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Ayer, la red Anonymous publicaba documentos de una supuesta actividad de espionaje de los Mossos [de Esquadra] en las redes sociales. Francamente, dudo que se trate de lo que normalmente entendemos como espionaje. Lo explicaré dando un pequeño rodeo porque sí creo que hay algunas importantes reflexiones a hacer al respecto.

El CESICAT y lo que se ha filtrado

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) es, a grandes rasgos, el INTECO catalán. Es decir, un organismo público (aunque CESICAT tenga figura jurídica de fundación) que vela por un uso seguro de Internet, incluyendo desde alertas sobre virus e información sobre estafas informáticas en general, hasta consejos sobre el uso de dispositivos o servicios en línea. Hasta aquí, ya choca que sea este organismo una tapadera para espías, y más cuando no haría falta dado que ya existe una unidad de cibercrimen en los Mossos de Esquadra (más sobre si esto es «cibercrimen» a continuación).

Por otra parte, los documentos filtrados son informes de seguimiento de determinadas palabras clave o hashtags en Twitter. Son palabras clave todas ellas centradas en movimientos sociales de todo tipo: tanto genéricos como convocatorias de manifestaciones, protestas, campañas de sensibilización, etc.

Estos informes son parecidos — en el fondo, en los objetivos, en los métodos, en las prácticas, en las herramientas — a los que realizan miles de empresas en todo el mundo: se sigue una palabra clave, se anota su frecuencia en términos absolutos y relativos a otras palabras clave, y se lista a los usuarios en Twitter que más han utilizado dicho hashtag.

Llamarle espionaje a monitorizar algo que sucede a plena luz del día me parece poco menos que presuntuoso o ingenuo, según quien sea el que así lo califique y con qué motivo. Literalmente cualquiera con una conexión a Internet podría haber llevado a cabo ese falso espionaje. Conociendo, además, algo del nivel de los Mossos de Esquadra en materia de cibercrimen, francamente dudo que nadie lo vaya a calificar de espionaje dentro de la Generalitat y su ámbito de administración. A lo sumo, seguimiento.

Los informáticos

Lo segundo que llama la atención es el organismo que ha hecho este seguimiento, el CESICAT, que no tiene ninguna competencia en materia de «espionaje» — como muy bien denuncian Anonymous. Si se tratase, efectivamente, de espionaje, lo lógico sería que recayese en el mismo cuerpo de Mossos y dependiese del Departamento de Interior. No de una fundación vinculada a la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a su vez dependiente del Departamento de Empresa y Ocupación.

Viendo, además, el formato de los documentos, el hecho de que los autores de los informes figuran en los metadatos de los archivos filtrados, así como el perfil de estos técnicos, toma cuerpo la hipótesis de que, efectivamente, no se trata de un espionaje, sino de un puro, mero y simple seguimiento.

Se abren aquí, entonces, dos teorías. La primera es que este seguimiento fuese, en efecto, para identificar potenciales malhechores. Personalmente, se me escapa el sentido de esta estrategia: se habría iniciado desde el Departamento de Interior y lo habría llevado a cabo la policía autonómica misma que, como ya he contado, cuenta con equipos especializados — y que seguramente ya están trabajando en este tema, aunque no con algo tan público y poco alevoso como Twitter. El hecho de que algunos hashtags se empiecen a seguir cuando llevan días, semanas o incluso varios meses funcionando refuerza la refutación de la teoría del espionaje: si el espionaje es algo es anticipación.

La segunda es que esto sea algo que sin duda debería haber llevado a cabo el Departamento de la Presidencia, para tomar el pulso a la sociedad, para saber qué sucede en la calle, y no tanto para espiar. ¿Y por qué el CESICAT? Me aventuro a pensar que por la misma razón por la cual la mayoría de medios ubicaron las noticias sobre el 15M bajo la sección de Tacnología durante las primeras semanas de las acampadas (e incluso meses después). Esto va de Internet: que lo hagan los informáticos. Esto es, por supuesto, una teoría que estaría bien que se desmintiese de forma oficial, sobre todo por lo que demuestra de comprensión de cómo funciona el mundo en el siglo XXI (ojalá haya una tercera teoría, la verdadera, donde nadie quede tan mal parado). Lo que nos lleva al siguiente punto.

Abro paréntesis: algunos medios afirman que CESICAT trabajaba por encargo de los Mossos. Más que reforzar la teoría del espionaje, esto refuerza la del seguimiento: se externaliza algo poco sensible y que gastaría valiosos recursos a un organismo de otro nivel y coste. El encargo lo reciben los Mossos pero, viendo su relativa importancia estratégica, lo derivan a terceros.

El ciudadano como enemigo

Si descartamos la conspiranoia del espionaje, nos queda solamente el seguimiento.

Y creo que es aquí donde hay que hacer las preguntas.

La primera, aunque no la más importante a mi parecer, es por qué se ha realizado dicho seguimiento a oscuras y no se ha compartido con la ciudadanía. Dado que la información no era sensible, ¿por qué hacerlo a escondidas? Absolutamente toda la información que figura en los informes es pública y cualquiera que siga estos temas prácticamente podría redactar esos informes de memoria, con fechas, con magnitudes aproximadas de impacto y, sobre todo, con nombres: «sospechosos habituales» pertenecientes al mundo de la sociedad civil organizada, la política, la cultura, la academia… nada que ninguno de ellos haga cada día ya sea por Internet o fuera de él, en su trabajo o en su tiempo libre.

¿Qué sentido tiene, pues, hacer una lista a escondidas de lo que la gente hace a la luz del día? ¿Por qué no salir a la calle y preguntar?

La segunda pregunta, la relevante en mi opinión, es una reformulación de la anterior. ¿Por qué se ha hecho de este modo?

Es decir, da toda la impresión que el seguimiento de las redes por parte del Govern obedece más a una cuestión política que no de seguridad. Vista la tipología de informes, vistos los organismos implicados, visto el tipo de información recogida… no hay nada en ello que indique que se trata de una cuestión de seguridad sino de una cuestión política.

Política en el sentido de saber qué piensa la ciudadanía, qué hace la ciudadanía, por dónde y hacia dónde se mueve la ciudadanía en cuestión de sentir y parecer, qué gusta y qué disgusta a la ciudadanía.

Y para tomar ese pulso, se opta por una herramienta de márqueting como si la política se tratase de una marca cualquiera. ¿Qué piensan de nuestro producto? ¿Cómo vamos a vender más?

Es pavoroso constatar (una vez más) que la representación política ha llegado a ese estadio.

Si algo permiten las redes sociales que con tanto ahínco monitorizan los gobiernos y muchos partidos (vamos a utilizar, ya, el plural y las generalizaciones) es la bidireccionalidad. El diálogo, la conversación, el debate, la deliberación. Las redes sociales son esos mercados y bares a los que acuden los políticos durante su campaña electoral a «escuchar» a sus votantes, con la diferencia que las redes sociales funcionan 24 horas al día, siete días a la semana, y no solamente cada cuatro años.

En lugar de bajar a la arena, en lugar de aguantar algunos tomatazos (virtuales) a cambio de capturar de forma directa y sin intermediarios el sentir de la población, en lugar de hablar, en lugar de escuchar, el Gobierno manda a un equipo tecnológico a hacer funciones de análisis de mercados.

Si hay algo grave — además de grotesco — en toda la historia sobre el presunto espionaje de los Mossos de Esquadra a sus ciudadanos a través de las redes sociales no es que haya habido ese espionaje. Es que los cargos electos necesiten espiar para saber qué piensan sus ciudadanos, sin ser vistos, sin tener una más remota idea de qué narices escuchar ni dónde, como quien vigila a un enemigo. ¿A quién representa alguien así? A sí mismo, supongo.

Actualización 14:13 28/11/2013: Algunas personas me han comentado por otros canales que esta escucha no sería tanto para tomar el pulso de la ciudadanía, sino que iría con fines policiales, de buscar al disidente, de hacer «listas negras». No creo que ello se contradiga con mi reflexión aquí: va en la misma línea de que no es una cuestión de seguridad, sino política. Aunque, claro, da un paso más allá del punto en el que yo lo dejaba: no se trataría (solamente) de tomar el pulso de la ciudadanía, sino de tomárselo a una determinada ciudadanía con la que no se comparten las ideas y, además, con la que no se desea dialogar sino tener «controlada». Es lo que ya se afirmaba de poca predisposición al diálogo y de tomar el ciudadano como un enemigo, aunque en la variante de la vigilancia como valoración policial, esto se lleva al extremo. Lo que no es ya desolador sino, directamente, preocupante.

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