15MpaRato: Wikileaks proactivo, justicia de masas o linchamiento virtual

Esta mañana a las 11:00 se ha lanzado oficialmente la campaña 15MpaRato, cuyo triple objetivo es:

  1. Recopilar informaciones sobre Rodrigo Rato.
  2. Hacer que a Rodrigo Rato le resulte insoportable vivir en España, forzando su exilio.
  3. Que Rodrigo Rato sea condenado por la evidencia de las pruebas presentadas en el caso de que dichas pruebas confirmen un comportamiento delictivo.

Se plantean, a bote pronto, tres reflexiones rápidas pero no por ello triviales.

La primera reflexión es que 15MpaRato supone un giro hacia la proactividad en la búsqueda y difusión de información confidencial. Es decir, se hace una llamada explícita a hacer acopio de información sobre (en este caso) una persona física, en lugar de lo que, por ejemplo, realizaba Wikileaks cuyo modus operandi era de carácter más reactivo: recibía una información y, después, decidía cuándo y cómo difundirla. Aquí es al contrario: se fija el objetivo y se hace todo lo posible para recabar la información.

La segunda reflexión es que, como ocurre en tantas otras iniciativas iniciadas en una red virtual, de naturaleza colaborativa y distribuida, 15MpaRato supone llevar al terreno de la lógica de redes, de la lógica hacker, la carga de la prueba de un caso de derecho penal. Esto no es nuevo en el fondo (las llamadas a la población a «colaborar» son tan antiguas como el delito mismo) pero sí lo es en gran medida en las formas: como empieza a ser costumbre en los movimientos sociales descentralizados, a pesar de ser ahora identificable el movimiento con Mini-Leaks, es fácil que pronto no haya cabeza visible y, a medida que pasen las horas y los días, no haya cabeza alguna. Varios medios reproducen ya la noticia, las afiliaciones y ramificaciones se reproducen de forma geométrica, y cuánto más se imbriquen con otras redes y movimientos, será difícil identificar el liderazgo con una o varias personas. Sin cabeza, también se perderá el control del mensaje. Esto no es ni bueno ni malo, es así, y esta es la esencia de la reflexión: hasta en materia de derechos y delitos, tenemos ya ejemplos de movimientos en red cuya forma y fondo variarán en función de la composición de la misma.

La tercera reflexión es que 15MpaRato parte de la presunción de culpabilidad y el juego al equívoco entre juicio moral y responsabilidad penal. El hartazgo con la impunidad de una gran minoría no debería ser coartada para no cuidar las formas y para transitar por la delgada línea que separa el pedir justicia con el linchamiento público. Y pedir justicia en lo penal difiere completamente también de llevar a cabo un juicio — y sentencia — político. Es posible que Rodrigo Rato deba depurar determinadas responsabilidades en su desempeño de uno o varios cargos públicos. Y es incluso posible que Rodrigo Rato haya cometido delitos por los cuales deba responder ante la justicia. Pero en 15MpaRato no queda claro (o no me queda claro a mí) si se pretende un juicio de valores o un juicio por violar la Ley. O ambas. O ninguna, y solamente se pide el oprobio y el destierro moral y físico.

Pero si se quiere justicia, las formas son fundamentales. Y la iniciativa 15MpaRato hace malabares con ellas.

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El 15M desde la participación ciudadana

Pedro García García me hizo una entrevista por correo electrónico sobre el 15M y la participación de la ciudadania en el movimiento, con especial énfasis en las diferentes identidades que se le han atribuido al movimiento. Estas son mis respuestas.

¿Qué implicación personal tiene en el 15-M?

Depende de cómo definamos el 15M y de cómo definamos participar.

Si definimos el 15M como una manifestación al uso y participar ser parte de la organización, mi participación en el 15M se ha limitado a asistir a algunas pocas asambleas (en acampadasol y acampadabcn) y a sumarme a alguna manifestación. En este sentido, no he sido parte de la organización del movimiento.

Si, no obstante, definimos el 15M como un movimiento distribuido, en red, donde cada uno aporta lo que puede y quiere desde donde puede y quiere, me siento plenamente identificado con el movimiento y considero que he participado activamente en él:

¿Es miembro de alguna asociación o grupo político?

No.

Hace ya muchos años decidí darme de baja de una ONG a la que pertenecía y, desde entonces, he preferido colaborar con distintas organizaciones (partidos, ONG, asociaciones) con distintos niveles de implicación en función del proyecto en el que me invitaran a participar.

Puedo destacar que actualmente soy miembro del consejo asesor de Fundación Esplai y de Fundació Catalana de l’Esplai, con quienes llevo unos años participando en diversas iniciativas vinculadas a la inclusión social y la brecha digital, como el actual proyecto Ciudadanía y ONG. He colaborado también con distintos partidos políticos tanto a nivel local como autonómico y nacional: me interesa más que se consigan determinados objetivos que quién los consigue, y me interesa más participar donde puedo aportar algo que la afiliación incondicional y a largo plazo.

El 15-M, en gran parte, ha hecho hincapié en autodenominarse como un movimiento «apolítico». ¿Por qué apolítico si muchas de sus demandas están estrechamente relacionadas con la izquierda?

Creo que habría que distinguir dos formas muy distintas de entender la palabra «apolítico». Una acepción de apolítico, la que recoge el DRAE, es aquello que es ajeno a la política, que no le importa la política o incluso la rehúye. Otra acepción, que es precisamente el uso más popular, es entender apolítico como «sin afiliación o adscripción política», es decir, sin pertenecer a ningún partido o formación política organizada.

En mi opinión, es en esta segunda acepción donde hay que enmarcar el 15M: es un movimiento «apolítico» en el sentido de que no tiene su origen en un partido, un sindicato, un think tank, una ONG o cualquier otra organización.

Pero por supuesto que es político y mucho: si el 15M es algo, es política en su estado más puro. Lo dice también el DRAE: política es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

Vale la pena añadir que, aunque si bien es cierto que muchas de sus demandas son de corte progresista, no lo son todas.

Si en vez de como apolítico se hubiera postulado de izquierdas, ¿hubiese atraído a tanta gente? ¿Cree que un movimiento apolítico atrae a más personas que uno de izquierdas?

Ante una situación de grave crisis de legitimidad de los políticos y los partidos políticos), lo que está claro es que cualquier identificación del 15M con un partido o un político en particular le hubiese equiparado a un partido más y, con ello, arrastrado al movimiento al hoyo de legitimidad del resto de partidos. De ahí ese desmarcarse explícitamente de cualquier organización política (incluidos los sindicatos).

Esto en lo que se refiere a «apolítico» como «sin relación con un partido».

En lo que refiere a derechas o izquierdas, creo que es ilustrativo ver el movimiento del 15M como un montón de personas que salieron a las plazas cada una con su problema particular (el paro, la hipoteca, la decadente calidad de la política de partidos, la impotencia ante la implacabilidad de los mercados financieros, etc.) y que volvieron a casa dándose cuenta de que, en realidad, el problema era uno: la pérdida de control sobre la gobernanza del sistema.

En este sentido, no considero que el 15M sea un movimiento de derechas o de izquierdas, si bien es cierto que la aproximación neoliberal de la gestión de lo público pretende precisamente que ese sistema se autoregule, mientras que la aproximación más progresista suele aspirar a tener más control sobre el sistema. De la misma forma, las aproximaciones más neoliberales a la política tienden a no ver tan necesaria la participación como las más progresistas. Así, es lógico que las propuestas del 15M hayan resonado más en la izquierda que en la derecha. Pero considero esa resonancia más una consecuencia que una causa o un objetivo perseguido por el movimiento en ningún momento.

¿Cuándo y cómo se decide la imagen apolítica del 15-M?

La imagen apolítica del 15M no se decide: es.

Es desde el mismo momento en que diferentes iniciativas como Democracia Real Ya, Nolesvotes o V de Vivienda emergen de la ciudadanía no organizada formalmente en entidades que el 15M deviene apolítico por construcción. Es después, en las plazas, que se hace un esfuerzo consciente por alejarse de la afiliación política, por rechazar los intentos de capitalización que del movimiento hacen algunas personas u organizaciones. Y son los mismos medios de comunicación los que refuerzan ese esfuerzo por la no identificación del movimiento con una doctrina política en concreto.

Pero creo que es importante resaltar que esa imagen apolítica del 15m no es tal, es decir, no es una imagen: es la misma naturaleza del movimiento.

El indignado, ¿ha ido cambiando con el paso de los meses? Era el mismo indignado el de Plaza Catalunya que el de las concentraciones alrededor del Parlament?

Creo que al hablar de indignados hay que hacer, como mínimo, dos apuntes fundamentales.

El primero es la distinción, muy necesaria, de quienes se han indignado de muchas y variadas formas y quienes se han salido a la calle con el objetivo de ejercer la violencia contra personas y patrimonio personal o público. En mi opinión ha habido en cada plaza y en cada manifestación una combinación de ambos, pero creo que es posible separarlos dado que sus objetivos son distintos: el de los primeros es constructivo — para mejorar el sistema — y el de los segundos es destructivo — para acabar con él.

El segundo apunte es sobre qué entendemos por indignado. Si indignado es quien sale a las plazas o a las manifestaciones o quien participa en las asambleas, es cierto que la pluralidad inicial del movimiento ha ido perdiéndose a favor de menos personas pero más activas en la organización de iniciativas y en la elaboración de propuestas.

Si entendemos, no obstante, el indignado como «aquel que salió a la plaza con un problema personal y volvió a casa con la sensación que todos los problemas tenían un origen común», no creo que haya habido gran cambio o, en cualquier caso, no a menos, sino a más. Puede que no se ocupen plazas, pero la disensión en el día a día es mayor, como lo es el agotamiento del ciudadano frente a la política. Desde el 15M ha habido varios comicios electorales, dos huelgas generales, charlas, seminarios, asambleas, páginas y más páginas de Internet y de papel… No creo que, en términos de opinión pública y de fondo, el 15M haya perdido ni un ápice de energía o cambiado sus postulados iniciales.

¿Qué imagen tiene actualmente la ciudadanía del indignado? ¿Cuál ha sido su evolución desde que empezó el movimiento?

Creo que es complicado intentar afirmar qué piensa la ciudadanía de ningún tema sin preguntarles. Los últimos datos del CIS indican que la abstención, voto en blanco e indecisos se mantienen o suben: puede que no sepamos qué piensa la ciudadanía del indignado, pero sí sabemos que un síntoma de esa indignación sigue ahí.

Por otra parte, no hay que confundir el abandono de las plazas con el abandono de la actividad: más allá del momento puntual de manifestación en la vía pública, tanto antes como después de las acampadas hay un importante número de personas que siguen organizando asambleas, reuniones, seminarios, charlas, propuestas. El problema no está, pues, en la imagen que tiene la ciudadanía, sino en si tiene imagen alguna debido a la (poca) visibilidad del movimiento. Dicho de otro modo: la pregunta no es qué imagen se tiene del movimiento, sino qué visibilidad tiene.

Y para responder a qué visibilidad tiene hay que preguntarse qué imagen o qué visibilidad han querido dar de los indignados las instituciones democráticas, en concreto gobiernos, partidos y medios de comunicación. En general, y con contadas excepciones, la imagen que han dado partidos y gobiernos ha ido desde la negación hasta la criminalización, pasando por el ninguneo. Y los medios de comunicación, en general afines a sus respectivos partidos no han sabido, en mi opinión, tampoco ser capaces de centrar el debate: lo que importa no es si el 15M es de una forma o de otra, sino por qué existe, cuáles son sus causas. Y esas preguntas siguen sin hacerse en la mayoría de los casos, con los que nos perdemos en detalles sobre un pequeño porcentaje violento, sobre si las propuestas son más o menos fundamentadas o sobre es legal acampar o no.

¿Porqué el 15-M perdió el interclasismo y la gran diversidad social que tuvo en los primeros días?

No sé si estoy de acuerdo con lo que viene a afirmar la pregunta.

Para empezar, considero que la clase media en España apenas existe y es más un latiguillo o una coartada de algunos discursos políticos que una realidad estadística.

Lo mismo sucede con las clases sociales: la terciarización de la economía y la digitalización de muchas tareas han comportado la descentralización de muchos procesos que antes tenían lugar en el seno de la empresa. Autónomos, falsos autónomos, freelancers, externalizaciones y outsourcing, son la prueba fehaciente que hoy en día una persona con un ordenador se pueden constituir como empresa, difuminando lo que antes era una distinción clara entre obrero y burguesía capitalista.

En mi opinión, no ha habido jamás interclasismo porque no hay tales clases o, si las hay, no son muchas ni tan bien delimitadas. Considero que el movimiento Occupy Wall Street lo definió muy bien: hay un 99% y hay un 1%. Y el 15M recogió el 99%.

¿Cuáles son los retos del 15-M para volver a llenar las calles? ¿Es más difícil ahora que el año pasado?

Creo que la pregunta más apropiada no es sobre los retos para llenar las calles sino si hay que volver a llenar las calles. Y, en mi opinión, no es necesario. Llenar las calles no creo que debiera ser un objetivo en sí mismo: el objetivo es llenar los partidos, los gobiernos y los parlamentos de ideas y de gente competente.

Las acampadas y las manifestaciones sirven para poner el foco de la opinión pública sobre la cuestión. Y puede ser conveniente recordar que el problema sigue ahí, que no ha desparecido o se ha solucionado con unas elecciones locales, autonómicas o legislativas. Pero las calles son un instrumento mediático, para llamar la atención.

Lo que hay que llenar son las instituciones de la democracia, por muy descalabradas que estén.

¿Han notado el acoso de la prensa? ¿Qué posturas desde los medios de comunicación pueden favorecer más y menos al movimiento?

Muy sintéticamente, considero que gran parte de la prensa obedece a intereses empresariales que a su vez tienen estrechos lazos con intereses políticos. El cuarto poder ha pasado, así, por una parte a definir la agenda del debate público en función de lo que le interesa y, por otra parte, a legitimar las acciones de política tomadas como respuesta a la agenda pública.

Por este motivo la prensa ha recibido un ataque feroz desde la ciudadanía, que ahora dispone de sus propios medios de comunicación. En muchos aspectos, lo que ahora presenciamos es una doble batalla entre medios y ciudadanía: una por la legitimidad del informador y otra por el control de la agenda pública.

El problema es que considero que hay pocos intentos de centrar el debate, de buscar espacios de diálogo, de construir puentes. Por ambas partes.

En las asambleas: ¿participan todos? ¿hay libertad de opiniones? ¿qué hay que mejorar para que sean más plurales?

Seguramente habría que separar las asambleas multitudinarias de las plazas de las pequeñas asambleas que todavía tienen lugar en los barrios.

Las segundas, con este formato u otro distinto ya existían, y lo que el 15M ha hecho ha sido darles un soplo de aire, una energía renovada.

Las primeras han pasado por muchas fases distintas, desde una gran pluralidad de opiniones hacia una progresiva concentración de las mismas en manos de quien está más organizado o tiene más recursos (tiempo, dinero) para participar.

Se suele decir que uno de los grandes logros del 15M es que ha sido una gran «escuela de democracia». Eso es cierto para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque se ha recuperado gran parte del espíritu de las democracias modernas, del debate, del «una persona un voto», en parte porque las Tecnologías de la Información y la Comunicación han facilitado sobremanera esa democracia directa y esa democracia deliberativa. Para lo malo porque se ha constatado una cosa que ya sabíamos pero que a lo mejor había que recordar: participar tiene un coste, a menudo un coste altísimo, y es por eso por lo que tenemos democracias representativas.

El reto es, seguramente, cómo incrementar la participación sin que los costes de hacerlo sean prohibitivos. Tenemos nuevas tecnologías que nos permiten disminuir los costes, pero el tiempo sigue siendo finito.

Sobre Democracia Real Ya: ¿Debe constituirse como una asociación? ¿Por qué? La escisión que se ha producido, ¿perjudicará al movimiento?

Se me hace difícil diagnosticar qué sucederá en el futuro y, en consecuencia, valorar si el movimiento es adecuado o no.

Por una parte, y en la misma línea argumental de lo costoso que es participar incluso existiendo Internet, constituirse como asociación hace más fácil que puedan organizarse recursos alrededor de la consecución de objetivos, trazar planes y, sobre todo, ser capaz de realizar una interlocución autorizada en el ámbito de la institucionalidad: un gobierno o un parlamento — que no olvidemos que por ahora son los que toman las decisiones — necesita saber que cuando habla con alguien este alguien no habla por sí mismo, sino que efectivamente representa a un colectivo más o menos numeroso, igual que el partido representa a los afiliados y simpatizantes y el gobierno y un parlamento vienen legitimados por las urnas.

Por otra parte, el que haya habido escisión puede deberse a dos motivos. El primero es que haya quien no comparta lo dicho anteriormente, es decir, que es posible seguir haciendo política fuera de las instituciones y que haya que seguir explorando caminos alternativos. El segundo es que haya habido disenso no en el fondo, sino en las formas, en el proceso cómo se constituye dicha asociación. Esto último, sin lugar a dudas, perjudica al movimiento porque crea fractura, fractura que no es debate (lo que sería bueno), sino escisión y confrontación.

El primer motivo debilitará o perjudicará al movimiento en función de si esos caminos alternativos acaban siendo viables o no, y parte de ello depende de la guerra por el control de la agenda pública a la que aludía anteriormente. El éxito del 15M a largo plazo no debería medirse, creo, en función del número de propuestas concretas conseguidas, sino en función de si es capaz de conseguir que se hable de esas propuestas o de los problemas que quieren resolver dichas propuestas.

A riesgos de parecer equidistante, creo que ambos frentes — 15M como asociación y 15M como movimiento emergente — son no solamente deseables sino necesarios: es necesario poder identificar las propuestas con una organización y dicha organización con un colectivo que la apoya (porque así funciona el resto de la sociedad todavía), pero también si cabe más necesario todavía que haya personas individuales que actúen transversalmente y puedan hacer capilarizar el ideario del 15M dentro de las ONG, los sindicatos y los partidos.

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¿Cuánto cuesta un café? Para un jubilado, 12€

Estupendas, por sensibles y empáticas, las declaraciones del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, afirmando que Las medicinas van a ser solo ocho euros: son cuatro cafés. Es impresionante que, a estas alturas, conceptos como progresividad o regresividad de los impuestos y las tasas todavía no estén grabados a fuego en el imaginario de nuestros gestores públicos.

Los gastos en una economía — nacional como doméstica — siempre son mucho más fieles a la realidad cuando se toman en términos relativos que en términos absolutos. Vamos a calcular cuánto le cuesta un café a jubilado con pensión mínima en términos relativos a lo que gana, por poner un ejemplo, un consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.

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Manifiesto para universidades a la altura de sus misiones

Manifiesto por unas universidades a la altura de sus misiones

Para firmar, clicar aquí

A finales de enero de 2012, una enseñante-investigadora de la Université de Liège remitió su dimisión e hizo públicas en la universidad las razones de ésta, denunciando la degradación de las universidades europeas y, en particular, el productivismo y el arribismo circundante, que se han convertido en insoportables. La publicación del texto y sus ecos en la prensa y en la sociedad belga causaron una ola de apoyo inesperada, decenas de colegas se reconocieron en el diagnóstico y desean encontrar remedios. Muy rápidamente universitarios franceses y españoles se han unido al movimiento, confirmando el carácter europeo de la tendencia denunciada.

Después de distintos intercambios y reuniones de reflexión, se ha creado un sitio web y se ha redactado un manifiesto con el fin de promover un amplio movimiento de acciones y de debate en torno al futuro de nuestras universidades.

Es este el manifiesto que os proponemos firmar, no como se firma una simple petición destinada a terceros, sino como un compromiso para resistirse al proceso de desintegración y a actuar personalmente con el fin de recuperar una universidad a la altura de sus misiones.

Manifiesto por unas universidades a la altura de sus misiones (para firmar, clicar aquí)

Les universidades subvencionadas por medio de fondos públicos tienen tres misiones, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, que se caracterizan por su imbricación y por sus finalidades.

Para los firmantes de este manifiesto, éstas misiones tienen como objetivo:

  • Conservar los saberes adquiridos a lo largo de la historia, producir nuevos saberes y transmitir unos y otros al máximo de personas junto con las controversias que los han rodeado o que los rodean;
  • Preparar a los estudiantes en las metodologías de investigación y en el análisis crítico de los desafíos y efectos sociales de los interrogantes, prácticas y resultados del ámbito científico, en el ejercicio de un pensamiento liberado de cualquier dogma, que busque el bien común, y en el desarrollo de una actividad profesional experta y responsable;
  • Alimentar la reflexión de las sociedades sobre ellas mismas y especialmente sobre su modelo de desarrollo.

Las formas actuales de gobernanza de las universidades contradicen esta visión de la institución universitaria.

Éstas formas adoptan como palabras estrella la eficacia, la rentabilidad y la competitividad. El proyecto que se propone a las universidades es volverse instancias de un máximo de producción en un mínimo de tiempo, de unos investigadores y de unos profesionales adaptados a las exigencias del mercado, flexibles y competitivos –el progreso de la humanidad se mide en términos de crecimiento económico y avances técnicos y el de las universidades, en términos de «masa crítica».

De esta suerte, y con unas consecuencias que encajan unas dentro de las otras:

Las universidades son sometidas a evaluaciones y auditorías internacionales cada vez mas numerosas que miden su productividad respectiva y permiten situarlas en rankings.

Sin negar el interés de la evaluación de las prácticas de las universidades y de sus efectos, debemos constatar que las evaluaciones actuales operan según criterios estrechos, la mayoría de veces puramente formales y calibrados sobre prácticas estandarizadas; que la competición entre universidades que éstas evaluaciones refuerzan favorece una carrera a la publicación que hace primar el número por encima de su valor intrínseco; que los procedimientos de evaluación son de un burocratismo irritante y que el mensaje que vehiculan recuerda constantemente a las universidades que la lógica a que se han de subordinar es la del mercado y de la normalización mundial.

Excluida de los recursos básicos de las universidades, la selección de la investigación susceptible de ser financiada queda estrechamente condicionada por los concursos de adjudicación y por la dimensión y el prestigio de los equipos que responden a éstos concursos.

Éste estado de cosas daña la identidad de la investigación universitaria, dotada por principio de un amplio margen de curiosidad y espíritu de innovación, que también poseen los pequeños equipos de investigación y los jóvenes investigadores sin un prestigio consolidado. Se ve así arrastrada a una carrera para trabar proyectos bien encuadrados dentro de los parámetros dominantes y bien presentados antes que proyectos que interesen desde el punto de vista del avance de los conocimientos.

En cuanto a la enseñanza, los recursos destinados a las universidades dependen la mayoría de veces del número de estudiantes matriculados.

En el caso de unos presupuestos bloqueados, esto conduce a una «caza de estudiantes» que entraña el peligro de disminuir la calidad de la formación ofrecida y asistir a la desaparición de disciplinas importantes pero poco solicitadas.

Se exige a la enseñanza universitaria que especifique las competencias profesionalizadoras que han de desarrollar los estudiantes.

Aunque es indispensable dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para sus futuras actividades profesionales, la explicitación de éstas competencias expone a los docentes a privilegiar los saberes utilitaristas y «vendibles» en detrimento de las ciencias fundamentales y de los saberes de ámbito humanista, críticos y reflexivos.

Los servicios de gestión interna y de representación desarrollados por el personal universitario en su institución aumentan exponencialmente en perjuicio de los servicios comprometidos con la sociedad.

Los elementos que acabamos de enumerar contribuyen a que la tarea del personal universitario sea repetitiva y cada vez menos innovadora y acentúan el estrés laboral de un número creciente de personas; el investigador y el docente apasionados corren el peligro de perder sus ideales.

Los firmantes de éste manifiesto, a fin de promover su visión de la institución universitaria, hacen un llamamiento:

  • a garantizar a la investigación universitaria la libertad de exploración necesaria para todo descubrimiento, el derecho a la duda y el derecho al fracaso;
  • a encontrar un equilibrio entre las partes respectivas de los saberes críticos y operacionales, entre las competencias generales y las profesionalizadoras en las formaciones ofrecidas por las universidades;
  • a promover los servicios a la sociedad;
  • a detener la inflación burocrática, la carrera contrarreloj y otros factores de estrés que impiden al personal de las universidades desempeñar satisfactoriamente su trabajo;
  • a evaluar las practicas de las universidades y sus efectos en función de las finalidades de la institución universitaria y no de las expectativas del mercado.

A sus ojos, recuperar éstas necesidades pasa, sobre todo, por:

  • la afirmación de las finalidades de la institución universitaria tal como se han definido más arriba;
  • la refinanciación global de la enseñanza superior;
  • la utilización de criterios de asignación de los recursos públicos que promuevan la diversidad de la investigación y que protejan la calidad y la pluralidad de la formación ofrecida por las universidades.

Finalmente, hacen un llamamiento:

A los poderes públicos y a las autoridades académicas de las universidades a reconocer a las universidades unas finalidades conformes a su identidad y a su función social y facilitarles los medios para conseguir éstos objetivos;

Al personal de las universidades, que resista ante las medidas y prácticas que van en sentido contrario al de las propuestas de éste manifiesto; a abrir espacios de expresión y análisis profundo del malestar de los universitarios, de sus causas y de las pistas que puedan conducir a la solución; a movilizarse mediante acciones concretas –que será necesario definir según los contextos- para afirmar sus posiciones y propuestas allá dónde sea necesario; a apoyar a los movimientos y acciones que, fuera de la universidad, conduzcan a la búsqueda del bien común.

Para firmar, clicar aquí.

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Ley de Transparencia: de la publicación de datos al trabajo en abierto

El Gobierno de España publicó el pasado 27 de marzo el Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y ha animado a los ciudadanos a hacer comentarios al Anteproyecto de Ley durante los 15 días siguientes a dicha publicación.

No han sido pocos los que se han animado a publicar sus comentarios en blogs, columnas de opinión y demás canales. Y, sin haberlos leído todos (por supuesto), en mayor o menor medida las observaciones (críticas) se centran en la poca ambición del Anteproyecto y, algunos, se animan a proponer algunas mejoras al texto, manteniendo, eso sí, su estructura y puntos principales — que es lo que precisamente permite el formulario de comentarios creado por el mismo Gobierno.

En mi opinión, no caben comentarios sino negar la mayor. El texto se basa en una asunción completamente extemporánea en una sociedad digital: el ciudadano pide y la Administración responde. O, dicho de otro modo, la Administración es reactiva y acaba publicando. Lo natural sería todo lo contrario: la Administración debería trabajar digitalmente, en abierto, de forma constante y en tiempo real y los datos ser accesibles por defecto y para todos los ciudadanos. Y solamente las excepciones — pocas y necesarias — requerirían una solicitud expresa y su pertinente resolución.

Vayamos por partes.

  • Publicar o trabajar en abierto: En una sociedad industrial, predigital, publicar información significa poner recursos (en materiales, tiempo y dinero) para que dicha publicación sea posible: copiar informes en papel, recopilar datos y pasarlos a papel, etc. En una sociedad digital, tiene sentido hablar de publicar, y de restringir la publicación, porque ello es más eficiente. En una sociedad digital sin apenas costes de publicación, lo eficiente es trabajar directamente en la red, en abierto. No ha lugar publicación alguna, porque todo sucede en la Red, se trabaja en la Red.
  • Documentos o bases de datos: El documento es la herramienta de trabajo básica de la sociedad industrial. De nuevo, es más eficiente y eficaz compilar los datos en un informe compacto, manejable, fácilmente transferible. En una sociedad digital, el dato es la unidad de medida. Si el dato es libre, la agregación puede realizarse de distintas formas y por distintos agentes. Mientras el Anteproyecto habla de documentos y de información, lo que el ciudadano y la naturaleza del s.XXI piden es el acceso directo al dato, a las bases de datos.
  • Estadísticos agregados o acceso a los microdatos: En la misma línea de lo anterior, la elaboración de estadísticos requiere añadir recursos y, además, perder información en el proceso de elaboración. Cuando el acceso a los microdatos, no tiene coste alguno y permite mucho más detalle, no tiene sentido añadir capas de procesos y costes.
  • Portales de transparencia o acceso a las aplicaciones: Después de los informes y los estadísticos agregados, el Anteproyecto propone — con toda lógica — una plataforma para distribuirlos: el portal de la transparencia. Si bien esto tiene mucha lógica dentro del planteamiento de la futura Ley de Transparencia, no la tiene a la luz de lo dicho anteriormente. Lo que hay que proporcionar es acceso directo a las mismas aplicaciones que utiliza la administración, aunque, por supuesto, con distintos perfiles. El ejemplo más claro está en la universidad: la aplicación que gestiona los expedientes permite a un profesor poner notas, a un estudiante consultarlas y a la gestión académica generar un título si se reúnen ciertos requisitos; pero la aplicación es exactamente la misma. No hay que hacer más informes: hay que digitalizar la Administración y abrir una ventana al ciudadano.
  • De la solicitud de información a la recepción de información: Si se abre dicha ventana al ciudadano, se hace posible que este no tenga que solicitar información alguna, sino simplemente ir a por ella. De hecho, con la tecnología existente, es incluso posible que sea la información la que vaya al ciudadano, a través de correos electrónicos de alerta (el CIS ya los utiliza, por ejemplo) o de canales RSS que informen en tiempo real de aquella información que se ha actualizado.
  • De la transparencia a la Administración abierta: En el fondo, no se trata de abrir una ventana al ciudadano, sino una puerta, una puerta que dé la posibilidad al ciudadano no de consultar datos sino de aportar datos que él haya generado o recogido, cerrando así el círculo.

A todo esto cabría añadir una cuestión más filosófica sobre el acceso a la información pública y la naturaleza de los cargos públicos: ¿a quién pertenece la información pública y quién trabaja para quién en la Administración y el Gobierno? Considero que la respuesta correcta es ni la información pública es de la Administración ni los ciudadanos trabajan para cargos públicos, sino que la información pública pertenece al ciudadano, y que los cargos públicos trabajan para aquél y a aquél deben rendir cuentas. No tienen sentido, pues (salvo contadísimas excepciones) cuestiones como facilitar la identidad de quién solicita la información o con qué motivo o para qué fines la solicita. En todo caso, hay que regular únicamente cuándo, por qué y para quién no se facilitará una información en particular.

Es por estos motivos que comentar el Anteproyecto de Ley título por título, capítulo por capítulo o artículo por artículo se me antoja perderse entre el follaje sin haber sido capaces de ver el bosque.

En mi opinión, sería mucho más ambicioso — aunque difícil de cumplir, por supuesto, sobre todo a corto plazo — redactar una ley de máximos. Una Ley de Transparencia que no fuese tal, sino de Gobierno Abierto: de trabajo de Gobiernos y Administraciones de forma 100% digital, de forma 100% online, con plataformas abiertas e interoperables. Hay algunas bases para ello, como la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que podría servir como punto de partida a una, ya no modernización, sino actualización de la forma de gobernar y administrar. La tecnología ya existe. Solamente hace falta un poco más de competencia digital, ambición y voluntad política.

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Violencia en la calle: tragedia en tres escenas y un epílogo

Los hechos de la noche del pasado 29 de marzo de 2012 en Barcelona — donde la manifestación contra la reforma laboral acabó con graves altercados violentos y enfrentamientos entre algunos ciudadanos y la policía — han vuelto a poner sobre la mesa el huevo y la gallina de la violencia en la calle: ¿la policía provoca y se extralimita con todo viandante a la vista, o hay un grupo de asilvestrados que arremete con todo y que debe ser reducido a toda costa?

La revolución digital ha puesto en manos de todos y cada uno de nosotros una cámara de fotos, una cámara de vídeo e infinidad de lugares desde donde difundir el material audiovisual, literalmente a todo el mundo y a un coste prácticamente despreciable. No obstante, y contra lo que podría dictar la intuición, todo este material digital no ha servido para sacar a relucir la verdad, sino para enconar hasta límites también violentos ese debate sobre quién es más violento.

El (triste) escenario suele parecerse al siguiente:

  • Un grupo de personas se destaca del grupo — tanto físicamente como filosóficamente — y aparece atacando mobiliario urbano, propiedad privada y, a veces, otras personas (entre ellas fuerzas del orden).
  • En otro plano, aparecen estas fuerzas del orden, arremetiendo contra los primeros. La policía aparece en primer plano y los anteriores en segundo, o viceversa, según la intencionalidad del «periodista ciudadano».
  • Tras las cámaras, pero también como telón de fondo, una miríada de teléfonos móviles y cámaras de foto y vídeo tomando nota de todo el asunto.

Las escenas anteriores se repiten casi de forma idéntica con independencia del lugar y momento de los hechos, desde los ataques a los diputados del Parlament de Catalunya del 15 de junio de 2011 a las calles de Barcelona del 29 de marzo de 2012.

En algunos casos es como un gran teatro del absurdo, con una minoría campando a sus anchas entre los ataques policiales y una numerosa mayoría siendo testigos de todo, tomando nota, taquigrafiando, pero jamás interviniendo ni en defensa de los unos ni de los otros.

La impunidad del policía que abusa de su poder (que no de su autoridad, de la que ya carece a estas alturas) es incontestada como lo es la impunidad del que se abandona, como a una droga, a la violencia gratuita.

La profesionalidad del policía que intenta reducir al violento es igualmente incomprendida como la honestidad del manifestante pacífico que quiere ejercer su derecho a expresarse.

La calle se ha convertido en un gran ring donde ir a tomar instantáneas para reforzar los apriorismos de cada uno: la violencia del sistema, la policía represora, los violentos antisistema, los molestos vagos y maleantes, etc. Tópicos que nos traemos de casa y a los que hay que poner fotografía o unos segundos de metraje para mostrarlos de vuelta a casa: ¿ves, ves? ¡Que hij…!

¿Y en la platea?

En la platea de este teatro de desvencijada democracia, partidos y medios de comunicación haciendo otro tanto, pero a gran escala. Se pone con tal fuerza el acento en la tónica del propio ideario que el resto de matices quedan relegados a una muda atonía.

La instrumentalización que en estos momentos se está haciendo de la violencia en la calle no es solamente vergonzante, sino peligrosa. El resultado de dicha instrumentalización no es — o será — muy distinto de otros tantos usos de otras tantas cuestiones de gran calado público. Mientras nos tiramos las pateras por la cara, los inmigrantes mueren en el estrecho. Mientras repensamos la enésima reforma educativa, los estudiantes pinchan en PISA. Mientras decidimos si es peor el escote que el burka, las mujeres mueren en casa. Mientras mantenemos un monólogo maniqueo sobre quién es más violento de entre los violentos, las instituciones pierden legitimidad, la impunidad campa a sus anchas, la violencia se vuelve deporte.

Mientras grabamos y estamos pendientes de los síntomas, quedan, tras las cámaras, las causas.

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