No son pocas las voces que han querido remarcar las diferencias entre los casos de corrupción política con total ánimo de lucro personal de la financiación ilegal de los partidos. Ese ánimo de diferenciar, por supuesto, va guiado por un objetivo — a veces tácito, otras veces manifiestamente explícito — de rebajar la condena social hacia aquel que se ha vito implicado en la financiación irregular de su partido: al fin y al cabo, no le guiaba un avaro afán de enriquecerse, sino que actuaba en pos de unos ideales legítimos, como legítimos son los ideales del partido.
Como suele suceder, la apelación a la emoción suele desviarnos de apelar a la razón.
Para empezar, muchos de los casos de financiación ilegal han tenido como fuente las arcas públicas. Desde el punto de vista del origen del dinero robado, robar para uno mismo no es diferente de robar para el partido si, a quien se roba, es al contribuyente. Vaya el dinero donde vaya (a un bolsillo particular, a un partido — más sobre esto después), la cuestión es que sale de la educación pública, de la sanidad pública, de la justicia, de la cultura. Ya que apelamos a las emociones, apelémoslas en todo su rango: cada euro que se roba para el partido o para uno mismo se detrae de los servicios públicos y, en consecuencia, son más estudiantes por profesor, listas de espera más larga, casos judiciales que se alargan o menos museos y menos libros.
En el caso de que los fondos no provengan del sector público, la cosa se vuelve todavía más oscura. Dado que provienen del sector privado, es de esperar que éste quiera algo a cambio. Así, robar para uno mismo se diferencia de este último en que éste añade tráfico de influencias al «simple» robo. Ya no tenemos, pues, un delito, sino dos: una financiación ilegal en el origen — porque este tipo de prácticas no están permitidas en ningún caso — y otra ilegalidad en destino, cuando se devuelvan los favores que se compraron con dinero sucio.
Por último, hay que ver qué hace el partido con ese dinero. Más allá de la cuestión anterior relativa al tráfico de influencias, el partido va a utilizar los fondos para mantenerse en el poder. Sí, probablemente con un objetivo legítimo, pero al fin y al cabo va a utilizar ese dinero para pagar campañas y asesores para llegar o mantenerse en el poder. Una vez en el poder, hará lo que es habitual en este país: nombrar cargos. ¿Y a quién nombrará? De nuevo, robar para uno mismo o robar para el partido no tiene gran diferencia si uno acaba contratado por el partido pagado con el dinero que robo para éste.
De todas formas, todas estas apreciaciones no son sino algo secundario, un mero fijarse en los síntomas, en lo coyuntural, lo contingente. Lo realmente importante es que quien se ha financiado ilegalmente, para él o para su partido, ha consumido con ello el principal capital que todo político debe proteger y cultivar: la confianza. Por eso debe dimitir y por eso debe ser inhabilitado, a no ser que no se demuestre su culpabilidad (que, dicho sea de paso, es distinto a que no haya una sentencia en su contra).
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Siempre he pensado que lo peor de la corrupción no es el dinero que se quedan sino la manipulación de las leyes que consiguen los corruptores… o los lobbies empresariales, que aun siendo legales, tienen el mismo efecto, (como cuando los bancos perdonan deudas a los partidos): deducciones fiscales que dejan el impuesto de sociedades en nada, leyes permisivas con los controles alimentarios o medioambientales, favores legales al oligopolio energético que luego les contratará, etc, etc. Ahí hay un expolio masivo.
Robar para el partido no se justifica moralmente, pero si no se cambia algo fundamental será una lacra permanente. Los partidos son como los genes egoístas, los que no «son más aptos» no sobreviven y, tal como están diseñadas las cosas hoy, ser más apto lleva inevitablemente a disponer de más recursos que los demás, pagar más espacios en las elecciones, tener más asesores en los diferentes temas, … hay que tener más ingresos de los que se consiguen con financiación legal. Así, si el partido usa sólo financiación legal renuncia a la carrera por la supervivencia.
Así surge la necesidad de robar a los ciudadanos para el partido, o aceptar la irrelevancia. Puestos en estas, es necesario que algunas personas del partido trabajen como «fund raisers» y, como nadie da nada a cambio de nada, han de presentar las «propuestas» de los «sponsors» opacos a los representantes electos del partido para que tomen las decisiones que aportan las contrapartidas. Así pues la supervivencia de las especies políticas obliga a los fundraisers y a los representantes electos con capacidades de gobierno a hacer trampas, a tener conductas ilegales e inmorales justificadas por la razón de partido. Y de ahí a meter la mano y coger un piquito para consumo propio hay un paso tan pequeño que es casi inexistente. Una vez convertido en un corrupto por la razón de partido … en fin.
El corolario es que hay que cambiar profundamente las reglas de la competición entre especies políticas. No hemos tenido una rara racha de mala suerte con las personas que cortan el bacalao en los partidos. Es que el sistema tal como está concevido conduce a esta situación de forma casi inevitable. Algunas ideas, hay que limitar por ley la estructura de los partidos, hay que regular para incentivar el voluntariado como alternativa y así de paso promocionar la implicación de la ciudadanía (si mañana se afiliasen 700.000 honestos y activos españoles al PP y siguiesen mis instrucciones, mañana podríammos empezar a cambiar muchas cosas), hay que limitar los gastos en todo tipo de elecciones y proporcionar canales publicos que garanticen la competición de propuestas en lugar de la confrontación de presupuestos y de paso que tiendan a reducir el papel de la simplificación y la demagogia y favorezcan la interacción con la ciudadanía y la reflexión. Son algunas ideas generales, pero sobre todo, mientras no cambiemos el sitema el resultado se repetirá again and again.