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Estos días se está debatiendo en el Parlament de Catalunya la Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana (PDF) para lo cual se ha citado la comparecencia de algunos especialistas (entre las cuales me incluyo) a debatir dicha ley.

La Ley — o la gestación de la Ley a partir de la proposición de Ley, para ser más precisos — es un ejemplo estupendo de cómo se mueven las cosas en «palacio», cómo la política se hace eco de la voz de la calle a la vez que opera con otros tempos y en algunos aspectos de espaldas a la ciudadanía. Si a menudo nos quejamos de que la política no entiende a la ciudadanía, no es menos cierto que el ciudadano debería aproximarse a las instituciones políticas para darse cuenta de lo compleja que es la democracia.

Hecha esta introducción, Proposición de Ley de Consultas Populares no Refendatarias y de Participación Ciudadana persigue, básicamente, una cosa: dar mayor voz a la ciudadanía en las instituciones democráticas. Y lo persigue, básicamente, con dos instrumentos: las consultas ciudadanas (p.ej. el gobierno pregunta a los ciudadanos acerca de un aspecto de especial importancia) y las iniciativas ciudadanas (p.ej. un colectivo recoge firmas para que el gobierno atienda a una determinada demanda popular).

¿Sencillo? En absoluto. Después de haber leído a fondo el texto, así como de haber participado en las intervenciones de los diputados de la comisión de asuntos institucionales del Parlament (estaban presentes seis grupos: ERC, PSC, PP, ICV, CCs, CiU — faltaba únicamente la CUP) uno se da cuenta que no es una ley, sino tres en una. O, siendo más escrupulosos, una ley, la antiley de la anterior, y una macroley:

• Ley kleenex de un solo uso para la independencia: uno de los motivos — si no el principal, según algunas formaciones — para la Ley de consultas es dar cobertura legal a una futurible consulta a la ciudadanía sobre el derecho a decidir / independencia de Catalunya. Algunos grupos incluso afirman que esta sería la única función de toda la Ley.
• Ley constitucionalista o contra la indpendencia: para otros grupos, el objetivo de la Ley no es tanto para qué sirva, sino para qué no sirva, a saber: como puerta trasera para hacer un referéndum sobre la autodeterminación. La obsesión estriba, pues, en especular sobre la constitucionalidad de la ley para ese uso específico, dejando al margen cualquier otra consideración.
• Ley de participación: pretende dar un paso más allá de lo que sería estrictamente hablando una ley de consultas e intenta abrir el terreno a la participación proactiva de la ciudadanía.

Aunque es más o menos fácil identificar los grupos parlamentarios con sus afinidades por una u otra concepción de la ley, hay que reconocer que los compartimentos no son estancos. De hecho, con dos excepciones, en general los grupos abanderan una concepción en primera instancia pero ven con buenos ojos otra concepción. Así, tenemos al grupo que defiende su uso plebiscitario pero ve bien impulsar una mayor participación de la ciudadanía. Al revés, otros grupos apoyan especialmente la ley por abrir juego a la participación, aunque sepan que un segundo (o primer) uso será el de la consulta por la autodeterminación. A otro grupo le interesa oponerse a su uso plebiscitario (haciendo suyo el discurso constitucionalista) pero también aboga por una mayor apertura y legitimación de las instituciones. En los extremos, el grupo pro-kleenex y el grupo pro-constitucionalista, con apenas pocos matices más que un enfoque unimodal de la ley.

Hecha esta exposición, es fácil ver en qué puede convertirse una sesión de comparecencias de especialistas: un fuego cruzado de preguntas, ideas, suposiciones, búsqueda de apoyos y caza de puntos débiles de las opciones deseadas y criticadas, respectivamente. Todo ello desde la total legitimidad de la posición de cada uno, por supuesto.

Posiciones legítimas, pero que inducen al despiste del respetable, claro está: solamente cuando uno se ha hecho entera composición de lugar se da uno cuenta del porqué de según qué redactados, del porqué de según qué ausencias, del porqué de algunos pasajes vagos así como de algunas detalladísimas puntualizaciones en el texto de la proposición de ley.

Ante este panorama, mi opinión personal, y que desarrollo a continuación, es:

• Que la propuesta de ley debería evolucionar hacia un sentito de la participación mucho más amplio, aprovechándola para regenerar las instituciones democráticas.
• Que no ha lugar plantearse sobre su constitucionalidad, estando el debate sobre la autodeterminación mucho más arriba: servido el problema, ¿lo solucionamos hablando o peleando?

Aunque siempre ha sido muy difícil — e incluso discutible — concretar qué pedía exactamente el movimiento del 15M, en mi opinión queda cada vez más claro que el mensaje, si no único sí hegemónico, era (o es) el de reformar las instituciones democráticas en aras de una mayor calidad en la gobernanza del sistema.

Y esta reforma, al menos inicialmente, parecía darse desde dos frentes: o bien intentando que el mensaje capilarizara dentro de los partidos, a partir de la indignación de los políticos (especialmente los de base) o bien, desde una posición más ajena a la ortodoxia, reemplazando o prescindiendo de las instituciones existentes a partir de una participación esencialmente extra-representativa.

En otras palabras, parece, en mi opinión, que todo lo concerniente al 15M o bien apuntaba hacia que los que ya habitaban las instituciones democráticas reflexionasen sobre la necesidad de depurarlas y actualizarlas; o bien se daban por perdidas y se apostaba por hacer borrón y cuenta nueva, creando nuevas (para)instituciones al margen de las existentes. No habría, pues, término medio.

Sin embargo, podría ser que estos dos caminos también se estén agotando y, en su lugar, se estuviese explorando el camino intermedio, es decir: participar en las instituciones para cambiarlas.

Este fue el principal mensaje que personalmente extraje de las pasadas jornadas Instituciones de la Post-democracia: globalización, empoderamiento y gobernanza, aunque es una cuestión que los últimos meses parece estar en boca de muchos.

Por una parte, parece agotada la vía de indignar a los políticos, la mayoría de los cuales están más pendientes de tapar sus vergüenzas o hacer oídos sordos a las de sus compañeros que no de regenerar la democracia.

Por otra parte, parece agotada también la vía de sortear las instituciones establecidas para hacer una «democracia en paralelo»: no solamente los costes de la vía extra-representativa y la democracia directa son muy elevados (una de las ventajas de la democracia representativa es, precisamente, su escalabilidad), sino que las instituciones formales se han parapetado y han iniciado una potente ofensiva contra todo aquello que ocurra fuera de los partidos, los parlamentos y los gobiernos. Desde el sonado enroque contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago que dio al traste con ella, hasta un sinnúmero de excesos policiales y «ataques preventivos» desde los gobiernos que han criminalizado la práctica de muchos derechos relacionados con la libertad de expresión y de reunión. De la misma forma que los ciudadanos han salido a la calle a luchar por sus derechos, también han salido a la calle las instituciones democráticas para, en muchos casos, luchar contra sus propios ciudadanos.

¿Qué solución queda pues, decíamos?

Concurrir a las urnas.

Una opción que jamás se había oído y, de ser así, se había tomado demasiado en serio, parece ir cogiendo forma en muchos ámbitos activos en política pero enormemente desencantados con las actuales opciones.

Esta es, sin duda, la opción que desde el establishment siempre se ha echado en cara a los protestantes e indignados: siga usted el camino formal para que sepamos a quiénes y a cuántos representa usted.

Que esta sea la opción que algunos puedan estar ahora considerando no debería verse, en mi humilde opinión, como un logro del «buen hacer» y como una prueba de la fortaleza del sistema democrático, sino todo lo contrario: como una (necesaria) renuncia a explorar vías más innovadoras como consecuencia de la cerrazón y la lucha sin cuartel de las instituciones a abrirse, a hacerse más transparentes, a hacerse más participativas, a hacerse más democráticas.

Si el «15M acaba entrando en política» (sea como fuere que tome cuerpo o cuerpos y si lo acaba haciendo) no habría que interpretarlo como una claudicación del mismo a las formas imperantes, sino como un decidido último asalto de Agamenón a Troya: colocar a Odiseo dentro de la ciudad con la ayuda de un caballo de madera, para arrasarla después y no dejar piedra sobre piedra.

Es probable que esta interpretación mía sea incorrecta. Pero la conjunción es favorable. Estamos asistiendo a un movimiento simétrico al ocurrido durante los primeros años de la Transición. Al menos en términos de intención de voto, se revierte la tendencia a la concentración de partidos que vivimos de 1978 a 1996 para pasar a todo lo contrario: en una suerte de Segunda Transición, el bipartidismo se desmorona dentro de una crisis política de múltiples factores y empieza a dar paso a nuevas formas de participación extra-representativa que, en muchos casos, parecen ir apoyando a formaciones políticas alternativas.

Cuán fuerte es esta tendencia, qué harán esas formaciones alternativas, o si habrá nuevas formaciones que hagan propuestas todavía más innovadoras es algo que es difícil de prever. Pero también cabría afirmar que el delicadísimo equilibrio en el que nos encontramos no puede aguantar mucho tiempo más.

Nos enteramos de que Eugenio Merino ha sido denunciado por la Fundación Nacional Francisco Franco por faltarle el respeto al dictador que da nombre a dicha fundación. La razón, una escultura que el artista hizo con la imagen de aquél.

Imaginemos por un momento que en Berlín uno de los monumentos más monumentales — si se me permite la tautología — fuese el mausoleo de Adolf Hitler.

Imaginemos por un momento que las vías públicas de media Alemania llevasen por nombre Avenida del Führer, Calle de Joseph Goebbels, o Plaza de Heinrich Himmler.

Imaginemos por un momento que un sinnúmero de edificios oficiales y no tan oficiales tuviesen grabados en sus fachadas y frisos cruces gamadas, cruces solares y otra iconografía por el estilo.

El problema en España no es que se le esté faltando el respeto a un dictador que se levantó contra un gobierno legítimo, que inició una guerra civil que duró tres años, que mantuvo un estado totalitario y criminal durante otros cuarenta, o que aniquiló derechos individuales y colectivos por doquier.

No.

El problema en España es que todavía se le guarde no ya respeto sino pura veneración a un dictador.

Francisco Franco fue una basura abyecta, fascista y criminal que solamente merece ser recordado y referido como tal. Cualquier otra interpretación sí es una falta de respeto, una falta de respeto a la verdad y a la inteligencia.

(La comparación con el nazismo está hecha, obviamente, salvando las enormes distancias. Pero es que Alemania es prácticamente el único país que ha sabido limpiar la basura como es necesario.)

Permítaseme un ejercicio de historiografía sesgada.

Los gobiernos de UCD terminaron con un golpe de estado. Fallido, sí, pero golpe de estado al fin y al cabo.

Los primeros gobiernos del PSOE terminaron con una corrupción rampante y lo probablemente más deleznable en una democracia: el terrorismo de Estado.

Los primeros gobiernos del PP terminaron con una guerra ilegal, contra el sentir de la ciudadanía, unos monstruosos atentados terroristas y un engaño absoluto a la ciudadanía. Después hemos visto que también la corrupción ahí fue rampante.

Los segundos gobiernos del PSOE terminaron en la total incompetencia populista, y la negación de lo evidente desde la ignorancia o la mentira.

Los segundos gobiernos del PP empezaron desde esa misma total incompetencia populista, la mentira por bandera y la ocultación por sistema. Y continuando la herencia recibida por sí mismos en materia de corrupción rampante.

Y la pregunta es ¿cómo terminará todo esto?

Que me perdone el Poeta por utilizar en vano y en un sentido totalmente distinto sus versos:

La sangre sonará por las alcobas
y vendrá con espada fulgurante,
pero tú no sabrás dónde se ocultan
el corazón de sapo o la violeta.

Hay días en los que uno no acierta a comprender cómo es que el mundo no ha saltado todavía por los aires.

Acabo de terminar una estancia de una semana en Nairobi, Kenya, colaborando con la Kenyatta University en un proyecto sobre dirección de tesis doctorales online. Si bien una visita de trabajo intensivo no da para muchos análisis paralelos, las tres docenas de personas con las que he podido hablar y la docena de lugares visitados sí permiten una aproximación, gruesa, pero intuitiva, sobre el estado del país.

La deformación profesional, supongo, ha hecho que en todo viaje al extranjero se convierta en un hábito ver cómo encaran el futuro los sitios a los que voy y, de paso, hacer las inevitables comparaciones. Y cuando uno piensa en la infame “España no es Uganda” y otras declaraciones por el estilo, no se puede dejar de pensar en lo poco elaborado y altamente ignorante de semejantes perpetraciones intelectuales.

Dejemos de lado por un momento lo obvio: Kenya no se acerca a España en el ámbito económico ni en términos absolutos — llamémosle PIB — ni en términos relativos — llamémosle PIB per cápita. Pero hace ya unos años que estas variables tan categóricas han pasado no a un segundo plano, pero sí a compartirlo con otras tan o más importantes: las variables de tendencia. Dicho de otro modo, la foto finish debe completarse con la progresión en los entrenos.

Y sí, es cierto, cuando uno parte de muy abajo, mejorar es fácil. Pero el problema, en España, y la comparación con Kenya lo hace más manifiesto, no es que las tendencias sean más acusadas en un lugar que en otro, sino que, simplemente, tienen signo distinto. Y eso sí se puede comparar. Y España pierde sistemáticamente: perdía cuando realicé mi personal análisis en Guadalajara (México), perdía cuando estuve en Estocolmo (esto ya lo sabíamos: los países escandinavos son nuestro constante referente aunque no hagamos nada por imitarlos), perdía cuando hablaba con el senador chileno con el que compartí viaje de vuelta de Estocolmo, y pierde, y aquí de calle, al repetir el ejercicio en Nairobi.

No nos flagelemos con lo que ya sabemos. Centrémonos, por ejemplo, en lo que tengo más reciente. El viernes pasado, nuestro enlace con la universidad nos invitaba a la ceremonia de graduación de la Kenyatta University. ¿El lema? “Educando para la toma de decisiones informada para un crecimiento de dos dígitos”. Hay más declaraciones de intenciones en ese pequeño tuit que en los cuatro evangelios juntos.

La parte de educar era obvia, tratándose de una universidad — aunque en España la educación se torne, cada vez más, fomento del espíritu nacional.

No lo es tanto lo de educar para tomar decisiones. La vinculación — tácita y explícita — de la universidad con la Política (así, en mayúsculas) es total. En Kenya no se hace nada, nada, que no tenga un trasfondo comunitario, de compromiso. Soy incapaz, en una semana, de decir hasta qué punto es sincero y hasta qué punto impostado este discurso. Pero ha permeado tanto en absolutamente todo, que es difícil fingir hasta ese punto sin que no haya algo (o todo) de verdad. Por poco que haya, algo hay de gestión de lo colectivo, de programa común. Sí, España no es Kenya.

Luego está lo de la toma de decisiones informada. Si tuviese 1000 chelines kenyatas por cada vez que se ha hablado esos días del siglo XXI, de la sociedad del conocimiento, de la información, del capital humano, de invertir, de los valores… viviría de renta toda mi estirpe hasta el fin de los tiempos. Sí, es lógico que este sea el tema de la universidad, donde me he tirado seis días. O del (por otra parte protocolario) discurso del presidente del consejo social, o de la rectora o del ministro de cultura durante la ceremonia de graduación. ¿Sí? ¿Seguro? España, aquí tampoco, es Kenya. Mientras la rectora impulsaba un proyecto de digitalización de su universidad, nuestro presidente o no tenía ordenador en la mesa o bien tenía el ordenador apagado.

Está, por último, lo del crecimiento, y de dos dígitos además. La alineación de la Universidad con la política, como ya he dicho, es total. Y en materia de estrategia económica todavía lo es más. Por supuesto, esto es una hoja de dos filos: aquí la universidad forma en valores pero, sobre todo, forma trabajadores cualificados — o cualificadísimos, especialmente en comparación con quienes no acceden a la universidad, que son muchísimos. La parte de los peros la dejo para después. La parte de los pros es ese compartir miras. Es ese pasar de 2 a 27 universidades en (si no recuerdo mal) los últimos 30 años. Es multiplicar por tres el número de egresados en estudios de postgrado en la Kenyatta University en un par de años. Formar, formar, formar para que la política y la economía vayan bien. Y formar más, y a más gente. Esta semana se manifestaban (y habría que ver cómo) los profesores de primaria y secundaria. ¿Reivindicaciones alcanzadas? ¿Sueldos? Incremento del presupuesto en 15 millones de euros para bajas (maternidad, enfermedad). ¿Lo gordo? 140 millones de euros para ordenadores en las aulas. Eso lo pedían los profesores y era un importante motivo para manifestarse: aunque al principio se tomó el programa de ordenadores como rehén de las reivindicaciones, el compromiso con el mismo es genuino. Me gustaría pensar que la marea verde verde va por aquí en adhesión o en intensidad (en Mombasa hasta los basureros se unieron a la huelga de los profes). Pero no se aguantan las comparaciones cuando uno sube hacia donde se toman las decisiones. España tampoco es Kenya (ni Suecia ni Chile ni tampoco mucho México, ya que estamos).

Así están las cosas: una gente cargada de ilusiones, muy trabajadora, haciendo verdaderas maravillas con su maltrecha economía y sociedad (Kibera es el segundo mayor slum urbano del mundo: 200.000 personas hacinadas sin luz ni agua corriente), pero todavía con instituciones que mantienen un pie en el siglo XIX — que no en el XX, en el que entraron siendo todavía colonias.

Porque Kenya tiene un parte mala, claro, y es gravísima, y no estoy seguro de que vaya a cambiar a corto. Kenya está el número 145 en el índice de desigualdad de Naciones Unidas, con solamente 40 países con mayor desigualdad. Le preguntaba al vicerrector de postgrado — el que nos ha invitado a ir — si preferiría tener 1.000 nuevos doctores y másteres de calidad, aunque no “de excelencia”, o generar un premio Nobel entre sus estudiantes. No lo dudó ni un instante: el Nobel. Lo argumentó diciendo que el Nobel arrastraría tras de sí a muchos otros y sería capaz de diseñar grandes políticas que tendrían un gran impacto. Le pregunté quién iba a implementar esas políticas si no había esos mil titulados con un máster en economía o un doctorado en ingeniería. Sin respuesta. Pero todavía le brillaban los ojos al pensar en un Nobel de la Kenyatta University.

Aunque son conscientes que hay que actuar a todos los niveles de la sociedad, les obsesiona — literalmente — o bien alcanzar a los occidentales o, al menos, ser los primeros del país y, a poder ser, del continente. Ránquings.

Aquí España sí es Kenya: escuelas de excelencia, pero solamente para los que alcancen a entrar en ellas; estar entre los grandes sea como sea, aunque resulte a costa el pelotón de cola, cada vez más numeroso y rezagado.

También España es Kenya en un compartido (y en España creciente) sentimiento de egolatría, idolatría y nacionalismo de lo más rancio (y peligroso).

Egolatría porque los jerarcas son insoportables, como los nuestros. Una egolatría que se torna en algo ridículo y patético a más no poder. El líder, el amado líder, que ha venido a redimir a los demás. La hospitalidad, simpatía, amabilidad y sentido de la comunidad kenianos se ahogan en la hipoxia de la altura.

Esa egolatría, claro, se sostiene en una idolatría total del pueblo llano. Lo que a pie de calle es todo hacerlo juntos, el esfuerzo colectivo, lo comunitario, en cuanto aparece el jerarca se le alaba como si hubiese separado las aguas del Mar Rojo. Hasta límites insospechados dada la humildad y fraternidad del día a día. Uso idolatría con toda la intención. Si bien muchos merecen un sincero reconocimiento por los avances del país y las instituciones en los últimos años, esta veneración cuasi religiosa es de un hartazgo total, además de paralizante: se olvida la crítica y se deja el matiz de lado.

Lo del nacionalismo es, probablemente, lo peor: lo peor porque se subvierte el sentido de comunidad, de la identidad, de la cultura compartida, con el tamiz de la idolatría y se dicen y hacen y se creen verdaderas barbaridades. Valga como ejemplo el personaje al que concedieron el Honoris Causa en la ceremonia de graduación: el general que dirige las fuerzas armadas de Kenya. Por su labor pacificadora. Se refiere, claro, a tirar el dinero en Bosnia (fue uno de los ejércitos más activos) cuando la gente puede morir de una diarrea cualquiera en un país con un PIB per cápita por los suelos, o a estabilizar la región de África del Este, referido a entrar en Somalia a piñón “causando muy pocas bajas” (literal del discurso de concesión de la distinción y uno de los motivos principales). Vergonzoso. Que los ejércitos sean necesarios no significa que no sean un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo. Darle el reconocimiento más elevado que puede proporcionar una universidad a un militar me parece una demencia total.

Ahí España sí es Kenya. Jerarcas ególatras; partisanos obcecados idolatrando partidos y confesiones; nacionalismos olvidando la construcción colectiva para cavar en la zanja de las diferencias, la exaltación y la ideología al por mayor.

Kenya es un lugar muy interesante para ir a vivir y trabajar unos meses — siempre que uno supere el espectacular caos del centro de Nairobi, claro — y, al paso que vamos, igual para quedarse el resto de la vida. Porque España no es Kenya: está España más avanzada económicamente, por supuesto, pero corren ambos países a contracamino para encontrarse pronto. Kenya evolucionando corriendo hacia su futuro, España arrastrándose hacia su pasado, el más reciente o el más remoto, qué más da.

La noticia del día es, sin duda alguna, que la fiscalía acusa a Messi de defraudar cuatro millones a Hacienda. Seguramente hay noticias más importantes, pero difícilmente las habrá más populares.

Ante semejante titular — y más allá de las necesarias cautelas sobre la presunción de inocencia del futbolista — hay dos reacciones que con mucha probabilidad se estarán dando en muchas casas.

1. La primera, relativa a la cantidad: ¿cuántos son 4 millones de euros? Es decir, sí, sabemos que es mucho dinero, mucho más que la hipoteca que algún día pagaremos y mucho más que todo el dinero que jamás en la vida ganaremos con nuestro sueldo. Pero, ¿qué agujero hace ese dinero en materia de servicios públicos prestados por el Estado?
2. La segunda, es la relativización moral del daño por provenir de alguien que cae bien, un héroe (del deporte) y no de un (por ejemplo) banquero o de un (por ejemplo) político corrupto.

Sobre la segunda cuestión no querría entrar. Allá cada uno con sus relativizaciones.

Sí creo, no obstante, que vale la pena poner en perspectiva qué significa que se dejen de ingresar 4 millones de euros en el erario público.

• Significa que unos 530 estudiantes de la escuela pública dejarán de tener una escuela a la que ir. España invierte unos 7.500€ por estudiante de media entre primaria y secundaria. Eso son tres escuelas/líneas de primaria o cinco institutos/líneas de secundaria.
• Significa que unas 40.000 mujeres dejarán de poder realizarse una mamografía para la detección precoz del cáncer de mama. Una mamografía cuesta alrededor de 100€.
• Significa que unos 685 invidentes dejarán de adquirir una línea braille para poder utilizar el ordenador en condiciones. Una línea braille cuesta unos 5.850€, línea que podría venir subvencionada directamente por el Estado o indirectamente a través de distintas fundaciones.
• Significa dejar de tener un helicóptero multifunción que podría utilizarse o bien para la campaña de incendios en verano o durante todo el año para rescates. Un helicóptero tiene un coste inferior a los 4M€. Si en lugar de un helicóptero tripulado optásemos por avionetas antiincendios sin tripular tipo «drone», el agujero a Hacienda significaría dejar de tener 12 efectivos antiincendios.
• Significa prescindir de 33 UVI móviles que puedan atender in situ a heridos graves para que no mueran camino del hospital. Una UVI móvil tiene un coste aproximado de unos 120.000€ y su diferencia con una ambulancia corriente es, simplemente, abismal.
• Etc.

Supongo que se va comprendiendo la idea.

Por supuesto, se pueden defraudar 4 millones de golpe o se pueden defraudar de factura sin IVA en factura sin IVA y entre todos. El IVA de la revisión del coche, una mamografía. Suma y sigue.

De probarse el fraude, sería interesante llenar el campo con los 530 estudiantes que se han quedado sin escuela pública, los 685 invidentes sin poder usar el ordenador, las 40.000 mujeres (y sus parejas) viviendo bajo la sospecha del cáncer de mama, los damnificados por los incendios que el helicóptero no apagó, o los heridos que esperaron hasta el último suspiro la UVI móvil que no pudo comprarse. Y que le glosen los piropos que sin rubor se dedican a los héroes.

Ya me disculparán el tono amarillo de este apunte. Pero hay días en que uno no puede más. Porque los hay que tienen las pelotas de oro.