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En La Ley de Transparencia veta el acceso a la información y la participación ciudadana, el colectivo Qué hacen los diputados informa de la aprobación de la Ley de Transparencia, en cuyo trámite final se han incorporado una serie de enmiendas parciales que vienen a restringir aún más su alcance.

Una de estas enmiendas incluye la creación del órgano que vendrá a velar por el buen desarrollo de la Ley de Transparencia: el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tiene en esencia un papel similar al que podría tener el Tribunal de Cuentas, repartiéndose entre ambos la tarea de «controlar al controlador» en el ámbito informativo y en el ámbito presupuestario, respectivamente. Una buena regla del nueve para comprobar cuán honesto es el legislador al crear un órgano como el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno o como el Tribunal de Cuentas es mirar a la composición del mismo o, todavía mejor, a la forma de nombrar a sus miembros.

Como se puede ver en la tabla, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tiene ocho miembros cuyo nombramiento (directa o indirectamente) se reparten a partes iguales el Gobierno y las Cortes Generales. El presidente lo nombra directamente el Gobierno (referendado por las Cortes). Hay un representante de la AEPD, cuyo presidente lo nombra el Gobierno; un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, parte del gobierno por construcción; y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, autoridad que también nombra el gobierno. Por otra parte, forman parte del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno un diputado y un senador que, también por construcción, salen de las Cortes; un representante del Tribunal de Cuentas, tribunal elegido por las Cortes y que, de facto, es un reparto de exdiputados, exsenadores y personas afines a los dos grandes partidos del Parlamento; y un representante del Defensor del Pueblo, a su vez también nombrado por las Cortes en el mismo régimen que el Tribunal de Cuentas.

En otras palabras, el Consejo encargado de evitar que los políticos manoseen la democracia entre bambalinas está en manos… de esos mismos políticos. Igual que el Tribunal encargado de evitar que los políticos manoseen el dinero público entre bambalinas está en manos de esos mismos políticos.

Y no solamente «esos mismos políticos». Ni tan siquiera hay una pluralidad de colores en el Consejo de la Transparencia o el Tribunal de Cuentas, dado que el reparto se ciñe en la práctica y en su mayoría a los dos grandes grupos del hemiciclo.

¿Cómo se podría mejorar la composición de estos órganos? Dejando al margen la obviedad de aumentar la paleta de colores políticos de sus miembros, por supuesto con miembros de la sociedad civil. Entre ellos:

• Representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajen para la transparencia y la rendición de cuentas.
• Representantes de los medios de comunicación.
• Altos funcionarios del estado (de carrera, no cargos políticos) especializados en aquellos ámbitos.
• Jueces y fiscales.
• Académicos.

¿Poco operativo? No hace falta que estén muchos de cada grupo. Ni siquiera que estén todos los que ahora ya están.

Por otra parte, si se cree interesante mantener a los actuales miembros por cuestiones técnicas (por ejemplo, el representante de la AEPD para que vele por la legalidad de la información abierta al público) siempre puede crearse un pequeño comité técnico que trabaje a ese nivel (de coordinación entre administraciones, de velar por la legalidad o la interoperabilidad de los datos abiertos, etc.), mientras que el Consejo propiamente dicho trabaje en un plano estrictamente político y de supervisión del despliegue de la Ley de Transparencia.

Ser transparente no es una cuestión técnica, sino una cuestión de actitud. Una actitud que el legislador jamás tuvo. Todo por la transparencia sin la transparencia. La resultante Ley de Transparencia resultará, en muchos aspectos, peor que no tener una Ley de Transparencia.

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