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En los últimos años, los ciudadanos españoles — aunque también los de muchas otras partes del mundo — han visto como muchos de los avances en logros sociales conseguidos después de la Dictadura — o de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de otros países — no solamente echaban el freno, sino que ponían marcha atrás. Esta tendencia se ha recrudecido con la crisis financiera, cuyo causa y consecuencia ha sido y es una profunda crisis de gobernanza.

Los ciudadanos han visto como, sin diálogo alguno por parte de las instituciones democráticas,

• Se recortaban los recursos para la educación pública, a pesar de los pésimos indicadores tanto en desempeño como en permanencia en el sistema, y mientras se mantenían o reforzaban partidas para la educación concertada o la asignatura de religión (en un estado laico).
• Se cercenaban los recursos para la sanidad pública, a pesar de los reiterados intentos del sector de proponer recortes más selectivos (no universales), o se privatizaba la misma, al tiempo que la confusa línea entre política y empresa permitía a los mismos que privatizaban recuperar esos servicios desde sus empresas afines.
• Se penalizaba duramente la inversión en investigación, desarrollo e innovación, a pesar de las muchas denuncias sobre la necesidad de mantener dicho motor del desarrollo y el progreso en marcha, privando al país no solamente de éxitos futuros, sino directamente expulsando las inversiones realizadas en el pasado en forma de capital humano.
• Se hacía imposible para muchos seguir pagando por su vivienda al mismo tiempo que se imposibilitaba el dejar de hacerlo, dándose la creciente paradoja de los desahuciados con hipoteca.
• Etc.

Todas estas políticas serían legítimas de haber sido debatidas y pactadas los ciudadanos con las instituciones de la democracia. Si es cierto que no hay recursos con los que mantener determinados bienes y servicios, lógico es que las instituciones y los ciudadanos decidan, conjuntamente, cómo proceder: disminuyendo la provisión de bienes y servicios, aumentando los recursos, escogiendo dónde aplicar el recorte o la nueva fuente de ingreso.

Este diálogo no ha tenido lugar, y por ello los ciudadanos están siendo desposeídos del estado del bienestar.

No ha lugar referirse a las elecciones como punto donde tuvo lugar el diálogo entre instituciones y ciudadanos: la violación masiva y sistemática de las promesas y programas electorales dejan las elecciones en papel mojado. Jamás se vio un contrato roto por tantos sitios y de forma tan reiterada.

Pero lo peor no es la desposesión sistemática de los logros del pasado. Lo peor es la desposesión de los derechos democráticos en sí mismos, del acceso a una democracia plena y de calidad.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder ejecutivo. Gobiernos que, además de romper promesas y programas, se escudan tras una Ley de Transparencia redactada para el s.XX, que en el fondo jamás se quiso redactar. Unos gobiernos que toman decisiones — a lo mejor necesarias — pero ya no sin consultar, sino sin tan solo explicar o fundamentar.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder legislativo. Parlamentos a los que únicamente se puede acceder a través de la opaca, arcana, inexpugnable maquinaria del partido. Partido que utiliza la cooptación y el vasallaje para construir sus listas, expulsando a su paso talento y pensamiento crítico. Partido o partidos que están corrompidos hasta el tuétano, por financiación ilegal o por soborno, con cientos de imputados y condenados a lo largo y ancho del estado, con independencia del color político y el nivel de administración, de la estatal hasta la local.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso al poder judicial. Un poder judicial diseñado por el sistema de partidos. Un poder judicial que se utiliza para tumbar las leyes que se perdieron en el parlamento, o para tumbar las informaciones que se perdieron en los medios. Un poder judicial que es ninguneado por los indultos del ejecutivo. Un poder judicial lento, ineficaz y privatizado que es más arma arrojadiza de un bullying cualquiera que no herramienta de justicia social.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la información. Unos medios de comunicación abrasados por el calor de la política y los intereses económicos. Medios que tapan, enmudecen, ensordecen, se ciegan, que condescienden con su aquiescencia, que se atrincheran. Medios que beben acríticamente de las declaraciones y las notas de prensa, medios que tienen automatizada la publicación de teletipos de agencia, sin filtro alguno.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la sociedad civil organizada. Unas organizaciones no gubernamentales que solamente lo son ya en el nombre. Las unas, por partidizadas — porque politizadas sería bueno que lo fuesen todas, mucho más —; las otras, por proveer servicios públicos que la administración ha externalizado convirtiéndolas en sus satélites. En definitiva, bozales para que no se muerda la mano que da de comer. ONG y sindicatos que se han burocratizado como un partido o un gobierno más.

Los ciudadanos han sido desposeídos de su acceso a la calle. Ante la falta de alternativas, de acceso a las instituciones de la democracia, el ciudadano se ha volcado a la calle. Allí, se ha prohibido, perseguido y criminalizado no la disensión, sino el mismo debate, el diálogo. Plataformas y movimientos trabajan para hacerse sitio entre las instituciones democráticas, luchando contra estereotipos como la ingenuidad, la inoperancia, el caos, el desorden, la violencia: en definitiva, la deslegitimidad.

Los ciudadanos están siendo desposeídos de sus derechos, y de su derecho a recuperarlos a través de las instituciones de la democracia.

Y la respuesta de un gobierno a toda esta desposesión, a toda esta mordaza se resume en dos palabras: es falso.

Simplemente desolador.

Después de tanto desposeer, después de tanto arrinconar, después de tanto acorralar, después de tanto denigrar, después de dos miserables y lacónicas palabras como respuesta, aún habrá quién se sorprenderá porque haya quien no sea capaz ni de articular un par de palabras y venga a descerrajar(se) un par de tiros. Entonces, y parafraseando a lo que decía José Luís Sampedro, tendrá uno derecho a indignarse y a condenar y a perseguir, pero no a sorprenderse. Habrá que ser muy cínico o tremendamente despistado para sorprenderse.

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