ICTlogy

Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en Troya

Hace un par de años, en Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa? (PDF), argumentaba que, a mi parecer, el 15M no nació el 15 de mayo de 2011, sino que había nacido mucho antes, en particular el 13 de marzo de 2004, la noche del ¡Pásalo!.

Así, el 15M separaba dos fases o dos estadios en la historia de España de lo que después hemos venido a llamar tecnopolítica:

1. Una fase de toma de consciencia, de constatar que la información nunca más tendrá un único origen (institucional) ni un único sentido (de arriba abajo), y que la comunicación entre pares puede, ahora, darse a gran escala.
2. Una fase — iniciada por esa gran «prueba piloto» que es el 15M — donde se constatan nuevas formas ya no ya de información y comunicación, sino de articulación en red, con identidades descentralizadas y organización distribuida.

Se me antoja que a partir del 24 de mayo de 2015, después de las elecciones municipales (y en muchos casos autonómicas) en España, veremos la entrada de una tercera fase: la de la tecnopolítica desde dentro de las instituciones. Y creo que vale la pena hacer esta reflexión a una semana de las elecciones porque será, creo, independiente del resultado. Veamos porqué.

Primera fase: toma de consciencia

Repasemos la historia. El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones generales, sucede en España el ataque terrorista más sangriento de su historia. Sin entrar a juzgar sus autoría, sus causas o la respuesta del gobierno, en los siguientes días muchos ciudadanos pasan un doble punto de inflexión:

• La información no tiene una única fuente. Se puede ir a buscar o bien más allá de las propias fronteras, o bien más allá de las instituciones (gobiernos, medios de comunicación). Internet permite, no por primera vez, pero sí de una forma clara y contundente, constatar que la información puede y debe cotejarse, contrastarse, ponerse en duda de forma sistemática. Y que este ejercicio beberá de distintas fuentes, todas accesibles, a coste cero (o prácticamente), de forma plural, comentada, construida colaborativamente.
• Que la comunicación para la convocatoria de acciones deja de ser también vertical, jerárquica, incontestada, con origen institucional (partidos, sindicatos, la sociedad civil organizada) para ser plural, distribuida, descentralizada… incluso «anónima».

Por supuesto, había antecedentes. Indymedia llevaba años suministrando información «alternativa» o «independiente», las redes de hackers otros muchos otros colaborando y compartiendo, así como había las antiguas news, los canales de IRC y demás.

Pero querría insistir en esa «toma de consciencia» por el imaginario popular en general, si no global, sí multitudinario que se da esos días.

Es a partir de ahí que aparecen semillas importantísimas que darán fruto en la siguiente fase: V de Vivienda, Juventud Sin Futuro, Nolesvotes o la misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Segunda fase: la tecnopolítica desde fuera

El 15M es la puesta en escena, de forma total, como una gran prueba piloto de todo lo aprendido en los últimos siete años. Más allá de lo que sucede en las plazas — muy significativo, por otra parte — lo interesante viene después: articulación de asambleas, de grupos (llamemósles) sectoriales (corrupción, transparencia, vivienda…), asociaciones y, al final, nuevos partidos políticos.

En los cuatro años que separan el 15M del 24M hemos visto a la PAH dominar absolutamente la agenda mediática y política (y social) en materia de vivienda; a organizaciones como la Fundación Civio convertir en central la cuestión de la transparencia; al Partido X, 15MpaRato y otros luchar desde dentro y fuera contra la corrupción y el fraude político a gran escala.

Y hemos visto también a ese Partido X, a Podemos o a las distintas incorporaciones del originario Guanyem plantar batalla en el ámbito institucional, con más o menor éxito en las urnas, pero con un incontestable y sobre todo creciente impacto en lo social.

Todos ellos han operado con lógicas distintas a las tradicionales para informarse, comunicar(se), organizarse y actuar. Todos ellos con la tecnología como base. La lógica ha sido casi siempre, no obstante, de oposición dentro-fuera, institucionalidad-extrainstitucionalidad.

De nuevo, ha habido antecedentes — el Partido Pirata, sin lugar a dudas, el más importante — pero es la estela del 15M el que les pone el foco encima… para jamás retirarse.

Tercera fase: la tecnopolítica desde dentro

Creo que el escenario de después del 24 de mayo de 2015 será distinto de lo que habremos visto hasta la fecha. Con altísima probabilidad, muchas de las nuevas formaciones entrarán en los consistorios y en muchos gobiernos autonómicos.

Y, con independencia de si logran gobernar o no, entrarán para transformar la forma de hacer política. Querría insistir en este punto: será independiente de si logran entrar en los respectivos gobiernos. Primero, porque aunque logren entrar, la transformación será lenta — por las inercias y distinta dinámica de las instituciones (y las leyes sobre el buen gobierno españolas, pésimas todas ellas por haber nacido ya obsoletas y sin ambición). Segundo, porque lo importante será estar dentro, no mandar.

Me convencen de ello, ante todo, tres interesantes precedentes. El primero, el estupendo pero efímero Parlament 2.0 que el ex-president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, así como unos cuantos diputados (José Antonio Donaire, Carles Puigdemont, Quim Nadal y otros) logaron poner en marcha para abrir el parlamento y sus debates a la ciudadanía. El segundo, la mordaz oposición de Compromís en el gobierno valenciano con Mònica Oltra en cabeza, mostrando nuevas formas de hacer política, con el ciudadano, abriendo procesos, compartiéndolos. El último, la fantástica experiencia de las CUP primero en los municipios pero, especialmente, en el Parlament de Catalunya (con David Fernández como representante más destacado), subvirtiendo dinámicas, discursos, complicidades pero, y muy importante, sin caer en la negación de su estatus: ser parte de la institución — algo que otras formaciones antipolíticas promueven… desde fuera todavía.

Después del 24M, estas experiencias, estos puntos de vista, estas prácticas, estas organizaciones en red con toda seguridad entrarán en la política institucional de forma masiva. Gobiernen o no, con mucha probabilidad implantarán en su propia gestión interna las prácticas que los han aupado a la institucionalidad: transparencia, rendición de cuentas y, esencial a mi modo de ver, un gran foco en el proceso, en el cómo, en la replicabilidad de las prácticas y proyectos, en la obertura por definición, en la participación, en la codecisión.

Es de esperar, además, que siendo una transformación desde dentro, goce de una legitimidad que hasta ahora, la política institucional más cínica les ha negado por ser «política con minúsculas», política que «nadie ha votado».

Y es de esperar, también, y como el ejemplo de Irekia en el País Vasco, que sean prácticas que crucen puntos de no retorno, que una vez instauradas, sean difíciles de desmantelar. Y, con suerte, se expandirán y replicarán dentro y fuera, en las instituciones y en los partidos que las compongan y las organizaciones que tengan tratos con ellas.

Será, intuyo, creo, primero una lenta evolución para después ser una entera transformación. Dependerá — aquí sí — de la cuota de poder, de las complicidades con la sociedad civil, y del tiempo. Pero creo pensar que será, que, sí, será.

Muchos se han preguntado, estos últimos 4 años, dónde estaba el impacto del 15M. Bien, creo que ahora tendremos numerosas oportunidades de verlo. Y a diario.

Mis compañeros Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda y Silvia Martínez-Martínez acaban de publicar WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes. Este es un documento de trabajo que pertenece al capítulo español del World Internet Project que, como su nombre sugiere, investiga el impacto de Internet en la sociedad.

Este informe de investigación — de lectura más que recomendable — aporta evidencias sobre algunas cuestiones que llevan tiempo sobre la mesa y cuya evolución no hace más que reforzarse: la tremenda penetración de Internet en nuestra vida cotidiana y la casi total generalización de su uso; el incremento de la ubicuidad en ese uso, acompañada por el decrecimiento de miedos y problemas asociados a dicho uso; su tremenda utilidad para todo tipo de actividades intensivas en información; la consolidación de la educación (y no el acceso físico) como principal barrera de acceso y, relacionado con ello, Internet a su vez como potenciador de la formación y el aprendizaje; o la paulatina normalización del entretenimiento en línea (videojuegos u otras actividades) como una opción más en el tiempo libre. En definitiva,

[Una] cultura [que] se caracteriza por valorar de forma significativa factores como la diversión, la eficiencia instrumental y las vías de sociabilización frente a los problemas o riesgos que se asocian a estar conectado a Internet.

¿Todo son buenas noticias? No, todo no: llama la atención la percepción de regresión que parecen tener las libertades políticas en Internet. Dada la naturaleza del documento, los autores se limitan a presentar los datos, pero vale la pena detenerse un momento a analizar lo que ocurre y, en la medida de lo posible, a aventurar causas y consecuencias.

Lo importante — para mí, o para esta reflexión — no son tanto los valores absolutos, si son muchos o pocos los que opinan en un sentido o en otro, sino la tendencia, el cambio que se da de 2011 a 2013, los dos puntos de medida que realiza el estudio.

¿Y qué nos dicen las tendencias? Estos son los datos presentados gráficamente:

Click para ampliar
Fuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

Click para ampliar
Fuente: Sánchez-Navarro, J., Aranda, D. & Martínez-Martínez, S. (2014). “WIP Spain 2013: Las culturas de Internet Estudio comparado sobre usos, percepciones y actitudes”

Es decir:

• Los ciudadanos se sienten menos cómodos expresando sus opiniones políticas en Internet.
• Internet cada vez es un espacio menos seguro para opinar sobre política.
• Internet ve reducida su eficacia para la acción política.
• Empeora la percepción de Internet como ágora de deliberación política.
• Los agentes políticos prestan menor atención a lo que la gente piensa o le preocupa (en Internet).

Estas percepciones son, como poco, chocantes. El bienio 2011-2013 se compone de los dos años posteriores a la Primavera Árabe, el 15M, la total hegemonía de la PAH en materia de vivienda con sus centenares de movilizaciones y nodos, la puesta en marcha de iniciativas como el Partido X o 15paRato o la Fundación Civio o ¿Qué hacen los Diputados?. En definitiva, la entrada en la temprana madurez de la tecnopolítica en España, con resultados nada desdeñables.

¿A qué puede deberse, en cambio, esta percepción que tiende a la decepción o, incluso, al miedo?

Una interpretación rápida, incluso fácil, es decir que (por fin) las cosas vuelven a su sitio, que se rompe el espejismo de Internet como paladín de la participación política, que la política «real» es más compleja, y que se termina ese solucionismo tecnológico que pregona que hay una app para cada problema.

Esta explicación tiene, como mínimo, dos problemas.

1. Choca, directamente, con resultados tangibles que prueban lo contrario. Sí, es cierto que algunos de esos resultados se han hecho tangibles, precisamente, durante 2014 (Podemos, el impacto de OpEuribor, el destape de la trama Gürtel y sus ramificaciones). Pero, aún así, hay demasiados ejemplos de éxito, de transformación que no puedan al menos paliar ese gran desencanto que muestran los datos.
2. Al fin y al cabo, certificar el fin del espejismo de la Internet política no es sino otra descripción del fenómeno, pero sigue sin alumbrarnos sobre sus causas.

En mi opinión, aventuro dos causas que, a pesar de los esperanzadores resultados de muchas iniciativas relacionadas con Internet y la política, vendrían a contrarrestar e incluso cambiar de signo el papel de la percepción de Internet como empoderadora de la ciudadanía en la gestión de lo público.

1. El empeoramiento del clima político en general. Puede que a estas alturas sea una obviedad que, junto con el paro, la corrupción es uno de los principales problemas de España. Pero esto se ha agudizado muy especialmente a partir de mediados de 2013, iniciándose en marzo de 2004 y acelerándose la tendencia justo en 2011. La situación política actual es una tormenta perfecta que repite los peores momentos de la corrupción del último felipismo con las peores prácticas del primer post-azanarismo (la infame Crispación). A la corrupción y al bronco clima de constante descalificación política se le suma el absoluto ninguneo y desprecio generalizado del representante político para con los ciudadanos. Así, cabría achacar el desencanto por el poder transformador de Internet no tanto a una constatación del menor potencial de las herramientas digitales, sino al redoblar de esfuerzos que las instituciones (ejecutivos, legislativos, partidos, poderes judiciales, medios de comunicación, sindicatos) han invertido en actuar al margen — cuando no en contra — del ciudadano.
2. Este ninguneo de la acción ciudadana por todos los medios, entre ellos los digitales, ha venido acompañada, a mi entender, de un ataque directo y muchas veces explícito contra esos mismos medios, entre ellos, Internet. Es decir, no solamente el clima político ha empeorado de forma manifiesta y se ha generado un antagonismo entre los ciudadanos y las instituciones políticas, sino que, además, estas últimas han trabajado con empeño para destruir las herramientas que podían haber equilibrado la relación de poderes, cuando no contribuido a solucionar el problema. Valgan como ejemplo las 10 medidas contra la libertad de expresión que apuntaba hace unos días, entre ellas un asedio a Internet desde el ámbito de la transparencia, la propiedad intelectual u otras acciones atacando directamente diferentes manifestaciones de la libertad de expresión — libertad que, precisamente, reclaman para Internet los encuestados en el estudio referido al principio.

En resumidas cuentas, parecería que cuanto más se materializa el potencial de Internet como herramienta de participación y transformación política, más refractarias se vuelven las instituciones, más se cierran en sí mismas y, en última instancia, más responden negativamente contra aquello que las «amenaza» — entendiendo, claro, el acceso a las instituciones políticas como el control del poder y no como la gestión colectiva de lo público. Y siendo el resultado final una desactivación de dicho potencial en el imaginario colectivo.

Sea como sea, sean estas las razones o sean otras, la pérdida de confianza en el poder transformador de Internet es un gran logro, se mire como se mire.

De entre todas las formas de medir el desarrollo digital en el mundo, el índice que elabora el Foro Económico Mundial —el de Davos— es, probablemente, el más reputado y, sin lugar a dudas, el más completo. Coincidiendo con lo que todavía es una apología del papel, el día del libro aparecía la edición para 2014 del Informe Global de las Tecnologías de la Información, que incluye el esperado índice y el temido ranking.

España tiene motivos para sacar pecho: después de unos últimos años de estancamientos e incluso retrocesos, acaba de ganar cuatro puestos y se sitúa en el lugar 34. Este salto adelante, no obstante, no ha sido tanto fruto de una mejora en sentido estricto, sino la corrección de un gran fallo: la mejor competencia en el sector de la telefonía móvil que, en consecuencia, ha permitido bajar las tarifas al consumidor. Está bien reconocer los éxitos, pero todavía es más de justicia reconocer sus porqués, y el porqué de esta escalada en puestos ha sido a costa de perjudicar a los consumidores (y a favor del ‘lobby’ de las telecos) todos estos años.

Explicado este salto, vale la pena resaltar el hecho de que España se encuentra, todavía, en el puesto 34, un puesto que a todas luces “no corresponde” a una Economía que está entre las 13 más avanzadas del mundo según su producto interior bruto. Puesto 34 en desarrollo digital, 13ª economía mundial: ¿Qué nos sucede?

La primera cuestión es que seguimos teniendo una gran disociación entre economía real y economía digital. O mejor dicho, entre economía e infraestructuras. El despliegue de estas últimas ha sido correcto, y se van puliendo poco a poco las todavía existentes trabas a la libre competencia y las prebendas al antiguo monopolio del estado. Sin embargo, y como sucede con tantas otras infraestructuras en este país (autopistas, aeropuertos), tenemos las autopistas de la información pero no sabemos bien para qué: nos recuerda el Foro Económico Mundial que el entorno para hacer negocios e innovar es deplorable. Cuesta horrores emprender y cuesta horrores innovar.

La culpa no es de los trabajadores: el acceso a la educación ha crecido en cantidad y en calidad. Tampoco de las empresas, que tienen buenos y crecientes niveles de apropiación tecnológica. ¿Qué falta? El resto: financiación y un entorno legal de calidad. Las leyes no se respetan, la burocracia es asfixiante, y la eficiencia y eficacia de gobierno y legislativo está bajo mínimos. A lo mejor la Administración podría aprender de los emprendedores sociales (movimientos, plataformas, cooperativas), pero el indicador de e-participación —que mide el diálogo digital entre gobierno y ciudadanía— lleva dos años tocando fondo. ¿El resultado? Pésima puntuación en el sector del conocimiento (la famosa cultura del ladrillo y la sangría barata).

Mientras todo esto ocurre en las instituciones, ¿qué hace el consumidor? Se va fuera. Cuando no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo se buscan contenidos y servicios digitales fuera. Así lo demuestra el incremento de consumo de banda ancha internacional, acompañado con el todavía pequeño parque de servidores seguros patrios, medida del comercio electrónico y transacciones similares.

¿Todos los ciudadanos? No, todos no. Si tomamos el incremento de consumo de banda ancha móvil con el decremento de líneas móviles per cápita, una de las posibles conclusiones es que se está generando una adopción desigual de la tecnología. Quien puede usar, usa más y mejor. Quien no puede costeárselo, se cae del tablero de juego. Esto se agrava con otra cuestión como la de los impuestos sobre beneficios, que crecen pero menos que en el resto del mundo, dando como resultado un mayor gravamen de las rentas del trabajo en relación a las del capital.

Recapitulemos: tenemos infraestructuras, buenas pero todavía poco liberadas a la competencia. Los usuarios pueden usarlas y cada vez lo hacen mejor debido a su creciente nivel educativo. No obstante, tienen que hacerlo fuera (generando beneficios e innovación en el extranjero) mientras que las empresas del país se arrastran hacia la competitividad gracias a un marco legal y político que las lastra. Cuando este marco legal cambia, es para beneficiar la captura de rentas y empeorar a los consumidores que podrían tirar del carro en casa. O para empeorar la franja de ciudadanos más humildes que podrían consumir en casa. Y con todos ellos, empeoran las empresas.

¿Algo más? Sí, el gobierno no escucha. Ha montado estupendos (sinceramente) sistemas de Administración electrónica y gobierno abierto… y los ha dejado allí para el museo de la ciencia digital. No hay forma humana de penetrar la dura coraza de la Administración.

Pero hemos ganado cuatro puestos en el ranking. Celebrémosnos.

Imaginemos un mundo sin coches. Un mundo donde todo el mundo va a pie. De repente, se inventa el motor de explosión y, con él, se inventa el coche. ¿Qué hacemos? ¿Vamos todos a todas partes en coche? ¿Sí? ¿No? Bueno, ni sí ni no: seguramente seguiremos yendo a buscar el pan a la panadería de la esquina a pie. Lo que hará la existencia del nuevo medio de locomoción será abrirnos nuevos espacios, poner a nuestro alcance nuevas experiencias, acortar las distancias haciendo que lo que antes suponía horas o días de marcha a pie ahora sólo esté a unos litros de gasolina de distancia.

Imaginemos un mundo sin Internet. Un mundo donde el ejercicio de la democracia es costoso: informarse, deliberar, negociar, votar, evaluar las decisiones. De hecho, no es costoso: es muy costoso. ¿Qué hacemos? Delegamos gran parte de nuestro ejercicio de la democracia en terceros: gobiernos, parlamentos, partidos, sindicatos, ONG, medios de comunicación… ellos se informan, deliberan, negocian, votan y evalúan los resultados por nosotros. De vez en cuando nos lo cuentan y de vez en cuando nos piden que les votemos. Hasta aquí, cuestión de eficiencia y eficacia. Y realismo: menos unos pocos, el resto pagamos la casa y el plato de cada día no haciendo política sino ganándonos el pan con otras ocupaciones — ocupaciones que, como hemos dicho, no nos permiten el ejercicio de la democracia directa.

De repente, se inventa Internet. ¿Qué hacemos? ¿Vamos ahora todos a participar y eliminamos todos los intermediarios de la democracia representativa? ¿Sí? ¿No? ¡NO! Si no íbamos a buscar el pan en coche (excepciones aparte, está claro), ¿por qué deberíamos pasar de una democracia representativa a una directa sin ninguna transición? Al fin y al cabo, seguimos teniendo 24h al día. Por mucho Internet que tengamos, seguiremos teniendo que invertir un tiempo (que no tenemos) a informarnos, deliberar, negociar, votar y evaluar.

¿Sí? ¿No? Tampoco.

En general, los movimientos que defienden una desintermediación de la democracia no necesariamente piden el paso a una democracia directa, donde todos votamos todas y cada una de las decisiones que debemos tomar como sociedad, sino una democracia (representativa) más participada.

Hay dos mitos que se deben desterrar urgentemente del imaginario colectivo y que son tres grandes frenos a la evolución de una democracia, ahora sí, facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación.

• Que nadie sabe nada. Falso. Todos sabemos algo. Porque hemos estudiado una determinada disciplina, porque tenemos años de experiencia profesional en un determinado ámbito, o porque, simplemente, somos algo (somos padres, somos mujeres, somos inmigrantes…). Por lo tanto, en muchos casos, se puede participar sin empezar de cero (a informarse, a saber quién es quién) porque, sencillamente, domina una determinada cuestión, demanda o problemática.
• Que todo el mundo deberá saber y participar de todo y, en consecuencia, moriremos en el intento. Falso. El hecho de que Internet ponga a nuestra disposición muchísima información no implica que necesariamente tengamos que asimilarla toda. De hecho, hace siglos que las bibliotecas tienen más información de la que nunca podremos procesar y nadie nos había pedido hasta ahora que lo hiciéramos: ¿por qué iba ser diferente con Internet?

Internet nos permite, técnicamente, ahora, participar en todo. Pero Internet no nos obliga a participar en todo. Entre la democracia representativa y la democracia directa hay un punto intermedio: algunos lo llamamos democracia líquida.

[clic para agrandar]

¿En qué consiste? Fácil: en los temas que uno domina — porque los ha estudiado, porque tiene experiencia, porque le afectan especialmente o porque tiene un interés particular en ellos — hacemos posible que el ciudadano participe directamente. Como domina los temas, los costes de participar serán bajos para el ciudadano y, por supuesto, además se le supone motivación. En los temas que un ciudadano desconozca o no tenga ningún tipo de interés o motivación, dejemos que este ciudadano delegue el voto en alguien. Ese alguien puede ser, como se ha hecho tradicionalmente, un partido político. Pero ese alguien también puede ser otro ciudadano al que, puntualmente y para esta cuestión, le sea delegada la facultad de representar a los ciudadanos que confíen en él.

En resumen: democracia directa o participación cuando queramos o cuando podamos, y democracia representativa cuando no queramos o no podamos, con la particularidad de que no necesariamente esta representación vendrá de la mano de listas que, a menudo (como se ha demostrado) ni tienen conocimiento sobre una cuestión ni, además, quieren tenerlo porque sus intereses personales o de grupo se anteponen a los de la ciudadanía.

Esta variante no está exenta de problemas, ¡por supuesto! Pero no caigamos en el engaño de pensar que sólo hay dos extremos en el ejercicio de la democracia.

Siguen a continuación algunas notas para preparar la sesión de trabajo sobre el Portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya que surgió de los comentarios a la entrevista con el Diari de Tarragona sobre transparencia. Dicha sesión de trabajo no se realizará el 30 de enero de 2014, como estaba inicialmente previsto, sino hoy 27 de enero de 2014.

Principios rectores del análisis

Como ya expuse con mayor detalle, los principales objetivos a tener en mente a la hora de analizar el portal son dos:

• Separar lo que se puede hacer de lo que se debería o lo que se querría hacer. Es decir, evaluamos en relación a lo que desearíamos tener, a un objetivo normativo, y no a lo que ahora mismo los datos o la ley permiten (una aproximación positiva). Parte de lo que vendría después de una evaluación debería ser la identificación de las barreras que impiden que lo deseable sea también lo posible.
• Tomar la transparencia no como rendición de cuentas sino como herramienta para la toma de decisiones. O, en otras palabras, añadir en la transparencia toda acción política, incluyendo los procesos, protocolos y diseños institucionales, y no solamente el resultado de dicha acción política. Que el ciudadano pueda (o pudiese decidir) actuar, y no solamente observar.

Propongo, además, ir aplicando estos principios durante las (en mi opinión, hay otros modelos) cinco etapas de una política pública:

1. Información: qué demandas o necesidades tiene la población. ¿Qué agentes están implicados? ¿Cuál es el «problema» o «problemas» según cada agente?
2. Deliberación: qué opciones hay para abordar esas demandas o necesidades.
3. Negociación: qué prioridades damos a cada cuestión, qué combinación de recursos (y renuncias) podemos realizar, cómo encajan las distintas escalas de valores y prioridades.
4. Voto: explicitar las preferencias, tomar una decisión.
5. Rendición de cuentas: cómo se ha puesto en marcha lo acordado, qué se ha conseguido y cómo, eficacia y eficiencia.

Análisis

Expuesto lo anterior, a continuación siguen algunas pautas para el análisis y la reflexión. Con más preguntas que respuestas. Vaya por delante que la mera existencia de un Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya es ya de por sí un logro, tanto dentro de la administración catalana como, especialmente, en comparación con otras administraciones del estado a todo tipo de niveles.

Tendremos en cuenta para el análisis no solamente el portal de transparencia en sí, sino también el Portal del Gobierno, el Portal del President (éste último algo recursivo), y el Portal de datos abiertos de la Generalitat, así como el acceso a otros organismos como IDESCAT y CEO.

Meta análisis

Empecemos el análisis… con un metaanálisis: el portal de transparencia carece de una hoja de ruta, o al menos de una hoja de ruta pública. No sabemos cuáles son los planes del gobierno o del equipo que lidera la transparencia en Catalunya. No sabemos porqué se han tomado ciertas decisiones sobre el diseño del portal, su coste total, el marco legal al que se ciñe. Es decir, seguramente sí podríamos averiguarlo, pero el portal mismo no nos da dicha información. Más allá de unas tímidas FAQ, no hay nada al respecto.

Ello hace que, entre otras cosas, sea imposible saber si vale la pena o no publicar determinada información porque no sabemos su uso o su coste. Tampoco sabemos si carencias que se detectan está ya planificado abordarlas en el futuro, o es imposible hacerlo o no se va a hacer por motivos técnicos, legales o políticos.

Sin lugar a dudas, más transparencia sobre el Portal de Transparencia ayudaría al ciudadano a valorar, priorizar y, sobre todo, no anticipar críticas a aspectos que a lo mejor ya han sido tenidos en cuenta. Ayudaría también a hacer presión o a brindar apoyos allí donde hay mucha distancia entre lo posible y lo deseable.

Información

¿Permite el portal informarse de los problemas de los ciudadanos? El Portal publica el Plan de Gobierno del ejecutivo así como el acceso a los barómetros y encuestas de opinión, la estadística oficial o la compilación de datos abiertos.

Sería interesante y o sería un muy buen ejercicio para el mismo ejecutivo el dar significado a dichos datos. Es decir, cruzando las inquietudes, necesidades y demandas detectados en los barómetros, ver cómo la estadística oficial evoluciona en relación a esas cuestiones que la ciudadanía muestra como prioritarias, y vér cómo los datos de la acción de gobierno van respondiendo a dichas necesidades.

Dicho de otro modo, el portal de transparencia debería transformar los datos en información y, a su vez, ver cómo esa información se convierte en conocimiento al convertirse en políticas públicas.

Deliberación

Hay poco o nada en el ámbito de la deliberación en el portal.

Es prácticamente imposible saber cuáles son los problemas más acuciantes que la Generalitat tiene sobre la mesa y cómo se están gestionando las alternativas.

Por una parte, deberíamos ir a la web del Parlament de Catalunya (recordemos: una de las instituciones de la Generalitat, pràcticamente ausente en el Portal de Transparència que erróneamente se identifica en gran medida con el Govern) para ver ese estado de la situación política. Esta web, la del Parlament, contiene muchísima información aunque, por contra, siempre pensada desde quien la emite y no a quién va dirigida. Intentar encontrar cómo se trata un tema (p.ej. violencia de género, desahucios) es una tarea hercúlea, dado que hay que entrar en la lógica interna del Parlament: plenos, comisiones, proposiciones de Ley, preguntas, intervenciones, requerimientos, etc. Un galimatías para el ciudadano.

Por otra parte, no hay información alguna (más allá de algunos datos sobre costes y centros de imputación) sobre las docenas y docenas de estudios, análisis, informes, dictámenes, etc. que gobierno, comisiones, grupos, etc. encargan para su información y toma de decisiones.

Esta ausencia viene a su vez acompañada, por lo general, de la no publicación del fundamento de muchas decisiones tomadas, ni mucho menos las distintas opciones que podían tenerse en consideración. Cuando esta información existe hay que cavar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: no era este el objetivo de un portal de transparencia.

Negociación

Junto con la Deliberación, la negociación o cómo se toman las decisiones y con quién es, seguramente, la parte más floja (¡aunque probablemente la más interesante!) del Portal.

El nivel de detalle de la agenda de los representantes públicos es anecdótico (por no decir ridículo). No hay información alguna de la agenda real (las inauguraciones y actos protocolarios no cuenta) de ningún miembro del Govern ni del Parlament (algunos grupos sí publican, por su cuenta dicha agenda: en sus propios portales).

La Generalitat tiene pendiente una ley sobre grupos de interés (lobbies). La ausencia de la misma no debería ser un freno a ir por delante y abrir este tipo de información.

Sí hay la relación de acuerdos de gobierno y ruedas de prensa, muchas de ellas ricas en información y que permiten trazar muchas de las decisiones. Una presentación más gráfica (acompañando el texto) así como con enlaces a las fuentes de información originales añadiría valor y legitimidad a dichos textos.

También sería de gran valor poder triangular los acuerdos de gobierno con la información disponible así como con el plan de gobierno. Es decir, en lugar de compartirmentar la información, hacer el ejercicio de entrezalarla y ponerla en relación una con otra. ¿A qué responde este acuerdo de gobierno? ¿Estaba en el plan inicial? ¿Cambia el plan? ¿Por qué motivo? ¿Qué impacto ha tenido ese acuerdo con el tiempo? ¿Ha sido el esperado? Es evidente que muchas de estas preguntas no tienen respuesta en el momento de la publicación de mucha información, pero es una cuestión de diseño de la información que puedan incluso «responderse automáticamente» a medida que la información va siendo generada e integrada en el portal.

Voto

¿Qué opina la ciudadanía sobre una cuestión? ¿Qué han decidido y llevado a cabo sobre dicha cuestión sus representantes en el ejecutivo o en el legislativo?

En este apartado se dan cita algunas de las carencias citadas con anterioridad: la ausencia de la actividad del legislativo en el portal (así como el ultracorporativista enfoque de la información publicada por este organismo), la ausencia de la triangulación de la información sobre estado de la opinión, decisiones y programa, etc.

Sería interesante, en un apartado que tuviese en cuenta la opinión del ciudadano, que se publicase información sobre el nivel de aceptación o rechazo de las decisiones tomadas, o sobre el estado de opinión de las principales cuestiones que preocupan al ciudadano. Esta información, que existe (en barómetros, estadística oficial, canales de contacto de instituciones y grupos parlamentarios, en medios de comunicación) sería de un valor incalculable de presentarse al lado de los acuerdos y la acción de gobierno, o la ejecución de políticas públicas.

Seguramente es en este espacio donde más se echa en falta un canal de interacción de calidad entre el ciudadano y las instituciones. Un canal no unidireccional ni cerrado, sino bidireccional y abierto.

Un punto sin lugar a dudas positivo en este ámbito es el simulador del presupuesto. Aunque sencillo, permite experimentar subiendo y bajando partidas o el total de ingresos y gastos y tiene un gran valor pedagógico. En contra, su sencillez y la incapacidad de «hacer algo más» con esa experimentación: guardar y compartir el presupuesto alternativo, agrupar dichas alternativas, analizarlas…

Rendición de cuentas

La mayor parte del portal de transparencia está destinada a la rendición de cuentas. Que se publique esta información es sin lugar a dudas positivo. Y, aunque muchas veces uno sale expulsado de la página — empeorando la navegación y haciendo más difícil el no perderse — el esfuerzo de recopilación hecho en esta materia es ingente y así hay que reconocerlo.

El gobierno publica su plan de gobierno en su totalidad, así como el estado (en curso, finalizado) de todos y cada una de las acciones relacionadas con el plan. Publica, también, muchas de las actuaciones en el territorio. No obstante:

• No hay una total correspondencia entre el plan y las acciones presentadas. A menudo, las acciones son de carácter técnico y es difícil alinearlas con un objetivo político.
• Las acciones no están enlazadas a otra información que profundice lo que en ellas se afirma, ni cuando están finalizadas ni, más importante, cuando están todavía en curso.

Hay una positiva creciente profusión de datos, tanto de gestión como de prospectiva socioeconómica. No obstante, dichos datos aparecen en formatos dispares, a veces propietarios, no siempre estándares, y ciertamente lejos del ideal de Linked Data propuesto por Tim Berners-Lee y el World Wide Web Consortium.

Se escapa también en gran medida la evaluación del cómo: a pesar de tener publicados los presupuestos, las retribuciones de algunos cargos o la estructura de la Administración Pública, esta información apenas si sirve para trabajar: es parcial, agregada y se presenta en formato difícil de tratar.

Conclusiones

Si hubiese que resumir el portal de la transparencia en una frase sería la siguiente: hace un gran esfuerzo por mostrar las acciones llevadas a cabo, pero olvida totalmente el proceso que se ha seguido para ello. Así, sabemos qué se ha hecho, pero no por qué ni a partir de qué ni cómo. Con estas carencias, es en la práctica imposible trazar las decisiones y, con ello, hacer una evaluación informada de si la acción relizada (esta sí pública) iba en la buena dirección o no.

Y terminamos como empezamos: hay que reconocer la positiva singularidad (especialmente dentro del contexto español) del Portal de Transparència de la Generalitat de Cataluya. Y hay que reconocer también la gran dificultad de poner en línea sistemas y equipos diferentes, que casi siempre han trabajado unos de espalda a los otros y que no han tenido como objetivo tratar la información para que pudiese ser fácilmente publicable y reutilizable (más bien al contrario).

Si estas dificultades, así como los planes para superarlas, fuesen también públicas (en el hacer el Portal sin lugar a dudas han emergido y se han hecho explícitas), el portal vería incrementada su legitimidad en gran medida. Gozaría de más comprensión y apoyo del público y matizaría muchas críticas que, con suerte, se convertirían en apoyos y presiones para mejorar la abertura del sistema.

Pero al portal le queda mucho, mucho por hacer. Las grandes deficiencias son, a mi entender, de voluntad política cuando no de aproximación, de forma de entender el mundo, así como las profundas transformaciones en la vinculación y la participación política de la ciudadanía. Que la información es del ciudadano; que es estrictamente necesaria para la calidad democrática y la implicación y corresposabilidad del ciudadano; y que debe publicarse la información sobre procesos, en formatos reutilizables y siempre todo abierto por defecto.

Para evitar malentendidos, vayan por delante dos afirmaciones sin matices:

• La defensa de las ideas jamás debería ejercerse por la violencia. El terrorismo — y su versión eufemística de «lucha armada» — son, sin duda alguna, lo peor que puede generar una sociedad.
• Uno de los retos más complejos a los que se enfrenta una sociedad, tras la derrota del terrorismo en el terreno de lo penal y de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, es cómo articular la convivencia entre quienes siempre defendieron la democracia de los que ahora abandonan las armas para abrazar la vía política. No hay una solución y entre las soluciones disponibles ninguna será fácil.

Dicho esto, creo que empieza a ser urgente ver hasta qué punto las reivindicaciones justas de algunos de los que fueron víctimas de la violencia pueden acabar, a su vez, violentando la democracia misma.

En los últimos años, y muy especialmente desde que la lucha antiterrorista ha ido desplazando su centro de gravedad hacia una aproximación más política y menos «militar», la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ido endureciendo su discurso no en defensa de las víctimas, no en su censura al terrorismo, sino directamente contra las instituciones del Estado de derecho.

Primero fue su ataque al sistema penal que rige en España, cuya visión siempre ha sido la de la reinserción del convicto, su rehabilitación, su recuperación para la sociedad. Es, por supuesto, legítimo cuestionar esta visión y proponer otra alternativa. Sin embargo, y como veremos más adelante, este cuestionar no ha sido tanto un ejercicio propositivo sino uno de derribo del sistema, de chantaje emocional contra todo aquél que defendiese no ya unas posturas determinadas sino, simple y llanamente, el espíritu y texto de las leyes aprobadas en el Parlamento.

Segundo fue una caza de brujas para eliminar toda disensión y, en definitiva, la voz de las víctimas mismas para que estas fuesen enmudecidas por los gritos de sus supuestos representantes. En definitiva, la AVT ha conseguido con sus acciones la negación de la pluralidad de pareceres entre las víctimas, así como apropiarse de un espacio de debate público que, con toda justicia, deberían compartir con las otras asociaciones de víctimas del terrorismo, que, efectivamente, existen.

Lo penúltimo ha sido pedir salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una institución que tiene por objetivo ni más ni menos que proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros. Dicho de otro modo, a la AVT no le interesa ya, en absoluto, la protección de los derechos humanos ni las libertades fundamentales, sino otra cosa. Volvemos, pues, al primer punto: no va de derechos sino de revancha.

Lo último (por ahora) es ya la petición de eliminar el Tribunal Supremo, el órgano de más rango dentro del poder judicial español. Es decir, cambiemos la Ley en España, hagámoslo sin ningún tipo de consideración hacia los derechos humanos y, si hace falta, hagámoslo fuera de la Ley.

El pasado 27 de octubre, durante la manifestación de la AVT contra la derogación de la doctrina Parot un manifestanse se exclamaba que los pacifistas quieren la paz a toda costa.

Efectivamente, algunos creemos que la paz es un bien superior que debe conseguirse a toda costa. A toda costa. A toda costa significa que el precio puede llegar a ser caro e incluso incómodo en muchos casos. Pero siempre inferior al precio que nos hace pagar la violencia.

La democracia empieza a ser víctima de los relativismos morales que acaban cuestionando los fundamentos de las principales instituciones de dicha democracia: los derechos humanos, las libertades, el Estado de derecho. Resbalamos por una pendiente cuya perspectiva no es nada halagüeña.