ICTlogy

Sin respetar la pausa estival, el Pew Internet & American Life Project nos regala un nuevo informe sobre la adopción de la banda ancha en Estados Unidos de América: Home Broadband 2010.

Una de los principales hallazgos es la desaceleración en la adopción de banda ancha por parte de los hogares, especialmente entre los blancos (los afroamericanos siguen con una adopción por encima de la media).

El segundo hallazgo — y sorprendente para el investigador que produce el informe así como para otras fuentes consultadas — es que son quienes no tienen banda ancha quienes más se oponen a que el acceso universal deba ser una prioridad del gobierno.

Para mí, sin embargo, ambas conclusiones del informe están en consonancia con algo que aparece repetidamente, una y otra vez, en las estadísticas oficiales: vista la progresión de los últimos años, la adopción de Internet parece no tender al 100% a largo plazo, sino a alguna cuota que se situaría por debajo de la adopción total: utilizando la tendencia de 2004 a 2008, unos cálculos totalmente apresurados con datos del Banco Mundial me dan una estimación del 88% para 2020 y estabilización alrededor del 88% para 2035.

Así, hay un grupo de personas que siguen sin verle utilidad a Internet, y es ese grupo de personas el que, con toda lógica, encuentra poco prioritario que el Gobierno fomente la Sociedad de la Información en general, y la banda ancha para todos en concreto. Y es ese el grupo que mayoritariamente conforma el hueco entre la adopción total y ese 88% que (sin mucho rigor) calculábamos más arriba.

¿Y qué utilidad puede tener Internet y, más específicamente, la banda ancha? Los que respondieron a la encuesta de este informe nos apuntan algunas ideas. Preguntados por qué problemas tiene el usuario de Internet que no navega con banda ancha en comparación con el que sí lo hace, los entrevistados listaron algunas actividades en línea que requerían banda ancha (y que aquí expresamos en positivo):

• Encontrar oportunidades laborales y obtener competencias profesionales.
• Acceder a información sobre salud.
• Aprender nuevas cosas para mejorar y enriquecer la vida de uno.
• Utilizar servicios gubernamentales.
• Estar al día de noticias e información.
• Estar al día de lo que sucede en la comunidad de cada uno.

Una de las últimas conclusiones del estudio vuelve sobre el tema anterior: un 21% de adultos (en los EEUU) no usa Internet. De estos, un 48% declara no tener interés alguno en lo que Internet le ofrece; un 90% no tiene intención alguna de entrar en Internet en el futuro; y un 60%, en caso de hacerlo, necesitaría ayuda de alguien (aunque el 80% reconoce que sería incapaz de hacerlo solo).

Mientras el 80% de la población norteamericana dice utilizar ya la red para temas profesionales, para formación, para salud y bienestar, para relacionarse con el gobierno, etc. el resto no le ve utilidad. Está claro que esta brecha digital va a ser difícil de cerrar.

Demoledor.

Leo que el Gobierno Vasco da carpetazo a la tarjeta ONA, el proyecto de tarjeta sanitaria del gobierno vasco. El artículo apunta que se han invertido más de 11 millones de euros para acabar abandonando el proyecto, lo que supone un paso atrás en la administración electrónica y un clavo más en el ataúd de la desconfianza ciudadana.

Sí y no.

Sí, es cierto, cerrar un proyecto con 11 millones de euros invertidos da la sensación de que las cosas no se hacen bien. Y aunque en el camino habrá habido buenos e interesantes aprendizajes, seguramente no valían esos 11 millones, con lo que, efectivamente, algo de desazón sí queda por el dinero gastado, que no invertido si no cuaja en algo real.

Sin embargo.

Leía hace tiempo un artículo (creo que era de Fernando Trias de Bes) que cuando uno va al cine y la película es un bodrio, lo que tiene que hacer es irse. El dinero de la entrada ya está perdido, pero el tiempo que queda hasta el final de la película no. Sin embargo, la mayoría se queda hasta el final para «amortizar» la entrada, con lo que pierde el dinero y el tiempo (y, la mayor parte de las veces, gana un cabreo).

Con la tarjeta ONA tengo la misma sensación: si ya tenemos un DNI electrónico, dejemos por favor de desarrollar proyectos en paralelo. Es cierto que muchos de estos proyectos empezaron antes del eDNI (como la interesante tarjeta ciudadana de Gijón), pero si duro es abandonar un proyecto a medias habiendo invertido tanto, peor es seguir gastando para abandonarlo una vez terminado. Por tanto, bien por corregir y cerrar con el proyecto que duplicaba el eDNI.

Porque, entre muchas otras tarjetas, llevo ahora en mi cartera el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria catalana y el carné de la red de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona. Desde el punto de vista de la Administración tiene todo su sentido, ya que cada documento depende de un organismo distinto. Desde el punto de vista del ciudadano esto es un descalabro, cabiendo, como podría caber, todo dentro del DNI electrónico.

Desde mi punto de vista, la desconfianza del ciudadano no viene porque algunos proyectos de administración electrónica queden truncados, sino porque los que están finalizados no sean explotados para sacarles el mejor provecho. Y la identificación digital es, claramente, el mejor ejemplo de ello.

La Comisión Europea acaba de publicar el informe Digital Competitiveness Report (PDF, 865 KB), al que acompaña un documento con los perfiles TIC de los países comunitarios (PDF, 467 KB).

En el caso español no hay muchas novedades, aunque vale la pena recordarlas una vez más. Entre los principales avances, los siguientes:

• 99% de escuelas equipadas con recursos TIC;
• más de 3 millones de usuarios de móviles de tercera generación;
• 97% de los médicos de atención primaria tiene acceso a la historia electrónica de sus pacientes;
• las infraestructuras TIC han sido mejoradas en más de 6000 centros de salud;
• más de 11 millones de españoles tienen DNI electrónico, lo que les da acceso a unos 2500 servicios públicos en los tres niveles de la Administración (nacional, regional y local);
• la TDT cubre más de un 98% de la población.

Mi primer comentario es previsible: hablemos de impacto. Que casi todos lo médicos puedan acceder a las historias médicas es una gran noticia, pero todavía sería mejor si lo hicieran. Que haya 2500 servicios públicos accesibles a golpe de DNI es muy buena noticia y somos referente mundial al respecto, pero sería todavía mejor si se utilizaran con intensidad.

El segundo comentario es que el hecho que el 99% de escuelas se hayan equipado con recursos TIC nos dice poco o nada: que el director de la escuela (y solamente él) tenga Internet en el ordenador ya sitúa al centro en cuestión como escuela equipada, al mismo nivel que otra escuela que tenga dos ordenadores por estudiante y 100 megas de bajada por cabeza. Lo mismo para los centros de salud y sus infraestructuras TIC.

La Comisión Europea nos advierte también en la primera línea: los ciudadanos españoles no son usuarios intensivos de Internet. Tenemos menos usuarios intensivos que la media y el 36% de la población no se ha conectado jamás. Leemos el periódico en línea, nos bajamos música y películas, y estudiamos por Internet, pero en el resto de servicios en línea (y son muchos: hay tantas posibilidades en el gobierno electrónico y el comercio electrónico…) puntuamos muy por debajo de la media (y es una media, no un máximo).

Toca, en mi opinión, dejar de pensar en más infraestructuras (aunque mejorar la banda ancha debería seguir siendo una prioridad) y diseñar estrategias agresivas de demanda para incorporar más gente a la Red y a que la usen más y mejor.

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición de 2010 del Global Information Technology Report 2009-2010, uno de los informes más importantes en el mundo sobre estado de la Sociedad de la Información, junto con los del Banco Mundial, diversas agencias de las Naciones Unidas y The Economist.

En lo que a mí respecta, el Global Information Technology Report tiene como positivo el amplio espectro de indicadores que recoge, desde las infraestructuras más básicas hasta los distintos tipos de uso, pasando por el marco regulatorio, la oferta de servicios digitales o una aproximación a la competencia digital. Como puntos más débiles, que muchos indicadores no vienen de datos primarios (es decir, datos objetivos como el número de líneas telefónicas instaladas, por ejemplo) sino de datos fruto de encuestas donde una selección de expertos da su opinión, siempre fundamentada, pero siempre sujeta a matices personales.

El informe está totalmente en línea e incluso se permite jugar con los datos.

Los titulares de los periódicos se llenarán estos días — o no — con un único dato: que España ocupa el puesto 34 de 133 países, y que desde 2002, donde ocupaba el puesto 25, ha ido perdiendo puestos hasta la situación actual, a la que llegamos ya el año pasado. En mi opinión, es absolutamente irrelevante qué puesto ocupamos (dentro de un margen, claro), ya que hay tantas variables, y dependemos tanto de lo que hagan el resto de países que, francamente, nos aporta poco.

Creo que las preguntas relevantes son:

• ¿Dónde hemos mejorado?
• ¿Dónde hemos empeorado?
• ¿Dónde puntuamos mejor que el resto?
• ¿Dónde puntuamos peor que el resto?

Aunque resulta sorprendente el salto espectacular que da el indicador — lo que hace sospechar que aquí ha habido o bien cambios de criterio o bien errores de cálculo — hemos mejorado en la preparación para la sociedad de la información de gobiernos y ciudadanos. A pesar de las cautelas mencionadas, creo que el indicador refleja un esfuerzo importante de la Administración Pública en ponerse al día en materia digital: como ya comentamos, la UNPAN reconoce en España un referente en materia de gobierno electrónico. Y como hemos comentado ya en otro lugar también, en España la brecha digital no es de infraestructuras, sino que tiene otros componentes. Así pues, no es de extrañar que los ciudadanos, en tal que individuos, también puntúen bien en materia de preparación para lo digital en términos generales.

¿Qué ha empeorado? El uso. Estamos preparados, pero no utilizamos la tecnología. Hemos invertido en teatros y museos y nos quedamos en casa viendo la tele. El uso de los ciudadanos se mantiene, pero el de los gobiernos y empresas empeora. Es como si durante la implantación de sus políticas de sociedad de la información hubiesen hecho el esfuerzo de usar las tecnologías y, ahora que ya está hecho, se olvidan de ello. A esto habría que añadir que las empresas, en general, ni siquiera están bien preparadas digitalmente, como muestran los informes de Red.es sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, especialmente las PYMES y las microempresas.

Veamos los puntos fuertes y débiles:

¿Cómo leemos esta tabla? A grandes rasgos, hay tres cosas que van bien o muy bien en España:

• El mercado (el sector privado) está sano, hay competencia y cada vez tenemos empresas en sectores (creatividad) intensivos en conocimiento;
• tenemos la infraestructura necesaria para que pueda haber actividad en la red;
• y nuestros profesionales de alto nivel están bien formados y participan activamente en la vida online.

Es decir, las condiciones de mercado, de oferta de trabajo cualificado y de infraestructuras son buenas.

¿Qué va mal? Siempre según el informe:

• Las cargas fiscales y burocráticas son una barrera para el emprendedor;
• las infraestructuras son caras;
• el nivel de educación básica en matemáticas y ciencia es deficiente (distinto del caso anterior, que eran profesionales de alto nivel bien preparados);
• el gobierno no consigue de ninguna forma dinamizar la sociedad de la información.

Es decir, a pesar de que las condiciones en general son buenas, a la hora de llevar a cabo los proyectos el contexto no ayuda: impuestos y burocracia y un nivel educativo general bajo suponen barreras al desarrollo digital que el gobierno y sus políticas no parecen saber atajar.

No hay que olvidar que el Foro Económico Mundial se caracteriza por un fuerte sesgo hacia la derecha, con lo que no es de extrañar la crítica a impuestos, regulación, burocracia y demás. Sin embargo, el diagnóstico es coherente con otros datos y opiniones que ya han sido vertidos aquí y en otros lugares: seguimos invirtiendo en infraestructuras cuando el problema está en las barreras a la demanda.

En mi opinión, medidas a tomar:

• Estimular la demanda, atacando las barreras que la contienen: capacitación digital y usos prácticos;
• liberalizar (de verdad) el mercado de las telecomunicaciones: una mayor demanda debería hacer posible una mayor oferta y a precios menores;
• abandonar políticas de infraestructuras destinadas a la adopción individual (p.ej. ordenador en el aula, subvención de ordenadores a las empresas);
• abanderar políticas decididas de promoción del gobierno electrónico y del comercio electrónico, especialmente el business-to-business o B2B: compra a proveedores y contratación electrónica, pagos electrónicos, etc.

No quería terminar sin un matiz: aunque las infraestructuras no sean, en general, un problema, sigue habiendo gente sin acceso a ellas. Que no se prioricen políticas de infraestructuras basadas en la propiedad (a) no quiere decir que se tengan que abandonar y (b) no quiere decir que no haya alternativas, como el acceso a infraestructuras públicas.

Entre las políticas más enfocadas a la e-inclusión (inclusión a secas, al fin y al cabo), y en contraposición a otras políticas más «de futuro», creo que los telecentros y el acceso a Internet en las bibliotecas públicas deberían figurar en el top-1 de las políticas sociales. Y un buen ejemplo son los Centros de Conocimiento del Plan Avanza2.

Aquí algunos estudios que apoyan la inversión en puntos de acceso público a Internet:

• Gómez, R., Ambikar, R. & Coward, C. (2009). “Libraries, telecentres and cybercafes. An international study of public access information venues”. En
  Performance Measurement and Metrics, 10 (1), 33-48. Bradford: Emerald.
• Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C. & Rocha, A. (2010). Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at U.S. Libraries. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services.
• Más bibliografía sobre el impacto de los telecentros en la brecha digital.

Parece que donde dije digo digo Diego y que el Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google.

Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.

Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.

Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe.

Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.

Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.

Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus «clientes». Cada cual a lo suyo.

Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?

Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.

Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.

Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.

Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.

El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.

Justo a finales de Enero aparecía la noticia de que Google había entrado a jugar en la liga de los mayores en lo que en materia de grupos de presión tecnológicos se refería (p.ej. O’Brien: Google joins the titans of Silicon Valley lobbying).

A raíz de aquello me escribió Carmen Fernández Aguilar (ADN) para que diese mi opinión sobre dichos grupos de poder y, en concreto, sobre el caso español. Unos días después el tema se ha recuperado a tenor de otra noticia que volvía a involucrar a Google: ¿Todos contra Google? y en la que tengo una pequeña participación al final.

De acuerdo con ella, publico aquí mis respuestas al completo. Quiero aprovechar, además, para agradecerle no solamente la invitación, sino pasarme un planteamiento y unas preguntas que me obligaron a pensar, cosa que siempre es de agradecer.

Si alguien detecta inexactitudes (o errores crasos) agradeceré cualquier tipo de comentario al respecto. Claro está, por otra parte, que se intentó en todo momento simplificar y al estilo ciertamente le falta una mano de barniz. Mis disculpas de antemano.

¿Cuáles son los principales lobbies tecnológicos en España? ¿Me puedes poner en antecedentes?

Creo que podemos identificar cuatro grandes tipos de grupos de poder en el ámbito de las telecomunicaciones (tanto en España como en el mundo en general) que podemos clasificar según el punto en el que se encuentren en la cadena que va desde las infraestructuras hasta el consumidor:

• Las empresas de telecomunicaciones, que son las que suministran las infraestructuras (cables, servicios de conectividad) sobre las que operan los servicios y se distribuyen contenidos. Suelen pedir libertad para discriminar precios y calidad de servicio en función de lo que transportan (p.ej. penalizar el P2P, que consume mucho ancho de banda y “no compensa”). En España, además, estas empresas están básicamente divididas en dos grupos: Telefónica, que inicialmente era el monopolio del estado, y el resto (Vodafone, ONO, Orange, Ya.com, etc.), que (cuando no hacen frente común) luchan contra Telefónica para que haya más competencia en el mercado, a quién le interesa mantener su posición predominante.
• Los propietarios de contenidos digitales (p.ej. SGAE para la música, Warner para el cine, Telecinco para Televisión, PRISA para texto/noticias, etc.), a quien interesa aumentar el control que tienen sobre la distribución de su propiedad intelectual para cobrar más dinero por su utilización. Suelen tener varios frentes (prácticamente contra el resto de grupos de poder) y su estrategia es reforzar los derechos de explotación de la propiedad intelectual así como el desarrollo de tecnologías que tengan en cuenta la protección de dichos contenidos.
• Los distribuidores de contenidos y servicios. Estas empresas utilizan las infraestructuras de las primeras para hacer negocio con los contenidos de las segundas. Cada vez más, hay propietarias de contenidos que también distribuyen, distribuidoras que producen, y telecos que distribuyen, en una estrategia clara de controlar toda la cadena de valor que va desde las infraestructuras al consumidor. La inmensa mayoría de portales web (YouTube) estarían en esta categoría, el grupo Telefónica sería un ejemplo de teleco que evoluciona hacia la distribución y la creación; Google sería el distribuidor que evoluciona hacia la creación y la instalación de infraestructuras; PRISA sería un buen ejemplo de evolución hacia la distribución. Suelen pedir lo contrario de las dos anteriores: neutralidad de las infraestructuras y un cambio radical en la leyes de propiedad intelectual. Por supuesto, las empresas con varios intereses tienen estrategias mucho más complejas.
• Por último tenemos a los consumidores, totalmente desorganizados, sin una representación clara y con infinidad de intereses a menudo opuestos. A grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos (homogéneos en sus fines, aunque no en sus motivos). Uno sería el grupo de consumidores al uso, reclamando servicios de calidad por el dinero que pagan: que tengan la velocidad ADSL que han contratado, que no les cobren de más, que puedan cambiar de compañía, etc. La OCU sería un ejemplo. Otro grupo , mucho más politizado, participa en las discusiones estratégicas de los tres grupos anteriores (telecos, contenidos y distribuidoras). Suelen velar porque estos grupos no reduzcan los derechos no tanto del consumidor sino del ciudadano: derecho a la privacidad, a la seguridad, a las comunicaciones y libertad de expresión, etc. aunque, como se ha dicho, sus motivos a veces son también interesados, ya que pueden ser pequeños empresarios que en realidad se dedican a la distribución, creación, etc.

¿Qué capacidad de influencia tienen o han tenido?

Tienen una capacidad de influencia increíble, tal y como podemos ver en los periódicos a diario. Son capaces de introducir su agenda en proyectos de ley, o de hacer derivar hacia su terreno decisiones judiciales. En definitiva, influyen en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en la opinión pública, ya sea a través de los medios de comunicación como directamente en el ciudadano.

La principal explicación para semejante capacidad de influencia – además de la ingente cantidad de esfuerzos y recursos dedicados – es la asimetría de información imperante en el terreno de las telecos y la tecnología en general. La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es tan rápida y tan cambiante que es extremadamente difícil estar al día. Con la complejidad de agendas que tienen que llevar gobernantes, políticos y jueces (por no hablar de la ciudadanía en general), es fácil que no estén al día ni de las evoluciones tecnológicas ni del impacto que estas evoluciones tienen en leyes y regulaciones.

Alguien tiene que explicárselo, y ahí están los grupos de poder, que se lo explican, claro está, desde su particular punto de vista. Según la posibilidad – tiempo, paciencia, honestidad, intereses personales y corporativos, estrategia política – que tenga un político de crearse una opinión informada sobre el tema, sus decisiones serán mejores o peores para el bien común o bien estarán sesgadas hacia los intereses de determinado grupo de presión.

¿Qué mecanismos utilizan para que sus influencias funcionen?

Legales, ilegales y un sinfín de mecanismos que viven entre la legalidad y la ilegalidad.

Básicamente los grupos de poder tienen tres estrategias fundamentales:

• Atacar “arriba”, informando a gobernantes y legisladores para que cambien leyes y regulaciones en su beneficio, haciéndoles entender que la Ley está anticuada y ya no sirve porque el mundo ha cambiado.
• Atacar “abajo”, creando un estado de opinión entre la sociedad a través de campañas de información, tanto directas como influyendo en los medios de comunicación (medio que, a menudo, forman parte de su entramado empresarial)
• Atacar “en medio”, es decir, influir en la práctica de la ley, denunciando las prácticas que condenan e intentando conseguir sentencias favorables que ayuden a presionar a políticos y legisladores para cambiar la ley, así como reforzar la creación de un estado de opinión.

¿Es políticamente correcto que las empresas tecnológicas destinen una partida de su presupuesto a pagar a grupos o personas que se dedican a ello?

Por supuesto. Es un legítimo ejercicio de democracia.

Los problemas de intentar influir en la agenda política no es tanto que se haga (donde, insisto, no veo problema) sino en cómo:

• El primero es que las prácticas deben ser legales. Es muy distinto gastar miles de euros en realizar un informe técnico y hacerlo llegar a un diputado, que pagarle esos mismos miles de euros directamente al diputado. Y la línea entre informar y sobornar es, a menudo, muy delgada.
• El segundo es que los gobernantes, políticos y jueces tienen la obligación de recabar toda la información y puntos de vista que puedan. Cuando un grupo de presión se acerca a ellos para explicarles una cuestión que hay que resolver a nivel político o legal, lo lógico sería que se identificara a todos los grupos afectados y se pidiese su opinión, tanto si se han dirigido a nosotros como si no, tanto si tienen dinero para hacerlo como si no.
• El tercero, prácticamente un corolario del segundo, es que siempre habrá grupos con más recursos para influir que otros. Hay que activar todos los canales posibles para que todas las opiniones sean escuchadas.

¿Existe una legislación que regule estas prácticas? En la UE hay una especie de censo, pero no aparecen todos… Y no todos quieren aparecer. Creo entender que es voluntario. Y en EE UU creo que sí está regulado.

Como decía anteriormente, la primera legislación que regula estas prácticas es el sistema de leyes y regulaciones español: el soborno, la prevaricación, el tráfico de influencias y de información privilegiada, etc. están tipificados en el código penal. Y a menudo encontramos prácticas que hacen equilibrios en la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal (y otras muchas que, definitivamente, la cruzan).

En Estados Unidos hay un registro obligatorio – de entidades y de sus acciones – en el Senado. En la Unión Europea hay otro registro – voluntario – y en España no me consta que exista nada similar (ACTUALIZACIÓN A 29/07/2016: desde que se publicó esta entrevista, España ha sido testigo de la aprobación de distintas leyes de transparencia y buen gobierno a todos los niveles, desde el estatal hasta el municipal. En muchas de ellas se incluye el registro de grupos de interés).

En mi opinión, me suscita dudas el enfoque del registro americano (por no hablar del europeo). Soy de la opinión que quien tiene que declarar sus acciones no son las empresas (a no ser que sean ilegales y a petición de un juez) sino los gobernantes y políticos. Y no solamente en materia de grupos de poder, sino de absolutamente toda su actividad. Como ciudadanos, tenemos el derecho de saber a qué dedican el tiempo los que dicen o bien representarnos (gobernantes) o bien trabajar en nuestro interés (partidos).

No son los ciudadanos (organizaciones o a título individual) los que tienen que justificar sus acciones, sino sus representantes. Así pues, yo no pediría un registro de grupos de poder, sino acceso a la agenda de los cargos públicos: qué ha hecho, con quién, para qué, qué tema se ha tratado, cuáles han sido las principales conclusiones a las que ha llegado ese cargo después de p.ej. una reunión con un grupo de presión, etc. Eso es democracia. El resto convierte a partidos y gobiernos en un grupo de presión más.

¿Cuándo pasa un grupo de presión a grupo de poder?

Siguiendo el hilo de la argumentación anterior, un grupo de presión se convierte en un grupo de poder cuando consigue que alguno de sus miembros no solamente influya en un cargo público, sino que se convierta en uno. La Comisión sobre páginas de enlaces que contempla la Ley de Economía Sostenible es, en mi opinión, un ejemplo claro de cómo un grupo de presión puede pasar a ser un grupo de poder, en función de cómo se diseñe dicha comisión y cuál sea su composición.