ICTlogy

La diputada del Grupo Socialista Lourdes Muñoz Santamaría me hace llegar la Proposición no de Ley para impulsar el desarrollo de nuevos modelos digitales de negocios para la Industria de Contenidos que ha presentado en el Congreso junto con el también diputado del Grupo Socialista Carlos Trujillo Garzón.

La proposición no de ley reza así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan Estatal para el desarrollo de la industria de los Contenidos que contemple medidas y mecanismos dirigidos a favorecer el sector de contenidos digitales de música, cine y vídeo, editoriales (prensa y libro), publicidad, videojuegos y televisión, contando con la participación de empresas, creadores e instituciones asociadas a las actividades mencionadas.

Planteada en estos términos, esta proposición no puede sino merecer todo mi apoyo por conveniente y por estratégica: sabemos que no subirse al tren digital es perder el tren del desarrollo, pero sabemos también que los ciudadanos e instituciones (en general) pensamos a corto plazo, y que si no le encontramos utilidad a la Red ahora mismo, no nos vamos a digitalizar. Los servicios y los contenidos digitales son, si no la única forma, una de las más directas de dar sentido y utilidad a la Red y, con ello, incentivar la demanda, su uso, la adquisición de competencias digitales y su adopción en el día a día.

Sin embargo, el camino del infierno está plagado de buenas intenciones.

Si el gobierno acaba poniendo en marcha un plan para promover los contenidos digitales — e, insisto, en mi opinión esa sería una buena forma de gastar nuestro presupuesto en crisis — definir el qué y el cómo no puede recaer únicamente en la industria de contenidos.

Por mucho que ASIMELEC afirme que hace falta un plan de contenidos para que se facilite financia­ción específica para que el sector afronte su reconversión industrial y para apoyar la adecuación de las pymes del sector al contexto digital, de lo que estamos hablando no es de una reconversión industrial, sino de una reconversión social.

Valga como ejemplo el para mí desafortunado Plan Escuela 2.0 (sobre el que ya tratamos en Monográfico sobre la brecha digital en la educación). El Plan Escuela 2.0 pretende, a grandes rasgos y generalizando, modernizar la escuela. Sin embargo, la propuesta se centra en informatizar lo que ya se está haciendo sin proponer cambio significativo alguno, y no ya obviando una reflexión de cariz más pedagógico, sino haciendo oídos sordos al encendido e interesantísimo debate que se está dando desde todos los frentes del mundo educativo.

No es que esté bien que haya un plan sobre contenidos digitales, es que estoy convencido que debe haberlo.

Ahora bien, hay que aprovecharlo para reflexionar a fondo sobre todas las implicaciones del uso de las tecnologías digitales en la producción, distribución y consumo de contenidos. E intentar trabajar para conseguir un consenso tan amplio como sea posible. Y, solamente después de ello, ponerse a producir.

Tarde o temprano tenía que ocurrir: entrada (a) de autobombo y (b) «crossposteada» del otro blog, aunque no del todo y con motivo. Creo.

La Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento de la UOC acaba de publicar un monográfico titulado Contextualizando la brecha digital en la Educación Superior y que he tenido la suerte de poder coordinar.

El monográfico se compone de cuatro artículos, dos de los cuales — uno de Jonatan Castaño-Muñoz, La desigualdad digital entre los alumnos universitarios de los países desarrollados y su relación con el rendimiento académico, y uno mío, De los portátiles a las competencias: Superación de la brecha digital en la educación — toman sus datos de Catalunya, España y Europa.

Simplificando mucho, y centrándonos en el caso español, hay bastantes datos (de hecho, muchísimos) que muestran que la brecha digital en las aulas españolas no se debe (en su mayoría, aunque hay excepciones, por supuesto) a una falta de infraestructuras (ordenadores, conectividad) sino a una (1) falta de competencias digitales y a (2) una deficiente adaptación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la enseñanza y el aprendizaje.

Así — y esto es ya una opinión personal, aunque en mi artículo lo fundamento con datos —, proyectos como Escuela 2.0 (para cuándo más información sobre el proyecto en esta web…) no parecen atacar las necesidades reales en materia de Sociedad de la Información y Educación.

Más información

Monográfico: Contextualizando la brecha digital en la Educación Superior.

Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.

Desarrollo y brecha digital

Amartya Sen revolucionó el concepto de desarrollo humano al presentar su aproximación por capacidades. Desde su punto de vista, no basta con tener acceso físico a los recursos, sino que, además, hay que ser capaz de ponerlos al beneficio de uno mismo. Este paso de la elección objetiva a la elección subjetiva se ha visto completado en los últimos años con un tercer estadio del desarrollo: la elección efectiva. Así, no basta con tener recursos, ni con querer o saber usarlos, sino que, además, es necesario que a uno le dejen hacerlo. Es éste, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que recientemente ha ido tomando el centro de los debates alrededor del desarrollo humano y, por extensión, de la inclusión social.

En un mundo digital, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es fácil establecer paralelismos entre esos tres estadios del desarrollo con las tres brechas digitales que se han ido identificando desde que el término hiciese fortuna a mediados de la década de 1990.

• La primera brecha digital es aquélla que se refiere al acceso (o falta de él) a las infraestructuras tecnológicas. Una brecha que, aunque persiste, pronto será residual en el Atlántico Norte en general, y en España y Catalunya en particular.
• La segunda brecha digital se refiere a las competencias, a la llamada alfabetización digital. Una brecha que escuelas, bibliotecas y telecentros vienen atajando como algo prioritario desde hace algunos años.
• La tercera brecha digital, que se suma (no sustituye) a las otras dos, se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida de uno. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, por mencionar solamente tres casos donde dicha brecha es ya más que patente.

Sin restar importancia a las dos primeras – que todavía persisten– es esta tercera brecha, abierta hace relativamente poco, la que ahora se ensancha a marchas forzadas con la creciente presencia en nuestras vidas de la teleasistencia, la formación en línea, la participación política a través de redes sociales y espacios de deliberación, etc.

En consecuencia, cabría considerar que la inclusión social, y tomando como base el ejercicio activo de la ciudadanía, cada vez más dependerá de esa e-inclusión de tercer nivel, la que permite un desarrollo basado en una elección objetiva, subjetiva y efectiva plenas: no habrá democracia, salud o educación sin la concurrencia activa de la ciudadanía en estos aspectos.

Del acceso y la capacitación al uso efectivo

Efectivamente, los datos de que disponemos nos dicen que mientras que la primera brecha digital se hace más y más pequeña, la segunda (capacitación) es cada vez más importante (especialmente en términos relativos y cualitativos: no hay más gente, pero sí se ven a sí mismos como más analfabetos digitales) y, en consecuencia, contribuye a agrandar la tercera, que en muchos casos se zanja con un rechazo de plano a todo lo que tenga que ver con la tecnología.

En concreto, los llamados refuseniks digitales —del inglés refuse, rechazar—: las personas que consciente y voluntariamente optan por no estar conectados. Son un colectivo generalmente dejado de lado a la hora de abordar políticas de desarrollo digital, con el muy probable riesgo de  que sean éstos los grandes excluidos de una sociedad que, ya hoy en día, se está edificando fuertemente sobre la participación digital.

Es perfectamente defendible afirmar que no habrá mayor ejercicio activo de la ciudadanía sin un mayor uso de Internet; y que no habrá un mayor uso de Internet si no se aborda la problemática del rechazo más allá del acceso físico a las infraestructuras y más allá de la alfabetización digital.

Creemos que hay tres terrenos -los ya mencionados salud, aprendizaje y democracia- que son hoy en día los tres ámbitos más importantes (además del económico, a menudo determinado por los tres anteriores) donde el desarrollo e inclusión social vendrán especialmente determinados por el respectivo grado de e-inclusión de una persona… o de una institución.

Por otra parte, los recientes logros que han venido desde la innovación social, la innovación abierta y la innovación social abierta son prácticamente inexplicables sin ese anhelo de emancipación ciudadana aupado por las TIC.

Emancipación y políticas de desarrollo digital

En general, hay dos visiones y al menos tres grandes omisiones en la forma cómo habitualmente se diseñan las políticas de desarrollo digital.

Las visiones son:

• Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo económico, y no hacia el desarrollo individual y social.
• Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo institucional, y no hacia la emancipación personal.

Por otra parte, las tres cuestiones que suelen omitirse en las políticas de desarrollo digital están muy relacionadas con el potencial que las TIC pueden desplegar si se aplican a fondo. Es más: si las TIC tienen algún papel en el desarrollo, creo que es en los tres cuestiones que se listan a continuación:

• La libertad, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, las libertades políticas, los derechos de la libertad… muchos nombres para el mismo concepto. La libertad suele estar ausente en las políticas de desarrollo, y en particular en las políticas de desarrollo digital. Cuando, por ejemplo, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 16.10, hablan del acceso público a la información, se pone en relacón a la “conformidad con la legislación nacional”. Relevante, cuando el informe Freedom in The World 2015 de Freedom House sitúa al 54% de los países analizados como no libres. Raramente se cuestiona el marco legal al hablar de desarrollo. Y, así, la libertad simplemente queda fuera de las políticas, cuando debería ser lo primero.
• El empoderamiento es un paso más allá de la libertad. Si la libertad trata de la ausencia de restricciones para pensar o hacer la propia voluntad, el empoderamiento trata del fortalecimiento de la capacidad de pensar o hacer que la propia voluntad. En otras palabras, no sólo se puede hacer lo que uno quiera dentro del sistema, sino que el sistema le ayudará a ello. Una vez más, empoderamiento, o capacidades, son a menudo mencionados en cualquier tipo de política de desarrollo, especialmente en las que tienen un fuerte componente digital. Pero, a menudo –y especialmente en los ODS– se limitan a temas de género o de desigualdades en las minorías. Es un primer paso, pero claramente insuficiente. No hay forma de que el desarrollo sea sostenible si no tiene un fuerte componente endógeno, y no hay manera para que el desarrollo sea endógeno sin empoderamiento. En mi opinión, el empoderamiento es fundamental para el desarrollo. Sólo un paso por debajo de la gobernanza.
• La Gobernanza, la democracia, la participación, la deliberación, la co-decisión política. Si la libertad es hacer la propia voluntad, y el empoderamiento es hacerlo con fuerza multiplicada, la gobernanza está muy por encima de eso: no es el pensamiento y la acción dentro del sistema, sino sobre el sistema. La gobernanza es diseñar el sistema según las necesidades de uno (o las necesidades colectivas, más apropiadamente), en lugar de darse forma a uno mismo dentro de un sistema dado. Es por ello que es tan importante… a pesar de estar generalmente ausente de cualquier política de desarrollo. Y más sorprendentemente en las políticas de desarrollo digital, donde las limitaciones físicas a cambiar las cosas, los marcos, los sistemas, son tan y tan bajas. Efectivamente, la toma de decisiones suele tenerse en cuenta – y hablamos de política 2.0 y voto electrónico y e-participación – pero siempre como una forma de tener una cierta influencia en las instituciones. Pero nada sobre cambiar las instituciones, transformarlas, sustituirlas por otras, o incluso deshacerse de ellas.

En resumen, el aumento de la libertad, el empoderamiento y la gobernanza son los mayores resultados potenciales de las TIC en el desarrollo. Y la omisión suele ser doble. Ni se tienen en cuenta las TIC en las políticas para el desarrollo – en particular, como en muy pocas en general más allá de propias del sector y terrenos afines – ni se tienen en cuenta las que posiblemente son las principales razones para desarrollar políticas de desarrollo digital explícitas, a saber y por ejemplo: que las TIC aplicadas a la Salud pueden aumentar la propia libertad del paciente (del ciudadano); que las TIC aplicadas a la Educación pueden mejorar las propias capacidades y empoderamiento para alcanzar objetivos de aprendizaje más ambiciosos; que las TIC aplicadas a la política pueden conducir a una mejor gobernanza.

Cuando se diseñan políticas de desarrollo digital, habitualmente son precedidas por un despliegue de datos que las sustentan: cuánta gente conectada, desde dónde se conecta, para qué. Se hace un diagnóstico, se caracterizan perfiles, se identifican puntos de acción prioritaria. Hasta ahí bien.

Pero.

Es el enfoque. Es industrial. Pertenece, en mi opinión, a la era industrial. No tiene en cuenta, creo, que cabalgamos la ola de la revolución digital y, más importante aún, las muchas revoluciones sociales (que no tecnológicas) que hemos presenciado en los últimos años. Y no, no se trata (solamente) hablando de la Primavera Árabe, o del 15M. Se trata de repensar el procomún y el procomún digital; se trata del software libre y los recursos educativos abiertos y el hardware libre y la ciencia abierta y el  conocimiento libre; se trata del gobierno electrónico y los datos abiertos y del gobierno abierto; se trata de la democracia líquida y la democracia híbrida y la tecnopolítica; se trata de los entornos personales de aprendizaje y los cMOOCs y las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica; se trata de los centros de innovación y los espacios de co-working y la innovación abierta y la innovación social y la innovación social abierta; y todo lo que podemos adjetivar de P2P y la des-intermediación.

Casi nada de esto está en las políticas de desarrollo digital. En los mejores casos habla de mejoras de eficiencia. Incluso de eficacia. En los peores casos, se limita al despliegue de infraestructuras. Pero casi siempre tiene un enfoque estrictamente institucional, dirigido, centralizado, controlado, jerárquico. Y, en mi opinión, podemos aspirar a más. Pero para ello hay que cambiar el foco. Ponerlo no en la herramienta – y sí, las instituciones también son o deberían ser herramientas – sino en el ciudadano. En su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza.

Imaginemos que no existe España. Ni Catalunya.

Imaginemos que el vecino del 2º2ª pacta con el del 2º1ª los turnos para fregar el rellano. Y con el resto del pisos — que han hecho otro tanto con sus respectivos rellanos — cómo fregar las escaleras. Y con los del resto de bloques de la calle — que a su vez han pactado a nivel de escalera y rellano — cómo fregar la calle. Al final se constituye un municipio porque, además de fregar las calles, se considera que educar a los niños juntos en escuelas (en lugar de cada uno en su casa) es no solamente deseable sino eficaz y eficiente.

Como para ir de un pueblo a otro hacen falta carreteras, y farolas en las carreteras, los municipios acuerdan pavimentar juntos un camino. Y con otros muchos municipios la gestión de residuos, la generación de energía, y construir y mantener teatros y piscinas olímpicas. Los municipios se agrupan y crean mancomunidades (o diputaciones o como convengamos en llamarles) ahora ya con municipios a ambos lados del Gran Río. Incluso regiones administrativas más allá de las mancomunidades. Las mancomunidades se dan cuenta de que hay servicios que cuántos más seamos, mejor: sanidad, investigación, defensa. Aparecen los Estados.

Esta parábola no es sino una versión simple hasta el extremo de la teoría del contrato social: los individuos pactamos entre nosotros — de forma tácita o explícita — el vivir en sociedad y, más importante, la forma cómo lo vamos a hacer.

Estado y Nación

En nuestro ejemplo hemos situado un río, el Gran Río, que divide a nuestro estado en dos: Estelado del Río y Aquelado del Río. Estos nombres no corresponden a nada más ni nada menos que un conjunto de habitantes que se sitúan geográficamente a un lado u otro del río. Dado que hablan lenguas sensiblemente distintas, y el hecho de estar a barlovento o a sotavento ha tallado en ellos rasgos culturales que ellos ven diferenciales, la costumbre ha hecho que unos y otros acaben autodenominándose por esa identidad geográfica y cultural: Estelado y Aquelado del Río.

• La nación es la voluntad de algunos ciudadanos de identificarse unos y otros alrededor de determinados rasgos identitarios.
• El estado es la decisión formal de algunos ciudadanos de administrarse de forma conjunta.

Identidad y gestión son planos de la realidad distintos. Y aunque puedan coincidir — dando lugar a los muchos estados-nación de hoy en día — no por ello dejan de pertenecer a categorías conceptuales distintas.

Constitución

Cuando se crea un estado, cuando se decide el establecimiento de una administración conjunta, lo habitual — aunque no necesario — es poner por escrito qué es lo que los ciudadanos quieren que se administre de forma colectiva y cómo. Entre ello, cómo se van a administrar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.

A ello le llamamos constitución. Si la constitución recoge muchos de los rasgos identitarios con los que la mayoría de ciudadanos se autodefinen, el estado y la nación coincidirán en gran parte. Incluso se acabará pensando que son la misma cosa. De la misma forma que si esos rasgos identitarios están fundamentados en la religión, el estado será confesional. Incluso se acabará pensando que son la misma cosa. Pero, recordemos, son dos planos distintos — estado y nación, estado y religión — aunque puedan coincidir dentro de las mismas instituciones.

Autodeterminación

El derecho a la autodeterminación es aquél por el cual un ciudadano que forma parte de una Administración, de un Estado, de una mancomunidad, de un municipio, decide echarse atrás y dejar de formar parte de ella. Es, por tanto, un derecho individual. Administrativo, no identitario. Que un colectivo aduzca una u otra razón para ejercer su derecho de autodeterminación no quita que la naturaleza última (o inicial) del derecho sea individual — como cualquier otro derecho humano, dicho sea de paso.

Puede tenerse en consideración la factibilidad de ejercer dicho derecho, por supuesto. Que una única persona dentro de una comunidad decida abandonarla puede ser fácil en teoría pero difícil en la práctica: para ser justos, debería costearse todos aquellos servicios de los que quiera disfrutar o bien pagar a quienes los provean por él. Ello incluiría pagar a la comunidad que acaba de abandonar por las farolas, por las calles, por las infraestructuras energéticas (y no solamente por su consumo). Por eso muchos ni se lo plantean. Por eso muchos olvidan que lo tienen. Por eso otros olvidan el reconocérselo a ese tercero. Pero, en el plano teórico, su derecho es tan inalienable tanto si es de inmediato ejercicio como si no lo es.

¿Qué sucede cuando un grupo de individuos pide — y además técnicamente puede — ejercer su derecho de autodeterminación?

Simplemente, se escinde la comunidad y cada individuo decide, uno a uno, qué comunidad va a conformar de nuevo. Y, para ello, establecerá su nueva constitución.

Dejémonos de parábolas. Hablemos de España y Catalunya. Hemos confundido dos nombres con, a su vez, dos realidades o planos distintos: el administrativo (el estado y la autonomía) y la nación (la española y la catalana — y no entraré a valorar si existen o no y desde cuando: es irrelevante a nuestra reflexión, dado que es una voluntad y no una decisión materializada en un ordenamiento jurídico).

El derecho de autodeterminación es previo a la Constitución porque primero viene la decisión de crear una sociedad y después viene el explicitar, el fijar negro sobre blanco, cómo se va a organizar.

De la misma forma, el derecho de autodeterminación no está recogido en la Constitución porque el ejercicio de ser no puede estar regulado por aquello que únicamente acuerda el cómo. Por eso las constituciones no recogen el derecho de autodeterminación, como los estatutos de un club no necesariamente recogen cómo se va a disolver. Simplemente, cuando uno cambia de gustos, se va a otro club. O funda uno nuevo.

Ello nos lleva a la réplica a la afirmación que no se pueden escoger las leyes que a uno le vienen en gana: uno no puede pedir que se cumpla una ley determinada para acto seguido pedir un derecho a la autodeterminación que rompe la constitución. En efecto, es totalmente coherente y legítimo pedir que se cumplan todas las leyes: o todo o nada. Y, precisamente, cuando algunos catalanes piden ejercer su derecho de autodeterminación, lo que están pidiendo no es cambiar la Constitución, sino salirse de ella. No es que los catalanes quieran hacer trampas a las cartas: es que están rompiendo la baraja.

Recapitulemos: el derecho a decidir es previo a la Constitución. La Constitución regula lo acordado, no quién acuerda. La Constitución se acepta toda o nada y, por construcción, el derecho a decidir decide que todo (se queda) o nada (se va). No hay ninguna contradicción.

Lo que desemboca en la popular cuestión: ¿por qué no van a votar la independencia todos los españoles? Porque España es lo que en cada momento dado sea conformado por una comunidad, grande o pequeña, ahora, ayer o mañana. Los españoles decidirán qué se hace dentro de España como concepto administrativo. Y serán libres de llamarle a España a aquello que consideren su nación. Pero son todos los individuos, uno a uno, a título personal, los que pueden y deben decidir si forman parte de España, o si deciden formar parte de la sociedad administrada que llamaremos Catalunya aunque no se sientan parte de la nación catalana. La España administrativa no está ligada a la España-nación o a la España-territorio, como tampoco está ligada la Catalunya-administración a la Catalunya-nación o a la Catalunya-territorio. Dado que esto último es ya una realidad (los diferentes niveles o realidades de Catalunya como administración, nación o territorio), debería ser igualmente obvio constatar lo primero.

Llamarle España a lo que ahora entendemos como España no es más convención de lo que sería llamar España a la administración/territorio resultante de separar de ella 32.000 km² o 7,5 millones de habitantes. Y lo mismo aplicaría para Catalunya si cualquiera de sus actuales comarcas decidiera, a su vez, secesionarse y/o anexionarse a España.

El derecho de autodeterminación es aquél por el cual, un día, un individuo decide poner su vida en común con otros 47 millones de habitantes y llamarle a ello España. El derecho de autodeterminación es aquél por el cual un día, un individuo decide poner su vida en común no con aquellos 47 millones sino con solamente 7,5 millones y llamarle Catalunya. El derecho de autodeterminación es aquél por el cual, un día, un individuo decide poner su vida en común ni con los 47 primeros ni con los 7,5 segundos, sino con otros 500 millones, y llamarle Europa. Conservando su idea de nación, solapado o no coincidente con lo anterior. En un territorio de geometría variable.

Referéndum por la independencia

Por todo ello, el referéndum por la independencia no debe ser votado por todos los españoles… o sí: en realidad todos deciden, cada día, votar para ratificar su contrato social… hasta que un colectivo decide firmar su propio contrato. Que lo que es tácito lo hagamos explícito es una mera formalidad. Una mera forma de poner de acuerdo una multitud de personas que no pueden sentarse a una mesa a decidir, o quedar en el rellano a debatir, o salir a la plaza del pueblo a pactar. Y que la Constitución no recoja este derecho no es, de hecho, una anomalía, sino lo más normal del mundo. No es tan normal, por otra parte, que porque no esté escrito el derecho no se reconozca.

El referéndum por la independencia no reconoce nada: lo único que hace es hacer posible conocer la opinión de todos (los que vayan a votar).

Y toda esta reflexión es independiente de si uno va a votar sí o no a la independencia, de la misma forma que a las mujeres se les reconoció el derecho a votar sin tener en cuenta si votarían sí o no a una hipotética ley del aborto. O de la misma forma que a los esclavos no se les reconoció el ser ciudadanos de pleno derecho sin tener en cuenta si serían de izquierdas o de derechas, pro- o anti-abortistas, españolistas o catalanistas. O si unas y otros formarían clubes, religiones, naciones o estados independientes.

Los medios parece que no se ponen al día con la tecnología. Un primer impacto de este retraso pertenece al terreno de la eficiencia y la eficacia como organizaciones (como empresas), así como en la calidad del servicio que dan de cara a los ciudadanos (los clientes). Sin embargo, podemos considerar que es todavía más importante el impacto que el desconocimiento de la tecnología tiene no tanto en la calidad del servicio, sino en la calidad de lo servido, es decir, la información, el hecho de informar y de formar a la ciudadanía que también debe comprender el uso y el impacto del uso de estas nuevas tecnologías.

En materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, hay un cierto consenso que en los últimos veinte años se han vivido, como mínimo, un par de puntos de inflexión. El primero, a mitad de la década de 1990, con la apertura de Internet al público en general y la generalización del protocolo GSM que significó la telefonía de segunda generación. El segundo, durante la siguiente década, con la llegada de una web más participativa (la llamada web 2.0) y la telefonía móvil de banda ancha o 3G.

Han sido veinte años durante los cuales, mientras las personas a título individual iban adoptando las nuevas tecnologías, las instituciones quedaban atrás. Así, hay varios estudios que dicen que los profesores utilizan Internet pero no las escuelas; que lo hacen los abogados pero no los juzgados; que los políticos sí pero los partidos no; y así con todas y cada una de las instituciones que imaginemos… hasta llegar a los medios.

Es sorprendente ver cómo los periodistas mantienen blogs y twittean en Twitter mientras los medios que conforman por agregación todavía son en gran medida ajenos a ello.

Se hace difícil de explicar, por ejemplo, que tras varios meses de Primavera Árabe, con consecuencias políticas, sociales y económicas a toda una región del planeta — por no hablar de la repercusión internacional de las revueltas —, muchos medios (la hemeroteca está llena de ejemplos) clasificaran el movimiento del 15M bajo la categoría de «Tecnología», y encargaran la cobertura a los mismos periodistas que, dos días antes, habían cubierto el CES en Las Vegas o la presentación del último artilugio tecnológico. Es como haber analizado la política económica del ex-presidente Zapatero en la sección de deportes porque que un día dijo que era del Barça (aunque sí que se analiza el Barça en clave de política, economía, nacional, internacional, cultura y lo que haga falta, pero esa es otra cuestión).

Mucho más recientemente encontrábamos cómo el gobierno español, durante la presentación de los Presupuestos Generales 2012, informaba que toda la documentación estaba ya colgada en la web y se podía acceder mediante un código BIDI. Resultó que el código BIDI no era tal, sino que se trataba de un código QR, error que reprodujeron ampliamente muchos medios. El ejemplo puede resultar frívolo, pero denota dos cuestiones de mayor profundidad que la mera confusión de códigos:

1. Que muchos medios y muchos periodistas, fruto de su ignorancia tecnológica, fueron cadena de transmisión del error. Si esto puede parecer, como decíamos, peccatta minuta porque lo mismo da BIDI que QR, la reflexión es si también hay confusiones de este calado entre otros conceptos, digamos «próximos» entre ellos, como musulmán, islamista o yihadista.
2. Y no sólo muchos medios fueron cadena de transmisión del error, sino que, sabedores de que el lector no sabe (no como ellos) qué es un código BIDI (o QR), se emplearon en explicarlo en sus páginas… explicando el uno por el otro (afortunadamente, el nivel de explicación era lo suficientemente superficial como para ser válido el intercambio).

Peor, sin embargo, que no dominar determinados conceptos, es hacer bandera que sí se conocen haciendo ostentación de la jerga del sector. Un ejemplo lo tenemos en la pieza del diario Ara Mazoni, en un vídeo viral en defensa del mercado de la música. Los vídeos virales, seguramente el concepto más doscerista y «moderno» del mundo de la comunicación y el marketing en Internet, son aquellos que se propagan rápidamente, boca-oreja, y en muy poco tiempo son vistos por un gran número de personas, en cierto modo de la misma forma como un virus infecta una población.

Pues bien, el concepto «viral» en ningún momento puede atribuirse ex-ante, al igual que una epidemia no lo es hasta que no hay un alto número de infectados. Por si fuera poco, el supuesto vídeo viral tiene, casi dos meses después de su lanzamiento, seis tweets, un compartido en Google+ y 67 me gusta en Facebook. No sólo se precipitó el medio, sino que, en estos momentos, está dando una información errónea: el vídeo, más que viral, es una enfermedad exótica.

Un último ejemplo, especialmente irritante por repetirse casi a diario, es el caso del conductor de El Matí de Catalunya Ràdio, Manel Fuentes, que utiliza reiteradamente los términos «hashtag» y «egosurfing» al presentar los temas y el personaje del día. Desgraciadamente, el uso que se hace de ambos términos es incorrecto. Del todo. Sin matices.

En mi opinión, este mal uso es doblemente criticable:

• Por un lado, el uso incorrecto del término despista y desinforma a quien no lo conoce de primera mano, a quien tiene en un informativo una fuente de conocimiento. En Catalunya, esto sucede, seguramente, con la mayoría de oyentes de la emisora. Son oyentes que se acercan a un medio público para ser informados y, en cambio, salen desinformados y convencidos de lo contrario.
• Por otro lado, el uso incorrecto del término desacredita el medio y el periodista ante el colectivo que sí conoce el significado correcto del término. Como decíamos antes sobre la confusión de los códigos BIDI y QR, uno empieza a dudar de la profesionalidad del medio, del periodista y de su equipo y, en consecuencia, pone también en cuarentena cualquier otra información que difunda: si no sabe qué es un «hashtag» (que ha revolucionado el Norte de África), ¿comprenderá qué es el bosón de Higgs y su importancia? ¿comprenderá la diferencia entre democracia representativa, directa y deliberativa?

Estos usos incorrectos no son tolerables para los medios, menos aún cuando se trata de informativos, y mucho menos aún en el caso de los medios públicos.

Además, da a entender que se está a punto de perder el tren del periodismo en el siglo XXI, dada la capital importancia de los nuevos medios digitales de comunicación. Más allá de mostrar que se conoce o no un tema, más allá de dar información errónea y así desinformar al ciudadano, más allá de todo esto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen también un impacto crucial en el mundo del periodismo. No distinguir un grupo de tweets de una revuelta (árabe o nacional), no distinguir un BIDI de un QR, no distinguir un «hashtag» del tema del día hace pensar en el agricultor que no distingue un tractor de una guadaña.

El futuro del periodismo, tan necesario el segundo como incierto el primero, pasa, también, para conocer las propias herramientas de trabajo. Porque, en el fondo, es de eso de lo que estamos hablando.

En una entrevista a Jaron Lanier, el autor del (muy) interesante You are not a gadget afirmaba estar sorprendido por el todavía elevado nivel de pasividad de las personas en Internet, así como con las tecnología digitales en general.

Según Lanier, los grandes medios de comunicación de masas, por su particular construcción, habían alienado a los ciudadanos como creadores y los habían convertido en espectadores. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con su enorme versatilidad y bajísimo coste (tanto de acceso a las infraestructuras como, relativamente, en materia de curva de aprendizaje para manejarlas), deberían ser un revulsivo creativo y comunicativo que vendría a dar la vuelta al panorama pre-digital de la televisión, la radio o la prensa impresa. Sin embargo, y a pesar de la innegable revolución de la Web 2.0, en la mayoría de los casos hemos cambiado una pantalla por otra pero para darle usos similares.

En un entorno educativo es bien cierto que se habla más de interactividad que de creatividad, y la diferencia no es trivial.

Históricamente, aprender haciendo siempre ha salido muy caro. A veces, por los materiales: esculpir un David de mármol es una tarea que deja poco lugar a las rectificaciones. A veces, por el tiempo: manejar una base de datos con miles de registros en papel y calcular los estadísticos básicos a mano acarrea horas y horas de cálculos. A veces, por los riesgos: ¿cuantas bajas cuenta la historia de la aviación? Y, sin embargo, parece haber consenso que es en ese aprender haciendo que mejor se aprende, especialmente si a ello le añadimos el explicar cómo se hacen las cosas.

Las tecnologías digitales, en los ámbitos intensivos en conocimiento (como la docencia y el aprendizaje) han acabado con el coste de construir, de probar, de intentar, de simular, de equivocarse. En su Carta a los editores de libros de texto, Jordi Adell expone por qué el libro de texto, como un objeto cerrado e inmutable, entra en contradicción con una sociedad (y una escuela) digital donde los contenidos se crean, se transforman y se destruyen constantemente.

En una línea argumental parecida, el equipo asesor detrás del Informe Horizon: Edición Iberoamericana 2010 identifica seis grandes tendencias a vigilar en el futuro de la educación:

1. Entornos colaborativos.
2. Medios sociales.
3. Contenido abierto.
4. Móviles.
5. Realidad aumentada.
6. Web semántica.

De estos seis, dos de ellos (3, 6) están estrechamente relacionados con la apertura de los contenidos, otros dos (1, 2) con la colaboración en la creación y el co-aprendizaje, y otros dos (4, 5) con nuevas plataformas y espacios educativos.

No se trata solamente, pues, de que sea posible una desinstitucionalización de la educación para recuperar la atención al aprendiz, el aprendizaje no «industrializado»; ni tampoco que sea posible capitalizar el aprendizaje que tiene lugar fuera de los canales formales: la cuestión es que ya es técnicamente posible… aunque el camino que queda por recorrer (el querer hacerlo, el ponerse de acuerdo) es el más complicado.

Iniciativas como las que se presentarán en el Open content studio, el Video Lab, el Wikimedia lounge o el Local learning incubator del Mozilla Drumbeat Festival pueden ser más o menos replicables, más o menos representativas, pero sin duda apuntan en una misma dirección: que el cambio es posible y que, además, está sucediendo.