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La crisis arrecia, cambian los gobiernos, las alfombras se levantan y las tijeras se afilan a más no poder. Las dos frases más recurridas en los últimos meses son que (1) hay que reducir el déficit y (2) no hay otra forma que hacerlo que recortar en gastos. Sobre lo primero me pronuncié en Fijar el subir los impuestos (y no el déficit) por Constitución: en resumen, que el déficit puede ser bueno e incluso deseable en algunas circunstancias. Sin embargo, el punto más importante para mí — y así lo apunté en esa referencia — es esa indiscutible asunción que no es posible hacerlo sino recortando el gasto.

Esta última afirmación denota una falta de respeto total para las matemáticas: una resta (y un presupuesto es una resta entre ingresos y gastos) tiene siempre dos partes, el minuendo y el sustraendo. Y ambos se pueden alterar para mantener constante el resultado. Que uno no quiera alterar el minuendo (los impuestos) porque políticamente no se puede es otra cuestión. Una cuestión que abordaré aquí, con resultados que incluso me han sorprendido a mí mismo.

(Podríamos aquí hablar de la coda que suele acompañar el «no hay otra forma que recortar los gastos» y que no es otra que «para preservar el Estado del Bienestar». Teniendo en cuenta que los gastos administrativos/burocráticos son relativamente pequeños respecto a otras partidas — profesionales de la educación, la sanidad, la justicia, la defensa — y que los recortes están afectando, sobre todo, a los gastos sociales, la afirmación «no hay otra forma que recortar los gastos para preservar el Estado del Bienestar» me resulta sumamente ofensiva, por cínica y por el trato que se da a la inteligencia del ciudadano.)

La pregunta es, pues, ¿pueden subirse los impuestos? Y, en caso de subirse, y como se pide desde diferentes ámbitos de la sociedad ¿pueden subirse los impuestos a los ricos?

Distribución de la renta en España

Veamos qué dicen los datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Tomaremos los últimos datos disponibles, del ejercicio de 2008, y escogeremos como referencia la Base Imponible General, es decir, aquella que recoge la mayoría de las rentas que puede percibir una persona: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario, rendimientos del capital mobiliario, rendimientos de actividades económicas, imputaciones de renta y ganancias y pérdidas patrimoniales. Esta medida es muy grosera para cuantificar los ingresos de una persona, y su precisión disminuye a medida que las personas tienen mayor proporción de rentas no provenientes del trabajo (compensaciones en especie, ingeniería financiera, evasión fiscal, etc.). También quedan fuera personas sin la obligatoriedad de declarar, normalmente porque sus rentas son demasiado bajas. Sin embargo, el análisis, aún (insisto) con sus debilidades, es suficientemente válido para la reflexión que queremos hacer aquí.

La siguiente gráfica muestra la distribución de las declaraciones por tramos de base imponible general en el IRPF de 2008 en España. La línea sombreada azul muestra la proporción de declaraciones (de un total de 14.277.365) que corresponden a cada tramo de la base imponible. Vemos, por ejemplo, que un 5,86% de las declaraciones (836.333) se situaron en el segmento de los 12.000 a los 15.000 € de rendimientos brutos anuales, segmento cuyo valor medio fue de 12.119 €. Ese fue el segmento donde hubo mayor proporción de declaraciones.

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Hay algunos números que vale la pena resaltar.

El primero es el valor de la renta media española, es decir: el total de rentas declaradas dividido por el total de declarantes. Esa renta media se situó en 2008 en 26.379 € (aproximadamente). Sin embargo, este dato es engañoso y suele ejemplificarse con el conocido «si yo tengo dos manzanas, y tú no tienes ninguna manzana, de media tenemos una manzana cada uno». En realidad, en España vemos que hay muchísima gente que está por debajo de la renta media y muy poca que está por encima. En concreto, el 80% de la población está por debajo de la renta media.

Mucho más realista que el dato anterior es la renta mediana, es decir, cuánto cobra la persona que tiene a la mitad de la población cobrando más que ella y la otra mitad menos. Esta renta mediana se situó en España en 2008 en 14.921 €, es decir, la mitad de los españoles declararon cobrar menos de 14.921 € brutos al año. Brutos. Antes de impuestos y antes de pagar la hipoteca. La mitad de la población. Al margen de los juicios de valor sobre de si la gente merece o no cobrar dichas cantidades, desde un punto estrictamente contable se me antoja un número que debe hacer difícil ir al supermercado a menudo o pagar el alquiler o hipoteca de un piso más bien modesto (nota: no son hogares, son personas; si uno suma pareja sin trabajar y dos hijos, o bien es cierto que hay mucho fraude fiscal o hay millones de personas haciendo encaje de bolillos a fin de mes).

La clase media

Ante este panorama — la mitad de españoles cobrando menos de 15.000 € y hasta cuatro de cada cinco cobrando como mucho 26.000 € — se pregunta uno a qué se refieren los políticos y los medios cuando hablan de la clase media.

Si uno lo toma en sentido aritmético, «la clase que está en medio», lo lógico sería pensar que es esa franja que va desde la renta mediana a la renta media, es decir, de los 15.000 a los 26.000 €. Sin embargo, uno tiende a pensar en clase media como una clase acomodada, con desahogo económico y, en cierta medida, con un determinado estatus social o profesional. Puede que una pareja sin hijos, con vivienda heredada/cedida y en la cota superior de esa franja (26.000) pueda concebirse como clase media (yo pensaría más en clase cuarto…), pero dos rentas de 15.000 con dos hijos e hipoteca no son, a efectos sociales, clase media. Siendo generosos, clase obrera acomodada.

Si nos guiamos por la definición anterior (desahogo, estatus, etc.) y se le intenta poner un número de forma totalmente discrecional, podríamos fijarlo en 80 o 100.000 € por hogar, donde habría una pareja que aportaría aproximadamente la mitad cada uno (sé que es arbitrario, pero…). El problema es que la persona que cobra 40.000 € al año se sitúa en el 10% de la población con más renta (los que cobran 50.000 están en el 8%). Ante estos datos, afirmar que la clase media es aquella compuesta por las personas que forman parte del 8 al 10% con mayores ingresos de la población es, a mi entender, un juego de palabras que roza la aberración semántica.

Dicho esto, y retomando la cuestión inicial, habría que aclarar a qué refieren los políticos y los medios cuando hablan de la clase media. Si se refieren a las personas que cobran 20.000 € (recordemos: brutos) anuales suena casi a chiste. Si se refieren al 8% con mayor renta de la población, suena casi a insulto. Sería deseable, pues, dejar de hacer referencia a esa tierra de nadie que es la clase media española: la clase media española es como las meigas gallegas, que seguro que existen, pero nadie sabe dónde están.

Desigualdades e impuestos para los ricos

Lo que acabamos de explicar se puede ver gráficamente en la siguiente gráfica, representando la Curva de Lorenz de la renta española para 2008. En una Curva de Lorenz se representan, en las ordenadas, el porcentaje de población acumulada, y en las abscisas, la renta que esa población acumulada tiene en total. En una sociedad 100% equitativa, la Curva de Lorenz es una recta de 45º (dibujada en la gráfica). Cuánto más se separa la curva (en puntos en la gráfica) de esa recta hipotética, más desigual es la distribución de la renta.

A pesar de lo que pueda parecer por la curva, la inequidad es relativamente baja en España. Según los datos sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, España suele situarse entre los 20-30 países más igualitarios del mundo. Pero eso nomsignifica que, en términos absolutos, no estemos ante claros desequilibrios en la renta.

Así, vale la pena apuntar que el 5% de población obtiene el 20% de las rentas, y si llegamos hasta 10% de población este grupo obtiene una tercera parte del total de las rentas. Valdría la pena añadir que renta no equivale a patrimonio ni, como hemos apuntado antes, a otras formas de bienestar económico no computables o no computadas como rentas.

Algunas comparaciones interesantes:

• Subir 5 puntos el IRPF del 5% más rico equivaldría (aproximadamente) a subir un 1% el IRPF del 95% de población restante.
• O, dicho de otro modo, podríamos bajar los impuestos un 1% al 95% de la población subiendo un 5% los impuestos del 5% con mayores rentas.
• Ampliando un poco el segmento de mayor renta, podríamos bajar los impuestos un 1% al 90% de la población subiendo solamente un 2% los impuestos del 10% con mayores rentas. Recordemos que estos últimos ganan de media algo menos de 40.000 €.
• Subir un 1% el IRPF del 10% con mayores rentas daría, aproximadamente (muy aproximadamente porque depende de desgravaciones, etc.) unos 1.000.000.000 €, cercano a los 1.200 millones de euros que suponen el recorte de las pensiones. Todo a partir de 400 € de cada una de esa 10% de la población con mayores rentas.
• Un fuerte incremento del 5% del IRPF al 5% más rico — rentas mayores de 50.000 € — pagaría la mitad de los recortes en sanidad.

Algunas reflexiones sobre política

La primera pregunta que cabría hacerse es si, realmente, la única opción es hacer recortes. En mi opinión, hay mucho (pero mucho) terreno para las subidas de impuestos sin tocar ni las clases bajas ni esa invisible clase media.

La segunda cuestión es a quién representan los políticos. Si un 95% de la población cobra menos de 50.000 € y un 90% cobra menos de 40.000 €, a quién representan los partidos que, en su mayor parte, o bien se sitúan en la izquierda o, en el caso de los dos mayoritarios, se pelean constantemente por el centro.

Habida cuenta que prácticamente ningún partido defiende las subidas de impuestos — sino todo lo contrario, visto el histórico del último año — es de suponer que el centro, al menos en términos económicos, se sitúa por encima de la barrera de los 50.000 € y representa a menos del 5% de la población. No está nada mal como revisión del concepto de votante mediano.

En base a lo anterior, viendo que los partidos no representan ni gobiernan ni tan solo para el 80% de la población que tiene rentas por debajo de la media, habría que preguntarse quién dicta sus políticas económicas. ¿Es el 20% con rentas superiores a la media? ¿Es el 5% con rentas muy altas? ¿El 1% con rentas por encima de los 100.000 €? ¿De verdad los partidos son incapaces de proponer políticas que beneficien al 95% del electorado a costa del 5% restante?

La tercera cuestión, y que se me escapa totalmente, es cómo se forma la intención de voto en este país, así como cómo se forma la opinión de corte económico. Cuando el 61% de la población afirma que preferiría recortes a impuestos, frente a un 23% de opinión contraria, cabe preguntarse a qué se refieren exactamente o en qué tramo de renta creen ellos que se sitúan.

Pasar de una sanidad pública a una de mutua, y de una educación pública a una de concertada puede suponer una media de 2.000 € por cabeza y año (sanidad para un progenitor y un hijo, más educación para el segundo). ¿Cuántos del 50% de la población que cobra 15.000 € anuales brutos puede permitirse ese gasto? ¿De verdad prefieren los recortes y acabar pagando los servicios privados? ¿O son mejores los incrementos progresivos de impuestos (p.ej. para el 10% con más ingresos)?

Cuando describí el Perfil político en España tras el 22M recibí críticas por todos los flancos, especialmente desde la izquierda.

Ahora bien, después de lo expuesto, queda constatado que tanto partidos de (supuesta) izquierda como incluso los de centro-derecha hacen políticas para el 5% con mayores rentas, es decir, para (como mucho) el 5% de sus potenciales votantes. Y queda constatado también que la inmensa mayoría de votantes escoge partidos que van a implantar políticas que son objetivamente adversas a sus propios intereses.

Me reafirmo, pues, en mi opinión que los partidos de izquierda van perdidos y muchos de los votantes (estos de izquierda y derecha) también. O eso, o a mí se me escapa alguna cuestión de suma importancia y que no he sabido ver. Agradeceré humildemente aclaraciones al respecto.

La identidad de las personas se construye al sumar infinidad de variables individuales: género, color de la piel, inclinaciones sexuales, lugar de nacimiento, lengua nativa, nivel de estudios, preferencias musicales, gustos en el vestir, etc. La suma de todas ellas es la que hace una persona distinta, única.

Algunos colectivos defienden que algunas de esas variables pueden prevalecer sobre las demás. Así, elevados algunos rasgos identitarios a un nivel superior, es posible definir una identidad colectiva. Esto es lo que han hecho, entre muchísimos otros, los tres principales monoteísmos, los nacionalismos, los movimientos LGTB, los partidos de izquierda marxista, etc. Así, para estos, el hecho de ser católico o vasco o gay o proletario es (o debería ser) un factor con mayor poder aglutinador que si uno tiene hijos o no, si uno prefiere leer a Manuel Forcano que a Stephen King, o si uno es más de cervezas que de combinados.

Históricamente, muchos de los conflictos sociales acaecidos han tenido su origen en, precisamente (1) individuos resistiéndose a ver uno de sus tantos rasgos identitarios prevalecer sobre los demás, y (2) identidades colectivas rivales enfrentándose por imponerse sobre la otra (en el fondo, una derivada del primer caso). Incluso muchas cuestiones no identitarias (económicas, geopolíticas) se enmascaran de esta forma por ser mejores vehículos para encender pasiones e invitar a las personas a actuar.

El problema con las luchas identitarias es que sus víctimas no son únicamente aquellos que abanderan un rasgo por encima de los demás, sino todos aquellos que lo comparten.

Cuando la heterosexualidad totalitaria ataca la Marcha del Orgullo Gay, no solamente agrede a quien hace de la homosexualidad bandera, sino a todo aquel que es homosexual. Cuando se ridiculiza al feminismo, suele atacarse a las mujeres en conjunto. Las críticas a los movimientos anti-apartheid sudafricanos eran críticas racistas hacia todos los negros, de todo el mundo. La crítica desaforada a los excesos de la Iglesia Católica a menudo trasciende hasta el practicante más humilde. Y como estos, mil ejemplos más.

Cuando se coarta el uso de lengua, la violencia no se ejerce únicamente contra los nacionalistas que la enarbolan como símbolo identitario, sino sobre todos aquellos que la hablan. Del mismo modo que cuando se agreden decisiones tomadas en un Parlamento, a quien se ataca no es ni a los partidos mayoritarios en él, o a quienes promovieron una determinada política, sino a todos los ciudadanos que el pleno del hemiciclo representa, estuviesen o no de acuerdo con una cuestión determinada.

Cuando los totalitarismos de las identidades colectivas se ponen en marcha, se llevan todo y a todos por delante. Los totalitarismos son un tren que, a la larga, no permite quedarse en el andén: o lo arrollan a uno, o se sube uno al tren. Mal asunto cuando la equidistancia y el eclecticismo han dejado de formar parte de la ecuación.

Ante el anuncio de una reforma de la Constitución para fijar un máximo de déficit público en el 3%, se ha desatado una avalancha de opiniones a favor y en contra del gasto público y del déficit. A menudo usando un término por otro y viceversa.

Muy brevemente apuntaré a continuación por qué creo que hay razones para subir los impuestos, por qué creo que es bueno que el Estado pueda tener déficit (cuánto, eso ya es otra cuestión sobre la que soy incapaz de pronunciarme), cuál es la relación entre gasto y déficit y por qué creo que no habría que fijar lo segundo en la constitución, sino un incremento de los impuestos.

Subir los impuestos

En los años 60, William Baumol teorizó sobre los costes crecientes de las artes escénicas en relación a otros sectores económicos. En resumidas cuentas venía a decir que hace 200 años, un concierto de Mozart ejecutado por un cuarteto de cuerda implicaba el mismo número de personas y horas que se necesitaban para (ejemplo inventado) ordeñar una docena de vacas. Sin embargo, en nuestros días, y gracias a la tecnología, conseguimos ordeñar muchísimas más vacas en mucho menos tiempo, mientras que el concierto de Mozart sigue durando lo mismo y requiere el mismo número de personas. Eso explicaría por qué la leche es cada vez más barata en relación a un concierto de Mozart… o por qué un disco de Mozart (o los respectivos MP3) es cada vez más barato que asistir en vivo a ese mismo concierto.

El sector público — burocracias al margen, que seguramente podrían tecnificarse, ser más eficientes, más eficaces y, con ello, más baratas — suministra, ante todo, servicios muy parecidos al cuarteto de cuerda de Mozart: educación, sanidad, justicia, defensa y seguridad, etc. Aunque la tecnología pueda contribuir, hay tareas para las que necesitamos un profesor, un médico, un juez o un militar y es difícil que puedan producir más por persona, o que se pueda reducir el número de profesionales sin afectar la calidad del servicio.

En el límite, podemos reducir el papel del Estado a la mínima expresión y limitarlo a un rey y a 10 miembros de la guardia real para protegerle/protegernos. Incluso en ese caso, esos 11 sueldos, en términos relativos, costarán cada vez más que cualquier otro bien en el que cada vez intervengan menos manos: en términos relativos (que es lo fundamental), los impuestos tendrán que subir para mantener esa mínima expresión del Estado. Y eso sucederá siempre (siempre… que haya progreso tecnológico y que no volvamos a la edad de piedra, claro).

Tener déficit

Hay dos grandes motivos por los cuales se puede aceptar la idea de tener déficit.

El primero es más técnico y pertenece a lo arcano de la ciencia económica. Limitémonos a decir que hay cierto consenso que el déficit es bueno para estabilizar la (macro)economía a corto y medio plazo. Y ese consenso se consigue tanto si uno se aproxima a la política económica por la derecha o por la izquierda, lo que sin duda le da un interesante valor añadido.

El segundo, más intuitivo para los que únicamente gestionamos nuestra economía doméstica es que el déficit público nos permite gastar dinero endeudándonos, como hacemos la mayoría de nosotros con la hipoteca, el coche o cada vez que utilizamos la tarjeta de crédito. La principal crítica a esta práctica es que es imperdonable que una generación se gaste el dinero de las generaciones futuras (las que van a tener que pagar el crédito). A esta crítica le corresponde una única respuesta: depende. Si lo que pagamos a crédito son gastos corrientes (la luz, el agua, los caprichos, el sueldo de los funcionarios), la crítica está más que fundamentada: que cada palo aguante su vela. Si, en cambio, lo que pagamos a crédito son inversiones que disfrutará más de una generación (una carretera, un hospital, una escuela), no solamente es legítimo sino incluso justo que lo paguemos entre todos: contribuyentes presentes y futuros.

Relación entre gasto público y déficit público

El gasto público y el déficit público están relacionados por una simple (y simplificada) ecuación:

Ingreso Público – Gasto Público = Déficit Público

Por tanto, es cierto que limitar el déficit público es una forma de poner bajo control el gasto público… siempre y cuando o bien olvidemos o bien mantengamos fijo el otro componente de la ecuación: la partida de ingresos.

Algunas afirmaciones habituales:

• Fijar máximos para el déficit limita el gasto. Falso: podemos multiplicar los ingresos por 1000 subiendo los impuestos y, con ello, multiplicar el gasto de forma desorbitada, todo ello sin tocar el déficit.
• Fijar máximos para el déficit limita las inversiones. Falso: mismo argumento que el caso anterior. Lo que sí limita es que el pago de esas inversiones se distribuya entre distintas generaciones y que, muy probablemente, todas ellas van a disfrutar. (Para mí, esta es una parte importante del debate).
• Fijar máximos para el déficit limita la distribución de la renta. Falso. Ya hemos visto que podemos multiplicar el gasto sin tocar el déficit. Se trata únicamente de hacer una política redistributiva tanto en el ingreso (más impuestos directos, menos impuestos indirectos) como en el gasto (más ayudas para algunos, menos café para todos).

En definitiva, aunque el gasto público y el déficit público estén relacionados, a efectos prácticos son dos variables prácticamente independientes que merecen dos debates por separado.

Limitar el déficit público por Constitución

Tres motivos por lo que, personalmente, me opongo a ello: por principios económicos, por principios sociales y por principios jurídicos.

1. Económicamente, hay motivos para pensar que fijar arbitrariamente una tasa máxima de déficit público puede ser económicamente negativo. Lo hemos dicho más arriba: hay cierto consenso que el déficit público puede (y debe) ser un estabilizador macroeconómico esencial. Lo malo no es el déficit: sino el uso perverso que muchos políticos hacen de esta herramienta económica.
2. Socialmente, puede haber casos donde el déficit público es la forma justa de repartir determinados gastos e ingresos entre generaciones distintas. Esto se llama solidaridad intergeneracional.
3. Por último, en el plano jurídico, creo que la Constitución debería recoger los derechos fundamentales sobre los que edificar una sociedad, dejando al margen el modelo económico (o modelos económicos) con el que edificar dicha sociedad. Dicho de otro modo, la Constitución debería hablar de fundamentos y objetivos (a largo plazo), no de instrumentos (que pueden y deben cambiar a corto plazo).

Fijar el incremento de ingresos del Estado por Constitución

Puestos a hacer propuestas, y puestos a reformar la Constitución, lo que yo añadiría en la carta magna es la obligatoriedad de los Estados de incrementar los ingresos del Estado de forma paulatina. En base a lo que hemos visto, no comparto la necesidad de fijar un déficit público por Constitución. Sin embargo, mientras haya monopolios naturales, eficiencias de escala y bienes públicos (no rivalidad, no exclusión), el papel del Estado lógicamente siempre será mucho mayor que el ejemplo de mínimos anterior. Y dado que la tecnología hace cada vez más cara la actuación humana y muchos de los servicios públicos son suministrados por personas, es lógico pensar que sí o sí el Estado necesitará cada vez más una mayor proporción de ingresos, incluso para mantener servicios de mínimos o la eficiencia en su suministro agregado.

Fijemos, pues, el incremento de impuestos por Constitución, con lo que no únicamente evitamos el caos y la anarquía en el futuro sino que, además, favorecemos la cohesión social, las instituciones y el crecimiento. Ahí es nada.

En un mundo ideal, cuando un niño suspende, los padres lo hablan entre ellos, se sientan con el hijo a ver qué y (sobre todo) por qué ha suspendido, se entrevistan con el profesor o profesores para contrastar opiniones y acordar estrategias compartidas. Esas estrategias serán un conjunto de medidas de acción que dependerán de las razones que llevaron al suspenso: de apoyo al estudio, de cambios en los patrones de convivencia en casa, punitivas, etc.

En el mundo real, cuando un niño suspende, discuten entre ellos para ver a quién hay que culpar (jamás a uno mismo), los padres lo agasajan para compensarle el disgusto, y acaban en la escuela para amenazar (a veces también agredir) al profesor que ha osado perturbar la paz del hogar con un suspenso. Y la vida sigue igual.

En las últimas semanas han tenido lugar determinados sucesos de violencia policial totalmente inexcusables. Si bien es cierto que tomados a peso y en relación a otros enfrentamientos con las fuerzas del orden no han sido muchos, tomados de forma cualitativa, en función de los principios (y no de los porrazos), sí han sido muy muy significativos, por lo que suponen de falta de respeto a los derechos ciudadanos y de subversión absoluta de lo que se supone es el papel de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, y como en el caso con el que abríamos, la clave en esos sucesos no es si el niño ha sido un gamberro en clase y se ha ganado un suspenso, sino (1) por qué y (2) cuál va a ser la reacción de los padres.

En un mundo ideal, ante una situación de violencia policial, los responsables directos de esos agentes se reúnen con los responsables políticos, se analiza la situación, se ve qué ha sucedido y por qué; se sientan estos y aquellos con los (supuestos) agresores para saber su parte de la historia y se sientan todos con los (supuestos) agredidos para saber la parte restante. Al final, se realiza un informe que lo contenga todo y se valoran las distintas actuaciones, que pueden ir desde sancionar al policía hasta multar al agredido porque resultó ser un provocador probado. En un mundo ideal esto es fácil de hacer, porque abunda la información y los testigos.

En el mundo real, algunos miembros de la policía parecen hacer caso omiso de las mínimas normas de conducta y educación — no como agentes del orden, sino como personas —, ya sea por desconocimiento (grave) como por puro cinismo y sabiéndose impunes (peor).

Los responsables directos de estos tiran pelotas arriba, hasta la cima de la famosa cadena de mando, escudándose en que cumplen órdenes, en que el «bonismo» y el «buenrollismo» (léase educación y civismo, pero con connotaciones negativas) está bien para las charlas de café pero no para la dura vida en la calle, y en que fueron provocados y la provocación merece una respuesta (violenta).

Los responsables políticos, los gobiernos, cegados por la apabullante cantidad de muestras gráficas de las agresiones, no solamente cuestionan las razones sino que niegan de plano los hechos. Condenan al ciudadano ex ante, sin juicio ni posible defensa. No es que se les pida lo contrario, que condenen a la policía: se pide neutralidad y equidistancia. Se cuelga el cartel de «No molesten: elecciones», y a otra cosa.

Los partidos en la oposición aprovechan el mar revuelto para ahondar en sus tácticas de destrucción masiva. Instrumentalizando a la ciudadanía, lanzan el ataque hacia el gobierno y se piden dimisiones. Jamás se piden investigaciones, serenidad, respeto por la ciudadanía. Dimisiones, elecciones, socavamiento y derribo del adversario. A costa del ciudadano.

Los partidos en el gobierno (que no es lo mismo que el gobierno), en un acto espejo del anterior, cierran filas con los responsables políticos directos (indirectos son todo el resto). Contraatacan la violencia política enemiga, justifican lo injustificable (no la violencia policial, sino el ninguneo de que la haya podido haber o no), se solidarizan incondicionalmente con el dirigente (a menudo un virus que corrompe el partido desde dentro), y hacen apuestas sobre, en el caso en el que al final acabe cayendo, quién va a reemplazarlo.

La reyerta política capilariza hacia abajo, hasta el militante que con sus cuotas — que otorgan voz pero normalmente no voto alguno — y sus diatribas acríticas sostiene un sistema político que se sitúa en una dimensión paralela al mundo real.

Mientras, en ese mundo real, algunos policías violentos siguen campando a sus anchas mientras sus compañeros también callan. Han sido instruidos en ese insólito corporativismo donde lo que importa es mantenerse dentro de la estampida, aunque el rebaño los conduzca directos al abismo. Es el compañerismo que tolera lo intolerable, primo hermano del crítico con la calidad de la sanidad pública que acepta pagar servicios en negro, o del corrupto que transige si hay también una parte para él.

El problema de la violencia policial no son dos o tres iletrados con porra.

El problema de la violencia policial es que hemos consentido a nuestros cargos electos el sentirse libres de ofenderse cuando les pedimos que rindan cuentas.

El problema de la violencia policial es que hemos acostumbrado a nuestros cargos electos a vivir en su endogamia, en su pequeño círculo de ideas abstrusas y arcanas sobre la cosa pública.

El problema de la violencia policial es que hemos aupado a nuestros cargos electos a vivir en su abyecta concepción de qué es la política, ese pequeño y ajeno inconveniente que hay que gestionar para mantenerse en el poder.

A raíz de las últimas entradas sobre el movimiento del 15M, necesitaba hacerme un mapa mental sobre los eventos acaecidos durante y alrededor de las protestas cuyo epicentro fue el 15 de mayo de 2011. El Mapa conceptual de la acampadasol es un excelente punto de partida, pero necesitaba algo un poco más acotado y, sobre todo, basado en la cronología de los eventos y no tanto en los conceptos.

A continuación presento mi línea de tiempo del 15M, con los que de forma personal y subjetiva considero que son los principales eventos relacionados con las propuestas relacionadas con la calidad democrática en España alrededor de ese 15 de mayo de 2011.

Esta cronología del 15M empieza, por ahora, con las manifestaciones contra el Banco Mundial en Barcelona del 23 al 27 de junio de 2001 en motivo de la intención de celebrar allí Annual World Bank Conference on Development Economics. Por ahora también, la línea de tiempo cierra con la fecha para las elecciones generales en España el 20 de noviembre de 2011.

Es, como he dicho, una selección parcial. Invito a quien crea que hay alguna omisión imperdonable a sugerir la inclusión en los comentarios. No obstante, el criterio que se ha seguido hasta ahora no ha sido el de la exhaustividad y el detalle, sino el de la relevancia.

La línea de navegación (en naranja) superior permite moverse a través de los años mientras la inferior — más rápida — lo hace a través de las décadas. Las dos líneas de tiempo propiamente dichas (en gris) recogen, respectivamente, los eventos sucedidos en España (arriba) y en el mundo (abajo).

La clave de colores es la que aparece a continuación. Vale la pena indicar que es discutible etiquetar algunos manifiestos (especialmente el de #nolesvotes) como tales, ya que se parecen más a una (ciber)manifestación que no a un escrito. Por ahora, no obstante, la categorización queda así:

• Verde: manifiestos, escritos, publicaciones.
• Rojo: manifestaciones, protestas, concentraciones.
• Azul: (otros) acontecimientos políticos.

Más información

Todo lo que tengo recogido sobre el 15M puede encontrarse en el tag 15M de mi cuenta de Delicious.

Todo lo que tengo escrito sobre el 15M puede encontrarse en mitag 15M de SociedadRed.

Agradecimientos

Gracias a quienes han contribuido a mover mi llamada a sugerir fechas clave alrededor del 15M. Y especialmente a @martaestella, @fortuny, @pablonavajo, @santespasques, Ricard Espelt y @pedrojimenez por sus interesantes propuestas.

Hace unos meses oí a Luís Garicano decir en una entrevista que el copago era repago. Afirmaba, en la entrevista, que el copago de la sanidad — pagar una pequeña cantidad al ser atendido en la consulta o en urgencias en el sistema de sanidad pública — era como pagar dos veces por la misma cosa. Viendo el trato que se ha dado al tema del copago en Nada es Gratis atribuyo la afirmación como un desliz dialéctico (el blog es excelente, dicho sea de paso).

No obstante, el tema sale una y otra vez por todas partes. Hoy mismo, por ejemplo, en El uso perverso de las palabras, de Ignacio Escolar.

Mi opinión es que el copago no es repago, el copago no es pagar dos veces la misma cosa, sino que el copago es una privatización (parcial) en toda la regla.

Vayamos primero a por qué el copago no es repago. Salvo estafas mediante, y especialmente en el ámbito de lo público, es materialmente imposible pagar dos veces por la misma cosa. Un bien público — como la Sanidad — se paga una única vez por todos los contribuyentes. A no ser que se incrementen los sueldos de los médicos o se construyan nuevos hospitales, si hay un incremento de la recaudación, el gasto en Sanidad se mantiene constante y el dinero que sobra va a otras partidas. El sueldo del médico no se paga dos veces y la cama no se compra dos veces.

En este sentido, si hacemos pagar 10€ al paciente cada vez que va a la consulta del médico de la Sanidad Pública, esos 10€ van a pagar el coste de esa consulta, mientras que, por la puerta de atrás, se «liberan» 10€ que, como hemos dicho, o bien irán a poner más médicos y más consultas, irán al presupuesto de Defensa, irán a reducir los impuestos, o simplemente irán a reducir el déficit de la Administración.

El copago tiene dos efectos, uno directo y otro indirecto:

• El efecto directo es que al paciente le sale más caro el sistema público de sanidad.

• El efecto indirecto es que al resto de ciudadanos le sale más barato el sistema público de sanidad, puesto que ahora nos repartimos entre todos el coste total menos esos 10€ por cada consulta, que paga un único ciudadano de su bolsillo, en lugar de costearlo entre todos.

Supongamos el caso límite donde: (a) el sistema de la sanidad pública se basa única y exclusivamente en las consultas médicas; (b) una consulta cuesta 100€ al erario público; y (c) hacemos pagar a cada ciudadano 100€ por cada consulta.

Siguiendo el esquema anterior:

• Los pacientes pagan, íntegramente los servicios médicos que disfrutan personalmente. Si no van al médico, no pagan; si van, pagan todo el coste.
• Los ciudadanos, como colectivo, no pagan la sanidad (¿pública?) de sus impuestos, dado que todo el coste se repercute al paciente. Si uno no va al médico, no pagará nada por sanidad. Todo el dinero de sus impuestos irá a otras partidas: carreteras, escuelas o subvenciones para los artistas. Pero ni un duro para sanidad.

El copago no es pagar dos veces por lo mismo, sino que todo lo que se paga directamente (no indirectamente a través de los impuestos) va a liberar gasto del presupuesto público que puede destinarse a otros fines (incluido el bajar los impuestos).

Si, en el límite, la situación es que tanto gastas en salud, tanto pagas, eso se llama privatizar la salud. Que los médicos estén en nómina de la Administración o de una clínica privada es absolutamente irrelevante: lo que hace una sanidad o una educación pública no es tanto quien provee el servicio, sino quien soporta el coste. Y si el coste lo paga el paciente y no el contribuyente, la sanidad es privada, porque el dinero sale del consumidor y no del ciudadano.

El debate sobre el copago, pues, no es un debate sobre presupuestos, costes o responsabilidad, sino un debate sobre si la sanidad tiene que ser pública o tiene que ser privada y en qué proporción.