ICTlogy

Hay algunas posturas que, simplemente, se me escapan. Los mismos que claman contra el cierre de Megaupload, ahora justifican la política de Twitter de bloquear el acceso a determinados mensajes. En el primer caso, acusan, el cierre de Megaupload va contra la libertad de expresión; en el segundo caso, defienden, no es censura sino que Twitter cumple con la ley vigente en cada país, ajustando los contenidos de los mensajes al marco legal de cada país.

Eso son dos medias verdades, igual que la siguiente afirmación: la restricción al acceso a determinados mensajes de Twitter va contra la libertad de expresión, de la misma forma que el cierre de Megaupload solamente perseguía el cumplimiento de las distintas leyes internacionales de propiedad intelectual.

En el fondo, analizar lo que está ocurriendo no deja de ser un ejercicio de poca profundidad: en mi opinión, habría que ir también al cómo y, sobre todo, al porqué de los asuntos.

Así, es perfectamente compatible decir que el cierre de Megaupload es, a la vez, ataque contra la libertad de expresión y cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. Está en el qué — delitos contra la propiedad intelectual — la más que justificada decisión de precintar Megaupload, mientras que la forma cómo se hizo es la que vulneró, con mucha probabilidad, libertad de expresión así como provocó daños materiales a quienes perdieron sus archivos. Si podría haberse cerrado o no de otra forma, es decir, por qué se cerro de esa forma, es otra cuestión. O, de hecho, la cuestión.

Con Twitter sucede — o sucederá — lo mismo. Twitter debe cumplir la ley vigente en cada territorio donde opera. Sin embargo, hay muchas formas de hacer cumplir esa ley y algunas de las opciones existentes se llevarán por delante la libertad de expresión, serán censura.

En el fondo, esto no es sino el n-ésimo ejemplo que ya puso de manifiesto la Ley Sinde-Wert: una ley que pretende hacer cumplir la regulación vigente y que, sin embargo, en su redactado, ofrece serias dudas sobre la observancia de otros muchos derechos de los ciudadanos. Con el añadido de que, en el caso de la Sinde-Wert, lo que se quiere hacer cumplir es el espíritu de una Ley con un texto basado en un mundo pre-digital que acaba diciendo lo que no quería decir. Y esto último es el porqué: por qué hace falta (o no) una Ley Sinde, al margen de lo bien o mal que esté redactada.

Que en unos casos pongamos el ojo en el fondo, en otros en las formas y en otros en los aspavientos, dice mucho del largo camino que nos queda todavía para tener un debate sosegado y constructivo, para acercar posturas y para acabar en un consenso que permita a ciudadanos, consumidores e industrias de un lado y del otro tener un terreno de juego con las reglas claras.

El viernes 30 de diciembre sabíamos que el nuevo gobierno de España aprobaba el reglamento de la “ley Sinde”. Esto sucedía alrededor del mediodía y, pocas horas después, la plataforma NoLesVotes proponía un boicot a las obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como “ley Sinde”.

Aunque comparto muchísimos de los motivos de indignación que han desembocado en el boicot (Ley de Protección Intelectual caduca, “solución” que agrava el problema con la pésima “ley Sinde”, etc.), no comparto ni la iniciativa del boicot, ni el papel que han jugado los medios en sus primeras horas, ni la adhesión al misma a menudo ciega que han realizado muchas personas. Estas son mis razones.

El papel de los organizadores

Creo que hacer una llamada al boicot es una acción legítima y cualquiera debería tener total libertad de iniciar uno o adherirse a él. Sin embargo, y en mi humilde opinión, el boicot de la plataforma NoLesVotes adolece de un grado superlativo de incoherencia, al menos en dos frentes.

El primero es de fondo: uno de los motivos para el boicot es que la Ley Sinde pone en riesgo la libertad de expresión. Sorprendentemente, la lista negra del boicot se basa en las declaraciones que algunas personas hicieron bien sobre la Ley Sinde bien sobre las descargas, determinadas prácticas en Internet y similares. Se pretende pagar con la misma moneda a quienes quieren coartar la libertad de expresión. Un gran ejercicio de coherencia.

El segundo es de forma: en mi opinión, toda protesta debe ir firmada, y más si lo que pretende es la adhesión. La transparencia en una acción cívica es necesaria para contrastar la legitimidad de la acción misma. Solamente si sabemos quién hay detrás es posible dirimir si sus intenciones son honestas. ¿Cómo saber, si no, que detrás del boicot no está una editorial, productora cinematográfica o discográfica que pretende dañar a la competencia?

Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, se han realizado 173 ediciones del texto del boicot por 48 usuarios. De ellos solamente 7 lo hacen con un pseudónimo (aunque algunos son fácilmente identificables) y dos con nombre propio (uno es el propietario del dominio, el otro soy yo): el resto han dejado únicamente la IP como toda firma.

El papel de los medios

Durante los acontecimientos del 15M se criticó duramente a la prensa o bien por silenciar el movimiento o bien por no entender qué estaba pasando e inútilmente buscar la sala de prensa. Se criticó también a los medios de comunicación o bien por no cubrir las manifestaciones o bien por trivializarlas y minimizarlas.

Los medios que cubrieron — y siguen cubriendo — la llamada al boicot se pasaron de frenada — y siguen pasándose de frenada — con la cobertura de la convocatoria.

En apenas unas horas de generarse la página, hacerse la difusión “oficial” de la misma y con tan solo unos pocos centenares de adhesiones, ya había varios titulares sobre la convocatoria. Lo que me genera dos objeciones.

La primera es de forma y versa sobre el calibre de la convocatoria: unos cientos de adhesiones (Twitter daba menos de 2.000 usuarios entre los que se adherían y quiénes lo censuraban) y unos pocos autores materiales del manifiesto del boicot (en las primeras 40h no llegaban a tres docenas) es una cifra ridícula en comparación con los 23 millones de usuarios que tiene Internet en España (mayores de 10 años que se conectan casi a diario, 27 millones con medidas más laxas). Me parece precipitado como para darle cobertura nacional y rango de cuestión de estado.

La segunda es, de nuevo, una de fondo: aunque ya se ha ido corrigiendo, el titular más manido fue el de “la Red organiza un boicot” o “los internautas organizan un boicot”. Titulares así solamente son posibles desde la más extrema ignorancia de la adopción de Internet en España o desde la más extrema soberbia de quien se cree la élite de la vanguardia digital. Hablar de “Red” o “internautas” como categoría es un despropósito tal como decir que “la Carretera” o “los conductores” organizaron un boicot: se calcula que hay 26 millones de conductores en España, más personas que las que votaron en las últimas elecciones, y a nadie se le ocurriría decir que “los votantes de las últimas elecciones organizaron un boicot”. De juzgado de guardia.

El papel de los que se adhirieron

Si creo que el boicot no es coherente y los medios se extralimitaron en su papel de voceros, es también escalofriante el papel(ón) de algunos de los que manifestaron apoyar el boicot.

El 31 de diciembre por la tarde añadí mi propio nombre a la lista negra con el texto siguiente:

Nombre	Profesión	Manifestaciones	Obras
Ismael Peña-López	Profesor de Universidad	Aunque cree que la Ley de Propiedad Intelectual está rota, legitima la defensa de la propiedad intelectual como un derecho, afirma que el copyleft es lo mismo que el copyright e incluso osó criticar el documental de Fanetin.	Obras

Todo ello lo hice abiertamente, añadiendo en el historial el motivo — me pregunto dónde está la línea que separa los boicoteables de los no tan boicoteables o de los no boicoteables en absoluto — así como una aclaración en mi perfil de usuario en el wiki.

Lo que en un principio no pretendía ser sino una crítica “desde dentro” al boicot, acabó siendo un experimento sociológico la mar de interesante. El texto se mantuvo en la página durante poco menos de 23 horas, hasta que uno de los administradores, alertado por otros usuarios y promotores, eliminó el texto de la lista negra. Durante prácticamente un día:

• Cientos de personas se adhirieron a un boicot que ponía en la picota a alguien que, si bien atacaba la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Sinde, había “osado” criticar a uno de los críticos con la Ley Sinde, “uno de los nuestros” (aunque, como ha aclarado a posteriori Stéphane Grueso, él mismo está en contra del boicot). No sé si es más preocupante que no pocos de los que suscribieron la lista, jamás la leyeron, o bien que sí la leyeron y, sin embargo, les pareció bien lapidar a los tibios y equidistantes.
• Hubo un buen número de ediciones de la lista. Algunas para añadir nombres. Otras para corregir ediciones anteriores o eliminar vandalismos. A ninguno de estos editores le pareció mal que alguien me hubiese añadido a la lista, aunque sí repararon en faltas de ortografía y otras cuestiones formales.
• De los que repararon en mi nombre, 143 leyeron mi crítica al documental ¡Copiad, malditos! (crítica que tampoco era una oposición a las tesis del mismo, dicho sea de paso), 29 leyeron un artículo de fondo sobre el copyleft y 10 otro artículo sobre la libertad de expresión (estos dos últimos de mucho más calado que la crítica al documental). Únicamente 11 usuarios se tomaron la molestia de acceder a mi obra para ver, por sí mismos, la magnitud de mi producción maligna.

Si en Twitter y redes sociales: el lobby descentralizado defendía el uso de medios sociales para la participación política, mi involuntario experimento reforzó el temor que allí también manifestaba: todavía no hemos construido, en los medios digitales, espacios para la reflexión y la deliberación calmada, informada y, sobre todo, reputada. La adhesión al boicot ha sido, en no pocos casos — por supuesto los habrá habido de totalmente legítimos — un claro ejemplo de oclocracia de la más básica.

No quiero cerrar estas palabras sin pedir una disculpa pública a los impulsores del boicot en general por el pequeño vandalismo que realicé en su página, así como a Stéphane M. Grueso por utilizarlo como figura agraviada por mí. Como he intentado explicar, me movió un espíritu de crítica constructiva y jamás de ridiculización o de boicot al boicot.

Interesante artículo de Carmen Mañana para El País en Esclavos del ‘trending topic’ en el que describe y ejemplifica cómo la actividad en las redes sociales en general, y en concreto Twitter, están teniendo cada vez mayor influencia en un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas.

El tema de fondo: la legitimidad — o, de hecho, la falta de legitimidad — de esta forma de opinión (o, a veces, presión) en una democracia representativa, una cuestión que el artículo va dejando caer y que Román Gubern, en su columna adjunta Vocerío digital vs. democracia, hace más que explícita.

Vayamos por partes.

Hay que empezar aclarando que ni son las redes sociales las que se pronuncian sobre un tema determinado, ni son tampoco unos “internautas” quienes lo hacen. Las “redes sociales” son una mala traducción del inglés “social networking sites”, “social networking platforms” o “social networking services”. Nótese que, en la traducción, nos llevamos por delante el substantivo original (sitio, plataforma, servicio) y atribuimos el fondo a la forma, en una metonimia con consecuencias semánticas nada desdeñables. Los sitios de redes sociales siempre fueron medios, jamás entes.

Son los mal llamados “internautas” quienes actúan en las redes sociales. Pero este término es también engañoso. No son los “internautas” éteres pensantes, sino personas de carne y hueso y ciudadanos de pleno derecho: el medio que utilicen no debería ser, en absoluto, su atributo definitorio.

¿Son buenas las redes sociales como plataforma ciudadana para opinar y ejercer presión política?

• Los medios sociales han democratizado la generación de opinión y la creación de grupos de presión. Atrás queda la necesidad de crear costosas infraestructuras como partidos, sindicatos, medios de comunicación (tradicionales), asociaciones, etc. Que los representantes sindicales, los lobbies de la patronal o los columnistas de los medios puedan sentirse agraviados por el “intrusismo” de las “redes sociales” y vean su opinión perder peso e influencia no es sino un ejemplo más de la crisis de las instituciones en una Sociedad Red.
• Los medios sociales hacen más eficaz y eficiente la acción colectiva, ya sea para hacer una reivindicación ciudadana ya sea para compartir recetas de cocina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son eso y no más: hacen más eficiente (menos recursos en infraestructuras y tiempo para el mismo fin) y más eficaz (conseguir más objetivos) todo lo relacionado con informar e informarse y todo lo relacionado con comunicarse unos con otros. Y eso es, en esencia, el ejercicio de la ciudadanía y la base de una buena democracia. Oponerse al uso de las redes sociales en el ámbito de lo público es preferir una democracia menos eficaz y menos eficiente.
• Por último, y eso lo conocen perfectamente los enfermos crónicos de enfermedades raras, los medios sociales consiguen generar masa crítica allí donde en términos estrictamente geográficos hubiese sido imposible. Lo que era marginal en una comunidad puede acabar siendo relevante si conseguimos aglutinar a todos los interesados: y eso, los medios sociales lo están consiguiendo en todos los terrenos. Se hace posible el conocido mantra de pensar globalmente y actuar localmente, así como el repetido hay que gobernar para todos, para la mayoría y para las minorías.

Por supuesto, no todo son ventajas. Los retos no son menores y, en gran medida, esa eficiencia y eficacia de los medios sociales como plataformas para la acción ciudadana estarán en entredicho hasta que aquellos se superen. Entre los retos, creo que hay que destacar dos, uno conocido y relativo a la democracia directa, y otro nuevo, y relacionado con la mencionada crisis de las instituciones.

• El primer gran reto de los medios sociales es, paradójicamente, su inmediatez. A menudo identificamos el ejercicio de la democracia con el sufragio. Sin embargo, una buena democracia se caracteriza por un acceso a la información, cuidar la fase de deliberación, negociar las preferencias, votar y rendir cuentas. Los medios sociales están demostrando ser buenos instrumentos para lo inmediato, pero todavía están verdes para lo reposado, para la deliberación (aunque hay ya buenos ejemplos, creo que no tenemos aún un “protocolo estandarizado”). Lo urgente prevalece sobre lo importante, y resulta difícil distinguir qué es lo relevante ante tal aluvión de opiniones, propuestas y llamadas a la movilización.
• Ese primer gran reto no es nuevo, y hasta ahora se había resuelto a través de la mediación y la representación: determinadas instituciones (partidos, organizaciones, medios de comunicación) marcaban la agenda identificando los temas relevantes, así como diseñaban los procedimientos para decidir sobre ellos. Y estas instituciones tenían la legitimidad porque, entre otras cosas, representaban la mejor forma de hacer lo que hacían: mediar entre la información y los ciudadanos posibilitando la comunicación. Los medios sociales suponen la obsolescencia de muchas instituciones, pero no han proporcionado todavía un sistema de reputación válido para substituirlas. La mayoría de los llamados sistemas de reputación de los medios sociales son meras agregaciones de variables cuantitativas. Si bien la capacidad de transmitir un mensaje es muy importante, tanto o más importante es qué mensaje se transmite. Los futbolistas más famosos tienen un número de seguidores en Twitter de 7 cifras; el Nobel de Economía Paul Krugman, de seis cifras; el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, de cinco cifras; otros Nobel, tienen muchos menos seguidores o, simplemente, no utilizan las redes sociales — pero su influencia o la de su trabajo se refleja, día a día, en el devenir de la economía internacional… y en la economía doméstica de todos y cada uno de nosotros.

Volvamos ahora a la pregunta implícita del artículo original: ¿debería la actividad vehiculada por los medios sociales afectar a un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas?

Y la respuesta es, necesariamente, y por qué no. Utilicemos los medios sociales para ser ciudadanos más eficaces y más eficientes, sin olvidar los riesgos y puntos oscuros que la participación democrática por estas vías todavía no ha resuelto.

Pero una cosa sí hay que tener siempre presente: mientras las debilidades de los nuevos medios sociales están siempre a la vista, listas ser mejoradas mediante la acción colectiva, las fortalezas de la representatividad tradicional se mantienen casi siempre en la oscuridad, alejadas de la luz y los taquígrafos. Y puesto que el loco conocido nos está dando cada vez más disgustos, a lo mejor es hora de darle una oportunidad al sabio por conocer, aunque sea con todas las cautelas que se tengan a bien considerar.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) invitan a las personas interesadas del mundo académico, profesional y de las políticas públicas a participar en el VIII Congreso Internacional Internet Derecho y Política: Entretenimiento online y retos para el futuro de Internet enviando comunicaciones que aborden, desde una perspectiva jurídica o política, cuestiones relacionadas con:

• El entretenimiento online y sus implicaciones en campos como el régimen jurídico de la comunicación audiovisual, responsabilidad de los intermediarios, aspectos legales de publicidad, el derecho de los videojuegos y de las apuestas online, redes sociales, publicidad basada en comportamiento, privacidad y protección de datos, difamación y violación del derecho a la intimidad, protección de menores, propiedad intelectual, nuevos modelos de distribución de contenidos, contenidos creados por los usuarios, contenidos ilícitos y nocivos, neutralidad de la red y oportunidades de difusión de contenidos, posición de dominio en el mercado o redes de nueva generación entre otros.

Es posible también enviar comunicaciones sobre:

• Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
• Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional. El plazo máximo para enviar este resumen es el 20 de diciembre de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 10 de enero de 2012 se notificará si han sido aceptados.

Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 26 de marzo de 2012. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que se pondrá a disposición en la página web del congreso. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 16 de abril de 2012. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2012.

Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Fechas clave

• Envío de resúmenes (300 palabras): 20 de diciembre de 2011.
• Notificación de aceptación de los resúmenes: 10 de enero de 2012.
• Envío de la comunicación completa: 26 de marzo de 2012.
• Notificación de aceptación de la comunicación completa (con o sin requerimiento de modificaciones): 16 abril 2012.
• Envío comunicaciones revisadas (camera ready): 30 de abril de 2012.

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección uoc.idp2012@gmail.com

Hace unos meses oí a Luís Garicano decir en una entrevista que el copago era repago. Afirmaba, en la entrevista, que el copago de la sanidad — pagar una pequeña cantidad al ser atendido en la consulta o en urgencias en el sistema de sanidad pública — era como pagar dos veces por la misma cosa. Viendo el trato que se ha dado al tema del copago en Nada es Gratis atribuyo la afirmación como un desliz dialéctico (el blog es excelente, dicho sea de paso).

No obstante, el tema sale una y otra vez por todas partes. Hoy mismo, por ejemplo, en El uso perverso de las palabras, de Ignacio Escolar.

Mi opinión es que el copago no es repago, el copago no es pagar dos veces la misma cosa, sino que el copago es una privatización (parcial) en toda la regla.

Vayamos primero a por qué el copago no es repago. Salvo estafas mediante, y especialmente en el ámbito de lo público, es materialmente imposible pagar dos veces por la misma cosa. Un bien público — como la Sanidad — se paga una única vez por todos los contribuyentes. A no ser que se incrementen los sueldos de los médicos o se construyan nuevos hospitales, si hay un incremento de la recaudación, el gasto en Sanidad se mantiene constante y el dinero que sobra va a otras partidas. El sueldo del médico no se paga dos veces y la cama no se compra dos veces.

En este sentido, si hacemos pagar 10€ al paciente cada vez que va a la consulta del médico de la Sanidad Pública, esos 10€ van a pagar el coste de esa consulta, mientras que, por la puerta de atrás, se “liberan” 10€ que, como hemos dicho, o bien irán a poner más médicos y más consultas, irán al presupuesto de Defensa, irán a reducir los impuestos, o simplemente irán a reducir el déficit de la Administración.

El copago tiene dos efectos, uno directo y otro indirecto:

• El efecto directo es que al paciente le sale más caro el sistema público de sanidad.

• El efecto indirecto es que al resto de ciudadanos le sale más barato el sistema público de sanidad, puesto que ahora nos repartimos entre todos el coste total menos esos 10€ por cada consulta, que paga un único ciudadano de su bolsillo, en lugar de costearlo entre todos.

Supongamos el caso límite donde: (a) el sistema de la sanidad pública se basa única y exclusivamente en las consultas médicas; (b) una consulta cuesta 100€ al erario público; y (c) hacemos pagar a cada ciudadano 100€ por cada consulta.

Siguiendo el esquema anterior:

• Los pacientes pagan, íntegramente los servicios médicos que disfrutan personalmente. Si no van al médico, no pagan; si van, pagan todo el coste.
• Los ciudadanos, como colectivo, no pagan la sanidad (¿pública?) de sus impuestos, dado que todo el coste se repercute al paciente. Si uno no va al médico, no pagará nada por sanidad. Todo el dinero de sus impuestos irá a otras partidas: carreteras, escuelas o subvenciones para los artistas. Pero ni un duro para sanidad.

El copago no es pagar dos veces por lo mismo, sino que todo lo que se paga directamente (no indirectamente a través de los impuestos) va a liberar gasto del presupuesto público que puede destinarse a otros fines (incluido el bajar los impuestos).

Si, en el límite, la situación es que tanto gastas en salud, tanto pagas, eso se llama privatizar la salud. Que los médicos estén en nómina de la Administración o de una clínica privada es absolutamente irrelevante: lo que hace una sanidad o una educación pública no es tanto quien provee el servicio, sino quien soporta el coste. Y si el coste lo paga el paciente y no el contribuyente, la sanidad es privada, porque el dinero sale del consumidor y no del ciudadano.

El debate sobre el copago, pues, no es un debate sobre presupuestos, costes o responsabilidad, sino un debate sobre si la sanidad tiene que ser pública o tiene que ser privada y en qué proporción.

Una de las noticias buenas del día es seguramente que el Congreso vota a favor de la supresión del canon digital.

La segunda noticia, y que no es ni buena ni mala sino que debería ser fuente de debate es que el canon se sustituya por otras fórmulas menos arbitrarias y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones.

Creo que en remuneración de la propiedad intelectual está la parte importante del asunto. La primera cuestión, más formal, es que lo que hay que remunerar en cualquier caso es la explotación o el uso para determinados fines de la propiedad intelectual, no la propiedad en sí misma (¿o sí?). La segunda cuestión, más importante y de fondo, es que debemos decidir si lo que queremos fomentar es la cultura a través de la producción cultural o bien lo que queremos es promover el establecimiento y crecimiento de una industria que hace negocio con la explotación de la obra cultural. Son dos cosas relacionadas, pero muy distintas, y más cuando en la mayoría de los casos quienes tienen los derechos sobre la propiedad intelectual no son los creadores y viceversa.

Es posible que sea deseable promover ambas cosas, pero por sus distintas naturalezas valdría la pena darles también trato separado. En el primer caso hay que pensar en una forma de fomentar la creación garantizando el sustento del creador; en el segundo caso hay que pensar en una forma de facilitar el beneficio de un sector garantizando el marco legal y económico en el que opera.

Creo que pertenece al Ministerio de Cultura todo aquello relacionado con el objetivo de tener más y mejores obras culturales, así como su máxima puesta a disposición de la ciudadanía sin ánimo de lucro. En otras palabras, que haya más y mejores libros, discos, películas, obras de teatro, pinturas o esculturas, así como más salas de conciertos, museos, revistas o páginas web culturales, etc.

Creo que pertenece al Ministerio de Industria todo aquello relacionado con el objetivo de tener un conjunto de empresas que generen beneficios y puestos de trabajo con la comercialización de las obras culturales. En otras palabras, que tengan más y mejor acceso al crédito cuando sea necesario, que puedan tener un trato fiscal preferente o que tengan un marco legal del sector sólido y cuyo cumplimiento sea garantizado por las distintas instituciones del estado de derecho.

El canon es — o era — una medida claramente perteneciente al ámbito de la industria, por lo que debería estar fuera de la agenda del Ministerio de Cultura y de la promoción de la Cultura, el creador, la obra cultural o como quiera que lo llamemos. Si el canon o similar se mantiene o no debe pertenecer al mismo tipo de debate sobre si se mantiene una tasa para la ocupación de la vía pública por bares y restaurantes o un impuesto sobre las emisiones de CO₂, o si se crea una subvención a la producción de leche o a la compra de coche nuevo.

En la nueva medida que acuerde el Congreso para remunerar la propiedad intelectual tiene que quedar claro cuál es el objetivo: ¿remunerar al autor o promover la explotación de la propiedad intelectual?

En mi opinión, hay que remunerar al autor, a fondo perdido, para que cree. De la misma forma que remuneramos a médicos, profesores y jueces: porque queremos sanidad, educación y justicia públicas y de calidad, y por eso la pagamos entre todos. Son, todas ellas, bienes públicos y bienes de interés general. Como la cultura (yo lo creo así).

Si tratamos a músicos, pintores y dramaturgos como a médicos, profesores y jueces, lo que querremos de ellos es que creen obras culturales y su resultado quede para todos (como queda para todos la sanidad, la educación y la justicia). Se me ocurren para ello tres opciones:

• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda en propiedad del autor pero licenciada en abierto para uso y disfrute de la ciudadanía. Al fin y al cabo, los fondos salen de los impuestos: lógico es que el contribuyente pueda disfrutar de lo que ha pagado.
• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda en propiedad del Estado pero licenciada en abierto para uso y disfrute de la ciudadanía. Al fin y al cabo, los fondos salen de los impuestos: lógico es que el contribuyente pueda ser propietario de lo que ha pagado.
• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda cedida al dominio público. Si la cultura es un bien público y nos creemos que contribuye a hacernos más humanos y a una mejor sociedad, lógico es que no haya absolutamente ningún límite a su difusión. Ninguno.

Los tres puntos anteriores, de hecho, es como funcionan la mayoría de iniciativas del sector público, e iniciativa pública es fomentar la cultura. Como la sanidad, la educación o la justicia. Se paga al creador una cantidad justa por una determinada creación cultural… y ponemos el contador a cero.

Por supuesto, habrá quien considere que una obra cultural bien merece otro trato. Y que una obra tiene más valor que las horas invertidas en su creación. Que una obra es una inversión — de tiempo o de dinero o de cualquier otro recurso — que bien merece una explotación comercial más allá de su divulgación.

En ese caso, entramos en el terreno de lo mercantil, de la industria. Y en este nuevo escenario, habrá que plantearse, al menos, dos grupos de preguntas:

• ¿Debe una industria tener una estructura de negocio basada en la subvención pública? ¿De qué forma? ¿En qué cuantías o proporciones al coste? ¿O debe repercutir los costes al consumidor? ¿Tiene un modelo de negocio competitivo? ¿Es capaz de generar beneficios o lugares de trabajo? ¿Bajo qué condiciones?
• ¿Debe una industria disfrutar de un poder de monopolio (que es lo que protege la propiedad intelectual)? ¿Por qué motivo? ¿Compensa el coste del monopolio — la pérdida del excedente del consumidor — los costes de no regular un monopolio como las externalidades, comportamientos free rider o una oferta subóptima?

Cuando se reencarne el canon en una nueva figura valdría la pena pues tener claro si queremos fomentar la cultura o promover la industria cultural; si estamos defendiendo un bien público y de interés general o bien favoreciendo o protegiendo una industrial. Los diseños de las políticas deben ser, necesariamente, distintos.