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Nos recuerda Qué hacen los diputados que el Artículo 15 del Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno contempla la exclusión de la ley de informes o comunicaciones internas, es decir, se excluye del alcance de la ley muchos tipos de información — como notas, informes internos o comunicaciones internas.

Esta exclusión es especialmente grave por al menos tres motivos.

El primero, y seguramente el más importante, es de concepto, sobre qué entendemos por transparencia en el s.XXI, en la Sociedad de la Información, en plena Revolución Digital. Dice el punto (1.e) del Artículo 15 del Proyecto de Ley que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes […] que sean manifiestamente repetitivas. Es decir, la información hay que pedirla y será (o no) concedida. Bien, en un nuevo paradigma informacional como en el que estamos entrando, la información es abierta por defecto y lo excepcional es cerrarla. No ha lugar, pues, ni pedir ni conceder acceso.

Y que la información sea abierta por defecto significa que esa información (punto 1.b) que tiene carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas también, toda esa información y comunicaciones suceden en abierto, a la luz del día, por la Administración pero para los ciudadanos. Para mí este aspecto es más que fundamental, ya que marca el tono y el espíritu de una ley (de transparencia en el siglo XXI) u otra muy distinta (de servicios de información al ciudadano en el siglo XIX).

La segunda cuestión es que toda esa información es del ciudadano, que la ha pagado con sus impuestos. Pensar que esa información solamente servirá para la toma de decisiones a nivel gubernamental y que no puede tener ningún otro uso a otros niveles (ciudadanos, empresas) es, como poco, excluyente.

El acceso a la información pública, además de por cuestiones de concepto (punto anterior) o cuestiones políticas (punto siguiente), debe fundamentarse en un hecho incontestable: la soberanía reside en el ciudadano, y es este quien debe tener acceso a toda la información que le permita o bien tomar sus propias decisiones, o bien proponer medidas de acción, o bien, en una democracia representativa como la nuestra, al menos fiscalizar a quienes proponen medidas de acción y las llevan a cabo.

No obstante, además de la cuestión económica — de quién ha pagado esos informes, que sería una condición más que suficiente y con pocas excepciones — sino, y sobre todo, política. Es aberrante que gobiernos, administraciones o parlamentos gasten ingentes cantidades en crear informes que apoyen su toma de decisiones y en cambio no lo compartan con sus ciudadanos para que estos puedan monitorizar y evaluar los procesos de toma de decisiones en los organismos públicos.

Solamente si los procesos son abiertos podremos comprobar si nuestros representantes van al Parlamento con los deberes hechos. Si los documentos «accesorios» o «de apoyo» no son públicos, podemos tender a pensar que o bien no existen — y nuestros representantes basan sus decisiones en apriorismos y visceralidades ideologizantes — o bien que existen pero no quieren mostrarse porque probablemente violan el contrato electoral firmado con el ciudadano.

Es descorazonador ver una Ley de Transparencia que va a nacer ya tan desfasada, tan fuera de lugar, tan descontextualizada. Y desfasada, fuera de lugar y descontextualizada no solamente en relación a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación, sino, y sobre todo, en relación a los principios democráticos que deberían guiarla. Esta es una ley que, amparada en la «publicidad activa» olvida la apertura en el diseño y por defecto.

En la mesa De la digitalización de la administración hacia el gobierno abierto y la Gobernanza pública que tuvo lugar en el Foro de la Gobernanza de Internet el 23 de mayo de 2013, su relator Miguel Ángel Gonzalo escribía: La batalla principal por la transparencia está dada y ganada desde el momento en que se incorpora a la primera línea de la agenda política. Una afirmación con la que no puedo discrepar más. Lo que hace incorporar una cuestión a primera línea de la agenda política es desactivarla: se puede desactivar para bien — porque se debate y se acaba resolviendo — o se puede desactivar para mal — porque se genera ruido y se da la sensación de que el tema está agotado. Sucedió ya con la cuestión sobre los desahucios donde la política se mostró más como problema que como una solución. Y se está demostrando con este todo por la transparencia pero sin la transparencia.

El actual Proyecto de Ley de Transparencia desembocará en un estado peor al que teníamos: una mala ley, que legitima la opacidad por sistema y la apertura como excepción, pero que agotará el debate y dará por zanjado el asunto por muchos años. Mucho andar para no moverse de sitio, pero agotados del camino.

Hay un chiste de vascos que dice algo así como «¿Patxi, qué estamos haciendo discutiendo esto pudiéndolo arreglar a tortas?». La gestión — o su ausencia — del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco por parte del gobierno (nacionalista) español se ajusta cada vez más y mejor al chiste.

Tomemos el caso catalán.

No ha habido, salvo en casos totalmente minoritarios y marginales en la opinión pública catalana, apelación alguna a la violencia para dirimir las demandas de algunos de separarse de España. Es más, si algo están haciendo las instituciones catalanas es intentar, por todos los medios, ajustarse al Estado de Derecho.

En una democracia — iba a escribir «una democracia normal», aunque debería holgar este epíteto — cuando un grupo de ciudadanos tiene una demanda, la vía democrática (valga la redundancia) es:

• Se escucha dicha demanda, o bien a través de reuniones con los grupos de interés o bien a través de propuestas en el Parlamento si dichos grupos están allí representados.
• Se cuantifica y califica el aval social de dicha demanda. Generalmente, se inicia con la introducción de preguntas ad hoc en las encuestas oficiales y, tomado el pulso de forma indirecta, se pasa a hacerlo de forma directa mediante algún tipo de consulta de carácter universal: referéndum vinculante o no, elecciones plebiscitarias, etc.
• Cuantificado y calificado el alcance de la demanda (tanto en su apoyo como en su oposición, está claro), si el tema es profundo, tiene posiciones bien enraizadas, y es constante en el tiempo, se deberá acabar tomando una decisión — en el sentido que sea — que zanje la cuestión, al menos hasta que no haya un cambio importante o bien en el contexto o bien en la opinión pública.

Bien, en el caso catalán, la toma de una decisión no está a la vista. Es más, cualquier atisbo en este sentido ha recibido amenazas de todo tipo. No lo está tampoco el cuantificar y calificar. De nuevo, cualquier consulta, incluso las no vinculantes, se están directamente vetando desde todos los frentes: políticos e, importante, mediáticos. Por último, ni tan solo la atención a las demandas está siendo ni siquiera bien recibida. El manido recurso a «atender al caso nacionalista crearía una división» no es sino una toma de posiciones y la asunción tácita de que dicha división no depende de ser escuchado, sino de reivindicar una demanda, cosa que ya ha sucedido. Por tanto, la sociedad ya está dividida, solo que en un sentido (a favor de los unionistas) y no en el otro (a favor de los secesionistas).

Hechas estas negaciones, la pregunta es si, agotada la vía democrática, a lo que se está empujando a lo catalanes es a, como dice el chiste, arreglarlo a tortas. Dado que muchos han defendido el forzar el cumplimiento de la ley con los tanques si hubiere declaración unilateral de independencia, está claro cómo se está conformando el tablero.

Tomemos el caso vasco.

Vaya por delante que quien tenga delitos de sangre debe estar en la cárcel y en la cárcel debe estar. Personalmente no tengo duda alguna al respecto.

Pero se puede estar de muchas formas en la cárcel. El código penal español está basado en la reinserción. La dispersión de presos, por antiintuitivo que pueda parecer, obedece a ese principio: si mantenemos juntos a los presos de ETA, seguirán conspirando en la cárcel. Por tanto, separémoslos. Hasta ahí, bien (aunque podríamos hablar sobre los derechos de sus familiares, pero eso es otra historia).

Desaparecida la lucha armada, desaparece automáticamente el peligro de conspiración de los presos de ETA. Y, precisamente, porque se busca la reinserción (si buscamos la venganza hay que cambiar el código penal y, de nuevo, esa es otra historia) debería ser automático que los presos estén cerca de sus familiares. Mantenerlos dispersados no obedece sino a motivos políticos, y no establecidos en el Derecho Español.

Por otra parte, la lucha contra los simpatizantes de ETA — que no miembros y, ni mucho menos, convictos, de quienes ya hemos hablado — deberá darse ahora estrictamente dentro de las ágoras políticas. Cuando se rasgan unos las vestiduras porque los «etarras (agrupando aquí a todo tipo de persona afín a la independencia del país vasco) están en las instituciones» no cabría sino alegrarse de ello. La alternativa, como dice de nuevo el chiste, es arreglarlo a tortas.

Es evidente que la convivencia genera tensiones. Y es evidente que posiciones radicalmente opuestas suelen tolerarse mútuamente mal. Pero, y perdón por insistir, preguntémonos si es mejor arreglarlo a tortas.

Quienes hablan de rendición cuando se propone un referéndum en Catalunya o el acercamiento de los presos etarras — por poner solamente dos ejemplos — se pregunta uno si lo heroico (lo contrario de rendirse) sería, digámoslo claro, matarse.

Porque, al final, no hay más que dos opciones: o con violencia o sin violencia. Y porque, al final, lo que hay que preguntarse es si uno está dispuesto a defender sus ideas con sangre — la ajena o la propia — o con las palabras.

Y creer que son los otros lo que deben ceder, que son los otros los que en su empecinamiento, están «forzando» la salida violenta, eso, eso es ya haber tomado una decisión sobre las formas.

En el mundo de la comunicación y en el mundo de la política – en qué se ha convertido la política sino en un gran constructo comunicativo – nos hemos acostumbrando a etiquetar cualquier desliz como una “crisis de reputación”. Crisis, porque el desliz suele acabar dando de bruces en el suelo; de reputación porque lo que da de bruces es la imagen, la sonrisa con tantos esfuerzos blanqueada. Gestionada la crisis, repuesta la reputación, hasta la próxima.

Proliferan ahora una suerte de zapadores de lo digital – eso que ni se borra ni desaparece – que tienen como tarea identificar, diagnosticar y parchear las “crisis de reputación” de aquellos que han tenido a mal dejarse deslizar por los llamados medios o redes sociales.

Siendo generosos, no hay semana que la realidad no nos regale con una de estas crisis de reputación. Un representante público es pillado en un renuncio y luego todo son prisas para aclarar que no, que en realidad no dijo eso, o bueno, sí, sí que a lo mejor dijo, pero se sacó de contexto, claro. Claro. Porque hay contextos que lo soportan absolutamente todo. Cuando Fukuyama mató a las ideologías lo que no sabía es que nacían las contextualizaciones.

El cuarto poder tampoco se libra de protagonizar ejercicios de autolesión reputacional. La secuencia suele ser la siguiente. Primero se revelan declaraciones de personajes públicos con sus correspondientes citas literales. Ante el incendio en las redes por parte del respetable, el presunto declarador acusa al medio de falta de rigor, sesgo ideológico o enajenación transitoria. El medio retira las citas textuales. La red vuelve a arder, ahora o por citar palabras que no fueron o por retirarlas si sí fueron. En fin, nada que una buena gestión de crisis de reputación no pueda solucionar.

O no. Hay crisis que son por deslices y deslices que son porque andamos cojos y sin muletas. La diferencia entre lo sintomático y lo estructural es que lo primero puede atacarse por los síntomas, mientras que lo segundo requiere atajarse por la enfermedad. Y no hay que ser Freud para reconocer que mucha incontinencia no es de formas sino de fondo.

En 2010 el profesor Josep María Vallès nos advertía de que la política era “víctima de un rapto consentido” a causa de la mediatización de su discurso. En una revisión del síndrome de Estocolmo, los raptores son raptados en un círculo sin fin. ¿Crisis de reputación? Por favor.

NOTA: la cita de Vallès se la debo a Aitor Carr: moltes gràcies!

El paso de un paradigma industrial a uno de informacional – digitalización de la información y las comunicaciones, globalización económica, creación de estructuras reticulares – cuestiona fuertemente las instituciones democráticas, creadas sobre la base de la necesaria intermediación para hacer más eficaz y eficiente el acceso (físico) al conocimiento a base de minimizar los costes de transacción. Estas instituciones – gobiernos, parlamentos, partidos, el poder judicial, los medios de comunicación, sindicatos y sociedad civil organizada – han visto cómo van perdiendo el monopolio de la información al mismo tiempo que aparece la posibilidad de una participación ciudadana desintermediada y descentralizada materializada en plataformas cívicas y los llamados «movimientos sociales» en general.

Estas formas de participación emergentes, además, se ven reforzadas por una cuádruple crisis funcional, organizacional, de gobernabilidad y de legitimidad de las instituciones tradicionales de la democracia, que se esfuerzan por adaptarse a la globalización, digitalizar y actualizar sus organigramas, hacer de cadena de transmisión entre ciudadanía y centros de toma de decisiones y luchar contra los casos de corrupción que asolan sus cuadros.

¿Estamos ante una nueva Paz de Westfalia o un nuevo Bretton Woods? ¿Tiene solución de continuidad la democracia representativa tal y como la conocemos, o se impone un cambio de sistema sociopolítico, un nuevo régimen? En estas jornadas queremos hacernos estas preguntas, comenzando por una introducción al cambio de era que empezamos, y repasando los que, ahora ya sí, podríamos llamar los cinco poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los medios de comunicación, y la nueva sociedad civil organizada.

Las jornadas Instituciones de la Post-democracia: globalización, empoderamiento y gobernanza tendrán lugar el 18 de julio de 2013, de las 09:00h a las 20:00h, en la Sala Mirador del CCCB en Barcelona. Son gratuitas pero hay que inscribirse en la página oficial del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch.

Arnau Monterde y yo, quienes coorganizamos las jornadas, queremos agradecer muy sinceramente a los conferenciantes la estupenda acogida que tuvo nuestra propuesta, y más aún cuando, por motivos que no vienen al caso, las jornadas se quedaron sin presupuesto, con lo que su participación solamente responde ya a la buena voluntad y su interés personal en el proyecto.

A título personal quiero agradecer a David Álvarez la ayuda que, aunque infructífera, nos brindó en un primer momento del curso. Como se podrá ver, el temario ha salido algo escorado a la izquierda: junto con David (quien conoce al dedillo la actividad de los políticos en Internet y, por ende, aquellos que tienen cierta inclinación por nuevas formas de organización) intentamos encontrar algún cargo del centro derecha o derecha que creyese en las redes (que no necesariamente Internet), en los movimientos emergentes, descentralizados, en una forma de hacer política menos institucional o más abajo-arriba. No supimos encontrarlo (insisto: cargos — a título individual sí tuvimos la suerte de encontrar a más de uno). Si llega a leer esto, le haremos con muchísimo gusto un hueco en el programa. Que es el siguiente:

No sin cierta discrecionalidad, podemos identificar dos momentos esenciales en la Historia que nos permiten navegar río arriba hasta la fuente donde nace el Estado del Bienestar. El segundo momento, y con un alto grado de consenso, es la puesta en marcha del programa de recuperación para Europa, más comúnmente conocido como Plan Marshall (1948-1951). En él, no solamente se reconstruía, literalmente, el viejo continente, sino que además se hacía con la vista muy puesta en una construcción del tejido social mucho más allá del tejido económico. No en vano, el grave deterioro de ese tejido social era uno de los motivos que habían llevado a las dos aniquilaciones continentales de la primera mitad del s.XX.

Estableciendo un (esperemos que no muy forzado) paralelismo con el Plan Marshall, queremos situar el otro gran momento en el llamado New Deal: el programa (1933-1936) del presidente Franklin D. Roosevelt para reconstruir los Estados Unidos de América aniquilados por la Gran Depresión iniciada con el Crack de 1929. Dicha reconstrucción, también se hizo con un fuerte componente social, que aunque pueda parecer timorato a ojos europeos, sí supuso decididos pasos hacia delante en materia de derechos del trabajador y protección social.

Tras estos planes, más allá de anhelos de gente bondadosa, altruista y filantrópica, había como mínimo tres grandes lecciones aprendidas tanto en los conflictos bélicos como en los conflictos económicos y financieros: que el libertinaje (que no libertad) en lo socioeconómico genera desigualdad; que la desigualdad (excesiva) genera tensiones que perjudican a la convivencia y, directa e indirectamente, a la economía; y que las tensiones mal resueltas y agravadas, acaban con el caos y la destrucción. Así, más allá de los anhelos bondadosos, tras la creación de un tejido social sólido capaz de parar las caídas de los más desafortunados está la idea de crear un sistema que permita económico sano, innovador, incluso intrépido, sin que los excesos arrastren a todo el colectivo al fondo.

Cuando el Estado Español recibe, durante la primavera de 2010, la enésima pero última comunicación respecto al efecto arrastre hacia el fondo de los excesos cometidos en la década anterior – agravados, precipitados o puestos a la luz por la crisis financiera de occidente – el aviso que se da es que hay que olvidarse de lo aprendido durante el Crack del 29 y las dos grandes guerras, así como deshacer el camino andado durante el New Deal americano, durante el Plan Marshall y durante el rebufo de ese plan que en nuestro particular caso llegó a plazos a medida que fuimos abriéndonos, primero, e incorporándonos, después, a Europa.

Cumplidos tres años del Plan Urgente de Recorte de Gastos de 12 de Mayo de 2010 y vistos en perspectiva esos tres años, se antoja necesario re etiquetar lo que hemos ido etiquetando como recortes. Vistos en conjunto, esos recortes son un cercenar, un desmantelamiento en toda la regla del pacto social sobre el que debe edificarse una convivencia y un legítimo plan de mejorar el bienestar de una comunidad. Los tres años de recortes no contienen prácticamente ni un solo cambio estructural que permita, aunque con cambios, mantener el esqueleto del Estado del Bienestar y sus funciones básicas. Han sido tres años de debilitar la convivencia, de agravar el conflicto, de poner al límite lo que cohesiona una comunidad antes de que estalle o antes de que se deje morir, lo que ocurra primero.

Se achaca a las ciencias sociales que sus previsiones son a menudo erróneas y que solamente aciertan cuando se atreven a explicar el pasado, jamás el futuro. Esa crítica no tiene en cuenta que la ciencia ya nos dice mucho: dónde no hay que pisar para no volver a tropezar, cuáles son los errores que no hay que volver a cometer. Y parece que los estamos resiguiendo todos, uno por uno, hasta que completemos el círculo.

En el tercer aniversario de la serie de recortes al Estado del Bienestar iniciados el 12 de mayo de 2010, Merche Negro y yo presentamos El Recortómetro.

También hemos colaborado en un especial homónimo de ElDiario.es.

De las muchas interpretaciones y reflexiones a las que invita el Avance de resultados del estudio 2984 Barómetro de abril de 2013 me gustaría quedarme con las dos siguientes:

1. Por primera vez desde que el CIS mide la intención de voto, la suma de la abstención y el voto en blanco alcanzan casi un tercio de la población, situándose en concreto un 31,8%, situándola. Casi uno de cada tres españoles, de votar mañana, o se quedarían en casa o votarían en blanco.
2. El porcentaje de la desafección es superior a la suma de los dos partidos principales (el llamado bipartidismo), que se quedan en un 26,2%; y es también superior a la suma de todo el resto de formaciones políticas, que alcanzan un total del 22,2% de la intención de voto.

Lo peor de todo no es eso, sino la tendencia y lo que nos dice, que puede verse mejor en las gráficas siguientes:

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Lo que estas gráficas nos dicen son, en esencia, dos cosas:

1. No que la desafección política se está convirtiendo en algo estructural, sino que su crecimiento se está convirtiendo en algo estructural desde marzo de 2004. No es algo aislado, no es algo puntual, ni tan siquiera una desafección estable: hace nueve años que la desafección crece a ritmo constante y, habría que ver, si no de forma acelerada los dos últimos años.
2. Esa desafección no afecta únicamente a los dos grandes partidos, sino a todos: por cada cinco votos que pierde el bipartidismo, unos dos van al resto de partidos, mientras que los otros tres van a la desafección. Esos votos tres que se «pierden» pueden contabilizarse, perfectamente, también en el haber de los partidos minoritarios.

Es una locura.

Por supuesto, no es desafección política: es desafección institucional. Mientras los parlamentos se vacían de votos, las calles, las plataformas ciudadanas, los centros cívicos se llenan de ciudadanos deseosos de hacer oír su voz.

Y mientras todo esto sucede en los parlamentos y las calles, ¿cuáles son los titulares de los principales periódicos del país? Pasen y lean. Se puede incluso jugar a adivinar la cabecera por el titular:

• El PP baja otro punto en intención de voto pero se aleja del PSOE, según el CIS.
• El PP resiste como el partido más votado con 5,8 puntos sobre el PSOE.
• El PP amplía un punto su ventaja sobre el PSOE y se sitúa 5,8 por encima.
• El PP ganaría las elecciones y sube un punto su ventaja con el PSOE.
• El PP ganaría las elecciones y aumenta su diferencia con el PSOE, según el CIS.
• El PP sigue cayendo pero aumenta su diferencia con el PSOE.
• Un 38,5% d’espanyols volen suprimir o limitar les autonomies.

No hace falta decir nada más.

(Nota técnica: para saber más sobre las gráficas, La Segunda Transición (II). Desafección política y La Segunda Transición (V). Cerrando el círculo de la desafección: la desafección retroalimentada.)