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Hay un chiste de vascos que dice algo así como «¿Patxi, qué estamos haciendo discutiendo esto pudiéndolo arreglar a tortas?». La gestión — o su ausencia — del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco por parte del gobierno (nacionalista) español se ajusta cada vez más y mejor al chiste.

Tomemos el caso catalán.

No ha habido, salvo en casos totalmente minoritarios y marginales en la opinión pública catalana, apelación alguna a la violencia para dirimir las demandas de algunos de separarse de España. Es más, si algo están haciendo las instituciones catalanas es intentar, por todos los medios, ajustarse al Estado de Derecho.

En una democracia — iba a escribir «una democracia normal», aunque debería holgar este epíteto — cuando un grupo de ciudadanos tiene una demanda, la vía democrática (valga la redundancia) es:

• Se escucha dicha demanda, o bien a través de reuniones con los grupos de interés o bien a través de propuestas en el Parlamento si dichos grupos están allí representados.
• Se cuantifica y califica el aval social de dicha demanda. Generalmente, se inicia con la introducción de preguntas ad hoc en las encuestas oficiales y, tomado el pulso de forma indirecta, se pasa a hacerlo de forma directa mediante algún tipo de consulta de carácter universal: referéndum vinculante o no, elecciones plebiscitarias, etc.
• Cuantificado y calificado el alcance de la demanda (tanto en su apoyo como en su oposición, está claro), si el tema es profundo, tiene posiciones bien enraizadas, y es constante en el tiempo, se deberá acabar tomando una decisión — en el sentido que sea — que zanje la cuestión, al menos hasta que no haya un cambio importante o bien en el contexto o bien en la opinión pública.

Bien, en el caso catalán, la toma de una decisión no está a la vista. Es más, cualquier atisbo en este sentido ha recibido amenazas de todo tipo. No lo está tampoco el cuantificar y calificar. De nuevo, cualquier consulta, incluso las no vinculantes, se están directamente vetando desde todos los frentes: políticos e, importante, mediáticos. Por último, ni tan solo la atención a las demandas está siendo ni siquiera bien recibida. El manido recurso a «atender al caso nacionalista crearía una división» no es sino una toma de posiciones y la asunción tácita de que dicha división no depende de ser escuchado, sino de reivindicar una demanda, cosa que ya ha sucedido. Por tanto, la sociedad ya está dividida, solo que en un sentido (a favor de los unionistas) y no en el otro (a favor de los secesionistas).

Hechas estas negaciones, la pregunta es si, agotada la vía democrática, a lo que se está empujando a lo catalanes es a, como dice el chiste, arreglarlo a tortas. Dado que muchos han defendido el forzar el cumplimiento de la ley con los tanques si hubiere declaración unilateral de independencia, está claro cómo se está conformando el tablero.

Tomemos el caso vasco.

Vaya por delante que quien tenga delitos de sangre debe estar en la cárcel y en la cárcel debe estar. Personalmente no tengo duda alguna al respecto.

Pero se puede estar de muchas formas en la cárcel. El código penal español está basado en la reinserción. La dispersión de presos, por antiintuitivo que pueda parecer, obedece a ese principio: si mantenemos juntos a los presos de ETA, seguirán conspirando en la cárcel. Por tanto, separémoslos. Hasta ahí, bien (aunque podríamos hablar sobre los derechos de sus familiares, pero eso es otra historia).

Desaparecida la lucha armada, desaparece automáticamente el peligro de conspiración de los presos de ETA. Y, precisamente, porque se busca la reinserción (si buscamos la venganza hay que cambiar el código penal y, de nuevo, esa es otra historia) debería ser automático que los presos estén cerca de sus familiares. Mantenerlos dispersados no obedece sino a motivos políticos, y no establecidos en el Derecho Español.

Por otra parte, la lucha contra los simpatizantes de ETA — que no miembros y, ni mucho menos, convictos, de quienes ya hemos hablado — deberá darse ahora estrictamente dentro de las ágoras políticas. Cuando se rasgan unos las vestiduras porque los «etarras (agrupando aquí a todo tipo de persona afín a la independencia del país vasco) están en las instituciones» no cabría sino alegrarse de ello. La alternativa, como dice de nuevo el chiste, es arreglarlo a tortas.

Es evidente que la convivencia genera tensiones. Y es evidente que posiciones radicalmente opuestas suelen tolerarse mútuamente mal. Pero, y perdón por insistir, preguntémonos si es mejor arreglarlo a tortas.

Quienes hablan de rendición cuando se propone un referéndum en Catalunya o el acercamiento de los presos etarras — por poner solamente dos ejemplos — se pregunta uno si lo heroico (lo contrario de rendirse) sería, digámoslo claro, matarse.

Porque, al final, no hay más que dos opciones: o con violencia o sin violencia. Y porque, al final, lo que hay que preguntarse es si uno está dispuesto a defender sus ideas con sangre — la ajena o la propia — o con las palabras.

Y creer que son los otros lo que deben ceder, que son los otros los que en su empecinamiento, están «forzando» la salida violenta, eso, eso es ya haber tomado una decisión sobre las formas.

Ahora que parece que el principio del fin de la organización terrorista, independentista y nacionalista vasca ETA es algo más que un juego de palabras, es probable que veamos — como se ha ido viendo a lo largo de los años y de forma creciente — cómo algunas otras palabras son utilizadas de forma incorrecta y/o tendenciosa: terrorismo, independentismo, nacionalismo y autodeterminación.

La cuestión es que, como comenté en Los seis grados de separación de ETA y Terra Lliure, la salida del conflicto vasco debe ser — y más ahora — política y, dentro de la política, democrática. Y da la impresión, por ese uso incorrecto y/o tendencioso de las palabras, que algunos de los que creen defender la democracia, en realidad, defienden a mi entender precisamente la negación de la misma.

El terrorismo es el uso de la violencia para conseguir unos fines. Como tal, se sitúa fuera de la democracia, donde esos fines se pactan a través del diálogo y la elección colectiva. Ese terrorismo puede aspirar a conseguir la secesión de un territorio de otro (independentista) por motivos de identidad colectiva (nacionalismo). Es el caso de ETA. Hay, no obstante, terrorismos no nacionalistas y no independentistas. Por desgracia, los ejemplos abundan.

El nacionalismo es, a grandes rasgos, la idea que defiende una identidad colectiva vinculada a un territorio y a una cultura. La defensa de esta idea y del colectivo que la incorpora puede hacerse de forma violenta — como el caso de ETA — o de forma no violenta, muchas veces a través de instituciones como partidos políticos y asociaciones ciudadanas. Es fundamental enfatizar aquí una cuestión: el nacionalismo, en sí mismo, no es ni democrático ni anti-democrático. Es la forma cómo ese nacionalismo se defiende lo que lo sitúa a un lado u otro de la línea que delimita la democracia. Dejando al margen el histórico personal o colectivo de cada caso, la cuestión es que ETA acaba de cruzar esa línea que separa lo que no pertenece a la democracia de lo que sí pertenece a ella. Se puede debatir si el hecho de cruzar esa línea ha sido una rendición de ETA o debido a concesiones hechas a la banda terrorista, pero lo que es indiscutible es que la línea ha sido cruzada. Y puede valer como ejemplo del caso contrario el de los dictadores que siguieron llevando a cabo su plan político y sembrando el terror sin jamás cruzar esa línea que define la democracia, desde Fidel Castro a Francisco Franco.

Algunos nacionalismos tienen como rasgo definitorio el independentismo, que podemos definir como la secesión de un territorio de una unidad administrativa mayor. De nuevo, es importante hacer énfasis en dos cuestiones de máxima relevancia. La primera, que el independentismo — como el nacionalismo — no es ni democrático ni deja de serlo, porque habla del fondo y no de las formas. Si la independencia se defiende desde el diálogo y la elección colectiva es democrático, y si se defiende y quiere imponer desde la violencia, no lo es. Por otra parte, la secesión de dicho territorio puede darse por motivos nacionalistas — al perseguirse la equiparación de un territorio nacional o de la nación con el territorio administrativo y jurisdiccional — o bien por otros motivos no relacionados con las identidades colectivas. Abundan ejemplos de las cuatro combinaciones: el caso del nacionalismo independentista vasco; los nacionalismos helvéticos, que viven en perfecta armonía en su confederación, a la que llamamos Suiza, y sin ánimos de separarse de ella; la Unión Europea como un ejemplo de fuerzas unionistas (contrario a las independentistas) por motivos ajenos al nacionalismo (con algunas excepciones que ensalzan el sentirse europeo); y el caso de Catalunya, donde cada vez más ciudadanos son partidarios de la independencia por motivos de desequilibro de balanzas fiscales con el Estado Español, sin que por ello medie un sentir nacionalista.

Por último, y muy relacionado con lo anterior, nos encontramos con el derecho a la autodeterminación, la libertad un territorio de poder decidir si pasa a ser independiente. Por supuesto, y como todos los derechos, el derecho a la autodeterminación puede ser reconocido o no por los demás. También, como todos los derechos, puede ser reconocido pero ser o no ser ejercido. Una persona puede reconocer el derecho de su pareja a separarse de ella o bien puede forzarla a mantenerse a su lado. Por otra parte, una persona puede reconocer el derecho de los cónyuges a separarse sin implicar por ello que dicha persona tenga intención alguna de hacerlo de su propia pareja. En términos nacionales, es perfectamente legítimo defender el derecho a la autodeterminación y, sin embargo, llegado el momento de decidir, oponerse (votar en contra) a la independencia de un territorio. La democracia consiste en ambas cosas: en reconocer el derecho a la autodeterminación y en reconocer que el ejercicio de ese derecho puede ser estar a favor de la independencia o en su contra. El derecho de la autodeterminación es sobre si se puede votar, no sobre el sentido del voto.

En resumen:

• La autodeterminación es un derecho, que puede ejercerse o no, y que puede ejercerse de distintas formas. Los derechos se tienen, aunque pueden ser reconocidos o no y, en este último caso, evitar por la fuerza el ejercicio del mismo. Por norma general entendemos el reconocimiento de los derechos como una condición necesaria (aunque no suficiente) de la democracia.
• La independencia es una opción del derecho de autodeterminación, y es una opción que puede venir motivada por distintas razones.
• El nacionalismo es una ideología, un sentir. El nacionalismo no es un derecho, ni tampoco es una opción. El nacionalismo es uno de los motivos que pueden impulsar a alguien a ejercer un derecho en un sentido u otro. Pero no el único.
• El terrorismo es una forma de conseguir un objetivo, en base a una u otra ideología. Como forma violenta, queda fuera de la democracia. Por otra parte, no considero legítimo el terrorismo como forma de reivindicar un derecho no reconocido, ya que supone la defensa de dicho derecho en detrimento de otros muchos derechos ajenos (el derecho a la vida, por ejemplo).

Cuando se habla de que las reivindicaciones de los terroristas no son legítimas, es falso: lo que no son legítimas son las formas, no las reivindicaciones. Cuando se identifican independentistas con no demócratas, en realidad es quien profiere dicha afirmación quien se alinea con los no demócratas. La apropiación de los nacionalistas de todos aquellos que apuestan por la independencia no es sino la otra cara de la moneda de aquellos que califican de nacionalistas a quienes optarían por la independencia. Por último, creer que la defensa de la autodeterminación es un sentir nacionalista que necesariamente debe acabar en la independencia de una nación es solamente superable, como error, en identificar a nacionalistas e independentistas con anti-demócratas y terroristas.

Y ejemplos de esto último, tenemos a montones.

PS: mi agradecimiento a David Gómez que, sin él saberlo, contribuyó a poner algunos adjetivos y sustantivos a este texto.

Una de las teorías más populares de la Psicología Social es la teoría de los seis grados de separación, en la que se postula que cualquier persona está relacionada con cualquier otra a través de, como máximo, cinco intermediarios (que constituyen seis grados o pasos de separación).

En términos de política, la teoría de los seis grados nos dice que si nos lo proponemos (y hay muchos ejemplos e investigaciones al respecto en multitud de escenarios) seremos capaces de vincular a cualquier persona con, por ejemplo, un actor famoso como Kevin Bacon, el gobierno del dictador Francisco Franco, o el terrorismo de ETA.

Como en la teoría de los seis grados da igual dónde se empiece y dónde se acabe — porque siempre habrá un màximo de seis grados de separación — lo simpático de la teoría es que podemos acabar relacionando a un terrorista falangista con un terrorista separatista (en mi opinión, con muchos menos de seis grados, pero esa es otra historia).

Sin llegar a ejemplos tan extremos como el anterior, es fácil suponer que un sindicalista está más cerca de un partido progresista que un empresario, este último normalmente más afín a un partido de derechas. Y que un nacionalista periférico estará más cerca de un independentista que del binomio que conforman el centralista y el nacionalista españolista.

Sin tanto teorizar, esto es lo que al parecer se comprendió en Catalunya durante los años noventa alrededor del terrorismo nacionalista catalán de Terra Lliure. Esquerra Republicana de Catalunya, con tan estrechos lazos ideológicos con los terroristas como diferencias fundamentales (entre ellas, el rechazo a la violencia), se convirtió en el catalizador del fin del terrorismo, integrando en sus filas a los miembros de la banda sin causas criminales, mientras estos últimos pasaron por una serie de pactos y amnistías para su reinserción (mucho más fácil en su caso que en el de ETA por la prácticamente nula existencia de delitos de sangre, dicho sea de paso).

A casi 25 años del (último) atentado de Terra Lliure en el Juzgado de Borges Blanques [Joan Carles Isal apunta en su comentario que este no fue el último atentado, sino que fue en 1992 — vale la pena leer dicho comentario porque da detalles sobre el fin de Terra Lliure más fieles a la realidad que las generalizaciones que yo he manejado en mi apunte], la disolución de Terra Lliure en Esquerra Republicana de Catalunya ha tenido dos consecuencias indiscutibles:

• A nadie le entra en la cabeza, hoy en día, cometer un atentado terrorista en Catalunya en nombre de la independencia;
• el movimiento (y el sentir) independentista tienen mejor salud que nunca, se puede hablar abiertamente del tema (a favor y en contra) en la calle y, según estadísticas y analistas, jamás la independencia ha estado tan cerca de poder llevarse a referéndum vinculante (que no de conseguirse, lo que para lo que nos ocupa es irrelevante).

La comparación con el caso vasco es descorazonadora.

Si bien nunca han sido casos fáciles de comparar, dada la mucho mayor virulencia de ETA, los estertores finales de esta última y la posición de las fichas en el tablero hoy en día si dan ahora pie a comparaciones.

Las diferencias entre la vinculación de Terra Lliure con ERC en 1991 no deben ser mucho mayores que las que hay entre Sortu, Bildu y ETA en 2011. Y, sin embargo, esas y no las diferencias entre ETA y Terra Lliure son las que realmente deberían contar de cara a construir un futuro.

Y ese futuro, desde mi perspectiva, tiene dos opciones claras:

1. Seguir como hasta ahora, con una aproximación estrictamente criminal o penal de conflicto, rendir a ETA por las armas, y en 20 años, tener un terrorismo todavía más debilitado, pero todavía con capacidad de maniobra que, por mínima que sea, pueda seguir siendo letal. El independentismo seguirá siendo algo proscrito, probablemente minoritario, y se seguirá muriendo y matando por su culpa.
2. Construir en paralelo a la vía criminal (que debe continuar, por supuesto) una vía política que normalice el independentismo y deslegitime la violencia. En 20 años (si creemos que el caso catalán puede repetirse) no habrá habido más muertes por su causa, aunque como todo debate político, es harto probable que tanto el nacionalismo como el independentismo se traten abiertamente e incluso se incorporen en serio a la agenda política del legislativo y el ejecutivo.

Solucionar el problema del terrorismo tiene, entre otras cosas, aceptar que el nacionalismo y su extremo, el independentismo, son una cuestión que puede entrar en política con normalidad. Que cada cuál decida qué precio está dispuesto a pagar (y con él, el resto de ciudadanos) por que esto último no suceda.

Perseguir al que asesina.
Perseguir al que secuestra.
Perseguir al que extorsiona.
Perseguir al que amenaza.
Perseguir al que quema y destruye.
Perseguir al que promueve y planifica.
Perseguir al cómplice.
Perseguir al que celebra y ensalza.
Perseguir al connivente.
Perseguir al que discrepa.
Perseguir al condescendiente.
Perseguir al tolerante.
Perseguir al ecléctico.
Perseguir al que opina.
Perseguir al dialogante.
Perseguir al propositivo y constructivo.
Perseguir al resto.

En algún lugar hay la delgada línea que separa lo inaceptable de lo aceptable.

Aunque me esfuerzo, todavía no he encontrado sus coordenadas precisas.

Los hay que trabajan a diario por encontrar esa línea y por fundamentar el porqué de su posición.

Mientras, otros siguen empujándola hacia abajo o, simplemente, la dejan caer.