Carta a mi hija: yo sí te creeré

Dibujo de una chica con la leyenda "Hermana, yo sí te creo. No es abuso, es violación.
Hermana, yo sí te creo, cortesia de Iris Serrano

Querida Muriel,

Ahora sólo tienes seis años (y medio), pero un día serás capaz no sólo de leer este texto, sino de comprenderlo.

Hoy ha salido la sentencia del caso “La Manada”. Cinco hombres violaron a una chica. Dicen los jueces que a pesar de que la chica estaba acorralada por los cinco hombres, aterrorizada, vejada sexualmente una y otra vez contra su voluntad, la violaron sin violencia. Es decir: técnicamente, no la violaron.

Muriel, estás sola.

Estás sola significa que, salvo mamá y papá, nadie te va a creer.

Porque, estadísticamente, un día te ha de ocurrir a ti. Te ha de ocurrir que alguien te fuerce sexualmente. Con “suerte”, “sólo” serán unos tocamientos incómodos. Con menos suerte, será peor. Y te acompañará el resto de tu vida.

Y estarás tú sola con este recuerdo imborrable.

Sola porque tus amigas te recomendarán que lo olvides, que no vale la pena.

Sola porque los amigos dirán que no es para tanto, que seguro que te gustó, que ojalá les hubiera pasado a ellos.

Sola porque la policía dudará de tu criterio, de tus intenciones, incluso dirán que lo haces para hacer daño.

Sola porque los jueces cuestionarán y relativizarán los hechos, por más patentes que sean, por más bien grabados que hayan quedado, en aras de una interpretación inmaculada de la letra —que no del espíritu— de la Ley.

Muriel, estás sola.

Muriel, cuesta pensarlo, aún más escribirlo, pero te ocurrirá. De una manera o de otra te ocurrirá.

Y estarás sola.

Te ocurrirá porque estarás sola y estarás sola porque te ocurrirá. Bajo el aparente juego de palabras se esconde el terrible círculo de la sumisión. La certeza de este horizonte me revuelve por dentro como si me girasen la piel de dentro afuera.

Muriel, yo sí te creeré. Mamá y yo te creeremos. Siempre. Incondicionalmente. Sin dudas. Sin matices. Sin preguntas.

A medida que te hagas mayor, nuestros caminos deben separarse de forma natural. Quizás geográficamente, seguro de pensamiento, de manera de hacer, de manera de ser.

Pero en este punto del camino nos hemos de encontrar siempre. Siempre estaremos allí. Esperándote. Si es necesario.

No estarás sola. Yo sí te creeré.

Entrada originalmente publicada el 26 de abril de 2018, bajo el título Muriel, jo sí que et creuré en Vadepares. Todos los artículos publicados en esa revista pueden consultarse aquí bajo la etiqueta vadepares.

¿Tecnología o Sociedad de la Información? Una propuesta para el nuevo gobierno catalán

Fotografía de una réplica de la piedra Rosetta
Rosetta, cortesía de Mini OzzY.

La pasada legislatura fue un revulsivo a muchos niveles. El actual modelo de desarrollo de Sociedad de la Información no ha escapado a esta crisis. El caso más conocido, quizás, ha sido el papel central del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) en todo lo que ha hecho referencia a infraestructuras de comunicaciones y seguridad. Hemos tenido, sin embargo, también un interesante debate con el que tenía que pasar con los datos de la historia médica y el proyecto VISC+, cómo debían configurarse las políticas de transparencia, datos abiertos o gobierno abierto de la Generalitat, o cómo se transforma la comunicación con el ciudadano a través de canales telemáticos, entre otras muchas iniciativas.

En los siguientes párrafos quiero hacer dos propuestas: que las infraestructuras deben seguir un proceso de descentralización para evitar la vulnerabilidad de tenerlas todas juntas; y que, por el contrario, los servicios deben tener, si no una centralización, sí un centro de coordinación que permita estrategias y políticas que sean compartidas de manera que aprendan conjuntamente y pongan el ciudadano en el centro.

Desarrollo digital e infraestructuras

El desarrollo digital —o, en su ausencia, la brecha digital— ha pasado por tres estadios desde que empezamos a hablar de las autopistas de la información durante la década de 1990. Hablamos de la primera fase como la de acceso (físico) a las infraestructuras, la segunda como la de la capacitación o las competencias digitales, y la tercera como la del uso efectivo y empoderador.

Aunque las tres fases conviven en el tiempo hoy en día —también en Cataluña— es obvio que el peso se va desplazando cada vez más hacia la tercera. Y es, con esta cuestión bien presente, que deberíamos pensar las políticas de Sociedad de la Información en nuestro país. ¿Qué planes tenemos para el día siguiente del 21 de diciembre de 2017?

La situación actual es fruto de las necesidades de cada momento y ha sido muy útil para el desarrollo del acceso a la tecnología y, en menor medida, el desarrollo de competencias en el ámbito de la transformación digital.

Basta con mirar el organigrama de la Generalitat para ver el enorme esfuerzo que se ha realizado en materia de infraestructuras, seguridad, comunicaciones y alfabetización digital. Sin embargo, no habrá que buscar mucho en el organigrama: el grueso de las instituciones se agrupan bajo la Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.

Esta concentración, en mi opinión, ya no es necesaria. Es probable que las cuestiones de seguridad ya no tengan que depender de las “telecomunicaciones”, sino de quien se encarga de la seguridad, los policías o los servicios de inteligencia: Interior. Es también probable que las cuestiones de infraestructuras tecnológicas no tengan que depender de las “telecomunicaciones”, sino de quien se encarga de “poner las calles” cada día por la mañana, sean analógicos o digitales: Territorio, Infraestructuras, o como convengamos llamarlo. Es probable que la acreditación de competencias en uso de las TIC o el despliegue de telecentros y políticas de fomento del uso de Internet no tengan que depender de las “telecomunicaciones”, sino de quien se encarga de mejorar las capacidades de los ciudadanos y el tejido social del país (la respuesta al quién, más abajo).

Por otra parte, esta concentración, además de responder a un modelo que poco a poco vamos dejando atrás (insisto: no renegamos de él porque ha sido muy útil hasta hoy) tiene unos riesgos obvios: es altamente frágil por el hecho de concentrar, en el mismo lugar, todas las infraestructuras digitales así como una gran parte de los usos estratégicos.

Sociedad de la Información y el ciudadano en el centro

Situémonos en la tercera fase, la del uso efectivo de las tecnologías digitales para el empoderamiento ciudadano. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Por un lado un ciudadano que reúne en una persona física diferentes actores: un paciente, un estudiante, un activista, un consumidor, un emprendedor. Por otra, una dispersión de servicios que comparten, a menudo, necesidades, enfoques, metodologías y, incluso, soluciones. En salud se habla de envejecimiento activo, de comunidades de pacientes o de poner al paciente en el centro para darle más autonomía; en educación hablamos cada vez más de aprendizaje, de aprender a aprender, de comunidades de aprendizaje y de poner al estudiante en el centro para darle más autonomía; en gobernanza, hablamos de participación y co-gestión, de retorno de soberanía, de comunidades de interés y de poner al ciudadano en el centro para darle más autonomía; en economía, hablamos de cooperativismo, de empresas en red, de prosumidores, y de poner el consumidor o el emprendedor en el centro para darle más autonomía. No hace falta seguir. Prácticamente todos los ámbitos de la sociedad están siguiendo el mismo patrón: nuevas herramientas, nuevas formas de organización, mayor autonomía.

Cuando hablamos que la Administración debe proporcionar una ventanilla única al ciudadano, esto no se puede conseguir sólo concentrando aquello que diseñamos e implementamos por separado. Al contrario, el diseño —y más si debe ser participado por el ciudadano en cualquiera de sus roles— también debe ser coordinado. Y esta coordinación no es sólo a la hora de implantar, sino de diagnosticar las necesidades, evaluar las opciones e integrar las soluciones.

No creo que haya que pedir un Departamento del Ciudadano, aunque no me parece tampoco ninguna barbaridad: la gran empresa ya funciona con ejecutivos de cuentas que hacen de intérpretes entre el cliente y la organización. Pero sí un ente que coordine. Y permítaseme insistir: que coordine el trabajo de (por ejemplo) las direcciones generales de Modernización e Innovación de la Administración; de Transparencia, Datos Abiertos y Calidad Democrática; de Atención Ciudadana; de Difusión; o las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Enseñanza y en Salud.

Durante los dos tripartitos (2003-2010) estuvo en funcionamiento la Fundación Observatorio para la Sociedad de la Información de Cataluña (FOBSIC) que debía ser el think tank de la Sociedad de la Información en Cataluña. Seguramente los tiempos de la FOBSIC ya han pasado en cuanto a la sociedad en general, pero sí considero que hace falta un organismo que, dentro de la Generalitat (o junto a ella), detecte tendencias, haga análisis, diseñe propuestas y acompañe la transformación digital en la Administración. Este ente —o lo que sea—, más que coordinar —concepto que siempre tiene un sesgo jerárquico, de verticalidad— debe dar servicio a todos los niveles de la Administración, empezando por la Generalitat misma. Este servicio debe basarse en un diálogo constante entre todos los actores para que las propuestas de innovación que resulten (técnicas, metodológicas, organizativas) puedan probarse, escalarse y reproducirse, sin que cada uno tenga que reinventar la rueda una y otra vez. Porque la transformación digital debe hacer más eficiente, pero sobre todo más eficaz, el tránsito de la Administración a la Sociedad de la Información.

Pero, no nos equivoquemos: esto no va de “modernizar la Administración”. O no solamente. Esto de transformar la sociedad. Lo que sirve para la Administración, puede servir para otros ámbitos; y, más importante, lo que aprende la Administración sólo lo aprenderá en un constante diálogo con la empresa, la universidad y la sociedad civil. Lo llaman el modelo de innovación de la cuádruple hélice, pero podemos llamar innovación abierta, innovación social, innovación social abierta, economía social, comunes digitales. Este ente debe tener, pues, forma de T: por una parte, dialogar de forma horizontal con todos los otros actores de la sociedad; por otra, ofrecer acompañamiento en vertical en todo el ámbito de la Administración.

Esto va de cambiar la cultura de la Administración para que sus políticas públicas se acerquen más a este ciudadano del s.XXI que ya está aquí y que pide y necesita cosas distintas de quien lo gobierna. Podemos hacerlo cada uno por su parte o sumar y concentrar esfuerzos. Si nos creemos que la Administración debería hacer I+D+i sobre los servicios y políticas que pone en marcha, esta sería mi prioridad absoluta.

Entrada originalmente publicada el 13 de diciembre de 2017, bajo el título Tecnologia o Societat de la Informació? Una proposta per al 21-D en Crític. Todos los artículos publicados en ese periódico pueden consultarse aquí bajo la etiqueta sentitcritic.

Las tres piezas que fallan en el Caso Cassandra sobre la humillación de Carrero Blanco

Esquema del atentado mortal contra Carrero Blanco con una indicación que marca el nivel de libertad de expresión
Libertad de expresión,
cortesía de Dolors Boatella

La Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Cassandra Vera, que publicó en Twitter chistes sobre Carrero Blanco y con mención explícita a la banda terrorista ETA.

Con el texto de la ley en la mano, da la impresión que la sentencia es una sentencia técnicamente bien aplicada. Técnicamente significa que nos ceñimos estrictamente al texto, y no al espíritu, y que somos capaces de abstraernos de todo el contexto histórico, político, cultural y social que envuelve al caso. Pero ni las normas son un texto, sino una transcripción de un espíritu, de una voluntad, incluso de una práctica social, ni ninguna acción puede detraerse de su entorno, de su naturaleza tan humana como social.

En este sentido, en mi opinión fallan tres piezas en el rompecabezas de la sentencia sobre el Caso Cassandra.

El poder legislativo

La sentencia tiene su origen en la ley o en las leyes. Leyes que diseña, redacta y aprueba el Parlamento. Has dos puntos donde el engranaje del legislativo, en mi opinión, es discutible.

El primero es en su comprensión de Internet. El Parlamento español — como muchos otros — ha tenido históricamente dificultades para comprender el funcionamiento de Internet, tanto su funcionamiento técnico como social. Cuestiones como la propiedad intelectual, la creación cultural, la economía colaborativa (la que lo es de verdad y la que se hace pasar por ella), las relaciones interpersonales y grupales, la salvaguarda y distribución de información, etc. son espacios pantanosos donde el Parlamento se ha enfangado.

Internet tiene, en el Código Penal, un trato favorable. O, mejor dicho, desfavorable. Así, en el artículo 578 sobre enaltecimiento del terrorismo, se castigará más duramente si los hechos han tenido lugar en Internet. Tres cuartos de lo mismo sucede con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, o Ley Mordaza, con muchos pasajes inspirados en prácticas digitales, aunque no figuren explícitamente como tales.

Creo que no es exagerado afirmar que el poder legislativo desconoce Internet. Lo que es desconocido se teme. Y lo que se teme se vigila, se controla y se limita. Cuando no se puede hacer desaparecer.

Se añade, aquí, otra cuestión, que no es otra sino hacer distinción entre dos tipos de delitos de odio: los que van contra víctimas del terrorismo y los que van contra otro tipo de víctimas. Este sesgo — que tiene resonancias desde la Ley de Partidos hasta las varias reformas del Código Penal — puede tener su justificación desde el punto de vista de quien comete el delito, pero es más difícil de justificar desde el punto de vista de las víctimas, como veremos ahora.

El poder ejecutivo

Es bien sabido que el éxito de una Ley no está en el Parlamento sino en los presupuestos. Si el Parlamento propone una Ley, es el ministerio correspondiente el que la aplicará con mayor o menor compromiso en función de los recursos asignados — recursos que son asignados políticamente. En España, el Ministerio del Interior es el que controla la policía así como, de facto, el que controla a la Fiscalía. Es, por tanto, el ministro el que decide qué delitos se persiguen con más o menos ahínco.

Que haya una Operación Araña contra el enaltecimiento del terrorismo y no contra la homofobia o la xenofobia responde a motivos políticos. Es legítimo concentrar los esfuerzos allí donde uno considere pertinente — igual de legítimo que no compartir dicho criterio.

Legitimidades al margen, el ministerio ahonda en el sesgo sobre el trato “deferencial” en la lucha contra el terrorismo y en defensa de sus víctimas. En ese sesgo hay un juego de equilibrios elemental: a mayor control y mayor seguridad, más dañados los derechos humanos fundamentales — entre ellos, la libertad de expresión.

Esta preferencia por la “paz social” basada en la “seguridad” es lo que ha sido luz de faro de la actuación del ministerio del Interior en general, y de los cuerpos de seguridad del estado en particular en los últimos años y, por extensión, desde la Transición misma.

El poder judicial

Por supuesto, el diseño de las leyes del Parlamento y el afán para su cumplimiento por parte del ejecutivo podrían corregirse — compensarse, matizarse, afinarse — en los juzgados. No ha sido así.

En la sentencia del Caso Casandra hay dos cuestiones que no hacen sino agravar esta separación entre sociedad y marco regulatorio a medida que la solución a un problema transita por cada uno de los tres poderes.

La primera cuestión es cuando se dice que en esta clase de delitos es importante no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizadas, su contexto y las circunstancias concomitantes. Es aquí — y obviamente la mía es una opinión personal — dónde doy la razón a la Audiencia Nacional y se la quito en su sentencia. Le doy la razón en que el sentido y el contexto cuentan. No comparto el sentido en el que interpreta el sentido y el contexto. La ley — y el Parlamento, y el Ministerio, y la Policía, y el Poder Judicial al completo toman Internet como un espacio abierto, un ágora pública, un medio de comunicación. Técnicamente así es. Pero el uso social e individual de Internet en general, y de Twitter en particular dista mucho de estar tan claro. Igual que muchos consideramos el correo electrónico como lengua oral transcrita (y no como lengua escrita), las redes sociales son, en muchos casos, un bar o un comedor de casa… con paredes de cristal y altavoces a los cuatro vientos.

No es un juego de palabras ni una justificación ni una patente de corso para portarse de forma grosera y ofensiva. Pero ahí es donde la justicia tendría margen, y en lugar de situarse en el centro del carril, se arrima a uno de los extremos de la interpretación más literal, obviando los usos sociales de la tecnología y los espacios virtuales. Apurando el margen, la justicia también opta por ser más punitiva que correctiva, por no hablar de la pedagogía de la prevención.

La segunda cuestión es, sin embargo, mucho más delicada por las conclusiones que de ella pueden extraerse. Reza la sentencia que

las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado, que
por cierto cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero asimismo merecedoras de la misma deferencia. Entender que las consecuencias de aquel atentado de 20-12-1973 no merece la protección penal a los efectos enjuiciados crearía una situación injusta, con consiguiente existencia de víctimas de ETA de diversas categorías.

Lo que dice la sentencia es que no importa quién fue Carrero Blanco. No importa que fuese, durante muchos años y especialmente en el momento de su muerte, la mano derecha de un militar levantado en armas contra un gobierno legítimo, que llevó al país a una Guerra Civil, que mantuvo a dicho país y sus derechos bajo su yugo dictatorial durante 40 años. No importa tampoco que, en términos estrictamente politológicos, no son equiparables la ETA de la dictadura con la ETA de la democracia, movimiento asimilable a la liberación de la dictadura el primero, movimiento indudablemente terrorista el segundo. No hace distinción, pues, la Audiencia Nacional, entre víctimas del terrorismo: entre el verdugo convertido en víctima por un grupo que se oponía a su régimen dictatorial, y la víctima inocente que ha defendido democráticamente sus ideas de aquéllos que no han sabido incorporarse al debate no violento de las ideas.

Tres piezas, todas las del Estado de Derecho, fallan en el Caso Cassandra. Falla el legislativo, aterrorizado por una Internet que desconoce y que quiere controlar cuando no demonizar. Falla el ejecutivo cuando induce sesgos ideológicos y políticos en la persecución de unas víctimas en detrimento de otras. Y falla el judicial cuando, además de no comprender la sociología de Internet y las redes sociales, da pruebas, una vez más, que España no ha superado el franquismo y que el post-franquismo todavía marca la agenda pública: no osemos opinar, ni que sea de la forma más grosera, aunque tengamos los medios telemáticos para hacerlo; no reivindiquemos la lucha contra el odio porque lo que es odioso ya se encargará el gobierno de definirlo; y, sobre todo, no toquemos los pilares de la patria.

En definitiva, que hagamos como él, y que no nos metamos en política.

Entrada originalmente publicada el 1 de abril de 2017, bajo el título Las tres piezas que fallan en el Caso Cassandra sobre la humillación de Carrero Blanco en el espacio Tribuna Abierta de El Diario.es. Todos los artículos publicados en ese medio pueden consultarse aquí bajo la etiqueta eldiarioes.

¿Existe la privacidad? ¿Nos importa?

Hace unas semanas, David Page Polo y Marta G. Aller me entrevistaron para un artículo para el Independiente que titularon La privacidad no existe.

Como suele suceder, al periodista le queda la ardua tarea de comprimir en poco espacio unas ideas que se expanden fácilmente al preguntar.

Me tomo ahora la libertad de reproducir aquí mis reflexiones, por su pudieran completar lo que allí se publicó.

¿Puede la privacidad dejar de ser una preocupación para el ciudadano el siglo XXI?

Si la pregunta se refiere a que la privacidad (o su ausencia) se resolverán a corto plazo y podremos despreocuparnos de la cuestión, en absoluto. Al contrario, el tema de la privacidad justo acaba de empezar y cobrará rápidamente más importancia por dos motivos: (1) la penetración total y absoluta de los receptores de datos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y (2) la automatización en el procesado y desencadenamiento de acciones fruto de la recogida sistemática de información.

Sin embargo, creo que relativamente pronto la palabra no será “preocupar” sino “concernir”, “interesar” o “gestionar”. Es decir, nos preocupamos por aquello que desconocemos o aquello que no sabemos cómo nos va a afectar o qué resultados puede acarrear. En mi opinión, en menos de una generación tomaremos consciencia de muchas de estas cuestiones y pasaremos a gestionarlas con cierta naturalidad – aunque probablemente con un elevado coste en tiempo o dinero.

¿Sabe la gente los datos que comparte con las apps de su móvil? ¿Le importa?

Los datos nos dicen que ya hay un buen grueso de la población bastante consciente de, al menos, el hecho de que los datos se recogen, se manipulan y se utilizan para tomar decisiones. Seguramente se desconoce todavía la magnitud y el alcance de dicha recolección y manipulado, así como el potencial impacto en nuestras vidas futuras.

Pero la proliferación de normativa, agencias de protección de datos, avisos en las mismas aplicaciones o la existencia misma de organizaciones y campañas de sensibilización hacen que el conocimiento sobre lo que cedemos está situándose rápidamente en la agenda pública.

Por supuesto hay muchos que viven de espaldas a dicha agenda pública, pero entonces el problema no es ya de ser consciente de las amenazas a la privacidad, sino de un calado mucho mayor y que pasa por la exclusión social a muchos niveles, empezando por el educativo y el informativo.

¿Van los usuarios a dejar de preocuparse de la privacidad en el futuro a cambio de mejores servicios más personalizados del big data?

Como comentaba anteriormente, el concepto “preocuparse” dará paso al “interesarse” o al “interesarse por gestionar”. Sí creo que habrá una cierta reivindicación no por la privacidad en sí, sino por la soberanía digital: poder decidir de forma consciente y libre qué hacer con los propios datos o privacidad, ya sea conservarla, cederla completamente o negociar qué cedemos a cambio de qué servicios.

No es del todo nuevo: la revolución obrera de los siglos XIX y XX trata, en el fondo, de tener soberanía sobre la propia persona y sobre la propia capacidad para trabajar, y negociar con el empresario cuánta de esa soberanía (o libertad) se cede a cambio de una cierta seguridad, salario o cobertura social.

En este sentido, podemos pensar en la privacidad, o en la capacidad de generar datos, como una nueva fuerza de trabajo que podemos intercambiar con quien quiera ofrecer algo a cambio por ella. Y, como ocurre con el trabajo, la formación y la inteligencia nos acercarán más o menos a la esclavitud o a la libertad.

¿Es la privacidad un concepto cada vez más obsoleto?

Hay quienes consideran que, de hecho, la privacidad es una excepción y que vivimos en un paréntesis de la privacidad. Esta privacidad se habría ganado con la imprenta, industrialización y la urbanización, cuando abandonamos entornos sociales pequeños y cerrados (“la aldea”) para pasar al anonimato de la fábrica o de la ciudad. Así, este paréntesis habría durado, siendo optimistas, lo que la revolución científica e industrial: unos 400 años. Con la digitalización, volvemos a nuestro estado natural que es la ausencia de privacidad.

No obstante, hay diferencias entre la etapa que ahora abordamos y la etapa pre-industrial en la aldea. A grandes rasgos, pasamos de la ausencia de privacidad a la privacidad total, para entrar ahora en una era de la privacidad gestionada, donde habrá un cierto margen para negociar cuánta privacidad deseamos conservar.

¿O habrá un repunte de la preocupación a medida que seamos más conscientes de los datos que compartimos sin darnos cuenta?

Si estamos de acuerdo en que pasamos de una “preocupación” a una “gestión”, lo que necesariamente presenciaremos es que la toma de conciencia será, también, consciente: necesitaremos y querremos formarnos en gestionar nuestros datos y, con ello, nuestra privacidad. Necesitaremos y querremos también recuperar la soberanía (que no necesariamente propiedad) sobre dichos datos. La llamada competencia informacional – comprender y gestionar la información – así como la conformación de la propia persona, presencia o identidad digital serán competencias básicas que correremos a adquirir, igual que adquirimos conocimientos sobre finanzas (la hipoteca, por ejemplo) o sobre derecho (qué puedo decir en la Red).

Tampones que matan

La BBC publicaba ayer un artículo con un titular más que directo: Girls ‘too poor’ to buy sanitary protection missing school. El titular no es tendencioso ni exagerado. En el artículo se explica cómo algunas adolescentes de la zona de Leeds dejan de ir a la escuela cuanto les viene la regla por la sencilla razón que no pueden permitirse comprar tampones o compresas.

Sabemos, pues, por la BBC, que el acceso a bienes de primera necesidad — como tampones y compresas — puede determinar la asistencia a la escuela.

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que un entorno socioeconómico y familiar favorable al estudio tiene un fuerte impacto en el desempeño en el aprendizaje.

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que el desempeño en el aprendizaje tiene un fuerte impacto en la probabilidad de encontrar trabajo o en la remuneración de dicho trabajo (cuando se consigue).

Sabemos, porque llevamos años estudiándolo, que los ingresos en la unidad familiar, así como el nivel educativo de los padres (especialmente la madre), tienen un gran impacto en el desempeño familiar de los hijos.

Sabemos, porque nos lo cuenta ahora la BBC, que un número significativo de adolescentes van a reproducir el círculo vicioso de no tener recursos, no ir a la escuela, tener peor educación, tener peores empleos, no tener recursos, empeorar la educación de sus hijas, que a su vez tendrán peores empleos, lo que les comportará menores recursos, con un impacto negativo en las nietas de las primeras, que a su vez…. y así, hasta el infinito.

Cuando se debate sobre el IVA de tampones y compresas, éste es el debate. No es un lujo. No es algo menor. No es ni siquiera algo medianamente importante pero no prioritario. El debate es éste: ¿reforzamos el círculo vicioso de pobreza-baja educación-exclusión social, o intentamos romperlo?

Aparecerán entonces las voces que se rasgarán las vestiduras al grito de ¡demagogia! Pero ahí están los datos. Ahí están los casos reales. Niñas y adolescentes que no van a la escuela porque no pueden permitirse algo que necesitan cada cuatro semanas.

Hacer política es a menudo difícil. Los problemas son complejos y las soluciones nada claras.

A veces, no obstante, tenemos la “suerte” de que los problemas están perfectamente identificados y las soluciones son claras y diáfanas. Y el acceso a compresas y tampones es uno de ellos.

La necesidad de la inmersión lingüística en Catalunya

Dos padres se quejan de que su hija es bilingüe (y no monolingüe)
La niña habla dos idiomas, cortesía de Blázquez

De todos es sabido que no hay que hacer categoría de un caso particular: yo voy a hacer oídos sordos a este principio básico del método científico. Primero, porque esto no es un artículo científico, sino una opinión personal que me viene en gusto compartir; segundo, porque sospecho que muchos otros se sentirán identificados con esta reflexión; y tercero, porque a lo mejor algunos quieren comprender algunos posicionamientos personales, aunque no vengan avalados por un test de significatividad y representatividad muestral.

Mi hija cumple cinco años mañana, de los cuales lleva dos escolarizada (educación infantil) y otros dos en guardería.

En casa solamente se habla catalán. Aunque madre y padre somos completamente bilingües, nos conocimos en un entorno catalanoparlante, así hablamos entre nosotros y así nos dio por hablar a nuestros hijos. En algún momento nos planteamos cada uno hablarle en una de nuestras dos lenguas maternas — uno en catalán, otro en castellano — pero, simplemente, no nos salía. Absolutamente siempre se habla en catalán en casa.

Con el resto de la familia sucede parecido y, a efectos prácticos — en el sentido de la frecuencia de las relaciones personales —, la única persona con quien mi hija habla en castellano es con mi padre.

Sucede lo mismo en la escuela: la lengua vehicular de los centros educativos en Catalunya es el catalán y, al menos en la escuela de mi hija (por supuesto no en todos, pero este es otro tema) esta cuestión se respeta. Dentro de clase, maestros y alumnos hablan en catalán.

A las puertas de sus cinco años, mi hija es enteramente bilingüe. No confunde los idiomas ni las palabras — o no mucho más que los adultos —, sabe que hay dos idiomas y con cuál debe dirigirse a cada persona. Y mi hijo de dos años y medio va por el mismo camino. A pesar de que prácticamente su único contacto personal con el castellano es su abuelo paterno, ambos son entera y completamente bilingües. Como sus padres. Y sus tíos y sus primos y la totalidad de personas que tienen el catalán como primera lengua — si es que eso existe: es muy excepcional quien aprende catalán sin aprender castellano, aunque no lo es lo contrario.

A las puertas de sus cinco años, mi hija es enteramente bilingüe. Pero juega en castellano. Es decir, cuando juega ella sola, y habla en voz alta, habla en castellano. Sus fantasías, sus diálogos consigo misma o con sus muñecos, su propia relatoría de sus propios juegos… es en castellano.

A mí esto no me parece bien ni mal. Los políglotas, los políglotas que lo somos de verdad, pensamos en el idioma en el que hablamos o en el que hacemos las cosas. Yo pienso en catalán cuando hablo con mis hijos, pienso en castellano cuando echo unas cervezas con amigos en la Alameda de Sevilla, o me toca pensar en inglés cuando asisto a un congreso académico de carácter internacional. Y mi hija hace lo mismo.

No obstante, si bien tengo claros los motivos por los que yo cambio de idioma, he tenido que aprender por qué lo hace mi hija, especialmente cuando está sola.

He sido capaz de identificar dos motivos especialmente poderosos:

  1. El primero es la influencia de sus compañeros. Reza el dicho que en clase se habla catalán, pero que en el recreo se habla castellano. Muchos de los amigos de mi hija son castellanoparlantes, y los que no lo son acaban cediendo a la lengua franca de la escuela que, fuera del ámbito académico, es muy claramente el castellano.
  2. El segundo es la influencia de los medios. A pesar de la insistencia de sus padres de suministrar lecturas y material audiovisual en su lengua original (habitualmente catalán, castellano e inglés, pero YouTube trae de todo), la oferta cultural infantil es apabullantemente en castellano: cuentos, juegos, libros, dibujos animados…

¿Conclusión? Dado que la inmensa mayoría de los referentes lúdicos de mi hija son en castellano, cuando juega, aunque sea sola, lo hace en esa lengua. Obvio.

Cuando uno oye o lee declaraciones públicas sobre la persecución del castellano en Catalunya, o la dificultad de usarlo en el día a día, no puede menos que quedarse estupefacto. Mientras mis hijos son completamente bilingües a pesar de vivir en una casa donde solamente se habla catalán, ni jueces ni abogados en Cataluya tienen obligación de comprender el catalán, por poner solamente un ejemplo entre cientos.

Es absolutamente cierto que el castellano está discriminado en Catalunya, y lo está por tres motivos que apunto de menos importante a más.

  1. El primero es por los más que demostrados beneficios del bilingüismo: es bueno para aprender más y mejor, es bueno porque nos hace más empáticos, es bueno porque nos protege (relativamente) de enfermedades degenerativas de origen neurocerebral. Por tanto es bueno aprender castellano y catalán, catalán y castellano. Si una de las lenguas — creo que queda claro por lo escrito hasta ahora que es el catalán y por qué motivos — está en una situación de desventaja, parece lógico auparla hasta la igualdad para promover el bilingüismo (muy distinto de la diglosia, dicho sea de paso).
  2. El segundo motivo es para fomentar la inclusión social. O la inter-inclusión social, si se prefiere: no se trata de que un grupo “incluya” al otro, sino de que se “incluyan” mútuamente, que se interrelacionen, que no haya guetos (ni de catalanoparlantes ni de castellanoparlantes). La experiencia de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas ha demostrado ser excelente en esta cuestión. No suficiente, por supuesto, pero sí fantástica dentro de sus posibilidades. Algunas personas opinan — no sin razón — que educar a alguien en una lengua que le es ajena (es decir, a un castellanoparlante en catalán) puede perjudicar su nivel de comprensión. Si bien esto es cierto (la ciencia también se ha pronunciado al respecto) hay dos objeciones a hacer. Una, que es posible que la exclusión social por no saber ambas lenguas sea peor que la motivada por no haber “comprendido toda la lección”. La segunda, y mucho más importante, es que cuando un organismo como la UNESCO defiende la escolarización en la lengua propia lo que realmente están defendiendo son aproximaciones educativas bilingües o multilingües basadas en la lengua materna como un factor importante de inclusión y calidad en la enseñanza. Es lo que pretenden algunos al querer añadir el inglés como lengua vehicular. Si sirve para el inglés, sirve para el catalán.
  3. Por último, porque se trata de un derecho constitucional. Mi hija, mis hijos, tienen derecho a conocer y poder desarrollarse plenamente en su(s) lengua(s) materna(s). Dada la apabullante presencia del castellano en relación al catalán, desarrollarse en catalán jamás será posible sin una enseñanza, sí, que discrimine (negativamente) el castellano a cambio de una discriminación (positiva) del catalán. Si ello fuese en detrimento del desarrollo del castellano en mis hijos, yo sería el primero que se opondría. Vehementemente. Pero la experiencia nos ha demostrado, repetidas y contundentes veces, que el castellano no retrocede nunca, mientras que el catalán sí se mantiene (tampoco avanza, porque harían falta más políticas para ello).

Acabo como he empezado: esto es una opinión personal fruto de la observación atenta de un único caso, el de mi hija (y el de mi hijo, que va por la misma senda). No pretende ni convencer ni confirmar en sus convicciones a nadie. Es un único caso y tiene la relevancia que tiene.

Que para mí es toda. Suficiente como para, si se diese el caso, desobedecer una ley que no permitiese a mi hija aprender los dos idiomas en los que hablan sus padres y abuelos: el castellano y el catalán. Hay quien defiende la “utilidad” de una lengua por el número de hablantes. Para mí, el catalán no es útil porque tenga más hablantes nativos que el Checo, el Búlgaro, el Sueco, el Danés, el Finlandés o el Noruego, entre otros. Para mí, el catalán es útil porque lo hablan mi madre, mi mujer y mi hija. Y no hay nada más importante que eso, aunque fuésemos los únicos que todavía lo hablásemos en todo el mundo.

(Esta reflexión la hubiese podido escribir en catalán para defender el castellano, la lengua en la que hablo con mi padre: lo haré el día que haya un mínimo atisbo de que lo que ahora sucede con el catalán pueda remotamente sucederle a mi otra lengua materna. De momento, no hay motivo alguno.)

Sobre Mí

    Soy Ismael Peña-López.

    Soy profesor de los Estudios de Derecho y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, e investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y el eLearn Center de la misma. También dirijo el proyecto de Innovación Abierta de la Fundació Jaume Bofill.