No hay un proceso canónico de creación de conocimiento. Encontraremos, desde la epistemología hasta el management, multitud de formas con las que explicar cómo la Humanidad baja del árbol y, una vez en pie, convierte una rama en una herramienta para mejorar su existencia.
Sin embargo, sí podemos definir dos direcciones opuestas en las que sucede esta creación del conocimiento, que la filosofía ha categorizado, a grandes rasgos, en racionalismo y empirismo. El racionalismo comienza haciéndose una gran pregunta, por qué, a partir de la cual va deduciendo la solución a su problema en concreto. El empirismo, al contrario, empieza por lo más concreto, cómo, hasta que llega a poder inducir la razón general.
El aprovechamiento práctico y la aplicación en la vida cotidiana del conocimiento, sin embargo, no tiene una aproximación —si se me permite la simplificación— tan direccional, sino, como mínimo, bidireccional, cuando no circular. La paleontología, la antropología y la sociología nos enseñan que si bien las inquietudes o los comportamientos acaban determinando cómo evoluciona el conocimiento, también el nuevo conocimiento acaba modulando los comportamientos. Así, las distinciones entre investigación básica, investigación aplicada, tecnología, innovación o técnica ni son claras ni, sobre todo, tienen una secuencia bien definida. La necesidad de moverse rápido puso el motor de explosión sobre unas ruedas, de la misma forma que el coche determina absolutamente la forma de los asentamientos humanos del siglo XX en adelante, y ahora sus habitantes tienen que investigar en energías renovables para revertir los nocivos efectos de los combustibles fósiles.
La revolución digital ha acelerado exponencialmente todas estas cuestiones. Cuando un mismo factor —la información— es a la vez input, herramienta y output, la epistemología, la antropología y la sociología saltan por los aires —la paleontología pasa a estudiar lo que aconteció antes de ayer.
Una de las críticas clásicas a la tecnología de vanguardia es que es una solución en busca de problemas. Y que no deberíamos dejarnos llevar por solucionisme y aplicar acríticamente y sin criterio la última novedad en el mercado tecnológico. Y es cierto.
Pero es igualmente cierto que estas tecnologías, probablemente como nunca, cuestionan no sólo maneras de hacer sino maneras de ser y razones de ser de lo que dábamos por supuesto. En el ámbito de la democracia lo que estamos cuestionando no son conceptos nada menores: identidad, comunidad, representación, institución, poderes, reputación, transacción, trazabilidad, transparencia, agenda pública, masa crítica, agencia, formalidad, garantía, neutralidad, tendencia , territorio, moneda, ley, derecho, ciudadanía.
Comprender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, las cadenas de bloques y las tecnologías de libro mayor distribuido, el cifrado o las identidades electrónicas son maneras no sólo de encontrar soluciones a problemas reales, sino de avanzar y decidir a tiempo hacia dónde queremos que evolucionen los conceptos básicos que conforman nuestras democracias y, con ellos, nuestras propias sociedades. No estar presente en este debate es dar por hecho que lo que venga será el estándar de facto, sea el que sea. Las democracias suelen morir así, por inercia.
Entrada originalmente publicada el 12 de diciembre de 2020, bajo el título Solucions a la cerca de problemes i estàndards de factoen el número 39 de la revista Eines de la Fundació Irla dedicado a la Inteligencia Artificial. Todos los artículos publicados en ese medio pueden consultarse aquí bajo la etiqueta fjirla.
Las piezas son buenas, pero se ha sometido a sobreesfuerzo y se ha gripado.
El confinamiento –la pérdida de contacto físico entre profesores y alumnos– ha supuesto un cambio tan radical para él que no ha bastado el sobreesfuerzo que muchos están haciendo por superarlo. La sensación de trimestre perdido sólo es superada por el temor –el pánico– a perder el próximo curso. Entero.
No obstante, y aunque la crisis de la covid-19 es razón suficiente para el colapso del sistema, lo cierto es que este tampoco tenía ya mucho margen de maniobra. Iba apurado y el “súbito cambio de tercio” ha sido fatal. El sistema ha caído.
¿Por qué no tenía margen? ¿Por qué iba tan apurado?
El sistema educativo español tiene un gran problema: no sabemos para qué sirve
Hasta ahora el sistema había funcionado bastante bien. La enmienda a la totalidad no se aguanta con datos en la mano. En general, el sistema educativo español sale bien parado tanto en indicadores absolutos como relativos –los famosos ránkings. Y muy especialmente bien parado si comparamos no con otros países, sino con otros tiempos: el salto cualitativo y cuantitativo de los resultados educativos en España ha sido abismal en dos generaciones, porque ha sido un abismo lo que se ha saltado.
Para qué sirve la escuela
Pero el sistema educativo español tiene un gran problema: no sabemos para qué sirve. Y como no sabemos para qué sirve, no sabemos qué hacer con él. Especialmente estos meses de excepcionalidad, donde cada uno arrima el ascua de la escuela a su sardina particular.
Si uno busca qué dicen los pensadores sobre cuáles son las funciones de la escuela, ni siquiera en el plano teórico hay consenso. Desde emancipar a los (¿futuros?) ciudadanos hasta reproducir las relaciones de dominación entre el poder y las personas, el abanico de funciones es amplio y variado.
– Aprendizaje: la escuela como lugar donde se adquieren conocimientos para ser persona, para ser ciudadano y para incorporarse a la economía productiva.
– Socialización: la escuela como lugar que vela por la salud psicológica y la incorporación a la sociedad de la persona.
– Custodia: la escuela como lugar que trabaja por la justicia social, no solamente del escolarizado, sino de su entorno familiar próximo.
El primer frente es si la escuela debe seguir siendo el lugar de aprendizaje por excelencia o bien puede y debe abrirse el aprendizaje a los entornos virtuales
Estas tres funciones pueden definirse de mil formas y otorgar a cada una de ellas distintas amplitudes. La función de aprendizaje incluye un amplio rango de cuestiones y acepciones de qué es educación y qué es instrucción; la función de socialización se solapa, en parte, con el aprendizaje de ser ciudadano, así como la transmisión (y reproducción) de la cultura y valores de una sociedad; la función de integración tiene, a su vez, sus puntos de intersección con algunos ámbitos de la socialización. No es el objetivo de esta reflexión hablar de pedagogía, sino de política educativa: valgan estas (in)definiciones para ilustrar, precisamente, la falta de consenso sobre para qué sirve la escuela.
Aunque el debate de estas funciones tiene (la fecha es totalmente arbitraria) 250 años, en España no empieza a tomarse en serio hasta la primera década del s.XX, para verse interrumpido por la Guerra Civil y la dictadura y no retomarse hasta pasada la Transición.
Con los deberes todavía por hacer a nivel de política de país (a nivel de centros ha habido cientos de iniciativas interesantes), varios terremotos socioeconómicos han tenido lugar, entre otros: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, las crecientes migraciones internas y externas desde el segundo tercio del s.XX, la cronificación de las desigualdades a partir de la segregación social y la precariedad laboral y la revolución digital.
Con ello, se añade al debate pendiente sobre las funciones de la escuela dos debates más:
– Cómo transitamos de un paradigma centrado en la enseñanza a otro paradigma centrado en el aprendizaje. Aquí se gestan los dos grandes lemas educativos del s.XXI –aprender a aprender; aprender a lo largo de la vida– posibilitados y a la vez espoleados por la revolución digital, que permite el aprendizaje en cualquier sitio y en cualquier momento.
– Cómo transitamos de un paradigma centrado en el centro educativo (valga la redundancia) a un paradigma de organización del aprendizaje en un sistema educativo. Este debate tiene, además, dos frentes diferenciados: por una parte, la apertura del aprendizaje a espacios y actores no formales e informales (bibliotecas, museos, clubes y asociaciones… la familia); por otra parte, la interseccionalidad del aprendizaje junto con los factores de inclusión social y emancipación personal tanto de los menores como de sus familias (especialmente la mujer), entroncando con políticas de servicios sociales, de acceso al mercado de trabajo o de vivienda, por mencionar sólo unos pocos.
¿Recapitulamos? La crisis de la covid-19, y muy especialmente lo que vendrá después de ella, ha pillado a los sistemas educativos de todo el mundo sin haberse repensado. Hay avances aquí y allá. Pero no nos engañemos: no ha habido una transformación a fondo en ninguna parte del mundo. A lo sumo, ha habido transformaciones parciales –las más llamativas en el ámbito de la digitalización de las aulas, algunas en el apartado organizativo– pero nada a nivel de sistema. Mientras la inercia duraba, se ha podido ir capeando el temporal. Cuando ha habido que cambiar las cuatro ruedas del coche en marcha, el pánico a descarrilar ha colapsado el incipiente debate que había sobre la cuestión.
Los frentes abiertos del sistema educativo
Este debate no es otro que cómo habrá que volver a la escuela. Y a qué escuela. O escuelas. Y qué parte deberá suceder en casa. Y qué parte en la biblioteca, el centro cívico, el museo, el fab lab, el campus virtual, el móvil.
El problema es que este debate es una guerra. Una guerra que, como la de Afganistán, la de Irak, la de Siria o la crisis de Ucrania, es subsidiaria: con la excusa de la escuela, se enfrentan contendientes que poco o nada tienen que ver con la educación. Y lo hacen en tres frentes que, –esperemos que sin forzarlo demasiado–, vamos a hacer coincidir con las tres funciones de la educación que apuntábamos más arriba.
El segundo frente es si la escuela debe seguir siendo el lugar de socialización por excelencia o bien puede y debe abrirse a los entornos de aprendizaje informal
El primer frente es si la escuela debe seguir siendo el lugar de aprendizaje por excelencia o bien puede y debe abrirse el aprendizaje a los entornos virtuales. La digitalización ha cambiado para siempre tanto nuestro acceso a la información –uno de los pilares básicos del aprendizaje– como quién puede acompañarnos en nuestro desarrollo personal –el otro gran pilar del aprendizaje. No cabe ninguna duda, absolutamente ninguna, de que el aprendizaje (empezando por la enseñanza) tiene que apoyarse fuertemente en el acceso a la información digital y en la creación de comunidades (tácitas o explícitas) de aprendizaje (muchas de ellas virtuales, todas ellas facilitadas digitalmente). Sin embargo, la digitalización viene con tres condiciones: tener acceso a los dispositivos conectados, tener capacidad para usarlos y saber cómo y para qué vamos a utilizar la información que consigamos. Estas tres condiciones van estrechamente ligadas al desarrollo socioeconómico del individuo. Y sabemos, también, que la digitalización no suma: multiplica. Si el punto de partida es positivo, multiplica los resultados para bien. Si el punto de partida es negativo, multiplica la situación a peor. El dilema está servido: digitalizar, sin más, ahonda las desigualdades; no digitalizar es igualar por abajo.
El segundo frente es si la escuela debe seguir siendo el lugar de socialización por excelencia o bien puede y debe abrirse a los entornos de aprendizaje informal. La creciente segregación y desigualdad en la sociedad española se acentúa en la escuela. El debate de la escuela como socializadora está moviéndose hacia el concepto de entorno educativo. Como sucede con la digitalización, todo lo que sucede en la periferia del centro educativo acaba no sumando sino multiplicando los activos (y pasivos) que uno trae de casa. Extraescolares, asociaciones deportivas, educación en el tiempo libre, bibliotecas, museos, padres con altos niveles de formación, padres con ganas y tiempo de ser padres. De nuevo, es abrumadora la evidencia de que la socialización debe extenderse fuera del centro. Extender la socialización del centro educativo al entorno de aprendizaje tiene impactos positivos en el desempeño académico, en la salud (física, psicológica, emocional) y en los diversos vectores de inclusión/exclusión social y económica. El monopolio de la escuela como lugar de socialización se acabó. Lo contrario es acentuar la segregación, la que se da de forma creciente tanto entre los diferentes modelos de escolarización (pública, concertada, privada) como la que se da dentro de esos mismos modelos (entre escuelas públicas, por ejemplo). Lo que nos trae un nuevo dilema, aquí ya paradoja: la escolarización aumenta la justicia social y, al mismo tiempo, acentúa la segregación social.
Extender la socialización del centro al entorno tiene impactos positivos en el desempeño académico, en la salud y en los vectores de inclusión/exclusión social y económica
La última batalla se libra es en el ámbito de la custodia y no es otro que si los niños tienen que estar con sus familias o bien “aparcados” en la escuela. La función de la escuela de custodia no es nueva (no hay que ser experto en etimología para saber de dónde viene guardería), pero su importancia ha crecido en las últimas décadas y se ha colocado en el mismísimo ojo del huracán con la cuestión del confinamiento y el teletrabajo, factores que han marcado claramente el impacto diferencial que ha tenido (y tendrá) la crisis. Más allá de quién se queda con los niños si tenemos que ir a trabajar está la cuestión de sobre quién recaen los cuidados en nuestra sociedad, la conciliación familiar, el encogimiento del tamaño de las familias (antes compuestas por familiares de hasta tercer y cuarto grado). Esta cuestión, que tiene en la educación gratuita de los 0 a 3 años su mascarón de proa, tiene múltiples ramificaciones en la lucha por los derechos de la mujer, en la mejora del desempeño académico, en el funcionamiento del ascensor social a través del impacto en las futuras rentas y, en consecuencia, en la recaudación de impuestos.
Retomar la escuela o transformar el sistema educativo
El debate de las últimas semanas se ha centrado en cómo retomar la escuela, cómo retomar la normalidad o la nueva normalidad.
No obstante, en el debate de cómo retomar la escuela se han colado los frentes que permanecen abiertos por no haber hecho los deberes a tiempo. Deberes que no ha hecho la sociedad en su conjunto –no solamente las instituciones políticas, no solamente las instituciones educativas– y que llevan como mínimo dos décadas sin prácticamente plantearse en serio y de forma sistémica.
Porque de esto, de sistemas, va el asunto: el “problema de la escuela” no es sobre qué deben o pueden hacer los centros, o los equipos de docentes dentro de su centro. Sino si hay que pensar en términos de sistema educativo y de si este sistema educativo puede seguir limitándose a unas escuelas vagamente coordinadas por una ley, un currículum y una serie de recursos mejor o peor articulados por el territorio.
La educación requiere una visión interseccional, como ocurre con la cuestión del género. De lo contrario, las soluciones propuestas son parciales y rápidamente se deslizan por la pendiente de los ejes del privilegio, la dominación y la opresión, como bien se ha demostrado al considerar el enorme potencial emancipador o de exclusión (según la posición de quien lo mire) de la digitalización, la socialización o la segregación y la conciliación o el problema de la custodia.
Cómo debe ser la escuela tras la crisis es una mala pregunta. Mala porque no va a la raíz de los problemas, a las causas, al por qué. Por qué, o para qué, una escuela, por qué, o para qué, un sistema educativo, por qué, o para qué, un instrumento de política pública (y la educación pública lo es, por antonomasia) son las preguntas que debemos hacernos. Ahora y siempre.
A la hora de plantear la sostenibilidad, la escalabilidad y el impacto transformador de la participación ciudadana, deviene estratégico el fomento y articulación de un ecosistema de participación global que comparta los mismos valores, visión y objetivos. Este modelo de participación, además de ser compartido tiene que ser eficaz y eficiente, per lo cual se considera necesario que comparta, también, unas infraestructuras globales en el ámbito de la participación. Estas infraestructuras son, entre otros, una Administración coordinada a todos los niveles que optimice los recursos disponibles, un sector empresarial que comparta el modelo de participación y colabore en su mejora, unas metodologías de consenso, una tecnología que incorpore en su diseño estos valores y metodologías y, por último, una red de actores de la formación que comparta marcos competenciales, conceptos y recursos de aprendizaje.
Red de equipamientos públicos dentro de un ecosistema de participación ciutadana
La Administración (tomada en su conjunto) dispone de varias redes de equipamientos cívicos —telecentros, bibliotecas, centros cívicos, centros de jóvenes y de gente mayor, etc. Un ecosistema de participación ciudadana puede colaborar con las redes de equipamientos públicos de la Administración superponiendo una (nueva) capa de innovación democrática a la red existente de equipamientos. Se trata, entonces, no de crear una nueva red de equipamientos, sino de ofrecer a las existentes un portafolio de servicios relacionados con la participación ciudadana, la calidad democrática y la innovación social en política y democracia, de manera que enriquezcan y complementen lo que actualmente ofrecen al ciudadano.
Al mismo tiempo, se trata de contribuir a la ya iniciada transformación de los equipamientos cívicos, de equipamientos que dan servicios a equipamientos que se convierten en infraestructuras ciudadanas.
La entrada en la sociedad de la información, así como los adelantos en todos los ámbitos de las ciencias sociales, hacen que la misión y organización de estos equipamientos estén en proceso de redefinición. Entre otros, hay algunos aspectos de este proceso de redefinición que queremos destacar:
La evolución hacia modelos más centrados en el ciudadano, donde la asistencia y el acompañamiento dejen lugar también a estrategias de apoderamiento.
El modelo de gobernanza del equipamiento como factor importante en la consecución de su misión, el diseño organizativo y los servicios que ofrece.
La inclusión de elementos de innovación social para el co-diseño y co-gestión de los centros.
La incorporación de códigos éticos y de integridad, así como de calidad democrática tanto en el funcionamiento como en los valores intrínsecos de los servicios.
Objetivos de la red de equipamientos públicos dentro de un ecosistema de participación ciudadana
Estratégicos
Convertir los equipamientos cívicos en espacios de referencia en el municipio en materia de participación ciudadana.
Sensibilizar a los ciudadanos sobre la calidad democrática, la participación ciudadana y la innovación en procesos políticos y democráticos.
Acompañar al mundo local en proyectos de participación ciudadana e innovación social en procesos políticos y democráticos.
Acompañar a los ciudadanos en los procesos de participación ciudadana, incrementar su participación y abrir el abanico sociodemográfico de los participantes.
Impulsar proyectos de innovación social en el ámbito de la acción cívica, la política y la democracia.
Operativos: procesos de participación
Capacitar a los dinamizadores de los equipamientos cívicos en conocimientos de Gobierno Abierto: transparencia, datos abiertos y participación.
Creación de un protocolo de mediación digital en materia de participación ciudadana para los equipamientos públicos de la Administración, con el objetivo de acompañar a los ciudadanos con menor competencia digital en procesos de participación en línea.
Acompañar a los ciudadanos que tengan más dificultades para participar en los procesos de participación ciudadana en plataformas digitales.
Implicar ciudadanos expertos en plataformas digitales de participación en el acompañamiento de los ciudadanos menos conocedores de las plataformas o con mayores dificultades para utilizarlas.
Operativos: innovación social en política y democracia
Capacitar los dinamizadores de los equipamientos cívicos para que sean agentes promotores de creación de proyectos de innovación democrática.
Ayudar los ciudadanos a definir, pilotar, replicar y escalar proyectos de innovación social en el ámbito de la acción cívica, la política y la democracia.
Fomentar y apoyar al desarrollo de proyectos de innovación democrática dentro de lógicas de innovación social.
Articular redes de innovación social en materia de democracia a nivel local.
Estandarizar y posibilitar la replicabilidad y escalabilidad de los pilotos de innovación democrática.
En junio de 2019 me escribió Bernat Puigtobella. Me invitaba a reflexionar para las páginas de la revista Barcelona Metròpolis sobre un tema interesante:
En los últimos años ha aparecido una nueva concepción de la cultura que ha puesto el foco en la participación y las prácticas comunitarias. La incubación de proyectos culturales hoy ya no se valora sólo a partir de su retorno económico o impacto mediático sino por su capacidad transformadora para crear conciencia ciudadana, ataduras, tejido ciudadano, comunidad, etc. […] Estas nuevas prácticas comunitarias nos invitan a preguntarnos qué rol tendrán los artistas y creadores en este nuevo marco en el que los ciudadanos están invitados a ser co-creadores y no meros receptores. […] ¿Crees que la participación puede ser un fin en sí misma o debe ser un medio para alcanzar objetivos ulteriores? ¿Qué espacio reservamos al artista en este nuevo ecosistema cultural?
Esto es lo que salió:
Artivismo, hacktivismo y cooperactivismo
La tentación de traspasar la cuarta pared para convertir al espectador pasivo en un actor partícipe de la obra no es nueva. Tampoco lo son el arte y la cultura para la transformación social.
La revolución que supone que todo lo que hacemos se convierta, de forma automática, un hecho comunicativo global ha dado un nuevo significado a este arte que comunica para transformar. La introducción de la cotidianidad en la creación —como los objetos encontrados de Duchamp o lo más popular en Andy Warhol—, del transeúnte —como en las performances de Abramovic— o de la propia intimidad y persona —el caso de Ai Wei Wei— han visto multiplicado exponencialmente su alcance así como su configuración.
El artivismo y la performance son así precursores del hacktivismo y el cooperactivismo: espacios de redefinición cultural donde la reflexión, la estética y el impacto se dan a menudo de forma más articulada que programada, donde el creador teje una red posibilitada por actores en contacto mediante pequeñas expresiones culturales: datos, memes y líneas de código.
Cuando todo es comunicación, cuando todo el mundo puede comunicar, basta con que unos cuantos nodos tomen conciencia para que la práctica comunitaria sea acción cultural, creando tendencia, facilitando masas críticas, desarrollando patrones.
Vivimos en un mundo transmedia con muchas historias, formatos y canales. Como en una realidad cuántica, será arte, cultura, entretenimiento, acción política o transformación cívica dependiendo de cuando abramos la caja de Schrödinger. Que dentro nos encontremos a un creador, un rebelde o un impostor dependerá de cuando la abrimos. Y si la abrimos.
Convirtiendo participación en soberanía: el caso de decidim.barcelona
Durante 2016 and 2017 participé en una investigación dirigida por IT for Change, dentro del proyecto de investigación titulado Voice or Chatter? Using a Structuration Framework Towards a Theory of ICT-mediated Citizen Engagement (Voz o blablabla? Utilizando el marco de la estructuración para una teoría de la participación ciudadana mediada por las TIC), y bajo el paraguas del programa de investigación Making All Voices Count (Haciendo que todas las voces cuenten). Mi investigación analizó a fondo el caso de Decidim, la iniciativa de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar de forma colectiva el plan de actuación municipal para 2016-2019.
La participación ciudadana está entrando en una nueva era: la era de la tecnopolítica. Nuevas formas de organización, de coordinación, de acción cívica aupadas por una nueva ética y nuevas metodologías, y todo ello posibilitado por nuevas herramientas, espacios y actores.
No obstante, esta nueva era de emancipación ciudadana sigue requiriendo –probablemente más que nunca– unas instituciones democráticas especialmente responsivas a los cambios que están acaeciendo en la calle. Instituciones que se adapten, que innoven y que, en definitiva, se transformen para seguir siendo cadena de transmisión entre la voluntad de los ciudadanos y la toma de decisiones colectivas.
Este volumen analiza cómo el Ayuntamiento de Barcelona ha planteado esta transformación, y los impactos que la nueva estrategia puede suponer en los significados, las normas y el poder en la relación Administración-ciudadano. Supone un nuevo tablero de juego, aunque el resultado final de la partida todavía es incierto.
Las elecciones municipales de 2015 trajeron a muchas ciudades españolas lo que ha sido etiquetado como “ayuntamientos del cambio”: ayuntamientos cuyos alcaldes y representantes electos provienen de partidos que emergieron del Movimiento del 15M. Muchos de ellos, liderados por Madrid y Barcelona, intentaron incorporar a su acción de gobierno las mismas prácticas tecnopolíticas que tan útiles probaron ser para articular un amplio movimiento en plazas y calles.
Pero no solamente se pusieron en marcha las prácticas para la toma de decisiones a nivel local. También el ethos y los valores que las acompañaban acabaron guiando, con mayor o menor éxito, la relación entre el gobierno local y la ciudadanía. Estos valores orbitan el empoderamiento ciudadano, la participación, el compromiso y, en su expresión más ambiciosa, la devolución de soberanía del gobierno al ciudadano.
Este libro se centra en el entorno socio-político donde este fenómeno tiene lugar, especialmente en Madrid y Barcelona, las dos mayores ciudades del estado con dichos ayuntamientos del cambio, y cómo se desarrolló en Barcelona durante los primeros meses de 2016 durante la definición del Plan de Acción Municipal. Usando la Teoría de la Estructuración de Anthony Giddens, se evalúan ya no los resultados e impactos finales de este giro tecnopolítico en la toma de decisiones – seguramente demasiado pronto para ello – sino, por lo menos, los principales cambios en los significados, las normas y el poder que, como puntos de inflexión, pueden arrojar luz sobre las principales tendencias que estos movimientos políticos pueden estar desatando.
En la Parte I elaboramos un Documento de Política – Incrementando la calidad de la democracia mediante la devolución de soberanía – donde se presentan los principales vectores de cambio, los principales movimientos provocados por este nuevo ethos, y las claves y cuestiones a tener en consideración para entender los cambios cualitativos que, en nuestra opinión, ya forman parte del actual escenario político.
En la Parte II – Participación ciudadana mediada por las TIC en España: un estado de la situación – repasa el fenómeno de la e-participación desde los principios del s.XXI hacia adelante y, muy especialmente, durante los hechos del 15M, proponiendo que las recientes iniciativas de participación mediada por las TIC en los municipios del cambio están muy lejos de ser meros ejercicios para sondear a los ciudadanos y son, en cambio, la punta de lanza de una red de ciudades para la tecnopolítica. Exploramos de forma crítica el papel de las TIC en la reconstrucción de la política en España y cómo desembocaron en los nuevos experimentos de democracia participativa como Decide Madrid, puesto en marcha en Madrid para apoyar el plan estratégico participativo del municipio, y decidim.barcelona, el proceso participativo de la capital catalana inicialmente inspirado en el anterior.
Esta parte aporta una visión general del marco legal e institucional en el ámbito de la participación mediada por las TIC en España. La primera sección describe el marco de las libertades políticas y cívicas en España. En la segunda sección se hace un mapa del panorama de la participación ciudadana mediada por las TIC. En la tercera sección, entraremos en las implicaciones de la mediación tecnológica para la democracia deliberativa y la ciudadanía transformadora.
La Parte III – El caso de decidim.barcelona. Utilizando un marco de la Estructuración para una teoría de la participación ciudadana mediada por las TIC – analiza el desarrollo participativo del Plan de Acción Municipal (PAM) de Barcelona 2016-2019 que debía regir toda la legislatura. La primera sección repasa el contexto general de la ciudad en términos de participación política digital y explica el diseño y funcionamento general del nuevo plan y su proceso participativo. La segunda sección explica la metodología para el análisis, que se desarrolla en la tercera sección.
Siempre se ha dicho que la solución a las aspiraciones secesionistas del independentismo sólo tiene dos caminos: el pacto con el Estado español, y la confrontación violenta. O se celebra un referéndum pactado, o se gana una guerra de secesión. No hay más.
¿No hay más?
No.
La vía de la desobediencia
Hay una vía intermedia, la desobediencia, que tiene que ver con la distinción que Johan Galtung hacía de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Estas dos últimas son invisibles y tienen que ver, la estructural, con la diferencia de oportunidades, la discriminación y, en general, con el trato desigual que las instituciones hacen con algunos ciudadanos; la cultural es similar, pero a nivel individual o personal: indiferencia, odio, desprecio.
El independentismo catalán se ha situado tradicionalmente en la lucha no-violenta contra estas violencias estructurales y culturales. En los últimos meses se ha hecho especialmente patente esta lucha contra una percepción de violencia estructural por parte del Estado español: no reconocimiento del derecho a decidir, arbitrariedad judicial, censura, represión de las libertades ciudadanas (especialmente la libertad de expresión), manipulación de los medios, discurso del odio, ataques a entidades de la sociedad civil, etc.
No entro ahora a juzgar si estas percepciones se corresponden con la realidad o no. La cuestión es que el independentismo, tras intentar pactar con el Estado y rechazar de plano la violencia directa, ha optado por esta vía intermedia de la desobediencia, consistente en poner de relieve estas cuestiones y, en la medida de lo posible, desobedecer normas que se percibían como injustas. El referéndum del 1 de octubre sería el ejemplo paradigmático de esta desobediencia pacífica contra la violencia estructural del Estado.
En el otro extremo, en el llamado bloque unionista, se ha promovido una visión totalmente opuesta a la del independentismo. Por un lado se ha negado la violencia estructural (el derecho a decidir no existe, no es cierto que se pasara el cepillo por el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, etc.) o la violencia cultural (las amenazas fascistas a personas y entidades catalanistas son puntuales o no merecen castigo, las manifestaciones de catalanofobia de algunos medios no son tales o caen dentro de la libertad de expresión, etc.). Por otra parte, y éste es, para mí, un salto conceptual ilegítimo, se ha equiparado la desobediencia a la violencia directa. Así, los que unos ven como una pacífica lucha contra la violencia estructural y cultural, otros lo ven como una violencia tácita que induce a la violencia directa. Este es el razonamiento, entre otros, del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero secundado por un gran abanico de espacios políticos que equiparan la desobediencia con la violencia directa y, por tanto, con las penas máximas que estipula el Código Penal.
De la violencia estructural a la violencia directa
Esta posición, desde mi punto de vista, no sólo refuerza la violencia estructural, sino que, en su extremo, la represión de la desobediencia entra ella misma en la violencia directa: es violencia directa apalear 1.000 personas que salen pacíficamente el 1 de octubre y es violencia directa poner en prisión a cargos electos y activistas que han ejercido también la desobediencia. Sin querer tampoco entrar aquí a debatir sobre Teoría del Derecho y sobre el Código Penal, me parece muy discutible hablar de rebelión sin violencia directa, y hablar de incitación a la violencia cuando tampoco ha habido violencia.
En resumen, tenemos el independentismo instalado en la vía de la desobediencia y el unionismo avalando por activa o por pasiva una vía que conduce a la violencia directa (evidentemente de mucho menor intensidad que la confrontación armada, pero conceptualmente en el mismo bando) por parte del Estado, violencia directa que se suma a la cultural y la estructural.
El soberanismo no independentista — lo que generalmente englobamos en Catalunya como Comunes y en otras partes del estado como mareas y confluencias (entre otras reificaciones del 15M), a pesar de sus diferencias internas en composición y en ideología — han querido quedarse en el bando del pacto. En un mundo binario — pacto o confrontación violenta — seguramente es la posición que se esperaría desde el respeto por la democracia y las instituciones. En un mundo más complejo, como el que he descrito más arriba, esta posición tiene sus detractores incluso dentro del respeto por la democracia y las instituciones.
Salgamos por un momento de la política territorial o identitaria y entremos en el machismo o el racismo.
La posición ante la violencia estructural
Las mujeres o las personas negras tienen una aparente igualdad formal en relación a los hombres o a las personas blancas. Pero las mujeres o las personas negras saben, porque lo viven cada día, que más allá de la ausencia de violencia directa, sufren violencia estructural o violencia cultural. La estructural es el techo de cristal, las diferencias salariales, la prioridad de la medicina hacia la investigación con y para los hombres. La cultural es la denigración, los estereotipos, el enorme rango de actitudes y acciones machistas en el día a día, cada día.
Ante el machismo o el racismo cada vez hay mayor consenso que no basta con garantizar las cuestiones formales, sino que hay que ir más allá. La discriminación positiva es el ejemplo más visible, pero hay otros que caen dentro de lo que hemos ido llamando la lucha contra los micromachismos, el machismo banal, el machismo institucional y un larguísimo etcétera. Y lo mismo con el racismo.
Con las enormes diferencias que existen entre los tres casos, las mujeres, los negros y los independentistas se enfrentan a la violencia estructural y cultural. Y esperan de sus compañeros que les ayuden a hacer visible esta violencia no directa por no estar formalizada, a desobedecer lo injusto, a luchar activamente para cambiar la estructura y la cultura de la sociedad.
Y volvemos sobre nuestro caso. En el independentismo, esta violencia estructural y cultural comienza con el discutido derecho a decidir, pero progresa rápidamente sobre el ejercicio y el aprendizaje de la propia lengua, el cuestionamiento de algunas instituciones (como la monarquía), la censura velada de algunas de estas ideas, la censura no tan velada, el encausamiento de la disidencia (humoristas, cantantes, artistas) para acabar con la persecución y encarcelamiento de personas por sus ideas y no por sus hechos.
Lo que el independentismo pide al resto del soberanismo no es que luche por sus propias convicciones (un nuevo estado), ni tampoco pide que luche por unos determinados instrumentos (un referéndum vinculante), sino contra la violencia que el Estado y una parte de la sociedad ejerce contra un colectivo de ciudadanos.
La asimilación de la posición del soberanismo no independenstista a la posición del unionismo, o las acusaciones de equidistancia son, en mi opinión, maniqueas y, por tanto, muy criticables: no es lo mismo inhibirse de una situación de injusticia que ejercerla. Ahora bien, el razonamiento que conduce a estas críticas tiene una parte de fundamento: inhibirse ante situaciones de injusticia, aunque no es lo mismo que ejercerla, contribuye a perpetuarla.
Las izquierdas ante la violencia estructural
Esta última cuestión es, además, especialmente importante desde las izquierdas.
De las muchísimas definiciones que se puede hacer de qué es la izquierda, una de mis preferidas tiene que ver con el querer recorrer el camino que va de la igualdad a la equidad, es decir, de tratar a todo el mundo igual a dar las mismas oportunidades a todos.
La equidad a veces requiere un trato no igualitario, y a veces requiere trabajar activamente (aquí el adverbio es importante) para eliminar las barreras que se interponen ante la igualdad de oportunidades, que evitan la equidad.
Cuando independentismo, y muy especialmente la izquierda independentista, ve algunos de sus derechos vulnerados (ve que el sistema ejerce violencia contra algunas personas), lo que pide no es igualdad, no es un referéndum pactado: pide equidad, pide lucha contra quien vulnera derechos o los vuelve en contra de un colectivo.
No nos debe sorprender, pues, que haya sido con la izquierda independentista donde el soberanismo ha topado más fuerte en estas cuestiones, dado que ha percibido que una parte de la izquierda no defendía algunos derechos con la misma intensidad que otros, dado que ha percibido que era un tema de equidad y no de igualdad, dado que ha percibido que la izquierda no hacía de izquierda en algunos flancos.
No deja de ser paradójico que la izquierda no independentista haya criticado eso mismo al independentismo: que se aliara con la derecha para conseguir sus fines.
Pero son, en mi opinión, dos planos diferentes: mientras puede ser censurable (o no: es otro debate) que derecha e izquierda pacten una determinada política pública, no puede serlo nunca para trabajar conjuntamente por la igualdad de oportunidades o para luchar contra la violencia estructural o directa. La segunda cuestión es sobre el terreno de juego; la primera sobre qué partida queremos hacer.
El punto de encuentro
La solución a este desencuentro es tan simple como difícil de llevar a cabo. Simple, porque hay dos aproximaciones más o menos inmediatas a hacer. Difícil porque son aproximaciones que piden determinación ideológica y, en el caso de los partidos, orgánica y asumir riesgos electorales.
La primera aproximación es que quien se dice demócrata debe desmarcarse del bloque represor en la defensa de los derechos. Y la defensa debe ser activa, no basta con sentarse a esperar un referéndum pactado. Tampoco basta con buscar este pacto. La izquierda no independentista ha de añadirse al independentismo en la desobediencia de todo lo que vulnera los derechos de los ciudadanos. No para defender el independentismo, sino para defender a los ciudadanos, voten lo que voten, piensen lo que piensen. Tal y como lo haría si se tratara de la lucha contra el machismo o contra el racismo. Porque hablamos de derechos, no de políticas. Y eso, en general, no ha pasado.
La segunda aproximación es que la desobediencia debe desmarcarse de las instituciones. Es decir, son las personas las que desobedecen, nunca las instituciones. En algunos casos la frontera puede ser poco clara (p.ej. un diputado, ¿desobedecería como persona o como institución?), pero en otros casos la frontera no es difusa y se ha traspasado. Aquí es donde la sociedad civil debe jugar un papel fundamental que, a menudo, los partidos han querido capitalizar e incluso liderar. La confusión de estas dos esferas, la institucional y la ciudadana, no puede volverse a dar.
Este doble pacto — más determinación en la defensa de los derechos y contra la violencia estructural y cultural, por invisible que sea; separación de las instituciones de la desobediencia civil — son dos pasos claros que pueden darse. Hacerlo pide valor y compromiso. Pero compromiso con los instrumentos, no con los fines. Al fin y al cabo, el republicanismo tiene muchos encajes territoriales, pero este aspecto es sólo el 1% de todo el camino que hay que hacer.
La izquierda tiene la costumbre de empezar por lo que la separa y no en lo que la une. Por una vez, podría invertir el orden de su acción política.
