ICTlogy

Imaginemos un mundo sin coches. Un mundo donde todo el mundo va a pie. De repente, se inventa el motor de explosión y, con él, se inventa el coche. ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos a todas partes en coche? ¿Sí? ¿No? Bueno, ni sí ni no: seguramente seguiremos yendo a buscar el pan a la panadería de la esquina a pie. Lo que hará la existencia del nuevo medio de locomoción será abrirnos nuevos espacios, poner a nuestro alcance nuevas experiencias, acortar las distancias haciendo que lo que antes suponía horas o días de marcha a pie ahora sólo esté a unos litros de gasolina de distancia.

Imaginemos un mundo sin Internet. Un mundo donde el ejercicio de la democracia es costoso: informarse, deliberar, negociar, votar, evaluar las decisiones. De hecho, no es costoso: es muy costoso. ¿Qué hacemos? Delegamos gran parte de nuestro ejercicio de la democracia en terceros: gobiernos, parlamentos, partidos, sindicatos, ONG, medios de comunicación… ellos se informan, deliberan, negocian, votan y evalúan los resultados por nosotros. De vez en cuando nos lo cuentan y de vez en cuando nos piden que les votemos. Hasta aquí, cuestión de eficiencia y eficacia. Y realismo: menos unos pocos, el resto pagamos la casa y el plato de cada día no haciendo política sino ganándonos el pan con otras ocupaciones — ocupaciones que, como hemos dicho, no nos permiten el ejercicio de la democracia directa.

De repente, se inventa Internet. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora todos a participar y eliminamos todos los intermediarios de la democracia representativa? ¿Sí? ¿No? ¡NO! Si no íbamos a buscar el pan en coche (excepciones aparte, está claro), ¿por qué deberíamos pasar de una democracia representativa a una directa sin ninguna transición? Al fin y al cabo, seguimos teniendo 24h al día. Por mucho Internet que tengamos, seguiremos teniendo que invertir un tiempo (que no tenemos) a informarnos, deliberar, negociar, votar y evaluar.

¿Sí? ¿No? Tampoco.

En general, los movimientos que defienden una desintermediación de la democracia no necesariamente piden el paso a una democracia directa, donde todos votamos todas y cada una de las decisiones que debemos tomar como sociedad, sino una democracia (representativa) más participada.

Hay dos mitos que se deben desterrar urgentemente del imaginario colectivo y que son tres grandes frenos a la evolución de una democracia, ahora sí, facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación.

• Que nadie sabe nada. Falso. Todos sabemos algo. Porque hemos estudiado una determinada disciplina, porque tenemos años de experiencia profesional en un determinado ámbito, o porque, simplemente, somos algo (somos padres, somos mujeres, somos inmigrantes…). Por lo tanto, en muchos casos, se puede participar sin empezar de cero (a informarse, a saber quién es quién) porque, sencillamente, domina una determinada cuestión, demanda o problemática.
• Que todo el mundo deberá saber y participar de todo y, en consecuencia, moriremos en el intento. Falso. El hecho de que Internet ponga a nuestra disposición muchísima información no implica que necesariamente tengamos que asimilarla toda. De hecho, hace siglos que las bibliotecas tienen más información de la que nunca podremos procesar y nadie nos había pedido hasta ahora que lo hiciéramos: ¿por qué iba ser diferente con Internet?

Internet nos permite, técnicamente, ahora, participar en todo. Pero Internet no nos obliga a participar en todo. Entre la democracia representativa y la democracia directa hay un punto intermedio: algunos lo llamamos democracia líquida.

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¿En qué consiste? Fácil: en los temas que uno domina — porque los ha estudiado, porque tiene experiencia, porque le afectan especialmente o porque tiene un interés particular en ellos — hacemos posible que el ciudadano participe directamente. Como domina los temas, los costes de participar serán bajos para el ciudadano y, por supuesto, además se le supone motivación. En los temas que un ciudadano desconozca o no tenga ningún tipo de interés o motivación, dejemos que este ciudadano delegue el voto en alguien. Ese alguien puede ser, como se ha hecho tradicionalmente, un partido político. Pero ese alguien también puede ser otro ciudadano al que, puntualmente y para esta cuestión, le sea delegada la facultad de representar a los ciudadanos que confíen en él.

En resumen: democracia directa o participación cuando queramos o cuando podamos, y democracia representativa cuando no queramos o no podamos, con la particularidad de que no necesariamente esta representación vendrá de la mano de listas que, a menudo (como se ha demostrado) ni tienen conocimiento sobre una cuestión ni, además, quieren tenerlo porque sus intereses personales o de grupo se anteponen a los de la ciudadanía.

Esta variante no está exenta de problemas, ¡por supuesto! Pero no caigamos en el engaño de pensar que sólo hay dos extremos en el ejercicio de la democracia.

Siguen a continuación algunas notas para preparar la sesión de trabajo sobre el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya que surgió de los comentarios a la entrevista con el Diari de Tarragona sobre transparencia. Dicha sesión de trabajo no se realizará el 30 de enero de 2014, como estaba inicialmente previsto, sino hoy 27 de enero de 2014.

Principios rectores del análisis

Como ya expuse con mayor detalle, los principales objetivos a tener en mente a la hora de analizar el portal son dos:

• Separar lo que se puede hacer de lo que se debería o lo que se querría hacer. Es decir, evaluamos en relación a lo que desearíamos tener, a un objetivo normativo, y no a lo que ahora mismo los datos o la ley permiten (una aproximación positiva). Parte de lo que vendría después de una evaluación debería ser la identificación de las barreras que impiden que lo deseable sea también lo posible.
• Tomar la transparencia no como rendición de cuentas sino como herramienta para la toma de decisiones. O, en otras palabras, añadir en la transparencia toda acción política, incluyendo los procesos, protocolos y diseños institucionales, y no solamente el resultado de dicha acción política. Que el ciudadano pueda (o pudiese decidir) actuar, y no solamente observar.

Propongo, además, ir aplicando estos principios durante las (en mi opinión, hay otros modelos) cinco etapas de una política pública:

1. Información: qué demandas o necesidades tiene la población. ¿Qué agentes están implicados? ¿Cuál es el «problema» o «problemas» según cada agente?
2. Deliberación: qué opciones hay para abordar esas demandas o necesidades.
3. Negociación: qué prioridades damos a cada cuestión, qué combinación de recursos (y renuncias) podemos realizar, cómo encajan las distintas escalas de valores y prioridades.
4. Voto: explicitar las preferencias, tomar una decisión.
5. Rendición de cuentas: cómo se ha puesto en marcha lo acordado, qué se ha conseguido y cómo, eficacia y eficiencia.

Análisis

Expuesto lo anterior, a continuación siguen algunas pautas para el análisis y la reflexión. Con más preguntas que respuestas. Vaya por delante que la mera existencia de un Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya es ya de por sí un logro, tanto dentro de la administración catalana como, especialmente, en comparación con otras administraciones del estado a todo tipo de niveles.

Tendremos en cuenta para el análisis no solamente el portal de transparencia en sí, sino también el Portal del Gobierno, el Portal del President (éste último algo recursivo), y el Portal de datos abiertos de la Generalitat, así como el acceso a otros organismos como IDESCAT y CEO.

Meta análisis

Empecemos el análisis… con un metaanálisis: el portal de transparencia carece de una hoja de ruta, o al menos de una hoja de ruta pública. No sabemos cuáles son los planes del gobierno o del equipo que lidera la transparencia en Catalunya. No sabemos porqué se han tomado ciertas decisiones sobre el diseño del portal, su coste total, el marco legal al que se ciñe. Es decir, seguramente sí podríamos averiguarlo, pero el portal mismo no nos da dicha información. Más allá de unas tímidas FAQ, no hay nada al respecto.

Ello hace que, entre otras cosas, sea imposible saber si vale la pena o no publicar determinada información porque no sabemos su uso o su coste. Tampoco sabemos si carencias que se detectan está ya planificado abordarlas en el futuro, o es imposible hacerlo o no se va a hacer por motivos técnicos, legales o políticos.

Sin lugar a dudas, más transparencia sobre el Portal de Transparencia ayudaría al ciudadano a valorar, priorizar y, sobre todo, no anticipar críticas a aspectos que a lo mejor ya han sido tenidos en cuenta. Ayudaría también a hacer presión o a brindar apoyos allí donde hay mucha distancia entre lo posible y lo deseable.

Información

¿Permite el portal informarse de los problemas de los ciudadanos? El Portal publica el Plan de Gobierno del ejecutivo así como el acceso a los barómetros y encuestas de opinión, la estadística oficial o la compilación de datos abiertos.

Sería interesante y o sería un muy buen ejercicio para el mismo ejecutivo el dar significado a dichos datos. Es decir, cruzando las inquietudes, necesidades y demandas detectados en los barómetros, ver cómo la estadística oficial evoluciona en relación a esas cuestiones que la ciudadanía muestra como prioritarias, y vér cómo los datos de la acción de gobierno van respondiendo a dichas necesidades.

Dicho de otro modo, el portal de transparencia debería transformar los datos en información y, a su vez, ver cómo esa información se convierte en conocimiento al convertirse en políticas públicas.

Deliberación

Hay poco o nada en el ámbito de la deliberación en el portal.

Es prácticamente imposible saber cuáles son los problemas más acuciantes que la Generalitat tiene sobre la mesa y cómo se están gestionando las alternativas.

Por una parte, deberíamos ir a la web del Parlament de Catalunya (recordemos: una de las instituciones de la Generalitat, pràcticamente ausente en el Portal de Transparència que erróneamente se identifica en gran medida con el Govern) para ver ese estado de la situación política. Esta web, la del Parlament, contiene muchísima información aunque, por contra, siempre pensada desde quien la emite y no a quién va dirigida. Intentar encontrar cómo se trata un tema (p.ej. violencia de género, desahucios) es una tarea hercúlea, dado que hay que entrar en la lógica interna del Parlament: plenos, comisiones, proposiciones de Ley, preguntas, intervenciones, requerimientos, etc. Un galimatías para el ciudadano.

Por otra parte, no hay información alguna (más allá de algunos datos sobre costes y centros de imputación) sobre las docenas y docenas de estudios, análisis, informes, dictámenes, etc. que gobierno, comisiones, grupos, etc. encargan para su información y toma de decisiones.

Esta ausencia viene a su vez acompañada, por lo general, de la no publicación del fundamento de muchas decisiones tomadas, ni mucho menos las distintas opciones que podían tenerse en consideración. Cuando esta información existe hay que cavar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: no era este el objetivo de un portal de transparencia.

Negociación

Junto con la Deliberación, la negociación o cómo se toman las decisiones y con quién es, seguramente, la parte más floja (¡aunque probablemente la más interesante!) del Portal.

El nivel de detalle de la agenda de los representantes públicos es anecdótico (por no decir ridículo). No hay información alguna de la agenda real (las inauguraciones y actos protocolarios no cuenta) de ningún miembro del Govern ni del Parlament (algunos grupos sí publican, por su cuenta dicha agenda: en sus propios portales).

La Generalitat tiene pendiente una ley sobre grupos de interés (lobbies). La ausencia de la misma no debería ser un freno a ir por delante y abrir este tipo de información.

Sí hay la relación de acuerdos de gobierno y ruedas de prensa, muchas de ellas ricas en información y que permiten trazar muchas de las decisiones. Una presentación más gráfica (acompañando el texto) así como con enlaces a las fuentes de información originales añadiría valor y legitimidad a dichos textos.

También sería de gran valor poder triangular los acuerdos de gobierno con la información disponible así como con el plan de gobierno. Es decir, en lugar de compartirmentar la información, hacer el ejercicio de entrezalarla y ponerla en relación una con otra. ¿A qué responde este acuerdo de gobierno? ¿Estaba en el plan inicial? ¿Cambia el plan? ¿Por qué motivo? ¿Qué impacto ha tenido ese acuerdo con el tiempo? ¿Ha sido el esperado? Es evidente que muchas de estas preguntas no tienen respuesta en el momento de la publicación de mucha información, pero es una cuestión de diseño de la información que puedan incluso «responderse automáticamente» a medida que la información va siendo generada e integrada en el portal.

Voto

¿Qué opina la ciudadanía sobre una cuestión? ¿Qué han decidido y llevado a cabo sobre dicha cuestión sus representantes en el ejecutivo o en el legislativo?

En este apartado se dan cita algunas de las carencias citadas con anterioridad: la ausencia de la actividad del legislativo en el portal (así como el ultracorporativista enfoque de la información publicada por este organismo), la ausencia de la triangulación de la información sobre estado de la opinión, decisiones y programa, etc.

Sería interesante, en un apartado que tuviese en cuenta la opinión del ciudadano, que se publicase información sobre el nivel de aceptación o rechazo de las decisiones tomadas, o sobre el estado de opinión de las principales cuestiones que preocupan al ciudadano. Esta información, que existe (en barómetros, estadística oficial, canales de contacto de instituciones y grupos parlamentarios, en medios de comunicación) sería de un valor incalculable de presentarse al lado de los acuerdos y la acción de gobierno, o la ejecución de políticas públicas.

Seguramente es en este espacio donde más se echa en falta un canal de interacción de calidad entre el ciudadano y las instituciones. Un canal no unidireccional ni cerrado, sino bidireccional y abierto.

Un punto sin lugar a dudas positivo en este ámbito es el simulador del presupuesto. Aunque sencillo, permite experimentar subiendo y bajando partidas o el total de ingresos y gastos y tiene un gran valor pedagógico. En contra, su sencillez y la incapacidad de «hacer algo más» con esa experimentación: guardar y compartir el presupuesto alternativo, agrupar dichas alternativas, analizarlas…

Rendición de cuentas

La mayor parte del portal de transparencia está destinada a la rendición de cuentas. Que se publique esta información es sin lugar a dudas positivo. Y, aunque muchas veces uno sale expulsado de la página — empeorando la navegación y haciendo más difícil el no perderse — el esfuerzo de recopilación hecho en esta materia es ingente y así hay que reconocerlo.

El gobierno publica su plan de gobierno en su totalidad, así como el estado (en curso, finalizado) de todos y cada una de las acciones relacionadas con el plan. Publica, también, muchas de las actuaciones en el territorio. No obstante:

• No hay una total correspondencia entre el plan y las acciones presentadas. A menudo, las acciones son de carácter técnico y es difícil alinearlas con un objetivo político.
• Las acciones no están enlazadas a otra información que profundice lo que en ellas se afirma, ni cuando están finalizadas ni, más importante, cuando están todavía en curso.

Hay una positiva creciente profusión de datos, tanto de gestión como de prospectiva socioeconómica. No obstante, dichos datos aparecen en formatos dispares, a veces propietarios, no siempre estándares, y ciertamente lejos del ideal de Linked Data propuesto por Tim Berners-Lee y el World Wide Web Consortium.

Se escapa también en gran medida la evaluación del cómo: a pesar de tener publicados los presupuestos, las retribuciones de algunos cargos o la estructura de la Administración Pública, esta información apenas si sirve para trabajar: es parcial, agregada y se presenta en formato difícil de tratar.

Conclusiones

Si hubiese que resumir el portal de la transparencia en una frase sería la siguiente: hace un gran esfuerzo por mostrar las acciones llevadas a cabo, pero olvida totalmente el proceso que se ha seguido para ello. Así, sabemos qué se ha hecho, pero no por qué ni a partir de qué ni cómo. Con estas carencias, es en la práctica imposible trazar las decisiones y, con ello, hacer una evaluación informada de si la acción relizada (esta sí pública) iba en la buena dirección o no.

Y terminamos como empezamos: hay que reconocer la positiva singularidad (especialmente dentro del contexto español) del Portal de Transparència de la Generalitat de Cataluya. Y hay que reconocer también la gran dificultad de poner en línea sistemas y equipos diferentes, que casi siempre han trabajado unos de espalda a los otros y que no han tenido como objetivo tratar la información para que pudiese ser fácilmente publicable y reutilizable (más bien al contrario).

Si estas dificultades, así como los planes para superarlas, fuesen también públicas (en el hacer el Portal sin lugar a dudas han emergido y se han hecho explícitas), el portal vería incrementada su legitimidad en gran medida. Gozaría de más comprensión y apoyo del público y matizaría muchas críticas que, con suerte, se convertirían en apoyos y presiones para mejorar la abertura del sistema.

Pero al portal le queda mucho, mucho por hacer. Las grandes deficiencias son, a mi entender, de voluntad política cuando no de aproximación, de forma de entender el mundo, así como las profundas transformaciones en la vinculación y la participación política de la ciudadanía. Que la información es del ciudadano; que es estrictamente necesaria para la calidad democrática y la implicación y corresposabilidad del ciudadano; y que debe publicarse la información sobre procesos, en formatos reutilizables y siempre todo abierto por defecto.

Para evitar malentendidos, vayan por delante dos afirmaciones sin matices:

• La defensa de las ideas jamás debería ejercerse por la violencia. El terrorismo — y su versión eufemística de «lucha armada» — son, sin duda alguna, lo peor que puede generar una sociedad.
• Uno de los retos más complejos a los que se enfrenta una sociedad, tras la derrota del terrorismo en el terreno de lo penal y de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, es cómo articular la convivencia entre quienes siempre defendieron la democracia de los que ahora abandonan las armas para abrazar la vía política. No hay una solución y entre las soluciones disponibles ninguna será fácil.

Dicho esto, creo que empieza a ser urgente ver hasta qué punto las reivindicaciones justas de algunos de los que fueron víctimas de la violencia pueden acabar, a su vez, violentando la democracia misma.

En los últimos años, y muy especialmente desde que la lucha antiterrorista ha ido desplazando su centro de gravedad hacia una aproximación más política y menos «militar», la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ido endureciendo su discurso no en defensa de las víctimas, no en su censura al terrorismo, sino directamente contra las instituciones del Estado de derecho.

Primero fue su ataque al sistema penal que rige en España, cuya visión siempre ha sido la de la reinserción del convicto, su rehabilitación, su recuperación para la sociedad. Es, por supuesto, legítimo cuestionar esta visión y proponer otra alternativa. Sin embargo, y como veremos más adelante, este cuestionar no ha sido tanto un ejercicio propositivo sino uno de derribo del sistema, de chantaje emocional contra todo aquél que defendiese no ya unas posturas determinadas sino, simple y llanamente, el espíritu y texto de las leyes aprobadas en el Parlamento.

Segundo fue una caza de brujas para eliminar toda disensión y, en definitiva, la voz de las víctimas mismas para que estas fuesen enmudecidas por los gritos de sus supuestos representantes. En definitiva, la AVT ha conseguido con sus acciones la negación de la pluralidad de pareceres entre las víctimas, así como apropiarse de un espacio de debate público que, con toda justicia, deberían compartir con las otras asociaciones de víctimas del terrorismo, que, efectivamente, existen.

Lo penúltimo ha sido pedir salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una institución que tiene por objetivo ni más ni menos que proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros. Dicho de otro modo, a la AVT no le interesa ya, en absoluto, la protección de los derechos humanos ni las libertades fundamentales, sino otra cosa. Volvemos, pues, al primer punto: no va de derechos sino de revancha.

Lo último (por ahora) es ya la petición de eliminar el Tribunal Supremo, el órgano de más rango dentro del poder judicial español. Es decir, cambiemos la Ley en España, hagámoslo sin ningún tipo de consideración hacia los derechos humanos y, si hace falta, hagámoslo fuera de la Ley.

El pasado 27 de octubre, durante la manifestación de la AVT contra la derogación de la doctrina Parot un manifestanse se exclamaba que los pacifistas quieren la paz a toda costa.

Efectivamente, algunos creemos que la paz es un bien superior que debe conseguirse a toda costa. A toda costa. A toda costa significa que el precio puede llegar a ser caro e incluso incómodo en muchos casos. Pero siempre inferior al precio que nos hace pagar la violencia.

La democracia empieza a ser víctima de los relativismos morales que acaban cuestionando los fundamentos de las principales instituciones de dicha democracia: los derechos humanos, las libertades, el Estado de derecho. Resbalamos por una pendiente cuya perspectiva no es nada halagüeña.

Las instituciones democráticas modernas se han centrado en dar soluciones o salidas a los problemas y demandas de los ciudadanos. A base de representarlos, de capturar sus sensibilidades y convertirlas en propuestas políticas, los ciudadanos han podido retirarse a un segundo plano sabiendo que alguien trabajaba por ellos en el ámbito de lo público, de lo colectivo.

Otras consideraciones al margen, esta política ha funcionado (o, mejor dicho, en general funciona) porque permitía estar pendiente de la cosa pública 24×7 y a gran escala. Dicho de otro modo, cuando el ámbito de la política no es ya una polis griega de unos «pocos» habitantes, hacerse cargo de forma directa de la política se hace prohibitivo, tanto en recursos materiales como, sobre todo, tiempo.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con Internet como mascarón de proa, permiten al individuo reapropiarse de la acción colectiva, reducir intermediación, ponderar el poder de los representantes y cargos electos, organizar sus propias plataformas, dinamizar sus propios grupos de interés, convocar sus propias manifestaciones y eventos.

El resultado lo estamos viendo a diario, aunque a una velocidad de vértigo. Política 2.0, tecnopolítica, política en redes sociales, movimientos sociales, partidos red, movimientos red, hacktivismo, ciberpolítica, ciberactivismo… todos ellos son conceptos que hemos ido acuñando para nombrar formas de hacer política pertenecientes a la misma subespecie: aquella que, fuertemente apoyada en ciudadanos de carne y hueso y plazas y calles de adoquín y alquitrán, ha conseguido aumentar su impacto y eficiencia organizativa gracias a la tecnología.

¿Echa la gente en falta la política tradicional en la calle? Por descontado.

¿Es esto fácil de comprender y explicar? En absoluto.

Estamos viviendo, ahora mismo, una transición de la política como meta a la política como proceso; de la institución como solución a la institución como caja de herramientas — donde dice institución, sustitúyase por parlamento, partido, sindicato, ONG, asociación de vecinos… La política caja de herramientas es el hágaselo usted mismo, es el bricolaje político, es quedar con los vecinos para dibujar, serrar y montar unos muebles (democráticos) cada uno con sus herramientas, en lugar de comprarlos hechos. Ese es el tipo de política que algunos están impulsando desde las calles coordinados desde las redes.

Una política como caja de herramientas requiere un cambio de marco mental extraordinario:

• Para empezar, caen las marcas, ya que las herramientas son lo que importa y no la caja de herramientas, herramientas que son intercambiables y recombinables.
• Requiere, también, un mayor protagonismo del mismo ciudadano, acostumbrado (en su mayoría) a encontrarse las cosas hechas, hechas por otros.
• Ese protagonismo requiere, además, competencia, saber hacer cosas, o aprender a hacerlas. Hay que aprender a hacer la nueva política.
• Con lo que se cierra el círculo volviendo a la caja de herramientas: no solamente saber hacer, sino saber escoger las herramientas apropiadas para cada caso.

Explicar esto es complicado. Comprenderlo, con lo rápido que se está sucediendo todo y la fuerte inercia de la tradición, más. Querer arremangarse, querer retomar la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, eso hay que saber pedirlo con mucho tacto.

Es necesario que ciudadanos y nuevas formas de organización ciudadana hagan un esfuerzo por hablar el mismo idioma, por llegar a un entendimiento mútuo. Al fin y al cabo, son la misma cosa. Entre ellos están las instituciones tradicionales. Ahora, su papel de intermediación es más necesario que nunca… aunque el esfuerzo que deben hacer es mucho mayor para, a lo mejor, acabar pasando a un segundo plano. A estas también habrá que pedírselo con mucho tacto.

Imaginemos que vamos a la peluquería.

― ¿Peinar, cortar o gintónic?
― Esto… yo venía a lo del pelo. El gintónic… bien, gracias, pero ¿y el pelo?

Imaginemos que vamos al bar.

― ¿Gintónic, mojito o peinar?
― Esto… yo venía a lo de empinar el codo. Lo de peinar… bien, gracias, pero ¿y mi copa?

La tercera vía

Existe en el debate sobre el soberanismo catalán una suerte de dicotomía, a mi entender, falsa: o modelo territorial autonómico o independencia. A esta dicotomía se ha añadido una tercera variante, la llamada tercera vía, que viene a decir que entre el status quo y el que Catalunya se separe de España hay una tercera opción: la reforma del modelo territorial. Ha habido hasta tres propuestas de tercera vía, moviéndose entre el federalismo (Pere Navarro, por el PSC), un nuevo pacto fiscal (Durán, por UDC), o una cierta reforma del reparto de competencias y financiación de las mismas (Sánchez-Camacho por el PPC).

Si la dicotomía autonomía o independencia es ya falsa, todavía lo es más esta supuesta tercera vía. El motivo no es otro que, siguiendo la lógica de los ejemplos con los que iniciaba esta reflexión, estamos mezclando distintas categorías en un mismo saco.

Así, las opciones no son:

1. Mantener el status quo.
2. Reformar el modelo territorial.
3. Irse de España.

Es decir, no se trata de una decisión, sino de dos decisiones independientes entre ellas (aunque, por supuesto, las respuestas sí pueden estar condicionadas por el resultado de la decisión anterior):

1. Formar parte de España.
1. Mantener el status quo.
2. Reformar el modelo territorial de forma leve sin tocar la estructura básica.
3. Reformar el modelo territorial con un nuevo pacto fiscal.
4. Reformar el modelo territorial hacia el federalismo.
5. Reformar el modelo territorial de otra forma distinta.
2. Dejar de formar parte de España.

Tal y como explicaba en El derecho a decidir como un derecho individual (no colectivo), lo primero es establecer la voluntad de firmar un contrato social, de querer compartir un proyecto de convivencia. Lo segundo es establecer las condiciones. Mezclar una cosa con otro se me antoja, como ya se ha comentado, no respetar el distinto rango categórico de los elementos sobre los que elegir.

El orden de los factores

Por supuesto, y tal como plantea Pau Marí-Klose en Volem votar, y ¡visca la paradoja de Condorcet!, el resultado final puede ser distinto del orden en que se planteen las decisiones. Aunque no comparto con él su aquiescencia con el modelo de «tres vías» y su ejercicio de separar las votaciones como un mero ejercicio táctico (y no normativo, que es mi punto de vista), sí estoy de acuerdo que seguramente el orden cambiaría los resultados.

Es más, en mi opinión, y dado que España es ahora un único estado, lo lógico sería no votar primero la independencia de Catalunya, sino el modelo territorial. Dicho de otro modo, dado que el contrato social ya está firmado, parece que la secuencia natural sería revisar las cláusulas de dicho contrato (el modelo territorial) y, después, y ante la persistencia (o no) de diferencias, optar por rescindir el contrato (abandonar España). De esta forma, las votaciones debería seguir este orden:

1. Mantener el status quo.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
2. Reformar el modelo territorial de forma leve sin tocar la estructura básica.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
3. Reformar el modelo territorial con un nuevo pacto fiscal.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
4. Reformar el modelo territorial hacia el federalismo.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.
5. Reformar el modelo territorial de otra forma distinta.
1. Formar parte de España.
2. Dejar de formar parte de España.

La pregunta del referéndum

En base a lo dicho hasta ahora, el próximo referéndum o consulta (si lo hay) en Catalunya debería de incluir o bien una pregunta sobre el modelo territorial, o bien una pregunta sobre independizarse o no de España. Pero no mezclarlas. La primera opción podría tener varias respuestas, incluso — por qué no — una última opción que sería «otros» donde el ciudadano pudiese añadir su propia propuesta, como sucede en muchas encuestas. La segunda opción necesariamente debería tener dos respuestas: sí o no (no, la respuesta en blanco es tácita y no hace falta añadirla de forma explícita).

En ningún caso, no obstante, debería la pregunta tener respuestas de una y otra cuestión. No hay tercera vía a añadir a un referéndum sobre la independencia porque, siempre en mi opinión y desde un punto normativo, esa tercera vía responde a otra pregunta.

¿En qué punto estamos ahora?

Es curioso porque, de uno u otro modo, estamos en el mismo punto: un referéndum sobre la independencia.

Desde el punto de vista del independentismo, es lógico que no se quiera «perder tiempo» en debates territoriales cuando lo que pretenden es, sencillamente, romper la baraja.

Desde el punto de vista del unionismo, parece que de forma tácita y entre pasillos ya se ha ido explorando la viabilidad de empezar al revés, preguntando por el cambio del modelo territorial. La propuesta del PSC de Pere Navarro ha sido «votada» y abortada, como lo han sido la propuesta de UDC por parte de Josep Antoni Duran o la de Alicia Sánchez Camacho por el PPC. Es decir, cabe entender que entre pasillos y declaraciones a los medios ya ha habido una primera votación sobre el modelo territorial y el resultado ha sido que se mantiene el status quo sí o sí.

Por tanto, se mire como se mire, parece ser que solamente queda preguntar por la independencia. Con un sí o con un no. Porque la tercera vía jamás existió.

El Magazine de La Vanguardia publicaba el otro día un artículo sobre aprendizaje e Internet titulado Conectarse para aprender donde hacía un breve repaso del potencial de la Red en algunos aspectos de la educación. El artículo, de la mano de reputados conocedores del tema, hace un itinerario por conceptos, iniciativas, tecnologías, etc. que están emergiendo o bien ya afianzándose en el ámbito de la tecnología educativa, los objetos de aprendizaje (digitales) abiertos, etc. Hasta aquí, una entretenida lectura.

En el despiece — en el papel; en el formato web viene al final del artículo — la autora apunta:

Los adultos también tienen en internet una buena fuente de formación. Las universidades, incluidas las más prestigiosas del mundo, ofrecen cursos on line, conocidos como MOOC, sobre todo tipo de materias (matemáticas, canto, política, literatura…). Suelen ser gratuitos y en algunos casos otorgan un diploma si el alumno supera una prueba. Siguen la metodología de las universidades en línea –como la UNED o la UOC en España– y ponen al alcance de cualquiera profesores de Harvard, Columbia, la Sorbona o la London School of Economics.

Este párrafo contiene algunos de errores de fundamento que sería conveniente corregir.

El primero, formal: MOOC es un acrónimo que no se ha desplegado con anterioridad en el artículo. Se refiere a Massive open online course es decir, Cursos en Línea Masivos y Abiertos. Esta cuestión formal, de haberse corregido, facilitaría la comprensión o el despejar los errores subsiguientes.

El segundo error, ya de mayor calado, es que no es cierto que «las universidades ofrecen cursos on line» (sic), dando a entender que es una práctica generalizada. Si bien es cierto que es creciente el número de universidades que lo hacen, es todavía una cuestión muy incipiente y ciertamente concentrada en un puñado de plataformas, con más proyectos piloto (con interesantísimas excepciones, por supuesto) que estrategias plenamente consolidadas.

Por otra parte, y aquí está la parte más grave del asunto, todos los MOOC sí son, por construcción, cursos online; pero no todos los cursos online son MOOC. Por tanto, los «cursos on line» no son «conocidos como MOOC»… sino como cursos online, formación virtual, e-learning y otras muchas denominaciones. Pero no MOOC. En absoluto.

A pesar de ser una modalidad de curso online, los MOOC no son algo homogéneo dentro de dicha modalidad, sino que hay una gran variabilidad de metodologías para desarrollarlos. A grandes rasgos, hay dos grandes familias de MOOC: los MOOC conectivistas o cMOOC y los no conectivistas, o xMOOC. Da la casualidad que son estos últimos, los xMOOC, los más populares y los que habitualmente ofrecen esas universidades entre «las más prestigiosas del mundo». Pues bien, dichos xMOOC no suelen (o, mejor dicho, solamente se da en casos excepcionales) tener una metodología remotamente parecida a la cada vez más seguida por las universidades en línea, donde es primordial tanto el papel que se otorga al profesor, monitor, tutor, mentor o como acordemos llamarle, así como a los compañeros de aula. La mayoría de xMOOC — no así los cMOOC — suelen dedicar poco esfuerzo al acompañamiento y todavía menos a la creación de una comunidad de aprendizaje (precisamente, la principal crítica de los defensores de otro modelo de enseñanza virtual).

Es decir, ni los MOOC son una práctica generalizada, ni los MOOC son la misma cosa que la formación virtual ni, precisamente por eso, comparten en la mayor parte de los casos metodología alguna con la formación virtual de grado superior.

No querría terminar sin una nota personal. Este tipo de escritos (como el mío aquí) fácilmente se acaban atribuyendo a (1) una defensa acérrima del propio cortijo (en mi caso, la UOC, que me paga el sueldo), (2) una forma de pensar reaccionaria y retrógrada o (3) las dos anteriores.

Aprovecho la circunstancia, pues, no para justificarme, sino para hacer publicidad de alguna de mi producción científica relacionada con la temática de los MOOC, la tecnología educativa y el que para mí es el concepto clave de toda esta cuestión: los Entornos Personales de Aprendizaje o PLE (por sus siglas en inglés de Personal Learning Environment).

Peña-López, I. (2013). Heavy switchers in translearning: From formal teaching to ubiquitous learning. En On the Horizon, 21 (2). Lincoln: NCB University Press.

Peña-López, I. (2013). El PLE de investigación-docencia: el aprendizaje como enseñanza. En Castañeda, L. & Adell, J. (Eds.) (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Capítulo 6, 93-110. Alcoy: Marfil.

Peña-López, I. (2012). El PLE como herramienta personal para el investigador y el docente. Comunicación en el III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight. Barcelona: TIES2012.

Peña-López, I. (2010). Deinstitutionalizaing Education. Position paper for the Mozilla Drumbeat Festival. Barcelona, 3-5 november 2010. Barcelona: Mozilla Drumbeat Festival Printing Lab.

Si alguien quiere ampliar, aquí va más material. Que no sea por falta de humildad:

• Selección de artículos sobre PLE de Ismael Peña-López.
• Selección de artículos sobre tecnología educativa de Ismael Peña-López.