ICTlogy

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información acaba de publicar la edición para 2018 de su Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2017.

Los datos hace años que no cambian mucho. En parte, por un buen motivo: el 80% de la población usa Internet semanalmente, lo que es una cifra muy elevada y, en consecuencia, difícil de mejorar de forma drástica. En parte, por un mal motivo: ese 20% de no usuarios o de usuarios poco frecuentes parece (casi) estancado y no parece que los esfuerzos por reducirlo estén dando frutos. Puede ser que las estrategias no sean las adecuadas, o que simplemente no nos estemos tomando en serio esta quinta parte de la población adulta española porque ya los damos por perdidos — más sobre esto más adelante.

La Figura 1 muestra con qué frecuencia se conectan los españoles a Internet. En mi opinión, conectarse menos de una vez a la semana ya aleja a una persona de los beneficios más estratégicos de Internet: información, aprendizaje autónomo, participación política, cuidado activo de la propia salud y envejecimiento, oportunidades de socialización y, por supuesto, empleabilidad.

De entre los diversos factores que hay para no estar conectado se encuentra, siempre presente, la renta, tal y como muestra la Figura 2. Aunque no lo vamos a incluir aquí, el ONTSI también muestra como factores la educación y la edad. En realidad, cuando miramos los datos de cerca, se trata del mismo factor representado por variables emparejadas: la renta y el nivel educativo tienen una muy estrecha relación. Por otra parte, en España el nivel educativo y la edad tienen también recorridos paralelos, fruto de, entre otras cosas, la tardía industrialización de España, el también tardío desarrollo del Estado del Bienestar y, cómo no, la Guerra Civil.

Dicho de otro modo, el bajo nivel de acceso a Internet es a la vez consecuencia y causa de exclusión social. Los más excluidos acceden menos a Internet y ese bajo acceso les va a vetar posibilidades de inclusión social.

Vale la pena hacer un breve paréntesis aquí para combatir uno de los falsos mitos sobre la inmigración en España: que tiene bajo nivel educativo y que, además, vive de espaldas a la tecnología. Nada más lejos de la realidad. Son cuestiones sabidas hace tiempo (como muestran Boso y Ros, 2010 o Ros et al., 2012) pero los datos del ONTSI nos lo confirman: la población inmigrante tiene un nivel educativo entre medio y elevado, y vive conectada tanto entre el colectivo inmigrante, con los que han dejado en su país de origen, y con el colectivo de acogida.

Pero volvamos a los conectados y los no conectados. Uno de los dramas —porque lo es— no es cuánto nos conectamos, sino cómo. Es decir, el uso cualitativo que hacemos de Internet, más allá del número de horas que nos sentamos frente a una pantalla. Y si más arriba decíamos que parecía que había un 20% de la población que no importaba a nadie, ahora podemos ampliar el porcentaje al 70%. Y sí, esta afirmación es muy fuerte.

Según el sub-indicador de capacidades digitales del ONTSI (Figura 4), una cuarta parte de la población poco competente en materia digital, tanto manejando información como comunicación. Esta cifra debería hacer saltar todas las alarmas porque viene a decir que casi la mitad de la población (el 20% que no se conecta más el 25% que tiene una muy baja competencia digital) apenas sabe para qué sirve Internet — y, lo que es peor, en muchos casos o bien cree que no sirve para nada o bien cree que sí lo sabe aunque su juicio sobre sí mismo no pueda ser más falso.

Este aspecto, la competencia digital, es ya fundamental para evitar la exclusión profesional y la exclusión social. Y ni el sistema educativo ni el entorno profesional están muy avanzados en esta cuestión. Por su parte, la Administración a menudo se ha centrado en los cables y ha obviado el uso que hacíamos de esto, con los patentes resultados que ahora presentamos.

El problema de la competencia digital se agrava si hacemos más exigentes los requisitos. El indicador global de capacidades digitales (Figura 5) nos viene a decir que que solamente un 31% (de los que usan Internet!) es capaz de saber cuándo una noticia es falsa, cómo gestionar mejor su salud, como aprender con Internet, como participar mejor en democracia o como tener una estrategia de empleabilidad basada en la red. Es decir, un 69% tiene en casa (o en el bolsillo) una infrastructura que escapa a su control y un potencial que supera su comprensión. Dado que hay un 31% que sí lo sabe, esa brecha digital se convertirá (lo es ya, de hecho) en un nuevo vector de desigualdad social y exclusión — no e-exclusión, sino simple y llanamente exclusión, sin la «e-«.

En resumidas cuentas, el uso de Internet nos muestra y a la vez refuerza que tenemos una cuarta parte de ciudadanos de primera y tres cuartas partes de ciudadanos de segunda. No es una sorpresa: lo vemos en la distribución de las rentas o en la composición de los cargos púbicos, por poner sólo dos ejemplos. Lo que sí es algo más sorprendente es que con el potencial nivelador que podría tener Internet, estemos librando tan mal esta batalla. Son ya casi 25 años de Internet abierta al público en general. Es una generación entera: no podemos decir que nos haya cogido por sorpresa. Ya no.

Hay tres líneas de acción que podrían llevarse a cabo para atajar la situación actual de baja competencia digital en la sociedad:

1. La primera, y más obvia, la inclusión en la formación reglada de acciones de aprendizaje que incluyan la competencia digital. Nótese que no se habla de «asignaturas de informática», sino de cómo incorporar la competencia digital de forma transversal en todos los ámbitos de formación. De ahí que se hable de «acciones de aprendizaje», que pueden consistir en actividades, trabajos, proyectos, uso de metodologías docentes intensivas en tecnología, etc.
2. La segunda, la promoción de ese mismo tipo de formación pero en la empresa o fomentada desde la empresa. Dado que alcanzar unos determinados niveles de competencia digital urge, no podemos esperar el natural reemplazo generacional que se daría poco a poco a base de incluir dicha formación en la escuela o el instituto. Las personas que ya han superado esas etapas sin haber adquirido dichas competencias deben poder adquirirlas en otros ámbitos de formación no formal.
3. Por último, que la Administración promueva con políticas públicas no ya el uso en sí mismo, sino la transformación digital de sus servicios, ya sean en el ámbito educativo (como apuntábamos antes), como en el ámbito sanitario, judicial, económico (como ya se ha hecho en el ámbito tributario), etc. Es decir, que la Administración promueva la demanda en competencia digital de forma indirecta, al ofrecer servicios digitalizados que requerirán del ciudadano dicha competencia. Por supuesto, promover la demanda tiene que venir acompañado de políticas de inclusión digital, pero no basadas en la capacitación por la capacitación, sino basadas en el uso y disfrute activo de esos servicios, lo que se conoce, en otros ámbitos como políticas de tipo pull (en oposición a las políticas push).

El ONTSI publicó el mes pasado La Sociedad en Red 2009. Informe Anual. Edición 2010, el informe que anualmente nos pone al día de la evolución, en España, de la Sociedad de la Información.

Algunas noticias son excelentes, entre ellas que prácticamente todos los ciudadanos y prácticamente todas las empresas que se conectan a Internet lo hacen a través de conexiones de banda ancha. Más allá de las críticas que se puedan hacer a la calidad de la banda ancha en España, conectarse a través de banda ancha no es solamente una cuestión de precios o de velocidad, sino de actitud: Internet es un servicio que tiene que estar siempre ahí, siempre disponible. Si bien podemos suspender en calidad, el esfuerzo hecho en concienciación y actitud ha tenido un resultado óptimo. Y la actitud se demuestra, cada vez más y en el punto en el que se encuentra España, como un factor clave en el desarrollo digital.

Otras buenas noticias son el creciente nivel de comercio electrónico, el alto nivel de e-participación (a pesar el poco uso del DNI electrónico) y la creciente importancia de la movilidad en las empresas.

Nos encontramos, sin embargo y una vez más, con la brecha digital estratégica entre grandes y pequeñas empresas. Sea por recursos, por falta de visión en la alta dirección o por una combinación e ambas, hay una gran diferencia en la adopción tanto de estrategias de B2B como de movilidad en el seno de las empresas. En general, las microempresas y las PYME menores suelen ir muy rezagadas en la adopción de las TIC. Sin lugar a dudas, la brecha digital en el seno del tejido empresarial debería ser una cuestión estratégico sobre el que apuntar futuras políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

Otra cuestión preocupante, tampoco novedosa, son las reticencias a adoptar las TIC por parte de los ciudadanos. Todavía una gran proporción de la ciudadanía niega creer que comprar a través de Internet es seguro y una minoría nada despreciable (20-25%) afirman que comienzo a usar NNTT cuando veo que varias personas lo hacen, las nuevas tecnologías no son para mí, no tengo claro lo que las nuevas tecnologías pueden hacer por mí o bien no están de acuerdo con que las nuevas tecnologías me ayudan a desarrollarme como persona. En resumen, dudas sobre los beneficios y miedo sobre la seguridad.

Hasta aquí, sin grandes novedades, aunque con buenas y malas confirmaciones.

Lo peor del informe es lo que se viene viendo en otros aspectos de la vida cotidiana, en especial en lo que respecta a la importancia que nuestra sociedad da a la cultura, a la formación, a la ciencia — que es, en general, poca o ninguna.

Junto con las dudas sobre beneficios y seguridad apuntadas más arriba, aunque la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo que conocer las nuevas tecnologías será fundamental en la educación y que conocer las nuevas tecnologías es importante en el mundo laboral, no deja de haber una abundante minoría que definitivamente vive de espaldas a ese día a día, con sus miedos, sus recelos y, seamos francos, con sus ignorancias y sus enormes lagunas informativas.

A mi modo de ver, esta es una prueba más del despropósito en el que vivimos y ejemplificado por la descorazonadora realidad de la Generación Ni-Ni. Una cuarta parte de la población vive instalada en la desinformación (en el mejor de los casos) y en el nihilismo (en el peor de ellos). Y su proporción no parece cambiar a lo largo de los años, sino que se mantiene y socava el contrato social.

El desarrollo digital, como muchos otros frentes abiertos, no tiene como principal enemigo la tecnología, sino otros factores socioeconómicos más profundamente arraigados en el ideario colectivo. Y es ahí donde hay que incidir.