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Tras tres meses y medio de negociaciones después de las elecciones legislativas catalanas del 27 de septiembre de 2015, las candidaturas de la CUP y Junts pel Sí llegaron por fin a un acuerdo y por fin se ha investido el 130º presidente de Catalunya.

El sentimiento generalizado que transmiten análisis, prensa y tertulias es que se ha andado mucho para nada, y que las cosas prácticamente no han cambiado. Gobernará Mas y la CUP se han inmolado sin éxito alguno. Estoy de acuerdo que la CUP ha tenido que ceder. Es lógico: no solamente tenía una séptima parte de los escaños independentistas en el Parlament — y por tanto era improbable, por no decir injusto, que pudiese imponer todas las condiciones — sino que además se trataba de una negociación, donde, por definición, ambas partes suelen ceder algo para no renunciar a aquello que les resulta esencial.

Lejos de intentar presentar aquí un balance de ganadores y perdedores, sí querría ponderar el resultado final del acuerdo. Y querría hacerlo porque creo que se entenderá mejor el proceso de negociación, y se entenderá mejor lo que está por venir. Por supuesto, esta es mi opinión personal, no libre de sesgos, pero tan objetiva como me ha sido posible.

Puntos de partida

Empecemos por hacer algunos supuestos. Creo que es aquí donde empiezan a diverger la mayoría de análisis.

Creo entender que la CUP ponía sobre la mesa dos cuestiones fundamentales:

1. Que el Proceso de independencia era prioritatio. Es decir, que el gobierno debía trabajar para hacer avanzar el proceso de independencia.
2. Y que el presidente saliente Artur Mas no podía liderar dicho proceso.

Añado aquí dos cuestiones más:

3. Que el proceso de independencia, en la etapa actual iniciada alrededor del 10 de julio de 2010, es un proceso con fuerte liderazgo de la sociedad civil, a la que se le han ido añadiendo, después, los partidos políticos.
4. Que la XI Legislatura del Parlament de Catalunya es considerada, al menos por parte de los diputados independentistas, como una legislatura eminentemente constitutyente.

Lo importante de estos supuestos no es tanto si cada uno los comparte o no, sino si sus protagonistas los comparten y, en consecuencia, guían sus actos.

Sobre el candidato

La primera discusión contra la CUP es que Carles Puigdemont no difiere mucho de Artur Mas: al fin y al cabo, es de Convegència Democràtica de Catalunya.

Esta afirmación, creo, no tiene en cuenta algunos de los supuestos anteriores, especialmente el cuarto. Si nos creemos que la cuestión de Mas no iba tanto de quién iba a gobernar, como de quién iba a diseñar un proceso constitutyente, los nombre propios son relevantes aunque pertenezcan al mismo partido.

• Frente a las acusaciones de que Artur Mas no era independentista de verdad, sino de pose, Carles Puigdemont ha demostrado serlo desde un buen comienzo, entre otras cosas presidiendo la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
• Aunque Artur Mas no tiene cuentas pendientes con la justicia, sí muchos le achacan responsabilidades políticas respecto a los varios casos de corrupción (especialmente de financiación ilegal) de CDC. Ante la duda, és lógico que se quiera apartar a quien haya podido tener responsabilidades en casos de corrupción, poniendo a alguien que difícilmente las ha tenido, por haber estado apartado tanto del Govern como de la gestión del partido.
• La experiencia de Mas es la típica de un escaldor de partido. No así la de Puigdemont, que viene del municipalismo. Salvando las distancias, es fácil que la CUP se vea más cercana del perfil del segundo que no del primero.
• Por último, el compromiso y experiencia de Puigdemont en la sociedad civil es extensa, además de reforzar su perfil independentista. Y aunque parecerá una frivolidad, muchos conocieron a Carles Puigdemont en su activismo digital, especialmente a raíz de la iniciativa del ex-presidente del Parlament Ernest Benach de abrir el Parlament a las reces y que acabó llamándose Parlament 2.0. Fue la actividad aperturista de diputados como Puigdemont — entre otros — lo que constituyó un cambio radical en la forma en que la institución informó y comunicó su actividad con los ciudadanos.

En todos estos puntos es importante no quedarse en lo que Mas y Puigdemont coinciden, sino en lo que no coinciden. Por supuesto, cada uno valorará si las diferencias son mayores que las similitues. A lo que me remitiría al segundo supuesto: la CUP no quería a Mas. Y no lo quería, probablemente, por las diferencias con Puigdemont. Dentro de los parecidos, Mas y Puigdemont son dos animales políticos muy distintos.

Anticapitalismo o Procés

¿Cuánta influencia sobre el proceso de independencia ha sacrificado la CUP pidiendo el reemplazo de Mas, y cuánto consigue con el mismo? Esta es una pregunta cuya respuesta jamás sabremos. Los pareceres parecen decantarse hacia que la CUP podría haber desplegado mejor su programa manteniendo su fuerza en el hemiciclo.

Sin defender lo contrario, creo que me inclino a, al menos, matizar la fuerza con lo que se afirma la cuestión.

De nuevo la clave del asunto es el cuarto supuesto: si la XI Legislatura es una normal — y por lo tanto se necesita un presidente que gobierne — o bien si es una legislatura consituyente — y por tanto el papel del presidente es el de diseñar y construir las instituciones del futurible estado catalán.

Ello, unido al primer gran compromiso de la CUP de trabajar por el proceso de independencia, hacen que no esté tan claro dónde había que hacer más incidencia.

Y esto es, precisamente, lo que llevó a la CUP a consultar a su asamblea: ante dos objetivos aparentemente contradictorios — o Mas o Proceso —, ¿qué escoger? Y la asamblea no supo decidir. Y los órganos de representación de la lista optaron por el reemplazo de Mas o intentarlo en las urnas.

Con el reemplazo de Mas y el acuerdo, se consiguen los dos primeros objetivos.

¿Y el anticapitalismo? ¿No queda en segundo plano? Es claro que queda en segundo plano en términos parlamentarios, pero no así en el diseño de las instituciones, dado que se veía a Mas como un mayor escollo a la hora de diseñar instituciones más igualitarias y justas — no mis palabras, sino lo que se infiere del ideario de la CUP.

¿Y el «secuestro de diputados rehenes» de la CUP que ahora participarán en Junts pel Sí? Se hace difícil ver hasta qué punto es secuestro o no.

Para empezar, lo normal habría sido incorporar a la CUP en el gobierno, para así desactivar totalmente su oposición. Entiendo que las experiencias del Tripartit, así como la propia estructura orgánica de la CUP lo desaconsejaban: hubiese supuesto, de facto, meter en el gobierno a la asamblea de la CUP. Para bien, y para mal.

Por otra parte, participando la CUP de Junts pel Sí especialmente en temas del proceso de independencia se ata a sí misma al dictado de la mayoría, pero también interviene en el diseño y decisiones desde su misma gestación, mucho antes de que lleguen (totalmente desvirtuadas) a los pasillos del Parlament.

En la medida en que se consiga que el diseño constituyente se lleve a la sociedad civil — a través de una comisión mixta, por ejemplo — el Parlamento perderá peso.

Todo esto no significa que no haya podido haber una total rendición de la CUP. Sino que, simplemente, está por ver el resultado final, dado que hay argumentos para todos los gustos.

Y, recordemos, las dos condiciones no negociables eran Mas y el Proceso.

El proceso democrático

Un último apunte sobre todo el proceso como la CUP ha gestionado el acuerdo. Muchos ahora dudan de la calidad democrática del mismo. ¿Si había que consultarlo todo, por qué no consultar lo de Puigdemont? En principio, porque no hacía falta.

La CUP apareció en escena, como el resto de listas, con un programa. Un programa donde había las famosas líneas rojas de cada partido, así como las que no eran tan rojas. ¿Cuáles eran? Recordemos los dos primeros supuestos: Mas no, Procés sí.

A la asamblea se llegó, como se ha dicho, por una aparente incompatibilidad de objetivos programáticos que los diputados no estaban en condición de solucionar. De ahí que se trasladase la decisión a las bases.

Puigdemont, no siendo Mas, no era objeto de debate, ya que la CUP ya había acordado investir a todo aquél que no fuese Mas.

Vale la pena hacer un último apunte para comprender el proceso de independencia en Catalunya. A pesar de las luchas fraticidas en pasillos y redes sociales, la sociedad civil ha conseguido una cosa importante: centrarse en lo que une a los independentistas, y dejar para más adelante lo que los separa.

En los momentos críticos aparecen las diferencias, claro, pero cuando se cierran las aguas, se aprietan las filas. Es lo que sería previsible ver ahora, tanto en la calle como en el Parlament como incluso dentro de las listas, la CUP la primera.

Esta mañana la CUP se reúne en asamblea para decidir si acepta la propuesta de pacto de Junts pel Sí, lo que incluye la investidura como president de la Generalitat de Artur Mas.

A pesar de las tremendas diferencias entre los dos momentos en el tiempo, así como las diferencias entre sus protagonistas, existen ciertas similitudes en el proceso que puede iniciarse esta mañana en Catalunya con el que tuvo lugar en 1978 en España. En muchos sentidos, hoy puede iniciarse la andadura hacia un proceso constituyente. Y es en este sentido desde el que creo que es más fácil explicar las renuncias que tiene que afrontar la CUP.

(Abro paréntesis para insistir, otra vez, en las diferencias: es evidente que ni lo que deja atrás Catalunya es una dictadura, ni mucho menos Convergència Democràtica de Catalunya — CDC — tiene nada que ver con el franquismo. Hecha esta aclaración, prosigamos.)

A grandes rasgos, las opciones que hay sobre la mesa son dos:

1. Primero el Estado, y después ya veremos. Esta es la opción de quienes defienden el acuerdo y la presidencia de Mas. El principal argumento es que la consecución de un estado propio es de caudal importancia, pudiendo quedar en segundo término otras cuestiones. Añade, además, el argumento, que el «color» de la política que se dará en dicho nuevo estado dependerá en cada caso del resultado de las futuribles elecciones legislativas en dicho estado.
2. La segunda opción es el veto a Mas — y, en cierta medida, a CDC — como condición sine qua non para un pacto. Y, en caso contrario, arriesgarse a ir a unas nuevas elecciones, con el riesgo de que arrojen resultados peores para el independentismo, que ahora tiene mayoría absoluta en el Parlament.

Este último punto, escrito como mera oposición a una persona, tiene sin duda algo de caricaturesco. Incluso de antojo. Y así ha sido presentado en prensa y debates diversos a menudo. Tiene, no obstante, mucho fundamento — que puede compartirse o no, claro está — si se pone en contexto. Y ahí viene el paralelismo con el proceso constituyente que entre 1977 y 1978 condujo a la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Hay dos grandes críticas que se hacen a dicho proceso constituyente, críticas que se arrastran hoy en día y que, en muchos aspectos, son lo que genera un creciente malestar sobre sus efectos y la dificultad de paliarlos:

1. Que se hizo sin pasar cuentas con el pasado, porque lo que entonces convenía era salir hacia adelante como fuese.
2. Que tuvo un diseño muy determinado precisamente por esas cuentas del pasado sin saldar.

Estos dos puntos son, precisamente, los que muchos simpatizantes de la CUP traen ahora a colación ante el nombramiento de Artur Mas, actualizados a la Catalunya de 2015 y, por supuesto (y como se ha dicho antes) con actores distintos (y mucho mejores) que los que protagonizaron la dictadura fascista.

1. El primer punto no es baladí: la CUP está (casi) en las antípodas de CDC en materia de economía y sociedad. La lista de reproches a la gestión de CDC desde la CUP es extensa y, en muchos casos, profunda — la gestión de Interior, los suministros energéticos o de agua o la gestión de la Sanidad no son para nada matices menores a la hora de ver las cosas entre ambos partidos. Parece lógico que se quieran pasar cuentas con el pasado, con la legislatura pasada, especialmente cuando se da el caso que, por ir en coalición con ERC, la rendición de cuentas fue esquiva durante la campaña electoral.

   Se añade a la evaluación de la gestión en el gobierno la cuestión de la corrupción de CDC y CiU. Si bien no hay casos abiertos contra el mismo Artur Mas, no son pocos los que le achacan, como mínimo, la responsabilidad política de algunos casos, especialmente los vinculados a la financiación del propio partido.

2. Dicho lo anterior, el segundo punto cobra especial relevancia. Visto en perspectiva independentista, de lo que aquí se trata no es de darle un color u otro a una legislatura, sino de determinar quién va a diseñar las instituciones del hipotético estado catalán. Es decir, de cómo va a ser el proceso constituyente. Si el independentismo catalán (y vasco) lleva 40 años quejándose del diseño salido de 1978, es lógico que no quiera cometer el mismo error en 2015. De ahí la insistencia contra Mas — y contra CDC — y de ahí que lo que ilustra la viñeta que encabeza este apunte probablemente no refleje todos los complejos matices del momento. Un proceso constituyente es de todo menos neutral, y va a marcar el futuro de todas las legislaturas, no solamente la primera.

Este segundo punto es, a mi parecer, el más importante. Y el que marca la diferencia con aproximaciones estrictamente coyunturales — una legislatura no puede marcar un estado — de otras mucho más estructurales — hay que hacer el proceso constitucional con el máximo de garantías posibles: ni corrupción ni sesgos ideológicos sin contrapeso.

Así es, el dilema que ante sí tiene la CUP es prácticamente insalvable: puede que para no encallar el proceso de independencia tenga que renunciar a contrapesar el proceso mismo; y puede que para tener un proceso constituyente sin rémoras del pasado, tenga que renunciar al proceso. Este es el dilema, y no el tratar de imponer o no determinadas condiciones de coyuntura económica y social.

Dicho esto, no deja de sorprender que la CUP no haya propuesto — al menos no de forma clara y directa, aunque ha habido alguna aproximación tangencial — lo que podría ser el golpe de sable sobre el nudo gordiano: desposeer al gobierno y al parlamento del poder constituyente, y hacer recaer todo el poder constituyente en la sociedad civil.

Al fin y al cabo, muchas de las cuestiones más delicadas del proceso de preparación del estado propio van a transitar por una delgada línea entre la legalidad y la alegalidad — cuando no en la total ilegalidad. Dado el estrecho margen de actuación legal, así como el compromiso en el que se van a poner las instituciones catalanas, sería doblemente beneficioso descargar — como ya ha sucedido en otras fases del proceso independentista — buena parte del peso sobre la sociedad civil. Habría que renunciar, sí, a liderar el proceso, así como a poder conducirlo políticamente hacia los varaderos del interés de cada partido; pero por otra parte sería un proceso mucho más legitimado por ser más participado, y haría de la desobediencia civil un instrumento también más legítimo, por realizarse por individuos (que es la esencia de la desobediencia civil) y no por instituciones, lo que siempre conlleva un problema de representatividad.

A menudo se compara la CUP con el movimiento del 15M y a menudo el veredicto es que tienen parecidos pero también diferencias. Esta es una: a la CUP todavía le cuesta demasiado el (admitámoslo: muy difícil) equilibrio entre la calle y las instituciones. La CUP es asemblearia, sí, pero está lejos de actuar con lógica de red, donde las instituciones son un nodo de la misma: no más, pero tampoco menos.