Con la tarjeta ONA tengo la misma sensación: si ya tenemos un DNI electrónico, dejemos por favor de desarrollar proyectos en paralelo. Es cierto que muchos de estos proyectos empezaron antes del eDNI (como la interesante tarjeta ciudadana de Gijón), pero si duro es abandonar un proyecto a medias habiendo invertido tanto, peor es seguir gastando para abandonarlo una vez terminado. Por tanto, bien por corregir y cerrar con el proyecto que duplicaba el eDNI.

Porque, entre muchas otras tarjetas, llevo ahora en mi cartera el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria catalana y el carné de la red de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona. Desde el punto de vista de la Administración tiene todo su sentido, ya que cada documento depende de un organismo distinto. Desde el punto de vista del ciudadano esto es un descalabro, cabiendo, como podría caber, todo dentro del DNI electrónico.

Desde mi punto de vista, la desconfianza del ciudadano no viene porque algunos proyectos de administración electrónica queden truncados, sino porque los que están finalizados no sean explotados para sacarles el mejor provecho. Y la identificación digital es, claramente, el mejor ejemplo de ello.

El profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona Jordi Herrera, experto en cifrado, acaba de poner en marcha una prueba piloto de firma digital basada en el DNI electrónico y el certificado de la FNMT (el mismo que utilizamos para la declaración de la Renta).

Lo que su proyecto querría probar es que es posible hacer una campaña de recogida de firmas online que fuese tan válida como las que hacemos firmando en una hoja y acompañando a nuestra firma nuestro número de DNI.

Dice la web del proyecto:

Esta prueba piloto forma parte del proyecto MyCity, un proyecto Avanza I+D financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tiene como objetivo el fomento de la participación ciudanana.

Somos conscientes que intentar movilizar un conjunto amplio de la sociedad para realizar una prueba piloto no es tarea fácil y, por este motivo, hemos escogido de forma totalmente intencionada un tema polémico como la gestión de de los derechos de autor realizada por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Con ello, se hace una llamada a todos aquellos que tengan DNI electrónico o un certificado digital válido y vigente a que se adhieran a la campaña contra el canon digital. Por supuesto, la consulta no es vinculante, pero sí puede dar alguna idea sobre por dónde van los tiros y, sobre todo, una idea de la validez de esta metodología.

• Acceder a la web para firmar

También habla de ello César Córcoles en Usa tu DNI electrónico: recogida de firmas con e-ilp.org.

El 14 de junio de 2010 se ha celebrado en Madrid la reunión sobre Políticas y Métricas para la Sociedad de la Información, organizada por la Secretaría de Estado de la Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el marco de la Presidencia Española de la UE.

Así empieza la nota de prensa del ONTSI sobre la última reunión sobre Políticas y Métricas para la Sociedad de la Información.

El documento (PDF, 92KB), sin ser una propuesta técnica o de implantación aplicada sino una declaración de principios, sí representa un cambio bastante importante respecto a la tendencia que teníamos hasta ahora en lo que respecta a medición de la Sociedad de la Información. Los indicadores que teníamos hasta ahora tenían un fuerte sesgo que concentraba la mayoría de indicadores en las infraestructuras y en la medición de las variables de oferta («qué es lo que hay instalado») en detrimento de los usos y las variables de demanda («qué estamos haciendo con lo que hay instalado y para qué»).

El nuevo documento — que debería ahora traducirse paulatinamente en nuevos indicadores puestos en marcha por los institutos estadísticos nacionales — incorpora de forma tácita las reflexiones y demandas de quienes están analizando la Sociedad de la Información (y la brecha digital) en los países de mayor renta, a saber: que la brecha digital de corte tecnológico es cada vez menos relevante (aunque existente), y que donde hay que concentrar ahora esfuerzos es en las competencias digitales de los usuarios y en los usos que estos hacen de la tecnología. Es ahí donde se están generando nuevas desigualdades con sus correspondientes impactos negativos.

El documento presenta cinco grandes áreas estratégicas en el desarrollo de la Sociedad de la Información:

• Impacto de las TIC en la innovación. Es decir, las TIC como elemento catalizador y multiplicador de la innovación, verdadero motor (y sustento) de las economías más desarrolladas para no perder competitividad respecto a otras regiones del globo.
• Impacto de las TIC en la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, para qué le sirven las TIC a una persona y en qué va a cambiar su calidad de vida. Para mí este es el punto más importante del documento. Sin saber «para qué», no importa en absoluto ni el «qué» ni el «cómo» ni el «quién».
• Impacto de las TIC en el medio ambiente. Aunque este es un tema que viene de largo, el incremento sustancial de uso de servicios «en la nube» ha hecho todavía más necesario el análisis del consumo energético de las tecnologías de la información. A ello hay que añadirle la rápida obsolescencia de los equipos, su reemplazo por equipos nuevos y la consecuente gestión del deshecho de los nuevos, una cuestión en absoluto trivial.
• Impacto del gobierno electrónico. En mi humilde opinión, uno de los motores del desarrollo de la Sociedad de la Información que tiene tanto al usuario como a la economía en el centro (en este caso al sector público, pero con evidentes externalidades para con el sector privado y la industria de las TIC).
• Indicadores sobre las redes de acceso de nueva generación. Que viene a representar la actualización de algunos indicadores de infraestructuras, añadiendo criterios cualitativos a los cuantitativos existentes, con especial énfasis en la banda ancha, el verdadero reto una vez el acceso físico (casi) universal se ha conseguido.

En definitiva, buenas noticias que es de esperar que se transformen en todavía mejores a medida que capilaricen en los cuestionarios de las encuestas sobre Sociedad de la Información.

Comentaba en Democracia como participación, democracia como maximización de votos que los partidos políticos han abandonado la ideología para dedicarse al marketing y conseguir el mayor número de ventas (votos) de su producto (diputados sentados en un escaño).

Que comercien con un ciudadano, puede sentar entre mal y peor. Que comercien con los derechos humanos ya me parece demasiado.

En los últimos días se ha hecho tristemente popular el periodista Eduardo García Serrano por sus insultos personales a la Consellera de Sanitat Marina Geli. En mi opinión, sin embargo, los insultos van más allá de lo personal y denigran profundamente a todo el género femenino, impresión que comparte el Ministerio de Igualdad (y al menos parte de la Comisión de Igualdad del Congreso) que va a expedientar al periodista.

Si bien el periodista se ha disculpado públicamente por su comportamiento, la existencia de otros registros de corte marcadamente homófobo, así como el tono habitual del periodista, hacen dudar de la sinceridad de sus palabras (aunque esto último reconozco que es ya una interpretación personal).

Hasta aquí, los hechos. Objetivamente lamentables, reprobables, condenables, etc., etc., etc.

Ayer el Ministerio de Igualdad convocó la Comisión de Igualdad del Congreso para comentar lo sucedido (lo que incluía el visionado de las declaraciones injuriosas originales) y comunicar que se expedientaría al periodista. El Partido Popular, aquejándose que el visionado de las disculpas del periodista no estaban en el orden del día, abandonó la sala (NOTA: no se pongan estupendos los anti-PP, porque harina de este costal la hay en todos los molinos).

Perdonen que haga una interpretación libre de lo sucedido ayer, pero tengo la impresión que lo que tenía que ser un debate y una condena unánime al sexismo y la misoginia — y ya, de paso, a la homofobia y otros extremismos del Sr. Serrano y la sociedad en general — se consiguió vender como una ofensa a la derecha y al catolicismo, epítetos con los que se identifica públicamente el Sr. Serrano, la cadena Intereconomía y el Partido Popular.

Hasta aquí podíamos llegar.

Estamos enfermos.

Somos incapaces ya de separar lo más sagrado, los derechos humanos, de la política más miserable y mezquina y el mercadeo de votos. Hemos llegado al punto donde cualquier posicionamiento respecto a cualquier tema se ve en clave electoralista.

Hoy en día es casi imposible defender la libre práctica de la religión pero quitando los crucifijos de la escuela pública. O uno o lo otro: ambas son incompatibles. O quemamos a los curas o quemamos a los rojos. Pero quemar, hay que quemar a alguien.

Condenar un ataque a un barco humanitario es antisemitismo; condenar la tortura machista del islamismo es anti-multicultural. Buscar la paz en Euskadi es alineamiento con los terroristas secesionistas; no tolerar el asesinato impune en defensa de la identidad nacional es represión e imperialismo. Defender el derecho a la vida del embrión humano es de derechona retrógrada y defender la calidad de vida de la mujer (que se ha quedado embarazada) es de rojos anarquistas. Respetar el medio ambiente es de ecologistas ludditas y antiprogreso, e intentar medir el impacto de las políticas verdes en la economía es de fachas ultraliberales. Alinear los sueldos con la productividad es cosa de la clase capitalista explotadora, y defender un trabajo digno, seguro y justamente remunerado es propuesta de sindicatos estalinistas. Defender los derechos de los homosexuales es típico de la debilidad mental de la izquierda; mientras que abogar por la libertad de credo y la práctica de la fe forma parte de la castradora derecha.

Y así, hasta la náusea.

Es indescriptible el hastío que siento por las etiquetas y quien las pone. Y sí, la clase política tiene mucha, pero mucha culpa de que hayamos llegado a esta situación. Por acción o por omisión. De uno y de otro lado. No se me pongan ahora estupendos.