En un momento de su comparecencia, Colau se refirió al compareciente que la había precedido, Javier Rodríguez Pellitero, Vicesecretario General de la Asociación Española de Banca, en los siguientes términos: No le he tirado un zapato porque he entendido que debía seguir aquí. Este señor es un criminal, calificaciones que posteriormente valieron a Colau la censura del presidente de la mesa, el diputado Santiago Lanzuela:
El suceso, como era de prever, ha recibido gran atención, tanto por las formas de la primera como por la reacción del segundo. En mi opinión, no obstante, hay mucho más que analizar más allá de las formas, y es precisamente en la intervención de Lanzuela donde hay cuestiones de fondo en las que vale la pena detenerse.
Empezaré diciendo que, personalmente, no comparto el trato descalificador hacia Rodríguez Pellitero. Sea merecido el calificativo o no, empatice uno o no con la causa de la PAH y las personas que representa, el debate se encona y se esteriliza al faltar al respeto a los interlocutores, aún en el caso que estos hubieran podido faltar al respeto, de palabra o de obra, con anterioridad a otras personas. En este sentido, la censura del presidente de la mesa me pareció pertinente. Es, no obstante, una cuestión de formas donde cada uno tendrá una opinión y, por tanto, ni llegar a un acuerdo sobre la cuestión es probable ni tampoco muy importante.
Lo que merece más análisis, decía, es lo que se infiere de otras palabras de Lanzuela, que a mi parecer, apuntan a cuestiones de fondo y por tanto de mayor trascendencia.
En su interpelación, dice el presidente a Colau usted ha sido invitada aquí, ha venido usted invitada con toda cordialidad. Estas afirmaciones, aunque son formalmente correctas (sí, es el «Congreso» quien invita a alguien de «fuera» a ir allí), en realidad esconden un grave error de concepto. Dice el Art. 1.2. de la Constitución Española que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Técnicamente, no son los ciudadanos los que son invitados a asistir al Congreso: son los diputados los que han sido invitados por los ciudadanos a representarles en el Congreso.
Este giro semántico — que puede parecer una frivolidad para muchos — contiene en él las dos formas de entender un Parlamento: como el único lugar donde pasa la Política «con mayúsculas», o como un instrumento para hacer posible el ejercicio de la democracia con cierto nivel de eficacia y eficiencia, habida cuenta de que 47 millones de españoles no pueden coincidir en el espacio y en el tiempo para discutir todas y cada una de las cuestiones que les afectan como colectivo.
La segunda acepción es la que origina los parlamentos modernos ante la imposibilidad de reeditar la democracia griega. La primera acepción es la corrupción del concepto de política, ya que expulsa de él todo lo que no sucede dentro de las paredes del Parlamento: es política lo que sucede en el Parlamento y solamente lo que sucede en el Parlamento es política. Lo que pasa en la calle, no sabemos lo que es pero no es política.
Esta percepción de la política se refuerza con otra afirmación de Lanzuela:
Aquí, quienes estamos representamos a todos los españoles a través de unas urnas. Entonces usted viene con la legitimidad que crea usted adjudicarse con muchas firmas y con mucha gente. Aquí, los que estamos representamos a todos los españoles después de haber pasado por unas urnas y democráticamente respetando las reglas del juego democrático
El primer comentario es por construcción: cuando un diputado se legitima amparándose en las elecciones y en oposición a plataformas ciudadanas o a quien se manifiesta o protesta en la calle, ¿se da cuenta de que los ciudadanos que protestan y los ciudadanos que votan son en esencia la misma cosa?
El segundo comentario viene a reforzar lo ya mencionado más arriba: las elecciones, los parlamentos, la democracia representativa es una forma de canalizar los recursos para que la toma de decisiones sea más eficaz y más eficiente. Pero ello no excluye otras formas ni de debate, ni de participación ni, ni mucho menos, de toma de decisiones. La apelación a las urnas es, a menudo, una expropiación del ciudadano de las muchas otras formas que tiene de hacer política, que son suyas, que le pertenecen, sobre las que es totalmente soberano (la Constitución, recordemos), siendo el Parlamento solamente una, muy importante, pero en definitiva indirecta y subóptima (siendo el óptimo, claro está, decidir por uno mismo cuando ello sea posible).
Lanzuela denigra esas otras formas de hacer política por partida doble: con el repetido hincapié al «aquí» (en contraposición al «ahí fuera»), y poniendo en duda, condescendientemente además, no la representatividad de Colau sino la voluntad de un millón de personas al firmar una iniciativa legislativa popular, esa Cenicienta de la democracia a la que no se quiere invitar al baile.
El tercer comentario, con mayor carga moral y de especial relevancia en momentos de corrupción galopante, es la consideración de las elecciones como un préstamo o como un contrato con la ciudadanía, con el votante. Más que un cheque en blanco que expira a los cuatro años — que es como habitualmente se entienden las elecciones desde los cargos electos, y a las pruebas me remito —, un voto es un contrato por el cual el ciudadano presta soberanía a un candidato, que «vende» a cambio un programa electoral que luego (1) hay que llevar a cabo y (2) rendir cuentas sobre qué y cómo y hasta dónde se ha llevado a cabo dicho programa. Y ese contrato, insisto, es continuo, no discreto (de 4 en 4 años). Dado que las políticas toman su tiempo, y dado que las elecciones son costosas, el contrato se renueva automáticamente cada día por la mañana. Pero solamente si ambas partes han cumplido con lo acordado.
Cada vez que se utiliza la legitimidad de las urnas para justificar una suerte de superioridad moral de los cargos electos, habría que auditar si ese contrato sellado por esas urnas ha sido cumplido por ambas partes.
Toda esta reflexión ayuda también a comprender porqué el presidente de la mesa, ante la vehemencia de Colau, interpreta que nos ha hecho amenazas a los diputados y diputadas. Es tanta la distancia que han interpuesto algunos representantes públicos entre ellos y quienes dicen representar que las demandas de un grupo de ciudadanos se interpretan como amenazas.
Y es también de un sesgo descorazonador creer que todas y cada una de dichas demandas se dirigen contra un determinado grupo político u otro. Por norma general, a los ciudadanos no les importa quién lleve a cabo sus demandas, quién cubra sus necesidades, siempre y cuando aquellas se atiendan y estas se vean satisfechas. Que a menudo haya una coincidencia entre un tipo de demandas y un determinado color político no deja de ser una circunstancia, una mera cuestión instrumental. Y ayer, esa circunstancia, ese instrumento era Ada Colau, era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que estaba en su casa, con toda la legitimidad del mundo.
En los últimos años, los ciudadanos españoles — aunque también los de muchas otras partes del mundo — han visto como muchos de los avances en logros sociales conseguidos después de la Dictadura — o de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de otros países — no solamente echaban el freno, sino que ponían marcha atrás. Esta tendencia se ha recrudecido con la crisis financiera, cuyo causa y consecuencia ha sido y es una profunda crisis de gobernanza.
Los ciudadanos han visto como, sin diálogo alguno por parte de las instituciones democráticas,
Se recortaban los recursos para la educación pública, a pesar de los pésimos indicadores tanto en desempeño como en permanencia en el sistema, y mientras se mantenían o reforzaban partidas para la educación concertada o la asignatura de religión (en un estado laico).
Se cercenaban los recursos para la sanidad pública, a pesar de los reiterados intentos del sector de proponer recortes más selectivos (no universales), o se privatizaba la misma, al tiempo que la confusa línea entre política y empresa permitía a los mismos que privatizaban recuperar esos servicios desde sus empresas afines.
Se penalizaba duramente la inversión en investigación, desarrollo e innovación, a pesar de las muchas denuncias sobre la necesidad de mantener dicho motor del desarrollo y el progreso en marcha, privando al país no solamente de éxitos futuros, sino directamente expulsando las inversiones realizadas en el pasado en forma de capital humano.
Se hacía imposible para muchos seguir pagando por su vivienda al mismo tiempo que se imposibilitaba el dejar de hacerlo, dándose la creciente paradoja de los desahuciados con hipoteca.
Etc.
Todas estas políticas serían legítimas de haber sido debatidas y pactadas los ciudadanos con las instituciones de la democracia. Si es cierto que no hay recursos con los que mantener determinados bienes y servicios, lógico es que las instituciones y los ciudadanos decidan, conjuntamente, cómo proceder: disminuyendo la provisión de bienes y servicios, aumentando los recursos, escogiendo dónde aplicar el recorte o la nueva fuente de ingreso.
Este diálogo no ha tenido lugar, y por ello los ciudadanos están siendo desposeídos del estado del bienestar.
No ha lugar referirse a las elecciones como punto donde tuvo lugar el diálogo entre instituciones y ciudadanos: la violación masiva y sistemática de las promesas y programas electorales dejan las elecciones en papel mojado. Jamás se vio un contrato roto por tantos sitios y de forma tan reiterada.
Pero lo peor no es la desposesión sistemática de los logros del pasado. Lo peor es la desposesión de los derechos democráticos en sí mismos, del acceso a una democracia plena y de calidad.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder ejecutivo. Gobiernos que, además de romper promesas y programas, se escudan tras una Ley de Transparencia redactada para el s.XX, que en el fondo jamás se quiso redactar. Unos gobiernos que toman decisiones — a lo mejor necesarias — pero ya no sin consultar, sino sin tan solo explicar o fundamentar.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder legislativo. Parlamentos a los que únicamente se puede acceder a través de la opaca, arcana, inexpugnable maquinaria del partido. Partido que utiliza la cooptación y el vasallaje para construir sus listas, expulsando a su paso talento y pensamiento crítico. Partido o partidos que están corrompidos hasta el tuétano, por financiación ilegal o por soborno, con cientos de imputados y condenados a lo largo y ancho del estado, con independencia del color político y el nivel de administración, de la estatal hasta la local.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder judicial. Un poder judicial diseñado por el sistema de partidos. Un poder judicial que se utiliza para tumbar las leyes que se perdieron en el parlamento, o para tumbar las informaciones que se perdieron en los medios. Un poder judicial que es ninguneado por los indultos del ejecutivo. Un poder judicial lento, ineficaz y privatizado que es más arma arrojadiza de un bullying cualquiera que no herramienta de justicia social.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la información. Unos medios de comunicación abrasados por el calor de la política y los intereses económicos. Medios que tapan, enmudecen, ensordecen, se ciegan, que condescienden con su aquiescencia, que se atrincheran. Medios que beben acríticamente de las declaraciones y las notas de prensa, medios que tienen automatizada la publicación de teletipos de agencia, sin filtro alguno.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la sociedad civil organizada. Unas organizaciones no gubernamentales que solamente lo son ya en el nombre. Las unas, por partidizadas — porque politizadas sería bueno que lo fuesen todas, mucho más —; las otras, por proveer servicios públicos que la administración ha externalizado convirtiéndolas en sus satélites. En definitiva, bozales para que no se muerda la mano que da de comer. ONG y sindicatos que se han burocratizado como un partido o un gobierno más.
Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la calle. Ante la falta de alternativas, de acceso a las instituciones de la democracia, el ciudadano se ha volcado a la calle. Allí, se ha prohibido, perseguido y criminalizado no la disensión, sino el mismo debate, el diálogo. Plataformas y movimientos trabajan para hacerse sitio entre las instituciones democráticas, luchando contra estereotipos como la ingenuidad, la inoperancia, el caos, el desorden, la violencia: en definitiva, la deslegitimidad.
Los ciudadanos están siendo desposeídos de sus derechos, y de su derecho a recuperarlos a través de las instituciones de la democracia.
Y la respuesta de un gobierno a toda esta desposesión, a toda esta mordaza se resume en dos palabras: es falso.
Simplemente desolador.
Después de tanto desposeer, después de tanto arrinconar, después de tanto acorralar, después de tanto denigrar, después de dos miserables y lacónicas palabras como respuesta, aún habrá quién se sorprenderá porque haya quien no sea capaz ni de articular un par de palabras y venga a descerrajar(se) un par de tiros. Entonces, y parafraseando a lo que decía José Luís Sampedro, tendrá uno derecho a indignarse y a condenar y a perseguir, pero no a sorprenderse. Habrá que ser muy cínico o tremendamente despistado para sorprenderse.
Hay una aproximación del nacionalismo catalanista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser un estado independiente dentro de unas fronteras delimitadas (Principado Catalán, Países Catalanes, etc.) y cuya lengua materna y predominante es el Catalán.
Hay una aproximación del nacionalismo españolista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser una región o parte de otro territorio mayor, España, cuya lengua materna y predominante es el Castellano y, a veces, también, el Catalán.
Ambas aproximaciones se me antojan harto arbitrarias. Tan arbitrario es fijar la naturaleza de Catalunya en el territorio/colectivo/cultura contemporáneo a Wifredo el Velloso, Jaime I o Francesc Macià, como arbitrario es fijarla en Carlos I, Felipe V o Juan Carlos I. Según este proceder, nada nos impide ir hacia atrás en el tiempo hasta la publicación del Forum iudicum, reivindicar la nación Layetana, o identificarse uno con Pau, el Pierolapithecus catalaunicus dels Hostalets de Pierola.
Negar estas arbitrariedades nos resguarda de otras afirmaciones tendenciosas fundamentadas en la misma interpretación parcial e interesada de la historia: todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre genocida y esclavista de los «conquistadores» de América, sus antepasados del s.XVI; o todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre xenófoba y antisemita y antimorisca de las «expulsiones» y persecuciones de los siglos XV y XVII (por mencionar solamente dos). Y así, todas las tropelías cometidas por individuos con los que la mayoría tenemos poco o nada que ver, tanto en términos de linaje como de ideología.
Estas aproximaciones arbitrarias — aquella una, aquella otra, y estas últimas — tienen en común un tajante desprecio por la libertad de elección, de ser y de sentir de quienes están vivos, aquí y ahora, y que conviven en un territorio, en una comunidad y en una cultura que se tejen a diario, invariable en lo que dura un abrir y cerrar de ojos, tremendamente cambiante en lo que va de una generación a otra.
Decíamos en Nacionalismos de ser, independencias de estar que, desde un punto de vista rousseauniano, los estados se construyen día a día, cuando cada día por la mañana, al levantarse, sus habitantes deciden firmar, hoy sí y mañana también, un contrato social que les permita organizarse y conseguir objetivos que, de forma individual, jamás conseguirían alcanzar.
Pensar en los estados, las naciones, las culturas como algo que puede delimitarse y fijarse en un tiempo y en un espacio determinados, más que progresista, es reaccionario, por mucho que quiera interpretarse en términos cronológicos de estrategia de futuro. Una nación o un estado no pueden construirse en términos de volver al «estado natural» de las cosas, o de vencer las barreras que franquean el camino hacia ese «estado natural». Ni tan solo de convencer a quienes, formando parte de ese territorio, cultura y comunidad, no ven tan natural ese arbitrario «estado natural» con el que una parte ha (re)definido una nación.
En este sentido, se me antoja tan pernicioso quien niega la posibilidad de firmar nuevos contratos sociales — cada día, si hace falta — como quien cree que solamente hay un contrato legítimo, y que quienes firmaron otra versión o bien la impusieron a sangre y fuego, o son pobres infelices que no supieron leer la letra pequeña solo inteligible para unos pocos elegidos.
Me gustaría ver un abandono de apriorismos y arbitrariedades, de apelaciones a un pasado de longitud variable, de visiones parciales de un presente sesgado. Me gustaría pensar que nos levantamos y las calles están por poner, que se puede decidir de hoy en adelante (para más adelante volver a decidir, una y otra vez) y que todas las cláusulas del contrato están por escribir. Sin letra pequeña, sin contratos heredados, sin vasallajes. Y esto vale para todos: ni hay una única Catalunya a la que se llega por una inevitable independencia, ni por no ser única es inexistente.
El Club de lectura ha convocado una sesión el 24 de enero de 2013 para debatir sobre el libro de Manuel Castells Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, libro que repasa los principales movimientos sociales de los últimos meses (revoluciones árabes, 15M, Occupy Wall Street, etc.) y arroja algunas reflexiones sobre el futuro (¿presente?) de la política y su necesaria reforma.
La organización me ha invitado a ser quien conduzca la sesión, ante lo cual se abren dos opciones. La primera, intentar resumir el contenido del libro, lo que es injusto para quien trae los deberes hechos así como para el mismo autor del libro, que se ve recortado e interpretado de forma arbitraria. La segunda, intentar cubrir lo que el libro deja fuera, que en el caso de la presente obra son las dos preguntas que dan título a esta entrada:
¿Por qué han sido posibles los movimientos sociales? Aunque Castells sí da datos sobre los movimientos que analiza en sí, deja bastante al margen (seguramente porque ya lo ha cubierto en su extensa obra) el marco global donde tienen lugar dichos movimientos y que es, en el fondo, el gran posibilitador es estos.
¿Para qué — o «y ahora qué» — los movimientos sociales? O, dicho de otro modo, qué pasa, podría pasar o debería pasar o habría que hacer después de haber sido testigos (o protagonistas) de unas revueltas de naturaleza distinta a las de anteriores épocas.
Considero que ha llegado un momento de tablas en lo que al debate sobre los movimientos sociales — y la regeneración de la política en general — se refiere. Las posiciones están tomadas y los movimientos, tácticos, son poco productivos: no hay pedagogía y los argumentos se centran o bien en justificar el status quo o bien a defender un nuevo status quo donde la sospecha de reposición de unas élites por otras digitales (que no regeneración) está siempre en el aire. En este tablero donde es difícil avanzar, probablemente sea una buena idea, para alejarse de apriorismos y prejuicios, (1) analizar por qué y cómo han sido posibles los movimientos sociales para (2) ver, en consecuencia, cuáles pueden ser las líneas de actuación acorde con el sentido de la marcha de los cambios.
En esta línea, los puntos que me gustaría desarrollar y debatir durante el Club de Lectura son los siguientes:
¿Por qué los movimientos sociales? Respuesta rápida: porque las instituciones democráticas están en (múltiple) crisis y porque determinados instrumentos pueden facilitar el reemplazo de dichas instituciones por los ciudadanos (movimientos) directamente:
Globalización y crisis funcional de las instituciones democráticas de los estados-nación.
Digitalización y crisis organizacional de las instituciones democráticas de la sociedad industrial.
Crisis financiera y crisis de gobernanza de las instituciones democráticas en una sociedad empoderada.
Partitocracia y crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en la democracia representativa.
¿Para qué / y ahora qué los movimientos sociales? Hay cuatro opciones (la primera de ellas casi una precondición), que pueden combinarse con distintas ponderaciones, dando como resultado del todo queda igual pero con ordenadores a la total revolución del sistema:
Apropiación: las instituciones (y sus inquilinos) se hacen competentes digitales en un sentido estratégico, lo que les permite comprender el entorno y, sobre todo, anticipar cambios profundos del sistema. Ejemplos: asumir que hay nuevos choques de derechos en la Sociedad de la Información (p.ej. propiedad intelectual, derecho a la privacidad, a la libertad de expresión o al honor) que deben resolverse, que la participación electrónica es tan participación (o más) que la presencial, o que la transparencia y la rendición de cuentas cambian de definición en una sociedad digital.
Adopción: las instituciones deben actualizar su caja de herramientas y abandonar las que son obsoletas, en un simple y puro ejercicio de eficacia y eficiencia. Ejemplos: el paso de la política de mitin y cartel y papel a una política de redes sociales y documentos en línea; o la apuesta decidida por la administración y la democracia electrónicas.
Mejora: las instituciones deben optimizar los recursos pensando en digital por defecto, rediseñando procesos pensados para las barreras físicas del tiempo y el espacio. Ejemplos: apostar por políticas de datos abiertos y gobierno abierto, que trasladen responsabilidad (y tareas) al ciudadano; cambiar la naturaleza de de la publicación de información, los trámites administrativos y la comunicación con el ciudadano, de forma que sean posibles más y mejores consultas a los ciudadanos, plataformas para la deliberación.
Transformación: las instituciones pueden abandonar las funciones que se han vuelto totalmente marginales o inútiles, cediéndolas a otros actores, para liberar recursos que concentrar donde la institución aporta más valor. Ejemplos: virar hacia estrategias centradas en proyectos con la concurrencia de otros partidos y plataformas ciudadanas, aunando recursos y dando visibilidad a iniciativas políticas de «marca blanca» que persigan la idea por encima del rédito político; convertirse en facilitadores y promotores de los actores con relación directa con las problemáticas a resolver (porque son quienes sufren la problemática, porque son expertos reputados en haber resuelto otras similares) en lugar de pretender liderar los procesos.
En mi opinión, estos «para qué» emanan directamente de las respuestas a las preguntas de «por qué». Y, como decía antes, en función del peso que se ponga en cada punto — o de la velocidad o resistencia que se le imprima a cada caso &mdahs; el resultado será uno u otro, con más o menos o diferentes damnificados por el camino.
De momento, seis millones de parados, corrupción política y fraude fiscal camino de ser generalizados, destrucción de tejido social y económico que tardará años en regenerarse y un país al borde de la revuelta. ¿O es que, de verdad, puede sostenerse esta tendencia — que agrava la situación — durante mucho tiempo más? ¿Hacen falta más indicios para pararse a pensar si la situación actual, como dice Joan Subirats, es cambio de época en lugar de una época de cambios?
NOTA: he dejado de lado en esta reflexión todos los aspectos relativos a conseguir cambios en materias o reivindicaciones concretas (p.ej. acceso a la vivienda) y me he concentrado en la cuestión de la regeneración democrática que apunta Castells en el último capítulo del libro. No obstante, creo que los logros concretos o coyunturales no serán en modo alguno ajenos a los logros de calado democrático o sistémico — o, de hecho, al revés.
Los argumentos que la teniente alcalde de Hacienda del ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego, esgrime para tachar el uso de software libre en la administración local son, básicamente, dos:
El software privado «no crea dependencia».
El uso de software privado «beneficia a empresas gallegas».
Estos son argumentos que hemos oído hasta la saciedad sobre esta cuestión, aunque la inmensa mayoría de veces justo en sentido opuesto, es decir:
El software privativo crea dependencia tecnológica, dado que los desarrollos los hace una empresa que no comparte el código y, por tanto, siempre se depende de la misma para cualquier tipo de modificación.
El software privativo crea dependencia económica, dado que las licencias son de obligado pago para poder disfrutar del programa.
El software privativo beneficia única y exclusivamente a la empresa que licencia el programa. Dado que por norma general estas son grandes corporaciones extranjeras (Microsoft, Oracle), el dinero va fuera. De Galicia y del Estado.
El software privativo puede ser solamente modificado por la empresa propietaria del mismo. Así, además de suponer un drenaje de fondos hacia el extranjero por la venta de licencias, se inhibe la creación de un tejido empresarial local centrado en la instalación y adaptación de software.
Estos argumentos están explicados con todo lujo de detalles en la bibliografía que figura al final de esta entrada — una breve y rápida compilación a vuelopluma de entre la ingente cantidad de documentos que existen.
Pero, antes de terminar, vale la pena destinar unas palabras más a la apelación a la responsabilidad (o la irresponsabilidad) como argumento político. Es de un insoportable hartazgo ver reducido cualquier argumento al no-argumento de la responsabilidad. No hay día en que dos opositores políticos no se reprochen la falta de apoyo mutuo a sus respectivas propuestas en nombre de la responsabilidad de apoyar.
Sin embargo, la responsabilidad no radica en apoyar a ciegas una u otra política, sino en aportar información, fundamentos, pruebas de los pros y los contras de esa política así como de sus posibles alternativas. Y transparencia y coraje para defender los criterios y valores utilizados para escoger, de las posibles alternativas, la política a implantar.
Eso es responsabilidad. El resto, es puro sofismo.
Bibliografía recomendada sobre el software libre y su impacto en el desarrollo:
El 7 de julio de 2011 se constituía en el Parlament de Catalunya la Ponencia conjunta de la proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública. Con el avance de las elecciones y la disolución del Parlament a finales de 2012, el trabajo de dicha ponencia ha quedado, al menos en términos formales, prácticamente en nada: una mera mención a su composición en la página web de la Comisión de Asuntos Institucionales (lo que significa que hay que saber muy bien dónde buscar y cómo).
Seguramente la información no se ha perdido y obra en poder de uno o varios diputados y personal del Parlament. Y seguramente la Ponencia se relanzará. Y seguramente se empalmará allí donde quedó el debate. Pero, para el ciudadano, todo está perdido y todo empieza de nuevo: toda una metáfora de cómo no debe afrontarse un debate sobre la transparencia. Uno de los principios fundamentales de la transparencia es que el proceso de toma de decisiones también debe ser abierto, público, participativo. Esto debería figurar en la futura Ley de transparencia catalana — y en cualquier otra — y la mejor manera de darle valor y sentido es poniéndolo en práctica desde el momento cero del proceso de gestación de dicha Ley de Transparencia.
Al margen de los motivos que haya detrás de la publicación de dicha propuesta en este momento en particular, insisto, es muy interesante que las propuestas de cada partido, así como las posiciones de otros agentes consultados se conozcan de antemano, se puedan consultar, se puedan debatir, se pueda trabajar con ellos. En definitiva, que los procesos de información y deliberación sean también abiertos. Es bueno que se sepa cuál es la aportación de todos los grupos de la Cámara a una ley. Y en negro sobre blanco.
La segunda cuestión, seguramente la más importante, es la aproximación diametralmente opuesta de la propuesta de ICV a la que en su momento conocimos del Gobierno español. Mientras este último perpetúa el paradigma de que la información (pública) es «propiedad» del gobierno y solamente se abre a petición del ciudadano, la propuesta de Iniciativa asume que, en una sociedad digital, lo que procede es todo lo contrario: la información (pública, no nos cansemos de incidir en este aspecto) debe ser abierta y accesible por defecto. Y solamente en casos excepcionales (p.ej. por motivos de seguridad, de coste, de privacidad, etc.) dicho acceso se restringirá o deberá solicitarse de forma explícita.
Es más, más allá de una cuestión relacionada estrictamente con la gestión de la información, la propuesta de Iniciativa hace hincapié en otra cuestión fundamental: la transparencia no es solamente una cuestión de cómo gestionar el «producto» de la acción política, sino que la transparencia significa una radical transformación en la forma de comprender la organización de la acción política. Así, de lo que se trata no es de (solamente) abrir la información, o de (incluso) abrir el proceso, sino de trabajar de una forma distinta: directamente en (la) red, directamente en formatos digitales, directamente en formatos y estándares abiertos. Hay una diferencia fundamental entre estar en la Red y ser parte de ella.
El último punto que vale la pena enfatizar es el hecho de que la Administración y el Parlament deben ser proactivos en el ejercicio de la transparencia. Esto último no es sino otra forma de explicar los tres puntos anteriores, pero creo que es una consideración que legitima la ley y a quienes vaya a afectar en el plano de lo ético, más allá del plano profesional. La transparencia es una cuestión que va mucho más allá del ámbito de la gestión, más allá de ser un instrumento. Y es bueno que este espíritu quede reflejado en el articulado de la Ley más allá del preámbulo de la misma.
Creo que sería beneficioso que cundiera el ejemplo en las demás formaciones. Aunque sea por oportunismo. En un estado de desballestamiento tal de la democracia, ha llegado un momento que a los ciudadanos ya no les importan los motivos: hágase el milagro, hágalo el diablo.
Y creo que sería también beneficioso que el sistema de documentación del Parlament no dependiese de la estructura artificialmente impuesta por las elecciones. Es simplemente intolerable que el trabajo de una Ponencia anterior no figure en la web, y lo único que hay (su composición) prácticamente desaparezca del mapa y quede bajo una maraña de enlaces y menús, por la sencilla razón de que perteneció a una legislatura anterior. Los Parlamentos deberían abandonar su lógica de vida parlamentaria, que se mide en períodos con discontinuidades cada cuatro años, y adoptar la lógica de la vida «normal», que se mide en períodos que abarcan toda la vida de un ciudadano — y, a menudo, con encabalgamientos generacionales. El Parlamento debería obedecer a los tempos de los ciudadanos, determinados por la naturaleza de sus problemas, y no por los tempos de los diputados, determinados por sus éxitos y fracasos electorales.
