Justo a finales de Enero aparecía la noticia de que Google había entrado a jugar en la liga de los mayores en lo que en materia de grupos de presión tecnológicos se refería (p.ej. O’Brien: Google joins the titans of Silicon Valley lobbying).
A raíz de aquello me escribió Carmen Fernández Aguilar (ADN) para que diese mi opinión sobre dichos grupos de poder y, en concreto, sobre el caso español. Unos días después el tema se ha recuperado a tenor de otra noticia que volvía a involucrar a Google: ¿Todos contra Google? y en la que tengo una pequeña participación al final.
De acuerdo con ella, publico aquí mis respuestas al completo. Quiero aprovechar, además, para agradecerle no solamente la invitación, sino pasarme un planteamiento y unas preguntas que me obligaron a pensar, cosa que siempre es de agradecer.
Si alguien detecta inexactitudes (o errores crasos) agradeceré cualquier tipo de comentario al respecto. Claro está, por otra parte, que se intentó en todo momento simplificar y al estilo ciertamente le falta una mano de barniz. Mis disculpas de antemano.
¿Cuáles son los principales lobbies tecnológicos en España? ¿Me puedes poner en antecedentes?
Creo que podemos identificar cuatro grandes tipos de grupos de poder en el ámbito de las telecomunicaciones (tanto en España como en el mundo en general) que podemos clasificar según el punto en el que se encuentren en la cadena que va desde las infraestructuras hasta el consumidor:
Las empresas de telecomunicaciones, que son las que suministran las infraestructuras (cables, servicios de conectividad) sobre las que operan los servicios y se distribuyen contenidos. Suelen pedir libertad para discriminar precios y calidad de servicio en función de lo que transportan (p.ej. penalizar el P2P, que consume mucho ancho de banda y “no compensa”). En España, además, estas empresas están básicamente divididas en dos grupos: Telefónica, que inicialmente era el monopolio del estado, y el resto (Vodafone, ONO, Orange, Ya.com, etc.), que (cuando no hacen frente común) luchan contra Telefónica para que haya más competencia en el mercado, a quién le interesa mantener su posición predominante.
Los propietarios de contenidos digitales (p.ej. SGAE para la música, Warner para el cine, Telecinco para Televisión, PRISA para texto/noticias, etc.), a quien interesa aumentar el control que tienen sobre la distribución de su propiedad intelectual para cobrar más dinero por su utilización. Suelen tener varios frentes (prácticamente contra el resto de grupos de poder) y su estrategia es reforzar los derechos de explotación de la propiedad intelectual así como el desarrollo de tecnologías que tengan en cuenta la protección de dichos contenidos.
Los distribuidores de contenidos y servicios. Estas empresas utilizan las infraestructuras de las primeras para hacer negocio con los contenidos de las segundas. Cada vez más, hay propietarias de contenidos que también distribuyen, distribuidoras que producen, y telecos que distribuyen, en una estrategia clara de controlar toda la cadena de valor que va desde las infraestructuras al consumidor. La inmensa mayoría de portales web (YouTube) estarían en esta categoría, el grupo Telefónica sería un ejemplo de teleco que evoluciona hacia la distribución y la creación; Google sería el distribuidor que evoluciona hacia la creación y la instalación de infraestructuras; PRISA sería un buen ejemplo de evolución hacia la distribución. Suelen pedir lo contrario de las dos anteriores: neutralidad de las infraestructuras y un cambio radical en la leyes de propiedad intelectual. Por supuesto, las empresas con varios intereses tienen estrategias mucho más complejas.
Por último tenemos a los consumidores, totalmente desorganizados, sin una representación clara y con infinidad de intereses a menudo opuestos. A grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos (homogéneos en sus fines, aunque no en sus motivos). Uno sería el grupo de consumidores al uso, reclamando servicios de calidad por el dinero que pagan: que tengan la velocidad ADSL que han contratado, que no les cobren de más, que puedan cambiar de compañía, etc. La OCU sería un ejemplo. Otro grupo , mucho más politizado, participa en las discusiones estratégicas de los tres grupos anteriores (telecos, contenidos y distribuidoras). Suelen velar porque estos grupos no reduzcan los derechos no tanto del consumidor sino del ciudadano: derecho a la privacidad, a la seguridad, a las comunicaciones y libertad de expresión, etc. aunque, como se ha dicho, sus motivos a veces son también interesados, ya que pueden ser pequeños empresarios que en realidad se dedican a la distribución, creación, etc.
¿Qué capacidad de influencia tienen o han tenido?
Tienen una capacidad de influencia increíble, tal y como podemos ver en los periódicos a diario. Son capaces de introducir su agenda en proyectos de ley, o de hacer derivar hacia su terreno decisiones judiciales. En definitiva, influyen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en la opinión pública, ya sea a través de los medios de comunicación como directamente en el ciudadano.
La principal explicación para semejante capacidad de influencia – además de la ingente cantidad de esfuerzos y recursos dedicados – es la asimetría de información imperante en el terreno de las telecos y la tecnología en general. La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es tan rápida y tan cambiante que es extremadamente difícil estar al día. Con la complejidad de agendas que tienen que llevar gobernantes, políticos y jueces (por no hablar de la ciudadanía en general), es fácil que no estén al día ni de las evoluciones tecnológicas ni del impacto que estas evoluciones tienen en leyes y regulaciones.
Alguien tiene que explicárselo, y ahí están los grupos de poder, que se lo explican, claro está, desde su particular punto de vista. Según la posibilidad – tiempo, paciencia, honestidad, intereses personales y corporativos, estrategia política – que tenga un político de crearse una opinión informada sobre el tema, sus decisiones serán mejores o peores para el bien común o bien estarán sesgadas hacia los intereses de determinado grupo de presión.
¿Qué mecanismos utilizan para que sus influencias funcionen?
Legales, ilegales y un sinfín de mecanismos que viven entre la legalidad y la ilegalidad.
Básicamente los grupos de poder tienen tres estrategias fundamentales:
Atacar “arriba”, informando a gobernantes y legisladores para que cambien leyes y regulaciones en su beneficio, haciéndoles entender que la Ley está anticuada y ya no sirve porque el mundo ha cambiado.
Atacar “abajo”, creando un estado de opinión entre la sociedad a través de campañas de información, tanto directas como influyendo en los medios de comunicación (medio que, a menudo, forman parte de su entramado empresarial)
Atacar “en medio”, es decir, influir en la práctica de la ley, denunciando las prácticas que condenan e intentando conseguir sentencias favorables que ayuden a presionar a políticos y legisladores para cambiar la ley, así como reforzar la creación de un estado de opinión.
¿Es políticamente correcto que las empresas tecnológicas destinen una partida de su presupuesto a pagar a grupos o personas que se dedican a ello?
Por supuesto. Es un legítimo ejercicio de democracia.
Los problemas de intentar influir en la agenda política no es tanto que se haga (donde, insisto, no veo problema) sino en cómo:
El primero es que las prácticas deben ser legales. Es muy distinto gastar miles de euros en realizar un informe técnico y hacerlo llegar a un diputado, que pagarle esos mismos miles de euros directamente al diputado. Y la línea entre informar y sobornar es, a menudo, muy delgada.
El segundo es que los gobernantes, políticos y jueces tienen la obligación de recabar toda la información y puntos de vista que puedan. Cuando un grupo de presión se acerca a ellos para explicarles una cuestión que hay que resolver a nivel político o legal, lo lógico sería que se identificara a todos los grupos afectados y se pidiese su opinión, tanto si se han dirigido a nosotros como si no, tanto si tienen dinero para hacerlo como si no.
El tercero, prácticamente un corolario del segundo, es que siempre habrá grupos con más recursos para influir que otros. Hay que activar todos los canales posibles para que todas las opiniones sean escuchadas.
¿Existe una legislación que regule estas prácticas? En la UE hay una especie de censo, pero no aparecen todos… Y no todos quieren aparecer. Creo entender que es voluntario. Y en EE UU creo que sí está regulado.
Como decía anteriormente, la primera legislación que regula estas prácticas es el sistema de leyes y regulaciones español: el soborno, la prevaricación, el tráfico de influencias y de información privilegiada, etc. están tipificados en el código penal. Y a menudo encontramos prácticas que hacen equilibrios en la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal (y otras muchas que, definitivamente, la cruzan).
En Estados Unidos hay un registro obligatorio – de entidades y de sus acciones – en el Senado. En la Unión Europea hay otro registro – voluntario – y en España no me consta que exista nada similar (ACTUALIZACIÓN A 29/07/2016: desde que se publicó esta entrevista, España ha sido testigo de la aprobación de distintas leyes de transparencia y buen gobierno a todos los niveles, desde el estatal hasta el municipal. En muchas de ellas se incluye el registro de grupos de interés).
En mi opinión, me suscita dudas el enfoque del registro americano (por no hablar del europeo). Soy de la opinión que quien tiene que declarar sus acciones no son las empresas (a no ser que sean ilegales y a petición de un juez) sino los gobernantes y políticos. Y no solamente en materia de grupos de poder, sino de absolutamente toda su actividad. Como ciudadanos, tenemos el derecho de saber a qué dedican el tiempo los que dicen o bien representarnos (gobernantes) o bien trabajar en nuestro interés (partidos).
No son los ciudadanos (organizaciones o a título individual) los que tienen que justificar sus acciones, sino sus representantes. Así pues, yo no pediría un registro de grupos de poder, sino acceso a la agenda de los cargos públicos: qué ha hecho, con quién, para qué, qué tema se ha tratado, cuáles han sido las principales conclusiones a las que ha llegado ese cargo después de p.ej. una reunión con un grupo de presión, etc. Eso es democracia. El resto convierte a partidos y gobiernos en un grupo de presión más.
¿Cuándo pasa un grupo de presión a grupo de poder?
Siguiendo el hilo de la argumentación anterior, un grupo de presión se convierte en un grupo de poder cuando consigue que alguno de sus miembros no solamente influya en un cargo público, sino que se convierta en uno. La Comisión sobre páginas de enlaces que contempla la Ley de Economía Sostenible es, en mi opinión, un ejemplo claro de cómo un grupo de presión puede pasar a ser un grupo de poder, en función de cómo se diseñe dicha comisión y cuál sea su composición.
O mejor dicho, ¿a quién beneficia la no neutralidad en la Red?
Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:
Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.
Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.
Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.
La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.
Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.
Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).
Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?
En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.
La responsabilidad social corporativa tiene varias definiciones (la del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, la de la Wikipedia). Probablemente por mi formación como economista, siempre he entendido la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la forma en que las empresas (a) compensan a la sociedad por las externalidades que no contempla su función de producción (p.ej. el coste social de la contaminación) y (b) devuelven el excedente del consumidor a éste (p.ej. las pérdidas sociales causadas por la existencia de monopolios). Dicho de otro modo, entiendo la responsabilidad social corporativa como la inclusión de una capa social a un enfoque meramente lucrativo de la actividad económica, detrayendo de los beneficios empresariales el coste social del funcionamiento de la empresa.
Recuerdo que fue en el e-STAS 2007 que supe que RENFE tenía una estrategia — y un presupuesto — sobre responsabilidad social corporativa. Se me escapan varias cosas aquí:
Si el objetivo de una empresa pública es dar un servicio público, cubrir una necesidad de la sociedad ¿tiene sentido añadir una capa «social» a una empresa… «social»?
Si los «accionistas» de una empresa pública son al mismo tiempo sus beneficiarios — la sociedad en su conjunto — ¿tiene sentido detraer beneficios a los «accionistas» para compensar a la misma sociedad?
Nunca he llegado a comprender la RSC en la provisión de servicios públicos (sea directamente por la Administración o mediante empresas de propiedad pública). Creo que es un añadido artificioso, de cara a la galería, y no exento de un tufo a propaganda que, además, desvía recursos de un fin acordado (la provisión del servicio público específico) a otro que no le pertenece (la provisión de otro «servicio» o, en el peor de los casos, campañas de comunicación).
Ejemplo 1 (imaginado): la FNAC, distribuidora de libros, cree que con tanto papel desforestamos el planeta. Decide, como estrategia de RSC, plantar árboles. Bien por ellos.
Ejemplo 2 (caso real): RENFE, cuyo objetivo es transportar personas y mercancías por ferrocarril (algo que, generalizando, solamente el Estado puede hacer por diversos motivos), se da cuenta que su actividad tiene un impacto medioambiental. Decide, como estrategia de RSC, crear el Premio Escolar RENFE AVE de investigación medioambiental y desarrollo sostenible.
Preguntas:
¿Concienciar sobre la preservación del medio ambiente en las escuelas, es tarea de RENFE?
¿El conocimiento y la investigación científica es tarea de RENFE?
¿El respeto al medio ambiente, en términos generales, es RSC en RENFE o se le debería dar por supuesto?
En la web de RENFE también se habla de su compromiso con la discapacidad y la accesibilidad ¿no debería darse esto por supuesto en una empresa pública que pagamos todos, con o sin discapacidades?
En la web de responsabilidad social corporativa de RENFE hay casos para mí más sorprendentes que RENFE considera «añadidos» (RSC) a su misión: compromiso con la puntualidad (se le debería suponer), eficiencia energética (se le debería suponer), reducción de emisiones (se le debería suponer), reducción de ruidos (se le debería suponer), accesibilidad para discapacitados y enfermos (se le debería suponer), respeto a los derechos humanos (se le debería suponer), respeto a los derechos del trabajador (se le debería suponer), condena a la corrupción y el soborno (se le debería suponer), etc.
La última acción — y detonante de esta entrada — es el billete solidario con Haití. Vaya por delante que no critico que el Estado Español ayude a Haití.
La campaña de ayuda a Haití consiste, a grandes rasgos, en que (a) RENFE canaliza donaciones para Haití a través de sus terminales de venta y (b) RENFE hace una aportación de la misma cantidad a la recaudada.
No tengo claro que RENFE tenga que prestarse a ser canalizador de ayudas. Debo reconocer que, sin embargo, es una opción fácil y rápida (por la penetración de los terminales de venta de RENFE) para recaudar fondos y que, además, se entregan a la AECID, que es quien debe gestionar la ayuda.
Sin embargo, no comparto la iniciativa que RENFE duplique la ayuda con fondos «propios». Creo que RENFE no debe dedicarse a la solidaridad y a la cooperación internacional. Creo que, al hacerlo, desvía fondos que debían destinarse a infraestructuras y transporte ferroviario a otra partida presupuestaria. Creo que, si el gobierno quiere ser más generoso, debe incrementar en la Ley de Presupuestos, la partida a la AECID, en detrimento del Ministerio de Fomento (de donde depende RENFE) o de Defensa (mejor).
Resumiendo: creo que las políticas de RSC y solidaridad de las empresas públicas desvían fondos de una partida presupuestaria a otra, desatendiendo con ello la misión con que fueron creadas, además de ser innecesarias por definición debido a la naturaleza misma de dichas empresas.
Decíamos ayer, en La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones, que el principal problema que teníamos en España es que Telefónica seguía teniendo el monopolio de facto de las infraestructuras, lo que le permitía planear acciones que, en el mejor de los casos, iban contra el interés público y, en las peores, podían vulnerar varios principios constitucionales — esto último no lo decíamos ayer, lo añadimos ahora.
Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), sí pagan a las telecos. Vayamos por partes.
Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.
Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.
Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.
Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.
Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.
Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.
Etc.
En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).
Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.
La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.
Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias […] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..
Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.
En la (reciente) historia de la Sociedad de la Información en España, una de las cosas que yo habría hecho diferente — no digo «error monumental» por parecer moderado y equidistante — fue la privatización de Telefónica. Entre otras cosas por no tener que oír las sorprendentes declaraciones de su presidente, César Alierta, anteayer en Bilbao, afirmando que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Y es evidente que eso no puede seguir:
Para ver el video, por favor visita https://ictlogy.net/sociedadred?p=112 y asegúrate que tienes el plugin de Flash instalado.
Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.
Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para «disfrutar» de un fin de semana en la conchinchina.
Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.
Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era «nuestro») que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las «autopistas de la información», sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:
Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no «echar cable», es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.
En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.
