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Hay dos argumentos en las luchas nacionalistas — en general, y en concreto en el nacionalismo catalán contra nacionalismo español, y viceversa — que, por irresolubles, son totalmente espurios.

El primero se refiere a la ordenación territorial presente (¿está Catalunya dentro de España ahora?) contra la existencia de una ordenación territorial pasada distinta (¿estuvo Catalunya en el pasado dentro de España?). Dado que se juega en dos planos del tiempo distintos, el dilema no tiene solución. Por otra parte, como el marco temporal se fija de forma totalmente arbitraria, es fácil encontrar tantos casos como opiniones queramos respaldar: una España unida, una Catalunya soberana, media Catalunya y media España árabes y las otras respectivas mitades visigodas, una península romana… y así hasta el Paleolítico, donde constatamos que en unas sociedades eminentemente nómadas, la ordenación del territorio y sus fronteras eran algo poco menos que irrelevante.

El segundo punto de desencuentro irresoluble se refiere a la existencia de una nación catalana (o española). Más allá de lo que dice la etimología de «nación» (los nacidos en un lugar), se suman a esta definición territorial otros rasgos como la cultura y la lengua. Hay, al menos, dos motivos por los cuales el debate sobre si hay una nación catalana o una nación española es irreconciliable. El primero porque las inexistentes fronteras entre Catalunya y el resto de la península son de una gran porosidad, cruzándose hasta la saciedad especialmente a partir de (por poner una fecha aleatoria) el desarrollismo español de la segunda mitad del s.XX. La definición de nación como los nacidos en un territorio, y que comparten cultura y lengua sirve igual para definir, por construcción y dentro del territorio catalán (o español del nordeste peninsular), tanto a la nación catalana como a una parte de la nación española, sin que podamos separar a los unos de los otros (si es que los hay, que es el meollo del debate). El segundo motivo porque, ante un mundo con cada vez mayor movilidad, el concepto de nación es cada vez más endógeno, más personal, más subjetivo: ahí están las naciones judía o romaní como ejemplos paradigmáticos. Y lo que es endógeno y personal no puede ser definido en términos objetivos y, en consecuencia, acordar una definición consensuada y del agrado de todos.

Hasta aquí, dos aproximaciones irresolubles a estos nacionalismos que se definen por «ser»: ser un territorio, ser una nación.

Hay una segunda aproximación, mucho más pragmática a la vez que prosaica, que se basa en un «estar» y al que Jean-Jacques Rousseau denominó Contrato Social. El contrato social no es más que un matrimonio entre muchos, en el que estos muchos deciden renunciar a algunas libertades a cambio de un bien mayor fruto del vivir en comunidad, compartir determinados recursos y someterse a la coordinación o gobierno de una institución superior: el Estado.

Como cualquier contrato, el matrimonio puede romperse si uno de los cónyuges así lo desea. A veces tiene solución, a veces no la tiene.

El contrato social lo suscriben (hipotéticamente) todos y cada uno de los ciudadanos en el día a día. Cuando un ciudadano decide romper el contrato, lo hace marchándose del ámbito de influencia de dicho Estado. Como, por norma general, no puede vivir completamente aislado del resto de ex-compatriotas que siguen subscribiendo el contrato ni puede llevarse la casa y las tierras consigo, lo que en la práctica tiene que hacer es abandonar el país.

Pero cuando son muchos los que quieren romper ese contrato y, además, viven adyacentes los unos de los otros, lo que sí pueden hacer son dos cosas al mismo tiempo: romper el contrato social que tenían inicialmente con otros ciudadanos y firmar uno nuevo solamente entre ellos.

Un estado de derecho se basa en los pactos (leyes, contratos) firmados entre los ciudadanos. Más allá de otras definiciones de España y Catalunya (totalmente legítimas, por supuesto), España y Catalunya son un contrato, un contrato social. Ante la posibilidad de ruptura del contrato, lo que prima en un estado de derecho no es si las personas son esto o son aquello, ni la historia ni los sentimientos personales, sino si las partes desean o no cumplir un contrato, si las personas quieren estar o no. El soberanismo y la independencia son una cuestión, sobre todo, de querer estar. Y si el contrato no es satisfactorio, o bien se cambian las cláusulas o se da por finiquitado.

Y, probablemente, la mejor forma de saberlo, de saber si el contrato es válido, es preguntando educadamente. Sin disquisiciones gordianas ni aspavientos. Y lo que salga, sea.

Una de las afirmaciones que a menudo oímos decir a las personas que optan por la independencia desde una aproximación fuertemente identitaria es que la independencia es algo neutral: la independencia no es de derechas ni de izquierdas, simplemente es; declaremos la independencia y, después, el pueblo eligirá qué tipo de gobierno (derechas, izquierdas…) quiere.

En mi opinión esta afirmación solamente se confirmaría en un único caso: no hay pasado ni presente y el proceso constituyente aparece de la nada. En caso contrario, la declaración de independencia necesariamente debe desembocar en un proceso constituyente que, por construcción, no será neutral: en un momento u otro del mismo habrá que tomar una decisión arbitraria o heredera de instituciones pasadas, por lo que el resultado del proceso tendrá, con toda probabilidad, un sesgo ideológico.

El proceso constituyente

Si nos inspiramos en el proceso constituyente en España en 1977, una declaración de independencia en Catalunya podría tener, más o menos, la siguiente secuencia:

1. Las instituciones existentes — el Parlament — pactan el cambio de régimen, a saber, se declara la independencia de Catalunya.
2. Las instituciones existentes pactan unos principios básicos o fundamentales (p.ej. ¿Será una democracia?) y se plasman en lo que podríamos llamar «Constitución provisional o constituyente».
3. Dicha «constitución constituyente» se aprueba (o no) en referéndum.
4. Las instituciones existentes diseñan cómo se escogerán las futuras instituciones, es decir, se redacta una ley electoral, habida cuenta que la actual ley electoral pertenece a un pasado que ya no existe. En última instancia, adoptar la ley electoral en vigor antes de la declaración de independencia es en cualquier caso una decisión que debe tomarse y, por tanto, supone optar por un diseño en particular.
5. Con la nueva ley electoral, se renueva el Parlament y se constituyen unas Cortes constituyentes.
6. Estas Cortes constituyentes, directamente, delegando en una comisión o con la participación de los ciudadanos, redactan una nueva constitución.
7. El texto de la constitución se lleva a referéndum para su aprobación (o rechazo) por parte de toda la ciudadanía.
8. Con la nueva Constitución, se disuelven las cortes y se convocan nuevas elecciones, ahora ya dentro de la nueva ley electoral y la nueva Constitución, para la constitución del primer parlamento dentro de la nueva época.

A efectos prácticos, la secuencia anterior se puede simplificar bastante. Habida cuenta que, a corto plazo, los equilibrios de fuerzas es previsible que no cambien en demasía, creo que el procedimiento anterior es equivalente al siguiente:

1. Las instituciones existentes — el Parlament — pactan el cambio de régimen, a saber, se declara la independencia de Catalunya. El Parlamento en funcionamiento pasa a ser, automáticamente, unas cortes constituyentes.
2. Estas Cortes constituyentes, directamente, delegando en una comisión o con la participación de los ciudadanos, redacta una nueva constitución.
3. El texto de la constitución se lleva a referéndum para su aprobación (o rechazo) por parte de toda la ciudadanía.

En cualquier caso hay, como mínimo, dos puntos delicados en todo este proceso.

Neutralidad del proceso constituyente

El primero es la la ley electoral a aplicar. Tanto si se da por buena la ley electoral del régimen anterior como si se redacta una nueva, la decisión tiene un sesgo político. Hay diversos diseños en la forma de elegir a los representantes públicos, y todos ellos acaban resolviendo algunos problemas para dejar desatendidos otros tantos, como bien presenta el breve ensayo de investigadores de la UAB y el CISC La reforma del sistema electoral. Guía breve para pensadores críticos. Valga como ejemplo cómo el actual sistema favorece el bipartidismo y se llevs por delante las minorías, o cómo una alternativa que mitigue el bipartidimo puede convertir el parlamento en una olla de grillos imposible de gobernar.

El segundo punto es, por supuesto, la forma como se redacta la nueva constitución. No hay más que ver la composición de la Ponencia que nombró en 1977 la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados para tener un buen ejemplo de si la redacción de una nueva constitución es neutral o no: dicha ponencia estaba compuesta de 7 diputados, 4 de ellos (mayoría absoluta) con un fuerte sesgo a favor del anterior régimen, dos diputados de izquierda y un único diputado de los nacionalismos periféricos.

Ambas cuestiones son algo que determinará y mucho la nueva independencia. Algunos ejemplos del caso catalán:

• ¿Qué idiomas oficiales tendrá la nueva Constitución? ¿Dos (catalán y castellano)? ¿Uno (solamente catalán)? ¿Más (aranés…)?
• ¿Será el nuevo estado una república o se intentará coronar un descendiente vivo de Martín I de Aragón?
• El nuevo estado, ¿será laico o bautizado como católico en Montserrat?
• ¿Será un estado neutral y sin ejército, o lo tendrá y se adherirá y aportará tropas a la OTAN y a los cascos azules? ¿Qué tipo de ejército? ¿Vuelve la «mili»?
• ¿Se reconocerá la propiedad privada? En caso afirmativo, ¿por encima de qué otros derechos?
• El Banco Central ¿será independiente? ¿cuáles serán sus objetivos de estabilidad macroeconómica? ¿inflación? ¿empleo? ¿crecimiento?
• La educación, la sanidad… ¿serán considerados derechos fundamentales y universales? ¿se encargará el Estado de proveerlos? ¿bajo qué condiciones?
• ¿Qué organización territorial tendrá este nuevo estado? ¿Cuántos niveles administrativos? ¿Con qué independencia o con qué grado de centralización?
• La nacionalidad catalana, ¿será exclusiva de los habitantes de Catalunya? ¿la podrán obtener otros ciudadanos del resto de Països Catalans? ¿Qué derechos otorgará a estos últimos?
• Etc.

Estas cuestiones, y muchísimas otras más, deberán decidirse a corto plazo, a muy corto plazo. Algunas de ellas son tan trascendentales que directamente hacen optar por un modelo de sociedad u otro (véase el tema república vs. monarquía, sistema capitalista vs. comunista o cuántas y qué lenguas oficiales).

Dado que una constitución se vota en bloque (o sí o no), lo que en ella se incluya vendrá determinado por la composición de la ponencia que la redacte, que vendrá determinada por los políticos que la escojan, que vendrán determinados por quienes hayan salido elegidos para ocupar los 135 escaños del Parlament. Que esos 135 escaños se escojan justo antes o justo después de la declaración de independencia es prácticamente irrelevante a efectos prácticos.

En la más pura de las teorías, en un mundo sin pasado ni presente, es probablemente cierto que una declaración de independencia sea neutral en cuanto a color político. En un mundo real, con partidos establecidos, dificultades (legales, económicas y sociales) a la participación, y los enormes costes económicos tanto de la creación de un nuevo estado como de la realización de unas elecciones cualesquiera, una declaración de independencia no puede ser neutral.

En este sentido, sería muy conveniente que los partidos que llaman a presentar listas conjuntas con la independencia como único punto en el programa electoral — así como cualquier otro partido o plataforma que pida la independencia — manifestasen claramente y sin ambigüedades qué tipo de independencia están pidiendo exactamente. Con ello, el ciudadano podría tener más datos para valorar si dicha indepdencia le conviene o no.

Incluso en el caso de que la aproximación de un ciudadano sea pura y estrictamente identitaria, incluso en el caso en que la independencia esté en primera posición absoluta en su escala de prioridades (y el resto de cuestiones le importen un rábano), al día siguiente de la declaración de independencia, con esa primera posición ya tachada de la lista, ese ciudadano dejará de ser (sobre todo) nacionalista para ser (también) obrero o empresario, comunista o capitalista, republicano o monárquico, pacifista o belicoso, bilingüe o monolingüe, autárquico o ciudadano del mundo, etc. Incluso al más independentista de los independentistas le interesa saber qué pasará después, so pena de encontrarse que se quejaba de una sanidad pública que le atendía en castellano, y ahora le atiende en catalán, pero es privada y debe pagar por ella.

Saber qué tipo de independencia se va a votar es seguramente algo que debería incluir cualquier elección o referéndum sobre la cuestión. Y, como he intentado explicar, esto no puede hacerse después, porque puede ser doblemente tarde: por una parte, porque quien votó sí (o no) puede ver que en el paquete van medidas que son condición suficiente para cambiar de opinión; por otra parte, porque todas estas cuestiones deben necesariamente estar diseñadas de antemano: bastante difícil será un hipotético proceso de creación de un nuevo estado como para dejar lugar a la improvisación.

Se me antoja, pues, necesario, que los partidos que tienen a la independencia como opción en sus programas electorales, intenten ser comprehensivos en sus aproximaciones: solamente con un programa bien definido en el ámbito identitario, económico y político puede ser viable una declaración de independencia. En caso contrario, el nuevo estado nacerá con carencias estructurales importantes, carencias que acabarán minando su viabilidad y sostenibilidad social, económica y política.

El próximo 11 de septiembre (fiesta nacional de Catalunya), los catalanes están llamados a manifestarse en las calles por… un sinfín de razones. Algunos llaman a ocupar la calle para vindicar la identidad nacional; otros, directamente, por la independencia; todavía otros por motivos económicos, algunos de ellos representados por el Pacto Fiscal. Esta llamada a manifestarse viene además precedida por varias encuestas y barómetros que, en los últimos años, van reflejando un creciente apoyo ciudadano a la opción de una Catalunya como estado independiente de España. Este apoyo se ha nutrido, sobre todo, de un colectivo que defiende la independencia por motivos económicos, sumándose a la ya existente comunidad nacionalista que lo hace por motivos eminentemente identitarios — por supuesto, la frontera es difusa y los colectivos se solapan.

En mi opinión, no obstante, no hay dos sino tres (y media) grandes líneas o aproximaciones a la cuestión independentista. Y aunque no se oponen unas a otras (como he dicho, se solapan en varios puntos), su orden de prioridades es lo suficientemente distinto como para que de su entendimiento la vía independentista tenga viabilidad o no.

1. Aproximación identitaria o nacionalista: la independencia como reivindicación identitaria

Hay un grupo de personas que se sienten, por encima de todo, catalanes. Reivindicar la propia identidad (colectiva) pasa por encima de todo y es un motivo en sí mismo. El objetivo, pues, de la vía identitaria es que la nación como sentimiento coincida con la nación como territorio administrativo o jurisdiccional.

El debate sobre si hay una base histórica o no para dicho sentimiento es, en mi opinión, espurio: uno siente lo que siente en un momento dado, siendo el origen de dicho sentimiento irrelevante. Afirmar que un catalán es español es, de nuevo, espurio: no se puede comparar sentimiento con adscripción administrativa.

2. Aproximación económica

Que en la balanza fiscal entre Catalunya y el estado español hay un desequilibrio a favor del Estado es una cuestión indiscutible, avalada por docenas de estudios al respecto. Se puede debatir sobre su cuantía, pero es un hecho que los contribuyentes catalanes aportan más a las arcas del Estado que lo que este gasta en el territorio o los ciudadanos catalanes.

La existencia de este déficit fiscal se ha justificado históricamente por el principio de solidaridad entre territorios. Quienes piden la independencia de Catalunya por motivos económicos persiguen, básicamente, o bien el fin de dicho principio de solidaridad o bien una redefinición del mismo. Dentro de esta aproximación económica, hay a su vez distintas aproximaciones o motivaciones:

• No se quiere ser «solidario» o bien se quiere decidir, año a año, cómo, cuánto, con quién y en base a qué. De entrada, no a la solidaridad y, en consecuencia, no al déficit fiscal: lo que se recauda en Catalunya, se queda en Catalunya, se incluye en los presupuestos y es allí donde se decide si hay transferencias (con o sin contrapartida) con otros territorios.
• Sí a la solidaridad, pero con un límite: el resultado después de repartir rentas no puede cambiar la lista de autonomías ordenadas por renta per cápita. Es decir, el rico no puede quedar más pobre que el pobre una vez realizada la aportación solidaria. En el límite, todos igual. Pero nunca, jamás, alterar el orden.
• Sí a la solidaridad, pero no a la solidaridad incondicional: si en 30 años de autonomías (y solidaridad interterritorial) la riqueza relativa de las autonomías prácticamente no ha variado, es probable que el mecanismo de solidaridad para el desarrollo equitativo deba ser revisado (planes de desarrollo, de inversiones, etc.). Sí, pues, a la solidaridad para el desarrollo (finalista) pero no a la solidaridad como transferencia neta de rentas. Esta aproximación puede contemplar saltarse el punto anterior, es decir, que el rico acabe más pobre que el pobre porque este último merece un empujón extra, pero ello no puede ser de forma indefinida.

3. Aproximación política

Hay un último colectivo, con un fuerte sentir europeísta y federalista, que cree firmemente en el principio de subsidiariedad, es decir, en acercar o ajustar al máximo la gestión política al territorio. La independencia de Catalunya desde este punto de vista perseguía acercar la toma de decisiones al ciudadano («Madrid no tiene porqué decidir sobre una cuestión de ámbito estrictamente catalán»). Se trata, pues, no de una cuestión económica sino política, de cómo tomamos niestras decisiones, de cómo diseñamos nuestras instituciones.

Aunque es independiente de la aproximación económica, tiene algunos puntos en común con ella: la corresponsabilidad fiscal implica que una administración sea a la vez responsable de los ingresos y de los gastos ligados a estos, con lo que se supone que resulte en una política más responsable de gastos así como una mayor libertad para establecer ingresos que redunden en una mayor autonomía del gasto.

3½. El soberanismo como derecho

Existe también otro «medio» motivo o aproximación para (no exactamente) pedir la independencia: porque es un derecho. No hace falta ser nacionalista ni tampoco independentista (no hace falta sentirse catalán o desear la secesión del territorio catalán del español) para creer que cualquier colectivo tiene derecho a organizarse como desee y situarse bajo un marco administrativo determinado.

Se puede ser soberanista y abogar por el derecho a la autodeterminación, incluso promover un referéndum… y acabar votando en contra: el soberanismo es un derecho, la independencia es una opción. Aunque a menudo se confunden y se equipara a quien defiende el derecho con quien defiende la opción. No debería tener nada que ver… aunque es cierto que todo independentista es soberanista y es quién más vehementemente suele defender dicho derecho.

Manifestación del 11S-2012 y estado de la cuestión

Iniciaba esta reflexión (personal) diciendo que el próximo 11 de septiembre los catalanes están llamados a manifestarse en las calles por un sinfín de razones: son, entre otras, las anteriores. Los partidos y plataformas ciudadanas que se están adhiriendo a la acción de autoafirmación/reivindicación/protesta invitan a que cada ciudadano manifieste su propio sentir, tenga este el sentido que tenga.

Mi esquema personal de lo que cada partido viene a defender — en las urnas, en el Parlament, en los medios o en la calle — es más o menos el que presenta el diagrama siguiente:

Aproximaciones a la independencia de Catalunya.
Ubicación de los partidos políticos del Parlament (2012)
[Clic para ampliar]

Es esta percepción, por supuesto, totalmente subjetiva y parcialmente informada. No es ni pretende ser reflexión objetiva y ni mucho menos académica: ya se encargan partidos y simpatizantes de que sea imposible saber a ciencia cierta y de forma rigurosa qué pretende cada dirigente político, por no hablar de su agregación como partido. En cualquier caso, su objetivo no es otro que intentar situar visualmente a los partidos, tanto en el llamado eje constitucional (España–Catalunya) o el eje social (izquierda–derecha). Seguramente también se puede leer en clave Estatut, Pacto Fiscal o Federalismo. Insisto: esta es mi visión, que puede estar tan equivocada como la de cualquiera.

¿Es compatible salir a la calle a defender un sentir al margen de que el compañero salga a defender el suyo? En mi opinión, no lo es. Considero que las tres aproximaciones no son incompatibles pero sí riñen en lo que prioriza cada una. Por otra parte, la falta de un agente que intente crear un programa basado, al mismo tiempo, en las tres visiones o aproximaciones hace que, sistemáticamente, una u otra quede fuera del tablero de juego. Y esto último sí hace, por excluyente, que sea extremadamente difícil hacer converger las distintas aproximaciones a la cuestión de la independencia.

⇒ Leer la segunda parte: ¿Es neutral una declaración de independencia?

Los diputados del Parlamento español de circunscripciones distintas a Madrid perciben unas dietas en concepto de alojamiento de 1.823,86€. De ellos, al menos 70 diputados declaran tener una vivienda en Madrid, lo que ha encendido todo tipo de críticas.

Dichas críticas se han recrudecido al publicarse las nuevas condiciones del Programa PREPARA. El argumento es del estilo «los parados percibirán 450€ para vivir mientras que los diputados perciben 1800€ para viajar ¿es esto justo?».

Veamos, pues, si esos 1.823,86€ en concepto de alojamiento es abusivo o no lo es.

Pongamos un ejemplo que me resulta cercano: un diputado por Barcelona. Supongamos que (a) su familia no va a trasladarse a vivir a Madrid (entre otras cosas porque la pareja muy probablemente tiene también su propia carrera profesional) y (b) el diputado no quiere perder el contacto con los votantes de su circunscripción. Ello significa que deberá viajar a Madrid para asistir a los plenos y reuniones propios de su cargo y volver a Barcelona. Supongamos que realiza dicho viaje de ida y vuelta una vez por semana, lo que suma un total aproximado de 8 viajes. Entre plenos y reuniones, lo habitual será dormir en Madrid entre 2 y 4 noches por semana (supongamos que la media son 3 noches por semana).

Según los supuestos anteriores, la estructura de los costes de alojamiento que maneja un diputado de Barcelona puede parecerse bastante a la siguiente:

No obstante, y como bien recuerdan en Qué Hacen Los Diputados:

En referencia a los gastos de desplazamiento, el Congreso los paga aparte, tal y como recoge el régimen económico de los diputados: El Congreso de los Diputados cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los Diputados. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Excepción hecha, claro está, del uso del propio automóvil, en cuyo caso y previa justificación, se abona 0,25 € por kilómetro.

Por tanto, en las dietas de alojamiento no debemos incluir las de desplazamiento, que son cubiertas aparte.

Combinemos ahora, pues, la estructura de costes de alojamiento con la estructura de ingresos, tomando dos escenarios: en el primero, el diputado disfruta de las dietas de alojamiento; en el segundo escenario se las hemos quitado. Para el cálculo de los salarios mensuales netos, hemos tomado los 39.394,18€ brutos, hemos dividido por 14 pagas, y hemos utilizado la calculadora de Calcula Tu Sueldo y Cinco Días. El resultado final es una media de unos 2.000€ netos al mes, además de las 2 pagas extra.

Como puede verse en las dos últimas filas de la tabla, las dietas suponen un «sobresueldo» en todos los casos, tanto si se opta por el hotel como si se opta por el alquiler, dado que son más que suficientes para pagar los gastos de alojamiento. Por supuesto, la cantidad de dietas no gastadas en alojamiento variará en función del número de noches y del hotel escogido, o bien del precio del alquiler.

No obstante, en el caso de que eliminemos los 1.823,86€ de dietas de alojamiento, el diputado acaba trabajando por un salario de, como mucho, 1.300€ netos al mes, llegando hasta un máximo de 400€ mensuales netos si tiene que quedarse 4 noches en Madrid. Estos últimos no son, precisamente, sueldos competitivos especialmente si se opta por el hotel. Si lo que queremos es que nuestros representantes públicos tengan una cierta preparación y el mercado de trabajo privado no sea una opción mucho mejor que ser diputado, esas (o algún tipo de compensación por el alojamiento) deben mantenerse para no disuadir de optar por la vida política a muchas personas.

Aparte del coste de oportunidad de trabajar en el sector privado, es fácil también que, manteniendo salarios bajos para los diputados haya incentivos a buscarse un sobresueldo fuera, ya sea por medios incompatibles con su puesto o plenamente ilegales, ya vía pluriempleo, ya sea centrándose en sus propios negocios, tres casos que sin duda van en contra del beneficio público.

Vistos los datos, y en mi muy personal opinión, las dietas de alojamiento de los diputados no son abusivas, aunque sí ciertamente generosas. En el caso límite, estas dietas suponen un incremento de facto del sueldo de más de un 50%.

Lo que seguramente hay que revisar, pues, no es la necesidad de las dietas en sí, sino el diseño del sistema de compensación de gastos así como los usos poco éticos del mismo. Si estos datos sirven para un diputado en Barcelona, seguramente no son válidos para un diputado de Guadalajara, Toledo, Ávila o Segovia, que muy probablemente puede ir a dormir a casa, o por contra, serán mayores para, por ejemplo, un diputado de A Coruña que probablemente deberá pasar más noches fuera por disponer de menores opciones de transporte. A ello habría que añadir algún tipo de (no)compensación para quienes ya disponen de una vivienda en Madrid, teniendo en cuenta que esta puede ser una tercera opción ante el hotel o el alquiler, o teniendo en cuenta también que, de no estar ocupada por el inquilino, devengaría unas rentas de alquiler para este que, por causa de su cargo, dejaría de percibir.

Y si lo que se quiere es tener a políticos mejor pagados, no debería hacerse a través de las dietas (una opción poco transparente y que que, entre otras cosas, no son contributivas) sino, directamente, a través del sueldo.

Que Internet ha cambiado la forma en que los ciudadanos participamos en política o en proyectos cívicos es algo que ha dejado de ser una intuición para pasar a apoyarse en datos:

• Ante todo, la movilización política o ciudadana no disminuye con Internet, sino todo lo contrario: por norma general, encontramos que quien ya era activo «offline» lo es más todavía «online». O, en otras palabras, que Internet viene a multiplicar la actividad de quien ya participaba. A multiplicar la actividad y, también, los resultados, ya que hay ganancias en eficiencia y en eficacia (Rainie, Purcell & Smith, 2011).
• No obstante, Internet sí hace que en muchos casos (y de forma creciente cuanta más experiencia se tiene con las herramientas digitales) paulatinamente abandonemos el abanderar las grandes ideologías, que no militemos a largo plazo con las tradicionales instituciones ciudadanas (partidos, sindicatos, ONG), y prefiramos, en cambio, el apoyo a acciones a corto plazo, con objetivos concretos y, en consecuencia, que nos vinculemos puntualmente a una u otra plataforma que se hace y deshace en función de la consecución de dichos objetivos (Norris & Curtice, 2006).
• En última instancia, cuando las personas activas no encuentran acomodo en las instituciones tradicionales, ese transitar hacia nuevos modelos más cortoplacistas acaba en nuevas formas de participación extra-representacional y totalmente opuestas en sus formas a las institucionales (Cantijoch, 2009).

El último estadio de esta serie — de la transición hacia lo online y fuera de las instituciones hasta salirse de ellas del todo y adoptar formas extra-representacionales — es acabar creyendo en la política o la participación del clic, del «me gusta», del RT, o en términos más formales, el slacktivism. Evgeny Morozov, en The Net Delusion, da un buen repaso a la ciberutopía y tecnoeuforia de esa participación de salón y en zapatillas.

Hasta aquí, nada que objetar. Si las condiciones no cambian, es fácil que lo que antes era un firme compromiso político o ciudadano, las redes sociales vayan diluyendo el ciberactivismo en lowactivismo. Creo que este es un peligro real y comparto los temores sobre la deriva.

No obstante, eso es si las condiciones no cambian.

En 1956, Charles M. Tiebout escribió A Pure Theory of Local Expenditures, un artículo que trata sobre los impuestos municipales y en cómo los ciudadanos toman la decisión de vivir en un municipio o en otro en función de dichos impuestos. A ese comportamiento Tiebout lo llamó «votar con los pies»: si no me gustan los impuestos de mi pueblo, me voy al de al lado (en lugar de votar a un gobierno distinto).

Un político cualquiera no verá nada extraño en que un ciudadano abandone el municipio. Un político observador agregará esos votos con los pies y concluirá que su política fiscal no es del agrado de esos que se van, y en función de si son muchos o pocos, obrará en consecuencia.

Volvamos al slacktivism.

• Un «me gusta» a una noticia sobre política es poco menos que participación.
• Un RT en Twitter sobre esa misma noticia, seguramente es poco más.
• Posiblemente una entrada en un blog sea un nivel de participación que, sin ser militancia en un partido, sí supone ya un esfuerzo/compromiso por parte de quién lo escribe.
• ¿Los comentarios en ese blog? A caballo entre el «me gusta» y el RT y haber escrito la entrada.

Hay mil ejemplos más: una página web con información de fondo sobre una cuestión de actualidad política, un foro, un comentario en un foro, una imagen-denuncia o un vídeo que se reproduce viralmente, etc.

Todos y cada uno de ellos, probablemente entre nada y poca cosa — con algunas excepciones, claro.

Pero ¿y la agregación de todos ellos? ¿Cuánto se ha escrito, comentado, retwitteado, «me-ha-gustado» sobre una política en blogs, noticias de periódicos, páginas de partidos en Facebook, etc.?

Es posible que haya cuestiones sobre las que solamente unos pocos hablan. Es posible también que haya cuestiones sobre las que se oponen quienes no votaron al partido en el gobierno y cuestiones que jalean quienes votaron al partido que las propone. Es posible también que haya un sesgo — de edad, de nivel educativo, de nivel de renta, de género — en el uso de Internet en general y en el uso de determinadas plataformas digitales en particular. Es posible que la inmediatez haga de esas microparticipaciones algo irreflexivo. Todo ello es posible y seguramente tiene una elevada probabilidad.

Pero es también posible, no obstante, que haya información para quien quiera escuchar. Es posible que un voto con los pies sea tan irrelevante como relevantes puedan ser millones de votos con un clic.

Es muy posible que esto sea una nueva forma de hacer política, una política casual que podemos ejercer allí donde estemos y en el momento en el que estemos. Es la política que hacemos en el bar con los amigos, en casa con la familia, en el trabajo a la hora del café, pero que ahora, a diferencia de antes, puede agregarse. Y, agregándose, pueda ser que ahora cuente.

Puede ser que el hecho de que cuente, de que sea irrelevante o no, de que sea frívola o no, de que sea sesgada o no, de que sea irreflexiva o no, no tenga que dirimirse en origen, sino en destino: que sean unos nuevos políticos los que sepan escuchar esta nueva forma de hacer política, de participar en democracia.

Algo de bibliografía sobre el tema

El pasado martes, el diputado del Parlamento de Andalucía y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, junto con 400 personas más del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) [asaltaron] dos supermercados en Écija y Arcos para llevar comida ‘al pueblo’. Los asaltantes entraron en sendos supermercados, llenaron los carritos de la compra y se fueron sin pagar, repartiendo más tarde los artículos de primera necesidad sustraídos a familias que no podían permitírselos a pesar de ser, efectivamente, de primera necesidad.

El contexto socioeconómico

Personalmente, me sumo a las declaraciones que afirman que:

• La situación en España de muchas — muchísimas — familias es crítica.
• La política de los gobiernos — estatal, autonómicos y locales — está más centrada en el recorte que en la reforma, llevándose por delante algunos derechos y no pocas personas que están cayendo sin contención en la exclusión social y económica.
• Las actuaciones que ha habido y está habiendo contra corruptos y especuladores — causantes o agravantes de la situación anterior — distan mucho de ser las deseables. En general, se mueven entre la inacción, la impunidad, la vergonzosa amnistía y, en algunos casos, el premio (léase pensiones e indemnizaciones millonarias para gestores de lo público).
• Las vías de protesta se agotan. Ha habido declaraciones, manifestaciones, acampadas, huelgas y barómetros sociológicos y politológicos varios. Todos con los mismos mensajes y todos con la misma respuesta: inmovilismo, deslegitimación y criminalización de la disensión y la movilización social, y opacidad en la información y la toma de decisiones.

Descrito este panorama, la ciudadanía se debate entre la apatía o endurecer las protestas. Para muchos, el camino de la desobediencia civil está más que legitimado.

¿Es legítima la acción contra los supermercados?

Es en este marco en el que se sitúa la protesta del SAT y Sánchez Gordillo. Hay cierto consenso en que la acción ha sido un éxito no porque soluciona el problema de la pobreza en España (no era ese el objetivo), sino por (volver a) poner sobre la mesa y en la agenda de los medios dicho problema. El debate se sitúa, pues, en los medios, en las formas y no en el fondo. Aunque también hay consenso en tachar la acción de ilegal, mientras algunos creen que el panorama descrito anteriormente legitima la acción como desobediencia civil, otros simplemente la encuentran reprobable por ilegal, cuestión que deslegitima completamente la protesta.

En mi opinión, no comparto ninguna de las posiciones anteriores contra la acción contra Mercadona.

• Sobre la segunda, considero que la desobediencia civil es ilegal por definición y, por tanto, no ha lugar a pedir desobediencia dentro de la norma (aunque sí ha lugar a pedir otro tipo de protestas o acciones que no sean ni ilegales ni desobediencia civil, como el acuerdo del ayuntamiento de Girona con algunos supermercados para repartir la comida sobrante entre los más necesitados).
• Sobre la primera, lo que personalmente no comparto es que el robo de los carritos de la compra sea desobediencia civil. Y, por tanto, es una acción ilegal no legitimada por ninguna aspiración de protesta contra una situación injusta.

¿Qué es la desobediencia civil?

Considero que hay cuatro pilares fundamentales para que una protesta pueda ser considerada desobediencia civil:

• El fin de la desobediencia debe ser una institución pública, entendido este concepto en un sentido amplio: el Gobierno, el Parlamento, un organismo, una ley, una política, una costumbre… P.ej. el servicio militar obligatorio, una tasa (como el billete del metro).
• El objeto a través del cual se canaliza la desobediencia debe estar estrechamente relacionado con el fin, tanto en el fondo como en la forma. P.ej. negarse a realizar el servicio militar, negarse a pagar la tasa.
• La desobediencia debe ser pública y no anónima: es la persona, a título individual (aunque la desobediencia tenga un alto seguimiento) quien desobedece y quien asume la responsabilidad de la protesta, explicando en su momento las razones que la motivan P.ej. alegar objeción de consciencia para la insumisión en el servicio militar, alegar que la tasa es discriminatoria o injusta.
• La persona que lleva a cabo la desobediencia civil, asumiendo toda responsabilidad, asume también las consecuencias de sus actos. P.ej. acepta a ir a juicio y a la cárcel si se niega a hacer el servicio militar, o a pagar una multa por negarse a pagar una tasa.

En la protesta del SAT contra los supermercados, al menos el segundo punto, flaquea: se ataca un actor privado — no una institución — que no tiene nada que ver con el supuesto fin — luchar contra la pobreza — que se pretende poner de relieve. Haber robado, por ejemplo, el presupuesto para la compra de un fusil de asalto por 140.499€ y habérselo gastado en comida para repartirla después hubiese sido mucho más coherente y el mensaje más claro: no al gasto militar, si al gasto social.

Personalmente considero que el punto primero, el fin de la desobediencia, tampoco estaba del todo claro. Aunque a simple vista el objetivo no es tanto dar de comer puntualmente a unas familias, sino denunciar el desamparo de estas y otras muchas más familias en relación a las políticas del gobierno, las explicaciones que el mismo Sánchez Gordillo han dado sobre la acción no van en esta línea: los principales argumentos se han centrado en la corrupción de los políticos, en la impunidad de quienes han especulado en finanzas, que sobra comida o que se quería llamar la atención. Son argumentos que embrutecen el que sería el fin de justicia social: que haya quien no pase hambre. El fin no puede ser ni llamar la atención ni «robar pero robar menos que otros».

Sobre los peajes en Catalunya

Ha habido quien ha comparado la acción contra Mercadona con la campanya #novullpagar, de protesta contra los peajes de las autopistas catalanas (mientras otras carreteras del estado son gratuitas) y consistente en no pagar dichos peajes.

Como en el caso de Mercadona, el objeto de la propuesta también es equivocado, dado que quien soporta la protesta es la concesionaria y no el gobierno. No obstante, se acerca más al objeto contra el que se protesta, dado que el cordón umbilical gobierno-concesionarias es muy corto. Por otra parte, las distintas formas de concesión hacen en algunos casos compatible el ataque contra las concesionarias con la desobediencia civil.

En mi opinión particular, no obstante, lo que falla aquí es la conexión objeto-fin: considero que el fin es la justicia y la equidad en el pago de las infraestructuras públicas… que seguramente debería implicar que todo el mundo pagase peajes, no que todos dejemos de hacerlo. Como ocurre en el caso de Mercadona, el fin no acaba de definirse bien y, con ello, pierde legitimidad. «No vull pagar» (no quiero pagar) es, en sí mismo, una negación del fin legítimo. Las infraestructuras hay que pagarlas: el fin no debe ser no pagar, sino que el pago sea justo y equitativo.

Sobre los ataques DDoS o de denegación de servicio distribuida

Se ha especulado también si los ataques DDoS (más o menos consistentes en tumbar páginas web a través de una avalancha de «visitas» a la página) eran una forma de desobediencia civil por ser equiparables a un corte de carretera o una sentada ante una institución.

Según el esquema anterior, los DDoS violan los dos últimos puntos. Por una parte, son anónimos y, en consecuencia, no asumen tampoco las consecuencias de la supuesta desobediencia civil. Por otra parte, y aunque sutil es muy importante, los DDoS muchas se ayudan de programas informáticos que se aprovechan de los recursos de terceros para tumbar las páginas. En otras palabras: suman a la protesta a ordenadores y a sus propietarios sin el conocimiento y por supuesto sin el consentimiento de estos. De ninguna forma este proceder pertenece a la desobediencia civil. Por otra parte, el ataque DDoS deja sin voz al atacado, lo que muchos han considerado una forma de censura y una violación de la libertad de expresión. En este sentido, la desobediencia civil busca, precisamente, generar diálogo, no la destrucción del adversario.

La desobediencia civil es un acto de protesta consciente, de cara, comprometido y con un fin muy claro: denunciar una institución injusta. El resto de protestas pueden tener apoyo popular, e incluso tener muy buenas intenciones… como el camino del infierno.