ICTlogy

En el informe de la OCDE Government at a Glance 2013 — que a su vez toma los datos de otro informe de la OCDE Education at a Glance 2013. OECD Indicators — aparece un gráfico que en España nos tiene — o debería tener — más que (pre)ocupados.

El gráfico en cuestión es el que representa el análisis coste-beneficio para el Estado de impulsar la educación pública. En la parte de los costes, el coste directo de proveer un sistema educativo, el coste de oportunidad de los impuestos «perdidos» (por estar estudiando y no trabajando) y las becas. En la parte de los beneficios los ingresos por impuestos sobre la renta, el efecto de las contribuciones sociales, transferencias y el efecto de tener una mayor probabilidad de encontrar trabajo (y, por tanto, tener un menor coste social en términos de paro).

[Clic para ampliar]

Para el caso de España, este valor neto es positivo (como para todos los países a excepción de Estonia en la educación secundaria) tanto para la educación secundaria como la terciaria. Para la secundaria son de 17.739€ por hombre, mientras que para la terciaria son de 27.605€ por hombre. Es decir, al Estado le sale a cuenta, en términos estrictamente económicos, invertir en educación ya que los beneficios (insisto: estrictamente económicos) prácticamente doblan los costes.

A ello habría que añadir, por supuesto, otros beneficios indirectos. Sabemos que una mayor educación tiene un impacto positivo en mayor esperanza y calidad de vida, menor delincuencia y violencia, etc.

Hay, como mínimo dos comentarios más a hacer a esta afirmación.

El primero, obvio, es que la desinversión en educación que se hace dentro de las actuales políticas de austeridad no solamente tiene un impacto en la equidad, la justicia social, la productividad económica o la competitividad de las generaciones más jóvenes, sino que, además, desinvirtiendo en educación estamos, a la vez, castigando las cuentas públicas del futuro. Dicho de otro modo y simplificando en extremo: por cada euro en educación que recortamos, dejaremos de ganar dos euros por persona en el futuro, cuando esta sea un trabajador que pague impuestos, contribuya a la seguridad social o quede en paro y tenga que buscar un nuevo trabajo.

El segundo comentario es incluso más duro que el primero: mientras España tiene un nivel de gasto en educación que se sitúa alrededor de la media de la OCDE, los beneficios económicos que obtiene de invertir en esa educación son de aproximadamente la mitad o un tercio de la media. Es decir, en España — en términos agregados, económicos y en relación al Estado — la educación secundaria rinde la mitad que la media, mientras que la educación terciaria rinde un tercio. Lo que nos sitúa el tercer país por la cola solamente superando a Estonia y Turquía.

¿A qué se debe esta situación? Seguramente a muchos y diversos motivos, pero hay uno que aparece bastante claro: además de las pertinentes reflexiones sobre la calidad de la educación (y, por ende, de sus egresados) es más que probable que tengamos un problema en las empresas a la hora de poner en funcionamiento el capital humano. Lo comentábamos en España en el Global Information Technology Report 2009-2010 y España en el Networked Readiness Index 2013 en el ámbito de las nuevas tecnologías y la competencia digital, aunque el comentario puede extenderse fuera de dichos ámbitos. Las empresas están teniendo acceso a mano de obra muy cualificada pero, no obstante, son incapaces de trasladar esta mano de obra cualificada a unas mayores productividad y competitividad. Probablemente habría que mirar en el acceso a la financiación y la estrategia de I+D+i (factor capital), así como a la cualificación misma de los mandos (la otra cara del capital humano), para buscar determinantes de esta baja conversión de la educación en mayores actividad, ingresos y beneficios empresariales.

La última reflexión, pues, no puede ir sino en esta línea: al pensar en políticas de empleabilidad, más allá de las habituales «flexibilizaciones» en la contratación y las políticas de «contención» de los costes salariales, empezamos a tener ya muchos indicadores de que hay un gran problema en la parte de la empresa y que es ahí donde habría que (también) incidir con fuerza. No obstante, apenas si encontramos políticas dirigidas a ellas, más allá de intentar convertir parados en emprendedores y, por construcción, en empresas.

Actualización: Roger Vilalta me hace llegar una entrevista que eldiario.es hace a Jorge Fabra, miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis, donde este último afirma:

Cuando hablamos de competitividad del trabajo debemos cuestionarnos, ¿es que tenemos trabajadores vagos? Esto no es cierto. Lo que tenemos son empresarios muy ineficientes. La competitividad del trabajo depende de la organización del trabajo y de la capitalización tecnológica de las empresas. Y al revés, que los empresarios puedan mejorar sus costes con la devaluación salarial es un incentivo a que relajen la eficiencia en la organización del trabajo y a que relajen la capitalización tecnológica para competir con nuestro entorno

Encuentro en Zunia el documento de la OCDE The Financial and Economic crisis: Impact on E-government in OECD Countries. El informe recoge cómo los distintos miembros de la OCDE han adaptado su estrategia de Gobierno Electrónico a causa de la crisis económica.

Contra lo que se suele pensar — que las estrategias de gobierno electrónico son una carga añadida al día a día — los países han respondido a la crisis reforzando o acelerando la implantación de sus respectivas estrategias en esta cuestión. Es más, en muchos casos, la estrategia de gobierno electrónico forma parte de los planes anti-crisis de dichos países.

Entre los principales resultados del gobierno electrónico para luchar contra la crisis se espera que:

• se reduzcan los costes presupuestarios;
• aumente la eficiencia y la eficacia, aumentando la productividad;
• se reduzcan los trámites administrativos;
• mejore la coherencia y la calidad en la provisión de servicios públicos;
• haya mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana;
• se estimule el sector privado gracias al gasto público en tecnologías de información y la comunicación;
• haya un impacto positivo en el medio ambiente (green IT).

El informe va más allá e intenta ligar el corto con el largo plazo, o dicho de otro modo, la recuperación económica en el corto plazo con las inversiones en el largo plazo:

• aumentando el rendimiento y reduciendo los gastos inútiles en el sector público;
• invirtiendo estratégicamente en áreas clave de gobierno electrónico nuevas e innovadoras;
• acelerando el gasto público en gobierno electrónico;
• reconstruyendo la confianza con el ciudadano;
• mejorando la calidad de los servicios públicos;
• transformando el sector público a través del gobierno electrónico.

Nos quedamos con las ganas de saber la opinión de España en estas cuestiones, ya que la OCDE no recibió nuestras respuestas. Una lástima, porque como ya hemos comentado, España tiene mucho que decir en materia de gobierno electrónico.

A finales del año pasado hubo en Madrid el taller Common Challenges and Shared Solutions: Good Governance in Information Society Strategies. The case of Spain’s Plan Avanza donde se analizaba la estrategia de desarrollo de la Sociedad de la Información en España, básicamente el Plan Avanza.

Vale la pena pasarse por el sitio, así como descargarse el informe Information Society Strategies: From Design to Implementation. The Case of Spain’s Plan Avanza (. 2,29 MB) o las diferentes presentaciones que hicieron los actores del gobierno implicados directa o indirectamente en el mencionado plan.

El informe está basado en una revisión documental de datos secundarios de los programas y documentos de estrategia del Plan Avanza, así como de conclusiones provenientes de una recogida de datos preliminar que incluye entrevistas. Dicho de otro modo, los analistas de la OCDE pidieron al Gobierno los documentos de estrategia del Plan Avanza, entrevistaron a casi 50 personas del Gobierno y emitieron el informe. No se analizaron directamente datos primarios (es decir, datos estadísticos del INE o de Eurostat) ni se preguntó más que a las partes implicadas directamente en el proyecto y, por construcción, en el éxito del mismo.

El resumen ejecutivo del documento dice que:

• España ha dedicado un esfuerzo significativo y numerosos recursos para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el país, y los progresos comienzan a ser evidentes
• El Plan Avanza […] ha jugado un papel determinante para lograr estos positivos resultados
• Actualmente, la complejidad, el amplio alcance y la multiplicidad de aspectos que implican las estrategias de Sociedad de la Información como el Plan Avanza, requieren adecuados marcos de gobernanza y mecanismos de gestión complejos para asegurar que objetivos, recursos y herramientas están alineadas para lograr los objetivos previstos.
• El Plan Avanza aporta un excelente estudio de caso sobre gestión e implementación de estrategias SI, y ofrece ejemplos prácticos de buena gobernanza que transcienden fronteras y pueden ser considerados como ejemplo exitoso por los demás países.

Los dos primeros puntos dicen que el Plan Avanza ha sido un éxito. Los dos segundos dicen que, como ha sido un éxito, su diseño debería ser un ejemplo a seguir.

Sin embargo, el informe ni aporta datos ni mucho menos pruebas de que el Plan Avanza sea un éxito, con lo que los dos primeros puntos son difíciles de probar y, por tanto, los dos puntos siguientes tampoco tienen mayor relevancia. No estoy aquí afirmando que el Plan Avanza haya sido un éxito o un fracaso: simplemente que no tenemos datos. ¿Por qué?

Básicamente el análisis del Plan Avanza tiene dos aproximaciones que a mí se me antojan inconcluyentes:

1. Se basa en el gasto, no en el impacto;
2. Relaciona el gasto con los cambios habidos en la sociedad, pero no se molesta en buscar (y menos en demostrar) si hay una relación causa-efecto entre ese gasto y los cambios.

Pondremos dos ejemplos para dejar estas cuestiones claras.

Ejemplo 1. Política 1: cojo un millón de euros del Plan Avanza, me lo gasto en ordenadores y los tiro al mar. Es decir, me gasto un millón de euros en ordenadores. Política 2: cojo 500 euros del Plan Avanza, compro un único ordenador y se lo doy a un estudiante universitario que me escribió una carta diciendo que no podía estudiar porque no tenía ordenador. ¿Cuál es la diferencia entre gasto e impacto?

Ejemplo 2. Política 1: después de tirar los ordenadores al mar, Telefónica decide instalar 20 millones de líneas ADSL en España subvencionadas al 100% por Fundación Telefónica, es decir, 20 millones de hogares tendrán ADSL gratuito. Política 2: después de darle el ordenador al estudiante, este puede acceder a Internet, documentarse, hacer sus trabajos en un editor de texto y hoja de cálculo; después de un análisis minucioso y metódico, demostramos que el chaval ha aprobado gracias al ordenador. ¿Cuál es la diferencia entre casualidad y causalidad?

En su nota de prensa, dice el Gobierno que La OCDE destaca el papel del Plan Avanza en la mejora del acceso a las TIC de ciudadanos y empresas. El fundamento es que el Plan Avanza ha gastado mucho dinero desde que se inició en 2006 y, como la gente se conecta más a Internet, sota-caballo-rey, el Plan Avanza es el responsable. Insisto: no digo que no, pero tampoco creo, con los datos de la OCDE, que se pueda afirmar que sí.

Ante la imposibilidad de medir las relaciones causa-efecto — porque hay que admitir que no es nada fácil — hay dos opciones.

Una es la de Sebastián Muriel, Director General de Red.es, que prefiere hablar más de resultados que de impacto en su presentación (. 700 KB). Y los resultados de Red.es son espectaculares, empezando por los trabajos realizados por el ONTSI, el INTECO, el CENATIC, o el I Congreso Internet en el Aula y el blog educ@conTIC, por mencionar algunos. Por supuesto, habría que medir el impacto de dichos resultados y saber cuántos de esos 12 millones de DNI electrónicos acaban usándose y para qué, o qué impacto tienen en en el sistema educativo esas 20.000 escuelas con Internet, de la misma forma que muestra el impacto que ya puede constatarse en el área de la Salud (diapositiva 13) — al margen que es probable que los resultados de Red.es coincidan con sus objetivos, dado el papel transversal e instrumental de la institución.

La otra es la del director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, David Cierco, que queda plasmada perfectamente en su entrada 40.000 firmas, €5.000 millones y 1.800 reuniones depués y que es un ejemplo de lo que yo no espero de un técnico del gobierno. 40.000 firmas y 5.000 millones de euros son (pueden ser) un indicador de actividad, pero en absoluto de impacto. Insisto: no digo que no haya habido impacto, solamente que esos 40.000 convenios y 5.000 millones de euros gastados pueden haber tenido un gran impacto o bien haber sido una gran trama para tirar ordenadores al mar.

Afirma David Cierco que la DGDSI ha mejorado su eficiencia y productividad, muestra de ello es la evolución del presupuesto gestionado por persona que ha pasado de 3,3 M€ por persona en 2005 a 7,3 M€ en 2009, que es como decir que el Rey de España es el más eficiente y productivo del sistema porque, al fin y al cabo, es quien firma los Presupuestos Generales del Estado, es decir, que pasa por él todo lo que se gasta el Gobierno de este país, incluido el Plan Avanza — por supuesto no hablo de la eficiencia individual de las personas que gestionan el proyecto, ni de si lo hacen mejor o peor, no es esa la cuestión.

Resalta también, repetidas veces (una en el titular, dos más en el cuerpo de la entrada), su participación en 1.800 actos como indicador de su labor de gestión y comunicación. No entraré en detalles. Como poco sale una media de 1,5 actos al día, lo que hace plantearse si uno puede prepararse dichos actos en el caso de que sean reuniones de gestión, o de si son necesarios tantos actos de comunicación, ya sean porque van ligados al cargo, o porque son propaganda del partido pagadas con los impuestos de todos.

En definitiva:

• La medida de éxito de un programa no es el gasto, sino el impacto
• Hay que demostrar que el impacto es consecuencia de nuestras acciones
• La medida de eficiencia siempre es cuánto impacto hemos generado con cuántos (menos) recursos, no si hemos gestionado el gasto con más o menos recursos (que, al fin y al cabo, forman parte de ese mismo gasto)