Hay una aproximación del nacionalismo catalanista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser un estado independiente dentro de unas fronteras delimitadas (Principado Catalán, Países Catalanes, etc.) y cuya lengua materna y predominante es el Catalán.
Hay una aproximación del nacionalismo españolista que da por sentado que Catalunya es un territorio/colectivo/cultura cuya naturaleza, cuyo estado natural de las cosas, es ser una región o parte de otro territorio mayor, España, cuya lengua materna y predominante es el Castellano y, a veces, también, el Catalán.
Ambas aproximaciones se me antojan harto arbitrarias. Tan arbitrario es fijar la naturaleza de Catalunya en el territorio/colectivo/cultura contemporáneo a Wifredo el Velloso, Jaime I o Francesc Macià, como arbitrario es fijarla en Carlos I, Felipe V o Juan Carlos I. Según este proceder, nada nos impide ir hacia atrás en el tiempo hasta la publicación del Forum iudicum, reivindicar la nación Layetana, o identificarse uno con Pau, el Pierolapithecus catalaunicus dels Hostalets de Pierola.
Negar estas arbitrariedades nos resguarda de otras afirmaciones tendenciosas fundamentadas en la misma interpretación parcial e interesada de la historia: todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre genocida y esclavista de los «conquistadores» de América, sus antepasados del s.XVI; o todos los españoles y los catalanes de hoy en día llevan en sus venas las sangre xenófoba y antisemita y antimorisca de las «expulsiones» y persecuciones de los siglos XV y XVII (por mencionar solamente dos). Y así, todas las tropelías cometidas por individuos con los que la mayoría tenemos poco o nada que ver, tanto en términos de linaje como de ideología.
Estas aproximaciones arbitrarias — aquella una, aquella otra, y estas últimas — tienen en común un tajante desprecio por la libertad de elección, de ser y de sentir de quienes están vivos, aquí y ahora, y que conviven en un territorio, en una comunidad y en una cultura que se tejen a diario, invariable en lo que dura un abrir y cerrar de ojos, tremendamente cambiante en lo que va de una generación a otra.
Decíamos en Nacionalismos de ser, independencias de estar que, desde un punto de vista rousseauniano, los estados se construyen día a día, cuando cada día por la mañana, al levantarse, sus habitantes deciden firmar, hoy sí y mañana también, un contrato social que les permita organizarse y conseguir objetivos que, de forma individual, jamás conseguirían alcanzar.
Pensar en los estados, las naciones, las culturas como algo que puede delimitarse y fijarse en un tiempo y en un espacio determinados, más que progresista, es reaccionario, por mucho que quiera interpretarse en términos cronológicos de estrategia de futuro. Una nación o un estado no pueden construirse en términos de volver al «estado natural» de las cosas, o de vencer las barreras que franquean el camino hacia ese «estado natural». Ni tan solo de convencer a quienes, formando parte de ese territorio, cultura y comunidad, no ven tan natural ese arbitrario «estado natural» con el que una parte ha (re)definido una nación.
En este sentido, se me antoja tan pernicioso quien niega la posibilidad de firmar nuevos contratos sociales — cada día, si hace falta — como quien cree que solamente hay un contrato legítimo, y que quienes firmaron otra versión o bien la impusieron a sangre y fuego, o son pobres infelices que no supieron leer la letra pequeña solo inteligible para unos pocos elegidos.
Me gustaría ver un abandono de apriorismos y arbitrariedades, de apelaciones a un pasado de longitud variable, de visiones parciales de un presente sesgado. Me gustaría pensar que nos levantamos y las calles están por poner, que se puede decidir de hoy en adelante (para más adelante volver a decidir, una y otra vez) y que todas las cláusulas del contrato están por escribir. Sin letra pequeña, sin contratos heredados, sin vasallajes. Y esto vale para todos: ni hay una única Catalunya a la que se llega por una inevitable independencia, ni por no ser única es inexistente.
En la década de 1980, el Nobel de Economía Amartya Sen advertía de que no basta con tener acceso a los recursos, sino que hay que tener la libertad de utilizarlos y, más importante, la capacidad para transformarlos en beneficio propio. La aproximación basada en las capacidades humanas – el fundamento del Índice de Desarrollo Humano – nos dice que no basta con que haya trabajo o escuelas, sino que hay que estar sano para poder trabajar o tener la posibilidad de poner en práctica lo aprendido.
Durante las dos últimas décadas, este punto de vista centrado en el individuo ha devenido hegemónico en los discursos alrededor del desarrollo humano. Además de proveer recursos (exógenos), hay que promover el desarrollo de capacidades (endógenas) para poner esos recursos en funcionamiento. La palabra mágica y recurrente ha sido ‘empoderar’.
El empoderamiento recibió un espaldarazo formidable con la popularización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con un ordenador conectado a Internet todo es posible: tener acceso a ingentes cantidades de información, participar de comunidades de práctica y de aprendizaje, crear una start-up, unirse a un movimiento ciudadano.
Pero si el empoderamiento se refiere a la libertad de actuar dentro del sistema, no hay que olvidar que esa libertad depende en gran medida de otra libertad: la libertad para diseñar y gestionar el marco general donde transcurre la vida cotidiana. No basta con ser libre para nadar: hay que ser libre para escoger también entre pecera y mar abierto.
Mientras nos cegábamos con el espejismo individualista del empoderamiento, hemos descuidado por completo lo social, lo compartido, lo colectivo: la gobernanza del sistema. La inevitable globalización que tanto nos ha empoderado también nos ha alejado del centro de control. La toma de decisiones políticas ha quedado prácticamente fuera del alcance de nuestros votos, como la toma de decisiones económicas ha quedado totalmente fuera del alcance de la política.
Los países son un barco fantasma: no hay comunicación alguna entre los deseos y necesidades del pasaje y el puente de mando, y la tripulación está como ausente. La crisis que les atenaza, más que social o económica, es de gobernanza. No hay desarrollo, progreso, equidad o justicia social sin gobernanza. Y todo lo que sea atajar vías de agua sin retomar el timón es perder el tiempo y eternizar la deriva.
El Club de lectura ha convocado una sesión el 24 de enero de 2013 para debatir sobre el libro de Manuel Castells Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, libro que repasa los principales movimientos sociales de los últimos meses (revoluciones árabes, 15M, Occupy Wall Street, etc.) y arroja algunas reflexiones sobre el futuro (¿presente?) de la política y su necesaria reforma.
La organización me ha invitado a ser quien conduzca la sesión, ante lo cual se abren dos opciones. La primera, intentar resumir el contenido del libro, lo que es injusto para quien trae los deberes hechos así como para el mismo autor del libro, que se ve recortado e interpretado de forma arbitraria. La segunda, intentar cubrir lo que el libro deja fuera, que en el caso de la presente obra son las dos preguntas que dan título a esta entrada:
¿Por qué han sido posibles los movimientos sociales? Aunque Castells sí da datos sobre los movimientos que analiza en sí, deja bastante al margen (seguramente porque ya lo ha cubierto en su extensa obra) el marco global donde tienen lugar dichos movimientos y que es, en el fondo, el gran posibilitador es estos.
¿Para qué — o «y ahora qué» — los movimientos sociales? O, dicho de otro modo, qué pasa, podría pasar o debería pasar o habría que hacer después de haber sido testigos (o protagonistas) de unas revueltas de naturaleza distinta a las de anteriores épocas.
Considero que ha llegado un momento de tablas en lo que al debate sobre los movimientos sociales — y la regeneración de la política en general — se refiere. Las posiciones están tomadas y los movimientos, tácticos, son poco productivos: no hay pedagogía y los argumentos se centran o bien en justificar el status quo o bien a defender un nuevo status quo donde la sospecha de reposición de unas élites por otras digitales (que no regeneración) está siempre en el aire. En este tablero donde es difícil avanzar, probablemente sea una buena idea, para alejarse de apriorismos y prejuicios, (1) analizar por qué y cómo han sido posibles los movimientos sociales para (2) ver, en consecuencia, cuáles pueden ser las líneas de actuación acorde con el sentido de la marcha de los cambios.
En esta línea, los puntos que me gustaría desarrollar y debatir durante el Club de Lectura son los siguientes:
¿Por qué los movimientos sociales? Respuesta rápida: porque las instituciones democráticas están en (múltiple) crisis y porque determinados instrumentos pueden facilitar el reemplazo de dichas instituciones por los ciudadanos (movimientos) directamente:
Globalización y crisis funcional de las instituciones democráticas de los estados-nación.
Digitalización y crisis organizacional de las instituciones democráticas de la sociedad industrial.
Crisis financiera y crisis de gobernanza de las instituciones democráticas en una sociedad empoderada.
Partitocracia y crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en la democracia representativa.
¿Para qué / y ahora qué los movimientos sociales? Hay cuatro opciones (la primera de ellas casi una precondición), que pueden combinarse con distintas ponderaciones, dando como resultado del todo queda igual pero con ordenadores a la total revolución del sistema:
Apropiación: las instituciones (y sus inquilinos) se hacen competentes digitales en un sentido estratégico, lo que les permite comprender el entorno y, sobre todo, anticipar cambios profundos del sistema. Ejemplos: asumir que hay nuevos choques de derechos en la Sociedad de la Información (p.ej. propiedad intelectual, derecho a la privacidad, a la libertad de expresión o al honor) que deben resolverse, que la participación electrónica es tan participación (o más) que la presencial, o que la transparencia y la rendición de cuentas cambian de definición en una sociedad digital.
Adopción: las instituciones deben actualizar su caja de herramientas y abandonar las que son obsoletas, en un simple y puro ejercicio de eficacia y eficiencia. Ejemplos: el paso de la política de mitin y cartel y papel a una política de redes sociales y documentos en línea; o la apuesta decidida por la administración y la democracia electrónicas.
Mejora: las instituciones deben optimizar los recursos pensando en digital por defecto, rediseñando procesos pensados para las barreras físicas del tiempo y el espacio. Ejemplos: apostar por políticas de datos abiertos y gobierno abierto, que trasladen responsabilidad (y tareas) al ciudadano; cambiar la naturaleza de de la publicación de información, los trámites administrativos y la comunicación con el ciudadano, de forma que sean posibles más y mejores consultas a los ciudadanos, plataformas para la deliberación.
Transformación: las instituciones pueden abandonar las funciones que se han vuelto totalmente marginales o inútiles, cediéndolas a otros actores, para liberar recursos que concentrar donde la institución aporta más valor. Ejemplos: virar hacia estrategias centradas en proyectos con la concurrencia de otros partidos y plataformas ciudadanas, aunando recursos y dando visibilidad a iniciativas políticas de «marca blanca» que persigan la idea por encima del rédito político; convertirse en facilitadores y promotores de los actores con relación directa con las problemáticas a resolver (porque son quienes sufren la problemática, porque son expertos reputados en haber resuelto otras similares) en lugar de pretender liderar los procesos.
En mi opinión, estos «para qué» emanan directamente de las respuestas a las preguntas de «por qué». Y, como decía antes, en función del peso que se ponga en cada punto — o de la velocidad o resistencia que se le imprima a cada caso &mdahs; el resultado será uno u otro, con más o menos o diferentes damnificados por el camino.
De momento, seis millones de parados, corrupción política y fraude fiscal camino de ser generalizados, destrucción de tejido social y económico que tardará años en regenerarse y un país al borde de la revuelta. ¿O es que, de verdad, puede sostenerse esta tendencia — que agrava la situación — durante mucho tiempo más? ¿Hacen falta más indicios para pararse a pensar si la situación actual, como dice Joan Subirats, es cambio de época en lugar de una época de cambios?
NOTA: he dejado de lado en esta reflexión todos los aspectos relativos a conseguir cambios en materias o reivindicaciones concretas (p.ej. acceso a la vivienda) y me he concentrado en la cuestión de la regeneración democrática que apunta Castells en el último capítulo del libro. No obstante, creo que los logros concretos o coyunturales no serán en modo alguno ajenos a los logros de calado democrático o sistémico — o, de hecho, al revés.
Los argumentos que la teniente alcalde de Hacienda del ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego, esgrime para tachar el uso de software libre en la administración local son, básicamente, dos:
El software privado «no crea dependencia».
El uso de software privado «beneficia a empresas gallegas».
Estos son argumentos que hemos oído hasta la saciedad sobre esta cuestión, aunque la inmensa mayoría de veces justo en sentido opuesto, es decir:
El software privativo crea dependencia tecnológica, dado que los desarrollos los hace una empresa que no comparte el código y, por tanto, siempre se depende de la misma para cualquier tipo de modificación.
El software privativo crea dependencia económica, dado que las licencias son de obligado pago para poder disfrutar del programa.
El software privativo beneficia única y exclusivamente a la empresa que licencia el programa. Dado que por norma general estas son grandes corporaciones extranjeras (Microsoft, Oracle), el dinero va fuera. De Galicia y del Estado.
El software privativo puede ser solamente modificado por la empresa propietaria del mismo. Así, además de suponer un drenaje de fondos hacia el extranjero por la venta de licencias, se inhibe la creación de un tejido empresarial local centrado en la instalación y adaptación de software.
Estos argumentos están explicados con todo lujo de detalles en la bibliografía que figura al final de esta entrada — una breve y rápida compilación a vuelopluma de entre la ingente cantidad de documentos que existen.
Pero, antes de terminar, vale la pena destinar unas palabras más a la apelación a la responsabilidad (o la irresponsabilidad) como argumento político. Es de un insoportable hartazgo ver reducido cualquier argumento al no-argumento de la responsabilidad. No hay día en que dos opositores políticos no se reprochen la falta de apoyo mutuo a sus respectivas propuestas en nombre de la responsabilidad de apoyar.
Sin embargo, la responsabilidad no radica en apoyar a ciegas una u otra política, sino en aportar información, fundamentos, pruebas de los pros y los contras de esa política así como de sus posibles alternativas. Y transparencia y coraje para defender los criterios y valores utilizados para escoger, de las posibles alternativas, la política a implantar.
Eso es responsabilidad. El resto, es puro sofismo.
Bibliografía recomendada sobre el software libre y su impacto en el desarrollo:
El 7 de julio de 2011 se constituía en el Parlament de Catalunya la Ponencia conjunta de la proposición de Ley de transparencia y acceso a la información pública. Con el avance de las elecciones y la disolución del Parlament a finales de 2012, el trabajo de dicha ponencia ha quedado, al menos en términos formales, prácticamente en nada: una mera mención a su composición en la página web de la Comisión de Asuntos Institucionales (lo que significa que hay que saber muy bien dónde buscar y cómo).
Seguramente la información no se ha perdido y obra en poder de uno o varios diputados y personal del Parlament. Y seguramente la Ponencia se relanzará. Y seguramente se empalmará allí donde quedó el debate. Pero, para el ciudadano, todo está perdido y todo empieza de nuevo: toda una metáfora de cómo no debe afrontarse un debate sobre la transparencia. Uno de los principios fundamentales de la transparencia es que el proceso de toma de decisiones también debe ser abierto, público, participativo. Esto debería figurar en la futura Ley de transparencia catalana — y en cualquier otra — y la mejor manera de darle valor y sentido es poniéndolo en práctica desde el momento cero del proceso de gestación de dicha Ley de Transparencia.
Al margen de los motivos que haya detrás de la publicación de dicha propuesta en este momento en particular, insisto, es muy interesante que las propuestas de cada partido, así como las posiciones de otros agentes consultados se conozcan de antemano, se puedan consultar, se puedan debatir, se pueda trabajar con ellos. En definitiva, que los procesos de información y deliberación sean también abiertos. Es bueno que se sepa cuál es la aportación de todos los grupos de la Cámara a una ley. Y en negro sobre blanco.
La segunda cuestión, seguramente la más importante, es la aproximación diametralmente opuesta de la propuesta de ICV a la que en su momento conocimos del Gobierno español. Mientras este último perpetúa el paradigma de que la información (pública) es «propiedad» del gobierno y solamente se abre a petición del ciudadano, la propuesta de Iniciativa asume que, en una sociedad digital, lo que procede es todo lo contrario: la información (pública, no nos cansemos de incidir en este aspecto) debe ser abierta y accesible por defecto. Y solamente en casos excepcionales (p.ej. por motivos de seguridad, de coste, de privacidad, etc.) dicho acceso se restringirá o deberá solicitarse de forma explícita.
Es más, más allá de una cuestión relacionada estrictamente con la gestión de la información, la propuesta de Iniciativa hace hincapié en otra cuestión fundamental: la transparencia no es solamente una cuestión de cómo gestionar el «producto» de la acción política, sino que la transparencia significa una radical transformación en la forma de comprender la organización de la acción política. Así, de lo que se trata no es de (solamente) abrir la información, o de (incluso) abrir el proceso, sino de trabajar de una forma distinta: directamente en (la) red, directamente en formatos digitales, directamente en formatos y estándares abiertos. Hay una diferencia fundamental entre estar en la Red y ser parte de ella.
El último punto que vale la pena enfatizar es el hecho de que la Administración y el Parlament deben ser proactivos en el ejercicio de la transparencia. Esto último no es sino otra forma de explicar los tres puntos anteriores, pero creo que es una consideración que legitima la ley y a quienes vaya a afectar en el plano de lo ético, más allá del plano profesional. La transparencia es una cuestión que va mucho más allá del ámbito de la gestión, más allá de ser un instrumento. Y es bueno que este espíritu quede reflejado en el articulado de la Ley más allá del preámbulo de la misma.
Creo que sería beneficioso que cundiera el ejemplo en las demás formaciones. Aunque sea por oportunismo. En un estado de desballestamiento tal de la democracia, ha llegado un momento que a los ciudadanos ya no les importan los motivos: hágase el milagro, hágalo el diablo.
Y creo que sería también beneficioso que el sistema de documentación del Parlament no dependiese de la estructura artificialmente impuesta por las elecciones. Es simplemente intolerable que el trabajo de una Ponencia anterior no figure en la web, y lo único que hay (su composición) prácticamente desaparezca del mapa y quede bajo una maraña de enlaces y menús, por la sencilla razón de que perteneció a una legislatura anterior. Los Parlamentos deberían abandonar su lógica de vida parlamentaria, que se mide en períodos con discontinuidades cada cuatro años, y adoptar la lógica de la vida «normal», que se mide en períodos que abarcan toda la vida de un ciudadano — y, a menudo, con encabalgamientos generacionales. El Parlamento debería obedecer a los tempos de los ciudadanos, determinados por la naturaleza de sus problemas, y no por los tempos de los diputados, determinados por sus éxitos y fracasos electorales.
A grandes rasgos, las cosas que en mi opinión son más relevantes de lo que nos cuenta el informe son:
Las TIC siguen su camino hacia devenir plenamente tecnologías de propósito general, es decir, que serán de aplicación generalizada a todos los procesos y ámbitos de la economía y la sociedad. Esto significa que se acentuará, seguramente, la paradoja que apuntaba el economista Robert Solow hace ya 25 años: las TIC estarán por todas partes pero nos será difícil medir su impacto, especialmente en términos de ganancias de competitividad y productividad. Será, en cierto modo, como la educación: tener educación no garantiza un puesto de trabajo, pero no tenerla sí casi certifica no conseguirlo en la vida. Lo mismo con las TIC: usarlas no garantizará una ventaja, pero no usarlas será seguramente una condena.
Como tecnologías de propósito general, las utilizamos allí donde estemos nosotros. Ello significa que las utilizaremos desde todo tipo de dispositivos y en todo tipo de lugares. Así pues, la convergencia de dispositivos y la ubicuidad de acceso pasan a primer plano estratégico de todo aquel que quiera ofrecer bienes y servicios en Internet, es decir, de todo aquel que quiera ofrecer bienes y servicios y punto. Cada vez más pierde sentido pensar en tiempos y en lugares específicos para realizar una tarea determinada. Dicho de forma más clara: la educación no sucederá solamente en las aulas, igual que la política no sucederá solamente en los parlamentos o en los colegios electorales, igual que el comercio no sucederá solamente en las tiendas y áreas comerciales, igual que la salud no sucederá solamente en hospitales y centros sanitarios. Todas estas instituciones deben urgentemente reflexionar — si no lo han hecho todavía, y es el caso de la mayoría — sobre este cambio de paradigma.
Hay, como decía, mucha más información en el informe, pero estas dos cuestiones precedentes son de una importancia fundamental y ellas solas merecen sentarse a pensar en cómo está cambiando la sociedad y en intentar anticipar todos los cambios que están por venir. Y hay que insistir en ello: a pesar de la inercia de 300 años de sociedad industrial, a pesar de las resistencias de muchas personas e instituciones, los datos que aparecen día sí y día también no hacen más que corroborar esta tendencia inexorable a un cambio radical en la forma como se configura nuestra sociedad. En todos los ámbitos.
Hay dos páginas del informe — la 26 y la 27: Evolución de la Sociedad de la Información en 2012 — que son una perita en dulce por todo lo que llegan a contar en tan poco espacio y de una forma tan y tan clara (mi enhorabuena a los autores por este ejercicio en particular).
En estas dos páginas hay ocho representaciones gráficas de cómo y cuánto han cambiado ocho ámbitos de la sociedad. Si cada una es interesante en sí misma, cruzar los datos o las gráficas es especialmente revelador. Por ejemplo, cruzar el Acceso a Contenidos (baja la descarga de contenidos y sube su consumo en streaming) con las Tecnologías de Acceso (sube la banda ancha móvil) con los Dispositivos (móviles de nuevo) y el Lugar de Acceso (cualquier sitio).
Este ejemplo, así como muchos otros, son pruebas de que vamos superando la fase «push» de despliegue de la Sociedad de la Información. Una fase «push» basada en crear infraestructuras y tejido empresarial e intentar convencer a los ciudadanos de las bondades de Internet y la Telefonía móvil. Agotada la fase «push», entramos en una fase «pull» donde — aun sin abandonar la iniciativa privada y pública de desplieque de infrastructuras — la adopción de las TIC va más pilotada desde el lado de la demanda, que «tira de» las empresas que proveen infrastructuras, bienes y servicios que ahora deben satisfacer esa demanda.
En mi opinión, ni todas las empresas del sector privado ni, ni mucho menos, en general la Administración están todavía adaptándose a este cambio de fase.
En lo que concierne al sector privado, ahí están como ejemplo los nuevos pioneros de los contenidos digitales en contraposición a las grandes corporaciones de la industria cultural (editoriales, prensa y medios en general, etc.), con modelos muy distintos, con un sector transformándose rápidamente, y con actores que pronto verán intercambiados sus papeles en lo que a situación dominante se refiere — siempre y cuando no haya cambios estratégicos en los actores más tradicionales del sector.
La crisis actual ha pasado de ser algo coyuntural a empezar a enquistarse como algo estructural, como una forma de ser. Pero puede ser peor, mucho peor: puede, efectivamente, convertirse en un lastre que no solamente frene sino que arrastre a la sociedad hacia atrás en el tiempo. La Sociedad de la Información es un tren que no admite titubeos, que no admite dejarlo pasar: o te subes o te pasa por encima. No hay andén donde refugiarse.
Los ciudadanos, en general, van adoptando de forma cada vez más extensa e intensiva el uso de las TIC. Y nos preocupamos — y con razón — de los ciudadanos que no adoptan esas TIC, porque no pueden o, mucho peor, porque no quieren acceder a la Sociedad de la Información.
Pero en esta preocupación por los árboles nos hemos olvidado del bosque. Mientras los ciudadanos tiran cada vez más de la Sociedad de la Información, lo hacen a título individual, quedando las instituciones totalmente olvidadas y al margen de toda adopción digital. Creemos que basta con buenas infraestructuras y la adopción digital por parte de los individuos, pero los datos nos demuestran que ello no es así. Que hace falta un impulso especial en la parte de las instituciones. Que hace falta más capacitación digital, no en el ámbito de la alfabetización tecnológica, sino en la informacional, la mediática o la estratégica. Que hace falta pensar más todavía en más y mejores contenidos y servicios para el ciudadano, en la digitalización de tareas y procesos especialmente en el ámbito público (Administración, educación, sanidad, gobiernos, parlamentos, partidos…).
En definitiva, el desarrollo de la Sociedad de la Información tiene un plan en España, pero le falta una estrategia. Y, con la crisis, hemos puesto por delante lo urgente a lo importante. O eso parece.
